Blog de FERNANDO EGUREN sobre Desarrollo Rural, Agricultura y Seguridad Alimentaria en Perú
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lunes, 26 de agosto de 2013
Reforma Agraria y Desarrollo Rural en el Perú
viernes, 6 de julio de 2012
Editorial: Día del campesino y la reforma agraria
«La
reforma agraria es irreversible». Esta fue una frase una y otra vez
repetida por los portavoces del gobierno militar presidido por el
general Juan Velasco Alvarado. Leída desde hoy, Día del Campesino,
cuarenta y tres años después de que su gobierno diera la Ley de Reforma
Agraria que liquidó los latifundios del país, nos recuerda que la
historia está llena de ejemplos de transformaciones que en su momento
parecieron definitivos, pero que el paso de los años reveló que, debajo
de ellos, había procesos y poderes capaces de revertirlos.
viernes, 18 de mayo de 2012
Integración regional desde Perú
Fernando Eguren (CEPES) escribió un artículo para el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica sobre la perspectiva peruana del proceso de integración regional, en temas de desarrollo rural
http://www.sudamericarural.org/index.php?mc=52&nc=&next_p=1&cod=90
Escrito por: Fernando Eguren
En Sudamérica, mientras los discursos
políticos de varios presidentes acuden de forma permanente a los imaginarios de
la integración regional, hay procesos económicos que trascienden el contenido
simbólico y, de hecho, lo contradicen o le plantean las inquietudes emergentes
de la propia realidad. En el presente artículo el destacado sociólogo peruano
Fernando Eguren desmenuza las intersecciones entre un contexto turbulento y las
vías, reales e ideales, de una posible integración regional.
miércoles, 14 de marzo de 2012
El tamaño de los latifundios: comparaciones reveladoras
Artículo escrito por Fernando Eguren, presidente de CEPES, para La Revista Agraria
El jueves 16 de febrero, la Comisión Agraria del Congreso —presidida por el congresista José León— convocó a una audiencia pública para debatir sobre la concentración de la propiedad de las tierras de cultivo. Participaron especialistas, representantes de los empresarios agrarios, de los gremios de productores, así como funcionarios públicos, ante un auditorio nutrido y atento. Como era de esperarse, se expresaron puntos de vista muy distintos.
El jueves 16 de febrero, la Comisión Agraria del Congreso —presidida por el congresista José León— convocó a una audiencia pública para debatir sobre la concentración de la propiedad de las tierras de cultivo. Participaron especialistas, representantes de los empresarios agrarios, de los gremios de productores, así como funcionarios públicos, ante un auditorio nutrido y atento. Como era de esperarse, se expresaron puntos de vista muy distintos.
Invitado a exponer, tuve la oportunidad de hacer una presentación que contribuyese a precisar mejor qué se entiende por concentración de la propiedad, acudiendo a información comparativa. Como se sabe, hay dos propuestas de ley en el Congreso. Una de ellas —iniciativa del congresista Virgilio Acuña— propone un tope de 25 mil hectáreas, mientras que la otra propuesta —del congresista José León— plantea, para la costa, un tope de 10 mil hectáreas. En mi opinión, ambas posiciones finalmente terminarían convalidando los nuevos latifundios, pues establecen límites muy altos, lo que espero mostrar más adelante.
lunes, 23 de enero de 2012
Límites a la propiedad de la tierra – Debate en RPP
Radio Programas del Perú, RPP, transmitió en su programa “Enfoque de los sábados” un debate sobre el proyecto de ley para limitar la extensión de la propiedad de la tierra. Participaron Fernando Eguren (CEPES), Reynaldo Trinidad (Agronoticias), Carlos Paredes (Sierra Productiva), Virgilio Acuña (congresista) e Ismael Benavides (exministro de Agricultura).
martes, 13 de diciembre de 2011
La actualidad de un viejo proyecto de ley de reforma agraria
Artículo escrito por Fernando Eguren y publicado en La Revista Agraria 135, noviembre 2011
A inicios de su gobierno, el presidente conservador Manuel Prado (1956-1962) formó una Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, encabezada por Pedro Beltrán, economista liberal, político, periodista y hacendado moderno, con tierras en el valle de Cañete, que fue presidente de la Sociedad Nacional Agraria. Al ser nombrado ministro de Estado por el presidente Prado, Beltrán fue reemplazado por Ernesto Alayza Grundy, ilustre abogado, uno de los fundadores del Partido Popular Cristiano. Las tareas de la Comisión concluyeron con la entrega de un proyecto de ley en setiembre de 1960, el cual, visto desde hoy, resulta increíblemente progresista.
A inicios de su gobierno, el presidente conservador Manuel Prado (1956-1962) formó una Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, encabezada por Pedro Beltrán, economista liberal, político, periodista y hacendado moderno, con tierras en el valle de Cañete, que fue presidente de la Sociedad Nacional Agraria. Al ser nombrado ministro de Estado por el presidente Prado, Beltrán fue reemplazado por Ernesto Alayza Grundy, ilustre abogado, uno de los fundadores del Partido Popular Cristiano. Las tareas de la Comisión concluyeron con la entrega de un proyecto de ley en setiembre de 1960, el cual, visto desde hoy, resulta increíblemente progresista.
Corregir los defectos estructurales
En el proyecto de ley se lee que la reforma agraria debe «corregir los defectos de estructura que obstaculizan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina y el progreso agrícola, retrasando así el desarrollo económico y social. Entre los defectos de estructura —se subraya— se consideran no solo la mala distribución de la propiedad y las formas insatisfactorias de tenencia de la tierra, sino las fallas y desajustes existentes en el conjunto de instituciones que influyen en la vida del hombre de campo considerado en la función de productor agrícola, y como miembro de su comunidad y ciudadano de su país»1.
jueves, 5 de mayo de 2011
“Nuevos latifundios pueden concentrar poder en pocas manos”
Artículo publicado en el blog de SERVINDI (05 mayo 2011)
Servindi, 5 de mayo, 2011.- El especialista en temas agrarios Fernando Eguren afirmó que la agricultura familiar tiene grandes potencialidades, y no sólo la agricultura a gran escala. Además, expresó su preocupación por la concentración de la propiedad de la tierra agrícola y los nuevos latifundios.
