Soberanía y Seguridad Alimentaria - Entrevista a Fernando Eguren (CEPES)

La parlamentaria Rosa Mavila León entrevistó al sociólogo Fernando Eguren, director de La Revista Agraria y presidente del CEPES, en el programa "Las congresistas tienen la palabra". Uno de los temas fue analizar las diferencias entre los conceptos de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria.

Editorial: El agro en 2013, visto desde diez diferentes ángulos

Artículo escrito por Fernando Eguren (CEPES) para La Revista Agraria

Transcurrido medio camino del gobierno del presidente Ollanta Humala, ¿qué puede decirse de diferentes aspectos cruciales de la problemática agraria y rural? Esta edición de La Revista Agraria intenta dar respuesta a esta pregunta, gracias a la colaboración de personalidades que conocen estos distintos aspectos y que son materia de su reflexión.

Editorial: Agricultura... ¿extractivista?

Editorial escrita por Fernando Eguren (CEPES)  para La Revista Agraria 

El Perú tiene una gran cantidad y variedad de recursos naturales, y su explotación y exportación a lo largo de la historia (caucho, salitre, guano, minerales...) ha sido el sustento de los ciclos de crecimiento económico y de parte considerable de los ingresos fiscales. La depredación de estos recursos o la baja de sus precios en el mercado internacional terminaron con cada ciclo, sumiendo al país en depresiones económicas e impidiendo al Estado afrontar la brecha fiscal y externa. Esta recurrente opción extractivista —que, por lo demás, caracteriza también a otros países de la región— conduce, a la larga, después de un círculo inicialmente auspicioso, a un círculo vicioso «que nos lleva a un retroceso económico-social y político, básicamente como consecuencia de choques externos y domésticos»1. Los recursos naturales pueden ser una maldición si la economía se «cuelga» de ellos.

Fernando Eguren: “Zonas rurales serán favorecidas”

Artículo publicado en el diario “El Peruano”

Está comprobado que hay sectores económicos donde el sector privado no está presente, y el Estado, mediante un rol subsidiario, debe asumir la tarea de promover e impulsar el desarrollo sostenido de esas zonas.

Así lo sostuvo el presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, quien enfatizó que el desinterés del sector privado es más evidente en las zonas rurales y las más alejadas del país. “Presentan un gran atraso que no fue priorizado por ninguno de los gobiernos pasados”, manifestó.

¿Más integrados, más vulnerables?

Columna publicada en el diario La Primera (19 de marzo del 2011)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Con un volumen de comercio exterior (exportaciones más importaciones) que alcanzó los US$ 65 mil millones de dólares en el 2010; equivalente a cerca del 50% del PBI; esta claro que hoy en día el Perú se encuentra estrechamente vinculado a la marcha de la economía global, a sus alzas y bajas. Así, el proceso de apertura económica nos ha traído beneficios, sin duda; pero también, y contra lo que muchos proclaman; indudables riesgos; riesgos que hasta ahora no han sido adecuadamente evaluados e incorporados dentro de un a plan de desarrollo nacional.

Salarios bajos y rentabilidad agraria

Artículo publicado en el diario La República (31 enero 2011)

Por Fernando Eguren, presidente CEPES

Hace unas semanas, CONVEAGRO difundió un comunicado en el que llamaba la atención al hecho de que “Los jornales en el campo para la producción destinada al mercado nacional se han elevado en 70%, en los últimos cuatro años, afectando seriamente los costos de producción, lo que no sucedió con los jornales que se pagan en las empresas agroexportadoras, que se mantienen congelados”. (9/1/2011)

Sierra Ganadera

Artículo publicado en el diario La República (04 enero 2011)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Con acierto, el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, declaró hace pocos días que daría prioridad a la ganadería en la Sierra. ¿Cuán importante es la ganadería para la economía campesina? Tomando en sentido amplio el término de ‘campesino’ como todo trabajador rural poseedor de 10 hectáreas o menos, es claro que la ganadería tiene una gran importancia. Ellos son, según el último Censo Agropecuario de 1994, cerca de 1.5 millones de familias, y representan el 85% del total de explotaciones agropecuarias. En el 48% de estas pequeñas explotaciones se crían vacunos, en el 39% ovinos y en el 37%  porcinos. En cuanto a los camélidos, en las explotaciones de pequeños pastores, con áreas menores de 10 Has, se criaban el 59% de llamas y el 44% de las alpacas(1).  Según una fuente, en el altiplano puneño el 98% de los hogares rurales poseen ganado(2).

