«... hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano, que reza: «Si no lo hago yo, que no lo haga nadie»». Alan García Pérez, presidente del Perú
El artículo del presidente Alan García, publicado en El Comercio el 28 de octubre («El síndrome del perro del hortelano»), ha suscitado encendidos comentarios a favor y en contra. Su principal mérito es que contribuye a promover una discusión —prácticamente ausente en los últimos años— sobre modelos de desarrollo socioeconómico. En lo que sigue, subrayaremos algunas de sus afirmaciones, que nos parecen importantes dada la condición del autor.
El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro
El presidente García suscribe de manera implícita la metáfora atribuida erróneamente a Raimondi: que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. El banco de oro viene a ser la suma de los muchos, variados e importantes recursos naturales que el país posee: las maderas de la Amazonía, la tierra, los recursos minerales, el gas, el petróleo, el mar. El mendigo —que oficia de «perro del hortelano »— representa un mundo heterogéneo compuesto, en la relación presidencial, de minifundistas, comunidades campesinas, poblaciones nativas, pescadores artesanales, trabajadores que exigen derechos laborales y ciudadanos que aún adscriben a «ideologías superadas» (los «anticapitalistas», precisa); en suma, de ociosos, indolentes e indigentes.
Es difícil precisar cuántos ciudadanos están incluidos en esta impresionante relación, pero con toda seguridad supera largamente al número de peruanos que votaron por el presidente García. Para aprovechar el oro —discurre el razonamiento presidencial— hay que desbancar al mendigo. ¿Cómo? Cambiando las reglas del juego para sentar en el banco de oro a los grandes inversionistas. Si son transnacionales, mejor, pues son las que traen la tecnología.
Es así que cobran pleno sentido proyectos de ley como el que otorga poderes especiales a la Cofopri para reconocer y desconocer derechos de propiedad sobre la tierra durante cuatro años, y como el que declara de necesidad pública los intereses particulares de veinte empresas extractivas, con el fin de sortear los derechos de propiedad consagrados por la Constitución, que favorecen también a comuneros, pueblos nativos y otros ciudadanos representados por el mendigo en la metáfora.
La fuente de la riquezaLa segunda afirmación presidencial es que la riqueza del Perú reside sobre todo en sus recursos naturales y no principalmente en la capacidad transformadora de sus ciudadanos. El mundo ha llegado hace tiempo a la conclusión de que el conocimiento es el real creador de riqueza y el capital humano su principal factor, y sobre ellos se sustenta la competitividad. Por eso se habla hoy de la «sociedad del conocimiento». El presidente se retrotrae siglos atrás para considerar que la materia inerte extraída y con escaso valor agregado es la verdadera riqueza. No sorprende, entonces, el disminuido valor que su gobierno —y, justo es decirlo, también los gobiernos anteriores— da a la educación, forjadora principal del capital humano. Sabemos que la educación peruana, sobre todo la pública, es una de las peores en el mundo. En estas condiciones, el Perú no podrá ser competitivo, pues en mucho es simplemente un perceptor de rentas. En contraste, los conocimientos acumulados de campesinos y pueblos nativos sobre las complejas realidades en las que habitan y sobreviven, son ignorados y hasta despreciados por el mundo oficial.
LRA no está contra la gran inversión. Más aún, considera que en muchos casos es indispensable para la adecuada explotación de los recursos naturales, entre ellos los minerales, el petróleo y el gas. Pero, al mismo tiempo, no confunde el fin con los medios, es decir, el mejoramiento sostenible de la calidad de vida del conjunto de la población del país (el fin), con los diferentes tipos de inversión (los medios). Como sosteníamos en el editorial de LRA 87, del mes de setiembre, con respecto a la minería («¿Minería es desarrollo?»): «No existe […] una relación mecánica entre tener y explotar recursos naturales, sean estos mineros u otros, y generar desarrollo»; «es necesario redefinir el papel que [las actividades extractivas] deben tener en el desarrollo local y regional […], no en cumplimiento de una “responsabilidad social” de la empresa —término que suele ser un eufemismo de “relaciones públicas” y que depende enteramente de la voluntad de la empresa—, sino como una función esencial de esa actividad económica. Esta función debería quedar explícita en los contratos».