Eguren,quién es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), desarrolló su punto de vista el pasado 29 de abril, en la XVI Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), que se desarrolló en el Parque de la Exposición, en Lima.
Eguren,quién es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), desarrolló su punto de vista el pasado 29 de abril, en la XVI Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), que se desarrolló en el Parque de la Exposición, en Lima.
lunes, 7 de marzo de 2011
"Land grab" a la peruana
Por Fernando Eguren, Presidente de CEPES
En el Perú no hay Estados extranjeros que compren tierras de cultivo, como sucede en África y partes de Asia. Y si bien hay corporaciones transnacionales, su presencia e importancia en la adquisición de tierras es más bien excepcional, al menos hasta hoy.
Sin embargo, hay ‘land grab’.
Antes de la reforma agraria (1969-1975) la hacienda más grande en la costa peruana -la región con las mejores tierras agrícolas del país, todas con riego- no llegaba a las 30 mil hectáreas. Después de cuatro décadas, los nuevos propietarios de esa hacienda, un grupo familiar peruano, son dueños de más de 60 mil hectáreas sembradas con caña de azúcar.
Sin embargo, hay ‘land grab’.
Antes de la reforma agraria (1969-1975) la hacienda más grande en la costa peruana -la región con las mejores tierras agrícolas del país, todas con riego- no llegaba a las 30 mil hectáreas. Después de cuatro décadas, los nuevos propietarios de esa hacienda, un grupo familiar peruano, son dueños de más de 60 mil hectáreas sembradas con caña de azúcar.
sábado, 8 de enero de 2011
Azúcar amarga
El proceso de transferencia de la
propiedad de las empresas azucareras a inversionistas privados ha estado
plagado de irregularidades. Basta ver los conflictos entre los grupos Wong y Bustamante sobre la propiedad de Andahuasi y
entre los grupos Oviedo y Gloria sobre Cayaltí, Pomalca y Tumán. Estos
conflictos han comprometido al APRA y a la Junta Nacional de Usuarios:
ambos apoyan al grupo Oviedo. Éstos, a su vez, acusan a ProInversión de
apoyar al Grupo Gloria.
jueves, 24 de junio de 2010
Reforma y contrarreforma agraria, 41 años después
Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)
Un día como hoy, hace 41 años, el gobierno del general Velasco promulgó la ley de reforma agraria y, simultáneamente, ocupó los grandes complejos agroindustriales azucareros de los llamados ‘barones del azúcar’.
En los siguientes seis años, fueron expropiadas todas las haciendas del país. Sus tierras fueron adjudicadas a cooperativas agrarias de producción (alrededor de 2.3 millones de hectáreas), a Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS, 2.9 millones) y a comunidades y otras organizaciones campesinas (3.5 millones). Se beneficiaron 375 mil familias. Regionalmente, fueron expropiadas y adjudicadas el 53% de las tierras de uso agropecuario de la costa y el 23% de la sierra.
Las cooperativas y las SAIS no resistieron el paso del tiempo: las primeras fueron divididas por los propios trabajadores en parcelas familiares, y las tierras de las segundas fueron, salvo excepciones, distribuidas entre las comunidades campesinas.
Desde el punto de vista de la producción, la reforma agraria no fue exitosa. Pero al redistribuir las tierras, mejoraron los ingresos de centenares de miles de familias. Desde el punto de vista social y político fue muy importante: puso fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, democratizó la sociedad rural y permitió la conversión de los campesinos en ciudadanos.
La contrarreforma agraria, iniciada tímidamente en los ochenta se aceleró en la década de 1990. La Constitución de 1993 eliminó las restricciones a la propiedad agraria y redujo la protección a las tierras de las comunidades. Muchas leyes posteriores profundizarían la liberalización del mercado de tierras, marginarían a la agricultura familiar y debilitarían aún más las normas que amparan los derechos comunales. El manifiesto escrito por el presidente García, “El síndrome del perro del hortelano” en octubre de 2007 puso en blanco y negro el decidido apoyo de su gobierno a la reconstitución de latifundios: campesinos y nativos no deben ser los propietarios de sus recursos pues, afirma el presidente, no saben y son pobres; esos recursos deben ser transferidos a los grandes inversionistas, que tienen las tecnologías y recursos económicos, y que además se convertirán en sus nuevos patrones. Continúa así la orientación de los gobiernos de Fujimori y Toledo de reconstitución de latifundios.
Cuarenta y un años después de la reforma agraria hay neolatifundistas mayores que los que existieron antes de la reforma agraria.
El más grande de todos, el grupo Gloria, controla alrededor de 60 mil hectáreas en la costa de Áncash y La Libertad; el grupo Romero, unas 20 mil hectáreas en Piura, Huaral y San Martín; el grupo Dyer (Camposol), alrededor de 24 mil hectáreas en varios valles de la costa; la empresa Maple, 12 mil hectáreas en el valle del Chira. Hay decenas de neolatifundios que tienen más de mil hectáreas. Y las casi 150 mil hectáreas de nuevas tierras públicas, que se ganarán en la costa con nuevas irrigaciones hechas con dineros también públicos.
jueves, 29 de abril de 2010
40 mil hectáreas ¿es poco o mucho?
Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)
La Comisión Agraria del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de proyecto de ley que limita la propiedad de la tierra cultivable a un máximo de 40 mil hectáreas. Según un miembro aprista de dicha comisión, este límite “impedirá el resurgimiento del latifundio”.