El cultivo del espárrago ¿es sostenible?

 Artículo publicado en el diario La República (02 diciembre 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

El espárrago es el producto agrario de exportación ‘no tradicional’ peruano de bandera. Este año el valor de las exportaciones posiblemente alcancen los 500 millones de dólares, sumando frescos y en conserva. El área cultivada es de alrededor de 28 mil hectáreas.

Pero la frontera agrícola para este cultivo tiene límites en el principal valle productor, Ica, con 10 mil hectáreas de espárragos. Una reciente investigación muestra una vez más lo que muchos ya sabían: que la expansión de nuevas áreas para este cultivo se ha vuelto insostenible dados el contexto hidrológico y las demandas de agua concomitantes. Según el informe, “las crecientes demandas de agua para soportar esta expansión agrícola se vinculan con impactos económicos negativos sobre los pequeños y medianos campesinos”… lo cual “alimenta los conflictos sociales y una mayor vulnerabilidad al cambio climático a lo largo del valle de Ica e inclusive fuera de él.”  (1)

El estudio surge de la inquietud de organizaciones británicas sobre el impacto ambiental del comercio internacional, y específicamente del Reino Unido, el tercer mercado más grande para el espárrago peruano, después de Estados Unidos y Holanda. “El agua que se consume para el cultivo de espárragos importados al Reino Unido en 2008 se calcula en 9 millones de metros cúbicos, lo que equivale a unas 3600 piscinas olímpicas. La mayor parte de esta agua se usa en el valle de Ica, Perú, uno de los lugares más secos del planeta”. Desde aproximadamente hace ocho años, la intensidad de uso de la aguas subterráneas ha hecho que la napa freática del valle disminuya drásticamente a tasas que son  “casi con seguridad… las más rápidas de agotamiento del recurso acuífero de todo el mundo”.

Según el estudio, los pequeños y medianos campesinos son los que sufren la peor parte de esta carrera por el agua, viéndose forzados a vivir sin ella ya que los pozos se secan y crece la salinidad. Ello los conduce a endeudarse y a vender sus tierras. Inadecuados marcos institucionales y legales y el incumplimiento de las normas han permitido que unas cuantas empresas grandes se aseguren el acceso y usen el agua a tasas que no son sostenibles. El informe señala cómo los estándares y condiciones diseñadas específicamente para asegurar que el desarrollo económico sea sostenible –tales como los exigidos por la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, los de  GLOBAL G.A.P. sobre buenas prácticas agrícolas y los estándares sociales y ambientales de los minoristas y los supermercados–, que han sido conferidos a las agroexportadoras de Ica,  recompensan una producción que está lejos de ser sostenible en su uso del agua.

Las observaciones del estudio debe llamar la atención del Estado y de todos los actores involucrados para afrontar una situación que puede llevar al colapso la actividad agrícola del rico valle de Ica.
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Drop by drop: Understanding the impacts of the UK’s water footprint through a case study of Peruvian asparagus (Gota a gota. Para comprender los impactos de la huella hídrica del Reino Unido a través de un estudio de caso del espárrago peruano). Progressio en asociación con el Centro Peruano de Estudios Sociales y Water Witness. Septiembre 2010.

 Artículo publicado en el diario La República (02 diciembre 2010)

Alan García: "El Perú es minero, no agrario"

Publicado en el diario La Primera (11 setiembre 2010) 

Según el presidente Alan García, “el Perú no es un país agrario” sino “esencialmente minero”.[1] ¿Por qué? Según el presidente, por tres razones: porque la cantidad de tierra agrícola por habitante es baja, inferior a la de Ecuador, Colombia y Argentina[2]; porque para tener seguridad alimentaria (“idea que ya no sirve en el mundo”, dice) más importante que la producción interna de alimentos es tener recursos para importar alimentos, como hace el Japón; en tercer lugar, porque en la historia del país los indígenas de las comunidades campesinas fueron confinados a las tierras más pobres. 

Algunas aclaraciones son pertinentes.

