Artículo publicado en el diario La República (29 abril 2010)
Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)
La Comisión Agraria del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de proyecto de ley que limita la propiedad de la tierra cultivable a un máximo de 40 mil hectáreas. Según un miembro aprista de dicha comisión, este límite “impedirá el resurgimiento del latifundio”.
Para su información, en cualquier parte del mundo –y ciertamente en el Perú– 40 mil hectáreas de tierras de cultivo –y para el caso, 10, 20 o 30 mil hectáreas– es un latifundio. En el fondo, pues, la Comisión Agraria propone que se consolide el latifundio y, de paso, responde seguramente a presiones de grupos económicos que quieren cortarle las alas al Grupo Gloria, que hoy por hoy controla alrededor de 55 mil hectáreas de tierras de cultivo.
En discrepancia con el dictamen, el ministro de la Producción afirma que la mínima escala para ciertos cultivos es 6 mil hectáreas o aún extensiones mayores. Por su lado, el presidente de ADEX declaró que poner límites afectará a los inversionistas en el agro.
Para quienes tienen conocimiento de la historia social y económica de la segunda mitad del siglo pasado del Perú y América Latina, el límite de 40 mil hectáreas es un despropósito.
Conviene recordar que antes de la reforma agraria de 1969 la propiedad más grande de tierras de cultivo –el complejo azucarero Casagrande– no llegaba a las 30 mil hectáreas, y era el exponente máximo del latifundio en el país. La liquidación del latifundio fue uno de los objetivos de las reformas agrarias latinoamericanas en la década de 1960, pues la concentración de la propiedad de la tierra era una de las causas de la pobreza y la marginación de la población rural, situación que motivó grandes convulsiones sociales.
Pero ¿es cierto lo que afirma el ministro de la Producción sobre las escalas ideales para la actividad agropecuaria? Sería muy interesante que muestre cuáles son los estudios sobre los que basa su afirmación y, si los hay, cuáles son los criterios utilizados. Esto es muy importante, pues lo que está ocurriendo es la consolidación de un neolatifundismo que ahonda las diferencias socioeconómicas, ya graves, en el país.
La existencia de economías de escala vinculadas al tamaño de las explotaciones agrícolas ha sido un tema de estudio y debate en el mundo, y está ampliamente cuestionada. Me permito citar in extenso al principal especialista del Banco Mundial sobre el tema, Hans P. Bingswanger-Mkhize: “…casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada. Esta ‘relación inversa entre tamaño de granja y productividad’ implica que la agricultura se caracteriza, por lo general, por deseconomías de escala, lo que significa que la redistribución de la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer ganancias de eficacia a la economía”. (1)
A fines de la década de 1950, una comisión nombrada por el gobierno conservador de Manuel Prado y conformada en su mayoría por hacendados modernos de la época recomendaba que el límite máximo de las propiedades debería ser de 250 hectáreas, argumentando que debían considerarse no solo criterios económicos, sino también políticos y sociales.
(1) Binswanger et al. Agricultural Land Redistribution. The World Bank, 2009. Pág. 11.