Para su información, en cualquier parte del mundo –y ciertamente en el Perú– 40 mil hectáreas de tierras de cultivo –y para el caso, 10, 20 o 30 mil hectáreas– es un latifundio. En el fondo, pues, la Comisión Agraria propone que se consolide el latifundio y, de paso, responde seguramente a presiones de grupos económicos que quieren cortarle las alas al Grupo Gloria, que hoy por hoy controla alrededor de 55 mil hectáreas de tierras de cultivo.
En discrepancia con el dictamen, el ministro de la Producción afirma que la mínima escala para ciertos cultivos es 6 mil hectáreas o aún extensiones mayores. Por su lado, el presidente de ADEX declaró que poner límites afectará a los inversionistas en el agro.
Para quienes tienen conocimiento de la historia social y económica de la segunda mitad del siglo pasado del Perú y América Latina, el límite de 40 mil hectáreas es un despropósito.
Conviene recordar que antes de la reforma agraria de 1969 la propiedad más grande de tierras de cultivo –el complejo azucarero Casagrande– no llegaba a las 30 mil hectáreas, y era el exponente máximo del latifundio en el país. La liquidación del latifundio fue uno de los objetivos de las reformas agrarias latinoamericanas en la década de 1960, pues la concentración de la propiedad de la tierra era una de las causas de la pobreza y la marginación de la población rural, situación que motivó grandes convulsiones sociales.
Pero ¿es cierto lo que afirma el ministro de la Producción sobre las escalas ideales para la actividad agropecuaria? Sería muy interesante que muestre cuáles son los estudios sobre los que basa su afirmación y, si los hay, cuáles son los criterios utilizados. Esto es muy importante, pues lo que está ocurriendo es la consolidación de un neolatifundismo que ahonda las diferencias socioeconómicas, ya graves, en el país.
La existencia de economías de escala vinculadas al tamaño de las explotaciones agrícolas ha sido un tema de estudio y debate en el mundo, y está ampliamente cuestionada. Me permito citar in extenso al principal especialista del Banco Mundial sobre el tema, Hans P. Bingswanger-Mkhize: “…casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada. Esta ‘relación inversa entre tamaño de granja y productividad’ implica que la agricultura se caracteriza, por lo general, por deseconomías de escala, lo que significa que la redistribución de la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer ganancias de eficacia a la economía”. (1)
A fines de la década de 1950, una comisión nombrada por el gobierno conservador de Manuel Prado y conformada en su mayoría por hacendados modernos de la época recomendaba que el límite máximo de las propiedades debería ser de 250 hectáreas, argumentando que debían considerarse no solo criterios económicos, sino también políticos y sociales.
(1) Binswanger et al. Agricultural Land Redistribution. The World Bank, 2009. Pág. 11.
martes, 9 de marzo de 2010
La Deuda Agraria
Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)
La deuda agraria se origina en la reforma agraria iniciada en junio de 1969. Según la ley de reforma agraria 17716, las tierras e instalaciones fueron expropiadas, no confiscadas. Es decir, era una operación forzosa de compra y venta. Según un estudio realizado por José María Caballero y Elena Álvarez en los años ochenta, los flujos financieros envueltos en la reforma agraria tuvieron poca significación macroeconómica. El monto total de las indemnizaciones pagadas sumó 15 mil millones de soles (aproximadamente 66 millones de dólares de los Estados Unidos, a una tasa de cambio promedio de 1979 de 230 soles por dólar). Este monto equivalía aproximadamente a la mitad de los préstamos totales del Banco Agrario del año 1977. Además, solo la cuarta parte se pagó en efectivo.
El monto pagado por hectárea, en efectivo y en bonos, fue muy bajo: algo más de 18 mil soles por hectárea estandarizada (es decir, algo más de 18 dólares hectárea estandarizada. El monto pagado por los adjudicatarios también fue muy bajo, 2,836.1 millones de soles (12.3 millones de dólares), equivalente al uno por ciento de los ingresos corrientes del Estado. Probablemente esta escasa significación macroeconómica determinó que la deuda pendiente fuese condonada en diciembre de 1979, con la ventaja adicional que apaciguaba el reclamo de los beneficiarios, quienes se movilizaban periódicamente por su anulación, considerando que los bienes recibidos habían sido varias veces pagada con su mal pagado trabajo en los tiempos de la hacienda..
En efecto, se suponía que los beneficiarios de la reforma agraria debían pagar la deuda agraria al Estado, y luego éste pagaba a los propietarios expropiados. Pero luego de esta condonación, el Estado quedó como único deudor. Mientras se pago, sin embargo, las cuotas de la deuda agraria supusieron una carga pesada para muchas empresas.
Algunos analistas consideraron en su momento que la reforma agraria estaba orientada a convertir a los terratenientes en empresarios industriales, gracias al mecanismo de transferencia de las indemnizaciones a la industria. Pero en la práctica esta transferencia fue mínima. Caballero y Álvarez argumentan que esto se debió porque (a) muchos propietarios no recogieron sus bonos; (b) muchos desconocían sobre qué hacer con los bonos y, además, no siempre podían disponer del otro cincuenta por ciento que debían invertir para la inversión; (c) los bajos valores de las indemnizaciones limitaban los posibles alcances de la transferencia de recursos a la industria; (d) en general durante todo ese periodo la inversión industrial industrial fue reducida, en gran parte por desconfianza política.
Hasta donde estoy familiarizado con este asunto, legalmente los tenedores de los bonos tienen el derecho de reclamar por el pago. Obviamente hay varios problemas. Uno de ellos es cómo se valorizarán los bonos. El valor nominal original es de poca utilidad, pues en los años siguientes a la reforma agraria hubo devaluaciones espectaculares de la moneda y cambios de denominación. Así que el cálculo es todo un reto. Luego está si se debe incluir los intereses devengados, y cuáles serían esos intereses. En diferentes momentos se han dado cifras que han sido impagables. Por otro lado, ha habido empresas que han comprado bonos a bajo precio para luego iniciar procesos judiciales exigiendo al Estado el pago.