En primer lugar, lo deseable sería que el Perú fuera caracterizado no por los recursos naturales que posee, sino por su excelencia en transformarlos. Es lo que hacen las economías desarrolladas: agregar alto valor a las materias primas. El problema del Perú a lo largo de su historia es que se ha mantenido hasta hoy como una economía básicamente primaria, con escaso desarrollo de su capacidad transformadora, con incipiente industria y deficiente sistema educativo (base para la formación del capital humano necesario para una economía transformadora). El presidente García piensa como un gobernante del siglo XIX.

En segundo lugar, si entramos a la lógica presidencial de caracterizar al Perú por la importancia económica de sus recursos, el aporte de la agricultura al producto bruto interno es similar al minero, con tres grandes diferencias: (1) la agricultura da empleo directo a casi un tercio de los trabajadores del país, mientras que la minería lo hace al uno por ciento; (2) la agricultura es la base de la economía de la mayor parte de las regiones, mientras que la minería tiende a tener características de enclave; (3) la actividad agrícola, por ser realizada por centenares de miles de familias, es fuente descentralizada de ingresos, mientras que las inmensas rentas mineras se concentran básicamente en un reducido número de grandes empresas. 

En tercer lugar, darle un carácter secundón a la agricultura con el argumento peregrino de que “la seguridad alimentaria es una idea que ya no sirve en el mundo” y que podemos canjear gas por alimentos, va no solo contra el sentido común, sino en directa oposición a las preocupaciones mundiales sobre el problema alimentario, particularmente a partir del año 2008, y de la que se hacen eco los organismos multilaterales como la FAO e incluso el Banco Mundial.

No le falta razón al presidente, sin embargo, cuando afirma que las comunidades fueron en la historia confinadas a las tierras más pobres. ¡Él mismo se está ocupando de que continúe esta lamentable tradición!

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[1] Entrevista al presidente García publicada como suplemento especial del diario Expreso el lunes 6 de setiembre. De lectura obligada.

[2] Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.


Publicado en el diario La Primera (11 setiembre 2010)  

TLC y globalización

Artículo publicado en el Diario La Primera (17 abril 2010)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Con toda la importancia que tienen los Tratados de Libre Comercio para la economía y sociedad peruanas, no son sino un detalle enmarcado en un proceso (en realidad, múltiples procesos) mucho mayor, el de la globalización. Los TLC vienen a ser modalidades específicas en que dos estados –en el caso de los TLC bilaterales, como es el del Perú-EEUU- o un grupo de ellos –Colombia y Perú con la Unión Europea- crean espacios excluyentes, con la pretensión de lograr ventajas recíprocas (al menos en teoría). Son una especie de paréntesis en el marco de la globalización. Es importante distinguir entre la globalización y los procesos más específicos de los Tlc para analizar qué impactos corresponden a uno y a otro. En el Perú, mucho más atención se presta a los eventuales impactos de los TLC y se subvalora a los de la globalización misma.

Como ilustración: las grandes empresas transnacionales mineras y de Hidrocarburos controlan cada vez mayores áreas ocupadas por comunidades campesinas y nativas en la sierra y en la selva, con impactos importantes sobre sus pobladores y el medio ambiente. Esto no tiene que ver con los TLC, sino con la competencia global por el control de los recursos naturales en los que no sólo intervienen los países desarrollados tradicionales, sino también la China, la India y el Brasil. Este control territorial –del suelo y del subsuelo- tiene inmensas consecuencias para la economía y sociedad peruanas. Las decisiones para que esto ocurra así no dependen de ningún tratado internacional, sino del acomodamiento del estado peruano a grandes tendencias globales.

Las inversiones en carreteras y en hidroenergía en la selva, con grandes impactos ambientales y sociales, tampoco dependen de la existencia de TLC. Son en buena parte estrategias geopolíticas de países poderosos –en este caso el Brasil- a las que, también aquí, se acomoda el estado peruano.

Los datos de prueba y la propiedad intelectual en el caso de las medicinas, tienen que ver no sólo con el TLC, sino con el casi nulo desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el Perú que nos obliga a ser importadores .

El hecho que el Perú se siga insertando en la globalización como proveedor de materias primas no depende de los TLC –aunque éstos contribuyen a que ese modelo primario exportador se consolide- sino es una opción política del estado peruano que responde a intereses privados tanto nacionales como internacionales.