Lo moderno es lo sostenibleLa tercera afirmación se deriva de la confusión presidencial entre lo que es la tecnología de punta —la que supuestamente trae la gran inversión extranjera— y la manera moderna de explotar adecuadamente los recursos naturales. Gran parte de la tecnología de punta actual de las empresas mineras y petroleras corresponde todavía a un paradigma de la revolución industrial de hace más de doscientos años, en la que la relación con la naturaleza se basaba en «extraer sin reponer». Se constata hoy que las consecuencias acumuladas de este paradigma son terribles: desaparición de especies biológicas, contaminación de las aguas y los suelos, calentamiento progresivo del planeta. Hoy, lo moderno requiere todo lo contrario: es la búsqueda de un desarrollo que asegure la sostenibilidad de los recursos.
Los anticapitalistasEn esta sostenibilidad se está jugando el futuro de la humanidad, como lo acaba de confirmar el 17 de noviembre, en Valencia, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su XXVII sesión plenaria. El secretario general de las NN.UU., en su alocución final, subrayó que el cambio climático afectará más a los países en vías de desarrollo. «La desglaciación desencadenará inundaciones y conducirá a reducir la disponibilidad de agua en Asia meridional y en Sudamérica ». Y «si las proyecciones más severas del IPCC se revelan ciertas, gran parte de la Amazonía se transformará en llanuras sin vegetación arbórea», advierte.
Estas deberían ser preocupaciones centrales del Perú y de su presidente. Pero García sostiene que hay una corriente anticapitalista transecular que cambia de piel según las épocas: comunistas en el siglo XIX (¡se supone que gobernaron en el siglo XX!), proteccionistas en el siglo XX (¡Gran Bretaña, EE.UU. y otros países capitalistas se caracterizaron por ser proteccionistas!) y ambientalistas en el siglo XXI (¡cuando el premio Nobel de la Paz ha sido otorgado, por sus méritos ambientales, al IPCC y a Al Gore, difícilmente catalogables de anticapitalistas!).
Lo grande es hermoso: la hacienda, nuevo paradigma de desarrollo
Según el presidente García, las tierras de las comunidades son «tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos; por tanto, su propiedad es aparente. Esa misma tierra, vendida en grandes lotes, traería tecnología...». El presidente debería aclarar si los derechos de propiedad de los que «no tienen formación ni recursos económicos» (que califica de «aparentes») son de categoría inferior a los derechos de propiedad de los grandes inversionistas que traen tecnología. Ese es, en el fondo, el sustento de los dos proyectos de ley que mencionamos párrafos más arriba.
La idea de «vender la tierra en grandes lotes, lo que trae tecnología », como solución a la puesta en valor de los recursos naturales, la extiende el presidente a las explotaciones mineras, petroleras, pesqueras y madereras. Su concepción de organización de la economía es, finalmente, la de una multiplicación de haciendas modernas: grandes latifundios (para la agricultura, para la minería, para la pesca, para la explotación maderera y gasífera), de propiedad de grandes inversionistas, por un lado, y miles de campesinos, nativos y pescadores, convertidos en obreros (probablemente mal pagados y mal tratados, dada la escasa capacidad y/o voluntad del gobierno de mejorar las relaciones laborales). Nada más contradictorio a la construcción de una sociedad equitativa, ambientalmente sostenible, con muchos actores, instituciones fuertes, mercados locales dinámicos y un Estado activo y, al mismo tiempo, descentralizado.
El Perú no puede desarrollarse en el siglo XXI con visiones propias del siglo XIX.