Los mismos bonistas han sugerido en distintas ocasiones que estarían dispuestos a recibir pagos no en dinero sino, por ejemplo, en las nuevas tierras ganadas por los proyectos de irrigación.
Al final de cuentas, los montos y las modalidades de pago serán el resultado de una negociación entre el Estado y los bonistas. Lo cierto es que los sucesivos gobiernos no han tenido la voluntad política de resolver este problema que ya tiene décadas. Y no estoy seguro que el ministro Benavides –o Alan García lo tenga, a pesar de sus declaraciones. Después de todo, dentro de menos de cinco meses ya no estarán en el gobierno.
Artículo publicado en el Diario La Primera (09 marzo 2011)
martes, 7 de julio de 2009
Reforma Agraria: 40 años después - MESA REDONDA
Mesa Redonda que se grabó para el programa radial Tierra Fecunda. Participan el sociólogo Fernando Eguren López, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES; el ingeniero Raul Chao, gerente de la Asociación de Promoción Agraria, ASPA; el periodista Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias; y el líder campesino Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, CNA.
jueves, 19 de febrero de 2009
¿Qué significa “desarrollo rural” en el Perú de hoy?
Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)
Hace pocos días fui invitado a hacer una exposición a un grupo de ciudadanos alemanes. El encargo fue exponer en 20 minutos el tema que encabeza este artículo. Para cumplir con el desafío opté por escribir 6 pastillas para guiar mi exposición. Tengo la sospecha de que para muchos lectores estas pastillas les pueden ser útiles. Así que aquí van.
1. Según el censo demográfico de 2007, la población total del país supera las 27 millones de personas; el 24% es rural. Sin embargo, con una definición más amplia de ‘población rural’, ésta puede llegar al 40%. Se estima que tres cuartas partes de esta población es ‘pobre’ o ‘muy pobre’, y se distribuye en las tres regiones. El desarrollo rural es, pues, una necesidad, pero se plantea en cada región también de manera distinta.
2. En el Perú hubo una muy importante reforma agraria entre los años 1969 y 1975. Todas las grandes haciendas fueron expropiadas. Pero la reforma agraria fue más importante social y políticamente (permitió la emergencia de una ciudadanía rural) que económicamente (se distribuyeron tierras pero no se apoyó la mejora de la producción).
3. Cuarenta años después, se aprecia que las políticas económicas neoliberales han promovido la concentración del control sobre la tierra en manos de empresas agrarias modernas dedicadas a la exportación, a la producción de agrocombustibles y a la explotación de minerales, gas y maderas. El agro peruano tiende a polarizarse así entre una parte, minoritaria, de empresas medianas y sobre todo grandes, modernas, capitalizadas y orientadas a los mercados externos, y otra parte mayoritaria, de pequeños productores que producen para el mercado interno o el autoconsumo. Han quedado marginadas de la atención gubernamental la pequeña agricultura y las comunidades campesinas y nativas.
4. La costa es la región más moderna, urbana, y con mejores tierras. Allí se desarrolla la agricultura moderna de exportación y se concentran los obreros agrícolas. Esas empresas conviven con una pequeña y mediana agricultura orientadas a la producción para el mercado nacional.
En esta región, las posibilidades de un desarrollo rural están muy vinculadas (a) a la necesidad de mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y (b) al acceso de los pequeños agricultores a los servicios necesarios para la producción.
5. La sierra es la región más campesina, ‘tradicional’, culturalmente diferente, y también la más pobre, a pesar de que tiene importantes recursos. Predomina la pequeña propiedad y las comunidades campesinas. Aunque están vinculadas al mercado, una parte importante de sus economías está orientada al autoconsumo. Esta región es la que tiene más necesidades insatisfechas. Es la fuente de una importante y sostenida emigración de población joven hacia las ciudades. El enfoque de ‘desarrollo rural territorial’ pareciera el más adecuado para esta región, que plantea superar tanto la visión sectorialista de desarrollo rural, como la disyuntiva rural-urbano.
6. En la selva pueden distinguirse dos subregiones: la selva alta, más agrícola, de pequeños productores de alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo. Es también la región en donde se produce la hoja de coca para el narcotráfico, razón por la cual hay graves situaciones de conflicto. La selva baja es más forestal, con más presencia de comunidades nativas. Así como para la población de la sierra, el desarrollo rural de esta región requiere de un enfoque de desarrollo territorial.
Para que haya desarrollo rural en las tres regiones es indispensable el decidido y sostenido apoyo del Estado nacional y subnacional –hoy poco presente– tomando en cuenta, sin embargo, que los caminos al desarrollo rural en el Perú son diversos como diversos son sus espacios rurales.
miércoles, 10 de septiembre de 2008
Del agro a lo rural y los desafíos de la globalización
Fernando Eguren
Presidente del Consejo Directivo del Centro Peruano de
Estudios Sociales (Cepes)
El agro en la visión
nacional del desarrollo
Luego de un intenso período de reformas agrarias en América
del Sur —en las décadas de 1960 y 1970 las hubo en Colombia, Ecuador, Chile,
Venezuela y Perú—, algunas moderadas, otras radicales, la cuestión agraria dejó
de ocupar los primeros lugares en las agendas políticas. Durante las décadas
siguientes, las políticas agrarias dejaron de orientarse hacia el ideal de un
desarrollo nacional, en el que cumplían un papel de apoyo al crecimiento del
sector manufacturero y a la expansión urbana. Después de todo, las reformas
agrarias tuvieron como objetivo no solo aliviar las tensiones sociales rurales,
sino ampliar el mercado interno para estimular la producción industrial y la
provisión de alimentos destinada a cubrir la creciente demanda de las ciudades.