 Artículo publicado en el Diario La Primera (17 abril 2010)

Gobierno avalará salvataje de la pequeña agricultura con US$ 70 millones

“El Gobierno otorgará un aval de US$ 70 millones para rescatar a los pequeños agricultores de una eventual quiebra. Este monto, otorgado por COFIDE, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito para que permita a los pequeños agricultores seguir adquiriendo insumos para la producción de alimentos. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía los pequeños agricultores pondrían su propia producción.

Brack, quien dio esta información al programa televisivo ‘Portal financiero’, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuentas los aspectos social, económico y ambiental.”

Todo lector medianamente enterado de la política del gobierno de Alan García levantará la ceja expresando algo de incredulidad ante esta noticia. No es algo que calce con lo que este gobierno suele hacer. Pero, amigo lector, tranquilícese. Recupere usted su confianza en la consistencia de este gobierno con sus orientaciones estratégicas, y lea a continuación el texto de la noticia real, publicado en El Comercio el 1 de abril en la página B1:

“El Gobierno otorgará un aval de US$ 70 millones para rescatar a Doe Run Perú (DRP) de un eventual cierre de sus operaciones en La Oroya. Este monto, otorgado por COFIDE, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito que permita a la minera seguir adquiriendo concentrados. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía DRP pondría sus acciones a disposición de COFIDE.

Brack, quien dio esta información al programa televisivo ‘Portal financiero’, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuentas los aspectos social, económico y ambiental.”

Como se sabe, los peruanos dependemos mucho de los pequeños agricultores porque son los principales productores de alimentos para el país. Son centenares de miles. Bien merecerían un apoyo.

Como se sabe, también, Doe Run es una empresa que mantiene una refinería en La Oroya, que da trabajo a 3500 personas, que asegura que dicha ciudad continúe siendo una de las diez más contaminadas del mundo -con miles de niños con exceso de plomo en la sangre- y que incumple sistemáticamente sus compromisos de reducir los niveles de contaminación. Que, además –nos informa El Comercio- tiene un solo propietario, un estadounidense con una fortuna de 4 mil millones de dólares, que tiene un avión privado de 40 millones de dólares (un poco más de la mitad del monto que el gobierno está comprometiendo del dinero público en apoyo a la empresa) y que tiene acumuladas multas por 900 millones de dólares en Estados Unidos por ‘incumplimientos ambientales’.

¿No les parece que todo esto es un escándalo? ¿Uno más?

¿Qué significa “desarrollo rural” en el Perú de hoy?

Artículo publicado en el diario La República (19 febrero 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Hace pocos días fui invitado a hacer una exposición a un grupo de ciudadanos alemanes. El encargo fue exponer en 20 minutos el tema que encabeza este artículo. Para cumplir con el desafío opté por escribir 6 pastillas para guiar mi exposición. Tengo la sospecha de que para muchos lectores estas pastillas les pueden ser útiles. Así que aquí van.

1. Según el censo demográfico de 2007, la población total del país supera las 27 millones de personas; el 24% es rural. Sin embargo, con una definición más amplia de ‘población rural’, ésta puede llegar al 40%. Se estima que tres cuartas partes de esta población es ‘pobre’ o ‘muy pobre’, y se distribuye en las tres regiones. El desarrollo rural es, pues, una necesidad, pero se plantea en cada región también de manera distinta.

2. En el Perú hubo una muy importante reforma agraria entre los años 1969 y 1975. Todas las grandes haciendas fueron expropiadas. Pero la reforma agraria fue más importante social y políticamente (permitió la emergencia de una ciudadanía rural) que económicamente (se distribuyeron tierras pero no se apoyó la mejora de la producción).

3. Cuarenta años después, se aprecia que las políticas económicas neoliberales han promovido la concentración del control sobre la tierra en manos de empresas agrarias modernas dedicadas a la exportación, a la producción de agrocombustibles y a la explotación de minerales, gas y maderas. El agro peruano tiende a polarizarse así entre una parte, minoritaria, de empresas medianas y sobre todo grandes, modernas, capitalizadas  y orientadas a los mercados externos, y otra parte mayoritaria, de pequeños productores que producen para el mercado interno o el autoconsumo. Han quedado marginadas de la atención gubernamental la pequeña agricultura y las comunidades campesinas y nativas.

