Artículo publicado en la edición 88 de LA REVISTA AGRARIA (Octubre 2007)
La propiedad de la tierra en el Perú se está concentrando nuevamente, después de tres décadas de la reforma agraria.
La
concentración de la propiedad de la tierra es un tema política y
socialmente sensible. Recordemos que una de las razones por las que las
reformas agrarias de la década de 1960 aparecían como legitimadas ante
la sociedad y los gobiernos fue que había una gran concentración de la
propiedad de la tierra, y que ello generaba grandes tensiones sociales. [1]
Los gobiernos latinoamericanos, instados por el gobierno de los Estados
Unidos, acordaron hacer reformas agrarias tanto para evitar situaciones
como la revolución cubana de 1959, como para eliminar obstáculos a los
procesos de modernización social y económica.
El gobierno de derechas de
Manuel Prado se adelantó, nombrando una Comisión de la Reforma Agraria y
de la Vivienda en 1957, integrada en parte por hacendados relativamente
modernos. Una de las recomendaciones del informe, presentado en 1960,
fue la de establecer límites – 250 hectáreas – a los tamaños de la
propiedad rural. Casi una década después, la ley de reforma agraria del
gobierno de Velasco de 1969 fijó los límites a 150 hectáreas de tierras
agrícolas. Pero desde 1980 se inició un proceso de liberalización de la
propiedad de la tierra que culminó en 1995 con la llamada Ley de Tierras
[2], que eliminó todo límite a los tamaños de los predios. [3]
Un año antes, 1994, se realizó el último censo nacional agropecuario,
que reveló que el 92 por ciento de las 1.74 millones de predios eran
menores de 20 hectáreas, y que tres de cada cuatro hectáreas de cultivo
bajo riego y una de cada tres de secano están en predios menores de 20
ha.
En
los últimos doce años han ocurrido cambios muy importantes, cuyos
alcances aún no se conocen con precisión pues no se ha actualizado el
censo agropecuario ni se han hecho estudios sobre los procesos de
concentración.
Son
varios – aquí estamos considerando seis – los procesos que están
contribuyendo al proceso de transferencia y concentración de la
tierra.
La ampliación de la frontera agrícola en la costa
. La modificación de la política de acceso a las nuevas tierras
irrigadas ha permitido la formación de modernas empresas agrarias de
gran extensión, particularmente en la costa norte (Piura, Lambayeque, La
Libertad). La frontera agrícola ganada en el pasado gracias a grandes
inversiones públicas era entregada, bajo varias modalidades de pago, a
pequeños y medianos agricultores. Pero al menos desde la década de
1990, las nuevas tierras irrigadas son puestas a la venta en condiciones
tales que sólo pueden ser adquiridas por grandes inversionistas para
formar latifundios modernos. Así, en 1997 se
subastaron, en la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (que
incluye el valle Virú), 12751 hectáreas en 76 lotes, en cuatro sectores;
en tres de ellos el tamaño promedio de cada lote varió entre 671 y 786
hectáreas, y en el cuarto, 65 ha. En algunos casos, como la empresa
Camposol, en el valle de Virú, la extensión supera las dos mil
hectáreas. Danper Trujillo posee 1600 hectáreas, la mayor parte de ellas
también en Virú. En contraste, en la década de 1980, por ejemplo, las
tierras ganadas por la irrigación de Majes, en el departamento de
Arequipa, fueron distribuidas en lotes de 5 hectáreas. El criterio de
subastar lotes de gran tamaño, al que sólo pueden acceder grandes
inversionistas, sigue primando en la actualidad.
La
frontera agrícola en la selva no sólo es abierta por colonos
provenientes de la sierra, sino también por grandes adquisiciones de
tierras a precios muy bajos. El caso más conspicuo es probablemente
Palma del Espino, del grupo Romero, en la zona de Tocache. En 2004
tenía sembradas 7500 hectáreas de palma aceitera, y actualmente bordea
las 10 mil ha. En los cuatro años siguientes seguirá expandiéndose a
razón de 1,500 hectáreas anuales.
La concentración vía el mercado de tierras.
Puede distinguirse diferentes situaciones: la compra de tierras de
pequeños agricultores por empresas agroexportadoras (los mismos
departamentos mencionados más arriba, más Ica); el arrendamiento de
tierras por las mismas empresas; la adquisición de grandes empresas
agrarias por otras empresas agrarias, notablemente el caso de los
complejos agroindustriales azucareros (grupo Gloria en el departamento
de La Libertad). Como ejemplo: la empresa Agrokasa posee actualmente
más de 2.6 mil hectáreas. El grupo Romero posee alrededor de 500
hectáreas en lo que alguna vez fue la Cooperativa Agraria Huando, en el
valle de Huaral. Según el último censo de productores de espárragos, hay
47 empresas que, en promedio, dedican 280 hectáreas a es cultivo. Como
no todas son monoproductoras, la extensión total de muchas de ellas
supera largamente ese promedio. La mayoría se encuentran en los valles
de los departamentos de La Libertad e Ica. ¿Cuánto hay de capital
extranjero en este proceso? Las inversiones extranjeras directas en
agricultura – no necesariamente todo en compra de tierras – se
sextuplicaron entre 1997 ( 7.7 millones de US$) y el año 2000 (44
millones de US$), cifra ésta que se ha mantenido hasta la actualidad. [4]
La conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas .
Lo notable aquí es la transferencia de la propiedad de los complejos
agroindustriales azucareros de las cooperativas de producción – cuyos
socios eran los propios trabajadores – a inversionistas particulares.
Suman más de 50 mil hectáreas, sobre todo en la costa norte. Son los más
grandes terratenientes del país. Mención especial es el grupo Rodríguez
Banda, dueños de Gloria y desde hace poco de los complejos Cartavio y
Casagrande, que suman más de 30 mil hectáreas en un solo valle, Chicama,
en el departamento de La Libertad.
Denuncios y concesiones. Los
denuncios y concesiones mineras se extienden particularmente sobre
tierras de comunidades campesinas en casi todos los departamentos
andinos. Sus derechos como propietarias comienzan a ser cuestionados
en la práctica por las empresas mineras aún antes de la fase de
exploración, a través de distintos tipos de presión, económicas y
extraeconómicas, para acceder a las tierras. En la fase de explotación
los comuneros no sólo pierden sus derechos, sino que las tierras pierden
su vocación agraria. Según el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, a la fecha los derechos mineros se extienden sobre más de 14 millones de hectáreas.
Los
denuncios y concesiones de otras industrias extractivas (petroleras,
gasíferas,) en la cuenca amazónica, por su lado, se extienden
actualmente sobre miles de
hectáreas. En cuanto a las concesiones forestales entregadas, suman
7.5 millones de hectáreas, aproximadamente el 10 por ciento de la
superficie total de la selva baja y alta. [5]
La producción de biocombustibles.
Los estímulos a la producción de biocombustibles (menores precios que
los combustibles fósiles, expectativas de exenciones tributarias,
subsidios, etc.) están incentivando la formación de grandes
plantaciones principalmente de caña de azúcar y palma aceitera. Los
complejos azucareros, entre ellos el grupo Gloria y , del que hemos
hecho ya mención, dedicarán parte de la producción de caña a la
fabricación de etanol. La empresa norteamericana Maple, por su lado, ha
adquirido más de 10 mil hectáreas en el valle de Chira para la
producción de caña de azúcar para etano, generando desde ya presión
sobre la disponibilidad del agua. En el mismo departamento, el grupo
Romero dedicará al mismo fin por lo menos 3.5 miles de hectáreas. En la
selva, el grupo Romero prevé la expansión del área dedicada a la palma
para la producción de biodiesel. El hechizo de los biocombustibles
también parece querer apoderarse del programa Sierra Exportadora. Su
presidente anuncia que se dedicarán 200 mil hectáreas a la canola, para
biodiesel. Pero en este caso parece ser más bien un deseo irrealizable.
Turismo.
Aunque en escalas menores, también en algunas zonas de gran atractivo
turístico las tierras agrícolas adquieren un alto valor para ser
destinadas a otros usos, pero con frecuencia implicando la pérdida de
control por los campesinos y agricultores. Es el caso del Valle Sagrado
(Urubamba), en el departamento del Cuzco, que paulatinamente se está
convirtiendo en un emporio turístico con inversiones en hoteles,
albergues, restaurantes, casas de campo, etc. [6]
Tendencias
Nada indica que estas tendencias revertirán. Antes bien, algunas de ellas están siendo francamente impulsadas por el gobierno [7],
otras seguirán el impulso que ha adquirido la agricultura de
exportación. Estas desigualdades crecientes en la distribución de la
tierra, (que no debe confundirse con un regreso a la situación previa a
la reforma agraria, pues el contexto histórico es completamente
diferente) deben llamar a preocupación, pues tienden a profundizar las
ya notables desigualdades sociales y económicas existentes en el país.
[1] El
censo agropecuario realizado en 1961 indicaba que el 54% de las tierras
estaba en manos del 1,2% de las explotaciones agropecuarias, y que tan
sólo el 4,3% era controlada por el 84% de las explotaciones.
[2] Ley
26505, "Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades
económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades
campesinas y nativas", promulgada el 14 de julio.
[3]
Sobre la evolución de la legislación que estimuló estos cambios, ver
Fernando Eguren, "Las políticas agrarias en la última década: una
evaluación". En F. Eguren, M. Remy y P. Oliart, (editores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIA X. Sepia/Oxfam, Lima, 2004. También en la Web en www.sepia.org.pe.
[4] Fuente: Preinversión.
[5] Antonio Brack Egg, "Opinión sobre el proyecto de ley Otorgamiento de tierras de dominio del estado en la amazonia peruana para fines agropecuarios y agroindustriales ". Lima, 15 de enero del 2007
[6] Aunque
no necesariamente se refieran a tierras agrícolas, es expresión de la
notable transferencia de los derechos sobre la tierra en proceso en el
país la rápida privatización de muchas playas de la costa –algunas de
ellas de comunidades campesinas-, tanto en el sur chico como en los
departamentos norteños de Piura y Tumbes.
[7] Como ejemplos están las propuestas del Ejecutivo de recortar casi
210 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene para extracción
petrolera, de declarar de interés público 20 grandes proyectos de
extracción; también, el mantenimiento de los criterios de asignación de
nuevas tierras irrigadas a inversionistas grandes y la promoción de la
producción de agrocombustibles.