La modernización rural después de las reformas tuvo como principal
impulsor —y aún lo tiene— el mercado internacional. Abandonadas las
pretensiones de lograr un desarrollo nacional, el criterio orientador de la
agricultura se desligó de toda búsqueda de sinergias con otros sectores de la
economía doméstica —como la que hubo en el pasado—, para reducirse a la lógica microeconómica
de maximización de las ganancias. Así, los esfuerzos públicos se concentran en
crear las condiciones para que un número relativamente pequeño de empresas
agrarias aprovechen las ventajas comparativas —suelos, climas y [contra] estaciones—
y, en algunos casos, también competitivas, que ofrecen los mercados internacionales,
sobre todo los del hemisferio norte.
El mercado, considerado en décadas pasadas como un conjunto
de mecanismos e instituciones manipulables para lograr el desarrollo nacional,
se convierte en un fin: lo que no triunfa en el mercado —internacional— no merece
sobrevivir. Es esta convicción interesada la que impulsó la firma del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos, y que subyace al pensamiento del autor del
manifiesto «El síndrome del perro del hortelano».1
Los desafíos de la
globalización
Ahora bien, el proceso de globalización ha evidenciado problemas
que se fueron incubando a través de los años, y que requieren respuestas que
están a contracorriente con este concepto de modernización agraria. El espíritu
de la «ley de la selva» es la búsqueda del desmembramiento de las partes más
comercialmente apetecibles de las tierras comunales. Casi podríamos decir, de
las tierras comunales que se encuentran en las cercanías de las ciudades o en
lugares que, con solo algún esfuerzo público adicional, podrían disponer de
infraestructura estatal —agua potable, electricidad, seguridad policial y
carreteras— o donde, probablemente, haya yacimientos mineros. Esta motivación
es embellecida con conocidos argumentos, como que lo que se busca es «liberar»
a los campesinos o «sacarlos de la pobreza» mediante inversiones.
A su vez, la crisis energética ha generado una gran demanda internacional
—con frecuencia inducida por decisiones políticas de las que no está excluida
la acción de lobbies—2 de agrocombustibles
—etanol y biodiésel—, lo que, por su lado, también genera problemas: monocultivo
en extensas áreas, concentración de la propiedad de la tierra, uso intensivo de
insumos químicos, deforestación para ampliar las áreas destinadas a la palma
aceitera, desplazamiento de áreas en las que se deberían cultivar alimentos. Podrá
el lector apreciar que esta relación de temas y problemas, que son los que
ocupan la agenda internacional, confluye en los espacios rurales. A diferencia de
las décadas de 1960 y 1970, en las que el problema agrario se resumía
prácticamente en la superación de la polarización latifundio-minifundio y en la
ampliación del mercado de manufacturas hacia los espacios rurales, actualmente los
espacios rurales constituyen el locus en el que convergen los grandes desafíos
de la globalización.
La disputa por los
recursos
A los ya mencionados problemas, agreguemos dos más. Por un
lado, el rápido crecimiento económico de varios países en desarrollo, sobre todo
de los más poblados del planeta, China e India —entre ambos suman
aproximadamente 38% de la población mundial—, ha incrementado la demanda por
una variedad de recursos, entre ellos los mineros y energéticos. Como
resultado, hay una competencia mundial entre grandes empresas y entidades de
inversiones por acceder y explotar dichos recursos, para lo cual necesitan
controlar los territorios debajo de los cuales estos se encuentran. En el caso
del Perú, la mayor parte de dichos territorios pertenece a comunidades
campesinas y poblaciones nativas. El sesgo de las políticas oficiales en el
país ha sido sistemáticamente favorable a las primeras en detrimento de las
segundas. Los decretos legislativos promulgados el mes de junio, que desconocen
acuerdos internacionales vinculantes, particularmente el Convenio 169 de la OIT,3 no solo confirman sino acentúan este sesgo. Una muestra
de esta situación es la reciente movilización de la población nativa —en pleno
desarrollo mientras escribimos este artículo— en diferentes espacios de los
departamentos de Amazonas, Loreto y Cusco, en contra de lo que considera la
violación de sus derechos sobre los recursos naturales que constituyen su
hábitat ancestral.
Por otro lado, el modelo de modernización de la agricultura peruana
reposa sobre la gran agricultura de exportación, estimulada por un marco
normativo favorable y por el acceso a recursos financieros, conocimiento técnico
e información de mercados que le permite aprovechar las propicias condiciones
naturales del país, particularmente de la costa. La mediana agricultura tiene dificultades
para acceder a dichos recursos, mientras que la pequeña agricultura está en una posición de clara desventaja.
Todo ello conduce a que en las zonas más dinámicas de la costa, empresas e
inversionistas ejerzan una creciente presión sobre las tierras de los pequeños agricultores,
revalorizadas por las perspectivas del incremento de la agricultura de
exportación.
Como resultado de estas dos tendencias, en al agro peruano
se va acentuando la concentración del control sobre la tierra, a lo que se suma
la política de transferir a grandes inversionistas las nuevas tierras ganadas
por obras de irrigación financiadas con recursos públicos, y la conformación o
ampliación de enormes empresas para la producción de insumos —particularmente
caña de azúcar y palma aceitera— para agrocombustibles. Aunque es obvio que no
puede descartarse la necesidad de invertir en los espacios rurales, es difícil
pensar en un modelo de crecimiento más inequitativo y excluyente, que conduce a
una concentración de los ingresos y a la profundización de las injusticias
sociales. Este es el marco que explica buena parte de los conflictos sociales y
la baja estima de la población del interior del país por el gobierno y, en
general, por las instituciones políticas, tal como lo expresan repetidamente
las encuestas de opinión. Queda claro que todos los programas compensatorios —Juntos,
el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) y cualquier otro
que se nos pueda ocurrir— son, si no inapropiados, claramente insuficientes
para contrarrestar una desigualdad constantemente alimentada por la propia
estructura de propiedad de los recursos y medios de producción, así como por
las leyes y normas que la refuerzan. Las políticas redistributivas pueden
aliviar esta desigualdad pero no resolverla, pues está anclada en la misma
forma en que se organiza la economía y en las concepciones que los «decisores
de políticas» tienen sobre el desarrollo económico. La confluencia de
propósitos e intereses entre el poder económico y el poder político en este segundo
gobierno del APRA es casi completa.