4. La costa es la región más moderna, urbana, y con mejores tierras. Allí se desarrolla la agricultura moderna de exportación y se concentran los obreros agrícolas. Esas empresas conviven con una pequeña y mediana agricultura orientadas a la producción para el mercado nacional.

En esta región, las posibilidades de un desarrollo rural están muy vinculadas (a) a la necesidad de mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y (b) al acceso de los pequeños agricultores a los servicios necesarios para la producción.

5. La sierra es la región más campesina, ‘tradicional’, culturalmente diferente, y también la más pobre, a pesar de que tiene importantes recursos. Predomina la pequeña propiedad y las comunidades campesinas. Aunque están vinculadas al mercado, una parte importante de sus economías está orientada al autoconsumo. Esta región es la que tiene más necesidades insatisfechas. Es la fuente de una importante y sostenida emigración de población joven hacia las ciudades. El enfoque de ‘desarrollo rural territorial’ pareciera el más adecuado para esta región, que plantea superar tanto la visión sectorialista de desarrollo rural, como la disyuntiva rural-urbano.

6. En la selva pueden distinguirse dos subregiones: la selva alta, más agrícola, de pequeños productores de alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo. Es también la región en donde se produce la hoja de coca para el narcotráfico, razón por la cual hay graves situaciones de conflicto. La selva baja es más forestal, con más presencia de comunidades nativas. Así como para la población de la sierra, el desarrollo rural de esta región requiere de un enfoque de desarrollo territorial.

Para que haya desarrollo rural en las tres regiones es indispensable el decidido y sostenido apoyo del Estado nacional y subnacional –hoy poco presente– tomando en cuenta, sin embargo, que los caminos al desarrollo rural en el Perú son diversos como diversos son sus espacios rurales.

Artículo publicado en el diario La República (19 febrero 2009)

Tema agrario hoy en el mundo

Después de veinticinco años, el Banco Mundial dedica su informe anual a la agricultura¹ . Una de las razones de esta renovada, aunque tardía, atención al tema agrario es una doble constatación, en apariencia contrapuesta: que a pesar de varios años de crecimiento económico, persiste la pobreza rural, pero que al mismo tiempo el desarrollo agrario es un poderoso instrumento para derrotarla. 

¿Hay desigualdad porque hay pobreza, o pobreza porque hay desigualdad?

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Con relación a los estudios oficiales sobre pobreza, puede parecer ingenuo pero creo que vale la pena preguntar lo básico ¿cuál es su relevancia real? Planteo esta pregunta sin implicar con ello que ellos no tienen relevancia, pero ¿Para qué son útiles? ¿Por qué son importantes? ¿Qué revelan? ¿Qué no revelan? ¿Y qué es lo que uno puede hacer con estos estudios?

La pobreza es un concepto multidi­mensio­nal y complejo y que implica, como diría el PNUD, “llevar una vida larga y saludable”, “tener acceso a la educación”, “disfrutar de un nivel de vida confortable”, además de otros componentes de esa vida digna: la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso a trabajo productivo y bien remu­nerado, y la participación en la vida comunitaria. La pobreza, por tanto, es la ausencia de condiciones para llevar una vida digna.

La definición más convencional de pobreza, que la identifica con ‘bajos niveles de gasto’ banaliza este grave problema social. Esta simplificación conceptual puede ser útil para que los gobiernos muestren éxitos en la esfera de ‘los gastos’, lo cual no es difícil de lograr con programas redistributivos. Incremen­tar los gastos no es necesariamente encaminarse a la superación de la pobreza, si consideramos la dimensión multidimensional de la misma.

Es claro que hay una conexión entre pobreza, desigualdad y calidad de vida. Por lo general la condición de pobreza es un resultado de desigualdad y no a la inversa. No es que la diferencia en los ingresos crea las desigualdades; es porque hay desigualdades que hay diferencias en los ingresos.