Pero resulta que con relación a estos procesos —que, como ya
lo mencionamos, están vinculados directa o indirectamente a la globalización y
tienen su locus principal en los espacios rurales—, surgen planteamientos y
respuestas que resultan contrarios a los que se implementan en el Perú.
Planteamientos y respuestas que no provienen de grupos «contestatarios» sino,
como veremos, de instituciones intergubernamentales —entre ellas el Banco
Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)— que cumplieron, en un pasado no lejano, un activo papel en
difundir, cuando no forzar, la adopción de políticas neoliberales.
La revalorización de
la pequeña agricultura
El último Informe anual del Banco Mundial está íntegramente dedicado
a la agricultura, lo que no ocurría desde 1982. En él se subraya la importancia
de la pequeña agricultura para enfrentar la pobreza rural, garantizar la
seguridad alimentaria y defender el medio ambiente:
«En los países urbanizados, que comprenden casi toda América
Latina y gran parte de Europa y Asia central —leemos en el informe— la
agricultura puede ayudar a reducir la pobreza rural que aún persiste, si los
pequeños agricultores se convierten en proveedores de los mercados modernos de
alimentos, si se generan buenos empleos en la agricultura y la agroindustria y
se introducen mercados para los servicios ambientales». Pero para que ello
ocurra, «hace falta la mano visible del Estado en la tarea de brindar servicios
públicos esenciales, mejorar el clima para la inversión, regular la ordenación de
los recursos naturales y garantizar la obtención de resultados sociales
deseables».
En el caso específico del Perú, ninguna de las inversiones de
origen privado en la agricultura moderna se destina a proveer alimentos a la
población nacional, sino que está íntegramente orientada a la exportación, y
solo la producción marginal que no califica para los mercados externos se queda
en el país. La otra gran inversión privada en marcha es la destinada a los
agrocombustibles: el área prevista para la producción de caña de azúcar para
etanol y de palma aceitera para biodiésel es, por lo menos, similar al área
total dedicada hoy día a cultivos de exportación no tradicional. En contraste,
el íntegro de la producción agraria destinada a alimentar a la población peruana
proviene de medianos y, sobre todo, pequeños agricultores. Es hacia este sector
mayoritario de productores hacia donde «la mano visible del Estado» debería
orientarse.
El apoyo a la pequeña agricultura es también la manera más
eficaz de combatir la pobreza rural que, como se sabe, en el Perú aqueja a
cerca de las tres cuartas partes de la población rural. Con referencia a este
punto, afirma el Informe que «más del 80% de la disminución de la pobreza rural
[en el mundo] puede atribuirse a que las condiciones en las zonas rurales han
mejorado, y no a que los pobres han abandonado esas áreas. En consecuencia, y a
pesar de la impresión general, la migración a las ciudades no ha sido el
principal instrumento para la reducción de la pobreza en las zonas rurales (y
en el mundo)». En el caso de América Latina, se calcula que el crecimiento
total originado en la agricultura fue 2,7 veces más eficaz en reducir la
pobreza que el crecimiento generado en otros ámbitos. En síntesis, la
intervención de la «mano visible del Estado» en apoyo a la pequeña agricultura
es un medio eficaz para hacer retroceder la pobreza rural.4
Para que haya un crecimiento del agro orientado a enfrentar la
pobreza y a mejorar la seguridad alimentaria, entre otras cosas es «necesario
mejorar la disponibilidad de activos de los pobres de las zonas rurales», pues
estos se pueden ver contrarrestados «por el crecimiento de la población, la
degradación ambiental, la expropiación que realizan los intereses dominantes y
el favoritismo social en las políticas y en la asignación de bienes públicos».5
A diferencia de las dos primeras amenazas, que son procesos
complejos que llevan una gran inercia, las dos últimas son rasgos que
caracterizan la alianza económico-política a la que hemos hecho referencia. Si
la pequeña agricultura es esencial para combatir la pobreza, también lo es para
mantener la biodiversidad. Según la FAO, «la pequeña agricultura es el
principal agente guardián de la biodiversidad y su tarea es asegurar la
conservación y la utilización sostenible de los recursos naturales y el entorno
productivo».6
También lo es para enfrentar la amenaza del hambre y los
efectos adversos del cambio climático y de la bioenergía, como se ha reconocido
en la Conferencia Mundial convocada por la FAO en junio pasado para que los
gobiernos tomen acuerdos sobre esos temas. En la Declaración Final se lee: Instamos
a los gobiernos a asignar una prioridad apropiada a los sectores agrícola,
forestal y pesquero con el fin de crear oportunidades que permitan a los
agricultores y pescadores en pequeña escala del mundo, entre ellos los pueblos
indígenas y en particular en zonas vulnerables, la participación y la obtención
de beneficios de los mecanismos financieros y flujos de inversión destinados a
prestar apoyo ante la adaptación, la mitigación y el desarrollo, transferencia
y difusión de tecnología en relación con el cambio climático.7
El gobierno y los
compromisos internacionales
El gobierno peruano firmó esta declaración, como tantos otros
documentos internacionales que protegen a los sectores sociales más vulnerables
y al medio ambiente. Algunos de ellos constituyen un compromiso moral; otros
son acuerdos vinculantes, como la ya mencionada Convención 169 de la OIT. Pero
la práctica está demostrando que ni el compromiso moral ni los acuerdos que son
leyes son suficientes para que el Estado limite y encauce los intereses de los
grandes inversionistas con el fin de que sean compatibles con un desarrollo socioeconómicamente
inclusivo, equitativo y sostenible del país. Cabe mencionar que, en mucho, la
responsabilidad también alcanza a los gobiernos regionales. Queda abierta la
pregunta de si los temores expresados por los organismos internacionales sobre,
por un lado, las condiciones ambientales y, por otro, la persistencia de la
pobreza —agravada por la elevación de los precios de los alimentos— son
suficientes para cambiar su propio comportamiento y para influir en los
gobiernos —en particular en el nuestro— para que reorienten sus políticas
dirigidas a los espacios rurales. En el pasado, esos organismos influyeron
decisivamente en imponer las políticas neoliberales que agravaron los problemas
mencionados al inicio. Un mínimo acto de contrición debería llevarlos a que hoy
ejerzan su influencia para que los gobiernos redefinan esas políticas.
1 Artículo publicado por
el presidente Alan García en El Comercio, 28 de octubre de 2007.
2 Véase, entre otras
muchas publicaciones, Runge, C. Ford, y Benjamin Senauer. «How Biofuels Could
Starve the Poor». Foreign Affairs, mayo-junio de 2007.
3 Véase el texto en
<http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml>.
4 Obra citada, p. 5.
fileadmin/user_upload/foodclimate/HLCdocs/declaration-S.pdf>.
5 Obra citada, p. 7.
6 «La pequeña agricultura
al rescate de la biodiversidad». Disponible en <http://www.fao.org/regional/LAmerica/dma/dma2004/jimenez.htm>.
7 Declaración de la
Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial: Los Desafíos
del Cambio Climático y la Bioenergía. Roma, junio de 2008. Disponible en
<http://www.fao.org/
miércoles, 7 de noviembre de 2007
Tendencias de transferencia y concentración de la propiedad de la tierra
La propiedad de la tierra en el Perú se está concentrando nuevamente, después de tres décadas de la reforma agraria.
La
concentración de la propiedad de la tierra es un tema política y
socialmente sensible. Recordemos que una de las razones por las que las
reformas agrarias de la década de 1960 aparecían como legitimadas ante
la sociedad y los gobiernos fue que había una gran concentración de la
propiedad de la tierra, y que ello generaba grandes tensiones sociales. [1]
Los gobiernos latinoamericanos, instados por el gobierno de los Estados
Unidos, acordaron hacer reformas agrarias tanto para evitar situaciones
como la revolución cubana de 1959, como para eliminar obstáculos a los
procesos de modernización social y económica.
El gobierno de derechas de
Manuel Prado se adelantó, nombrando una Comisión de la Reforma Agraria y
de la Vivienda en 1957, integrada en parte por hacendados relativamente
modernos. Una de las recomendaciones del informe, presentado en 1960,
fue la de establecer límites – 250 hectáreas – a los tamaños de la
propiedad rural. Casi una década después, la ley de reforma agraria del
gobierno de Velasco de 1969 fijó los límites a 150 hectáreas de tierras
agrícolas. Pero desde 1980 se inició un proceso de liberalización de la
propiedad de la tierra que culminó en 1995 con la llamada Ley de Tierras
[2], que eliminó todo límite a los tamaños de los predios. [3]
Un año antes, 1994, se realizó el último censo nacional agropecuario,
que reveló que el 92 por ciento de las 1.74 millones de predios eran
menores de 20 hectáreas, y que tres de cada cuatro hectáreas de cultivo
bajo riego y una de cada tres de secano están en predios menores de 20
ha.
En
los últimos doce años han ocurrido cambios muy importantes, cuyos
alcances aún no se conocen con precisión pues no se ha actualizado el
censo agropecuario ni se han hecho estudios sobre los procesos de
concentración.
Son
varios – aquí estamos considerando seis – los procesos que están
contribuyendo al proceso de transferencia y concentración de la
tierra.
La ampliación de la frontera agrícola en la costa
. La modificación de la política de acceso a las nuevas tierras
irrigadas ha permitido la formación de modernas empresas agrarias de
gran extensión, particularmente en la costa norte (Piura, Lambayeque, La
Libertad). La frontera agrícola ganada en el pasado gracias a grandes
inversiones públicas era entregada, bajo varias modalidades de pago, a
pequeños y medianos agricultores. Pero al menos desde la década de
1990, las nuevas tierras irrigadas son puestas a la venta en condiciones
tales que sólo pueden ser adquiridas por grandes inversionistas para
formar latifundios modernos. Así, en 1997 se
subastaron, en la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (que
incluye el valle Virú), 12751 hectáreas en 76 lotes, en cuatro sectores;
en tres de ellos el tamaño promedio de cada lote varió entre 671 y 786
hectáreas, y en el cuarto, 65 ha. En algunos casos, como la empresa
Camposol, en el valle de Virú, la extensión supera las dos mil
hectáreas. Danper Trujillo posee 1600 hectáreas, la mayor parte de ellas
también en Virú. En contraste, en la década de 1980, por ejemplo, las
tierras ganadas por la irrigación de Majes, en el departamento de
Arequipa, fueron distribuidas en lotes de 5 hectáreas. El criterio de
subastar lotes de gran tamaño, al que sólo pueden acceder grandes
inversionistas, sigue primando en la actualidad.
La concentración vía el mercado de tierras.
Puede distinguirse diferentes situaciones: la compra de tierras de
pequeños agricultores por empresas agroexportadoras (los mismos
departamentos mencionados más arriba, más Ica); el arrendamiento de
tierras por las mismas empresas; la adquisición de grandes empresas
agrarias por otras empresas agrarias, notablemente el caso de los
complejos agroindustriales azucareros (grupo Gloria en el departamento
de La Libertad). Como ejemplo: la empresa Agrokasa posee actualmente
más de 2.6 mil hectáreas. El grupo Romero posee alrededor de 500
hectáreas en lo que alguna vez fue la Cooperativa Agraria Huando, en el
valle de Huaral. Según el último censo de productores de espárragos, hay
47 empresas que, en promedio, dedican 280 hectáreas a es cultivo. Como
no todas son monoproductoras, la extensión total de muchas de ellas
supera largamente ese promedio. La mayoría se encuentran en los valles
de los departamentos de La Libertad e Ica. ¿Cuánto hay de capital
extranjero en este proceso? Las inversiones extranjeras directas en
agricultura – no necesariamente todo en compra de tierras – se
sextuplicaron entre 1997 ( 7.7 millones de US$) y el año 2000 (44
millones de US$), cifra ésta que se ha mantenido hasta la actualidad. [4]
La conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas .
Lo notable aquí es la transferencia de la propiedad de los complejos
agroindustriales azucareros de las cooperativas de producción – cuyos
socios eran los propios trabajadores – a inversionistas particulares.
Suman más de 50 mil hectáreas, sobre todo en la costa norte. Son los más
grandes terratenientes del país. Mención especial es el grupo Rodríguez
Banda, dueños de Gloria y desde hace poco de los complejos Cartavio y
Casagrande, que suman más de 30 mil hectáreas en un solo valle, Chicama,
en el departamento de La Libertad.
Denuncios y concesiones. Los
denuncios y concesiones mineras se extienden particularmente sobre
tierras de comunidades campesinas en casi todos los departamentos
andinos. Sus derechos como propietarias comienzan a ser cuestionados
en la práctica por las empresas mineras aún antes de la fase de
exploración, a través de distintos tipos de presión, económicas y
extraeconómicas, para acceder a las tierras. En la fase de explotación
los comuneros no sólo pierden sus derechos, sino que las tierras pierden
su vocación agraria. Según el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, a la fecha los derechos mineros se extienden sobre más de 14 millones de hectáreas.
Los
denuncios y concesiones de otras industrias extractivas (petroleras,
gasíferas,) en la cuenca amazónica, por su lado, se extienden
actualmente sobre miles de
hectáreas. En cuanto a las concesiones forestales entregadas, suman
7.5 millones de hectáreas, aproximadamente el 10 por ciento de la
superficie total de la selva baja y alta. [5]
La producción de biocombustibles.
Los estímulos a la producción de biocombustibles (menores precios que
los combustibles fósiles, expectativas de exenciones tributarias,
subsidios, etc.) están incentivando la formación de grandes
plantaciones principalmente de caña de azúcar y palma aceitera. Los
complejos azucareros, entre ellos el grupo Gloria y , del que hemos
hecho ya mención, dedicarán parte de la producción de caña a la
fabricación de etanol. La empresa norteamericana Maple, por su lado, ha
adquirido más de 10 mil hectáreas en el valle de Chira para la
producción de caña de azúcar para etano, generando desde ya presión
sobre la disponibilidad del agua. En el mismo departamento, el grupo
Romero dedicará al mismo fin por lo menos 3.5 miles de hectáreas. En la
selva, el grupo Romero prevé la expansión del área dedicada a la palma
para la producción de biodiesel. El hechizo de los biocombustibles
también parece querer apoderarse del programa Sierra Exportadora. Su
presidente anuncia que se dedicarán 200 mil hectáreas a la canola, para
biodiesel. Pero en este caso parece ser más bien un deseo irrealizable.
Turismo.
Aunque en escalas menores, también en algunas zonas de gran atractivo
turístico las tierras agrícolas adquieren un alto valor para ser
destinadas a otros usos, pero con frecuencia implicando la pérdida de
control por los campesinos y agricultores. Es el caso del Valle Sagrado
(Urubamba), en el departamento del Cuzco, que paulatinamente se está
convirtiendo en un emporio turístico con inversiones en hoteles,
albergues, restaurantes, casas de campo, etc. [6]
Tendencias
Nada indica que estas tendencias revertirán. Antes bien, algunas de ellas están siendo francamente impulsadas por el gobierno [7],
otras seguirán el impulso que ha adquirido la agricultura de
exportación. Estas desigualdades crecientes en la distribución de la
tierra, (que no debe confundirse con un regreso a la situación previa a
la reforma agraria, pues el contexto histórico es completamente
diferente) deben llamar a preocupación, pues tienden a profundizar las
ya notables desigualdades sociales y económicas existentes en el país.
[2] Ley
26505, "Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades
económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades
campesinas y nativas", promulgada el 14 de julio.
[3]
Sobre la evolución de la legislación que estimuló estos cambios, ver
Fernando Eguren, "Las políticas agrarias en la última década: una
evaluación". En F. Eguren, M. Remy y P. Oliart, (editores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIA X. Sepia/Oxfam, Lima, 2004. También en la Web en www.sepia.org.pe.
[4] Fuente: Preinversión.
[5] Antonio Brack Egg, "Opinión sobre el proyecto de ley Otorgamiento de tierras de dominio del estado en la amazonia peruana para fines agropecuarios y agroindustriales ". Lima, 15 de enero del 2007
[6] Aunque
no necesariamente se refieran a tierras agrícolas, es expresión de la
notable transferencia de los derechos sobre la tierra en proceso en el
país la rápida privatización de muchas playas de la costa –algunas de
ellas de comunidades campesinas-, tanto en el sur chico como en los
departamentos norteños de Piura y Tumbes.
[7] Como ejemplos están las propuestas del Ejecutivo de recortar casi
210 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene para extracción
petrolera, de declarar de interés público 20 grandes proyectos de
extracción; también, el mantenimiento de los criterios de asignación de
nuevas tierras irrigadas a inversionistas grandes y la promoción de la
producción de agrocombustibles.
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