Mi pregunta es, entonces, por qué los estudios oficiales sobre la pobreza no incluyen el tema de la desigualdad. Deberían hacerlo, pues la conexión es obvia. Quizá porque es obvia, precisamente, no se analizan juntas…

Que interesante sería, por ejemplo, hacer una investigación en la cual las encuestas también incluyan a los que no son pobres, a los que tienen más de 2 dólares, diarios, y así tener información actualizada sobre los diferentes estratos de ingresos. Que se incluya en las encuestas también a los de ingresos medios y a los de ingresos altos, lo que permitiría establecer algún tipo de correlaciones entre la evolución de la pobreza y la evolución de la riqueza. ¿Cómo evolucionan los más ricos y los más pobres? ¿Cuál es la correlación de esta evolución, y cuán significativa es? ¿Cuál es la explicación de esta correlación?

¡Claro! Uno puede decir: “es mejor conocer cuántos pobres hay, cómo son, cuáles son sus características, dónde están” para, por ejemplo, tener políticas de alivio a la pobreza más foca­lizadas, más eficientes. Pero, salvo en casos de emergencia o temporales, esto tiene sentido si es que las políticas y las tendencias de la economía se orientan al mantenimiento y la profundi­zación de la desigualdad. Como la pobreza en el Perú no es temporal sino permanente, entonces sí es necesario focalizar con precisión cuántos pobres hay y dónde están.

¿Hay bonanza? Efectivamente, la torta crece. Los pobres pueden estar en mejor situación y, sin embargo, al mismo tiempo, estar en una sociedad más desigual. Entonces, si tenemos políticas que acentúan las desigual­dades, puede darse el caso de que hay alivio de la pobreza y simultáneamente profundización de la desigualdad. Estas políticas existen. Desde la década de 1990 las nuevas tierras ganadas gra­cias a obras de irrigación financia­das por recur­sos públicos, son vendidas en con­diciones tales que sólo grandes inversionistas pueden acceder a ellas. Esto profundizará las desigualdades en el medio rural. Otra muestra: las empresas mineras van subordinando y desplazando a la población rural en un proceso que podemos estar viendo nosotros también, en algunos valles de la costa, por el acaparamiento de tierras para la expan­sión de las áreas agrícolas para la exportación o para la producción, en un futuro cercano, de insumo para biocombustibles.

Hay procesos en marcha, pues, que tienden al ahondamiento de la desigualdad y, por ende, de la pobreza. Es por esto que suena como un juego perverso el que, mientras está ocurriendo eso, los estudios sobre la pobreza se vuelven más técnicamente exquisitos, y estén dirigidos a localizar donde está los pobres para compen­sar­los. Hay una frase de Guillermo Nugent que dice, “la redistribución confirma la normalidad de la desigualdad”. Y esto en el Perú ya se vuelve normal.

Hay, pues, una serie de problemas de fondo en esto de la desigualdad, que debieran incorporarse en un debate, en una discusión de cómo enfrentar la situación de pobreza.

EL MINISTRO BENAVIDES EN LA PLAZA DE ACHO: NOS MERECEMOS MEJORES PROPUESTAS

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Días después del discurso del presidente García el 28 de julio, en el que estableció algunas metas ambiciosas económicas y sociales para el 2011 – año en el que culmina su mandato – el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, hizo lo propio en la Plaza de Acho. Los medios de comunicación han informado sobre algunas de las características de la convocatoria: funcionarios públicos del sector agrario fueron conducidos en autobuses para llenar los tendidos, faena sin orejas ni rabo, pifeadera del respetable.

Perú: país líder en producción agrícola

Posiblemente contagiado por el desbordante optimismo presidencial, el ministro Benavides prome­tió que en el 2015 el Perú llegaría a ser el país líder en producción agrícola en la costa del Pacífico de América del Sur. Que el PBI agrario alcanzaría los 12 mil millones de dólares (aparentemente la confianza en los nuevos soles todavía no da como para hacer proyec­ciones de mediano plazo en nuestra moneda); que en el 2011 las exportaciones agrarias al­canzarían los US$4500 millones (US$2100 en el 2006); que se crearían 400 mil nuevos em­pleos directos y 200 mil indirectos; que la pobreza rural disminuiría en 35%.

Piña. Resulta que Álvaro Rojas, el homólogo chileno de Benavides, estima que este año Chile estará exportando productos agrícolas por un valor de US$ 10 mil millones, más del doble que lo proyectado por nuestro ministro para dentro de cuatro años. Basta este dato para cuestionar la meta de ser líderes en producción agrícola el 2015.

Por otro lado, con lo dinámica que es la agricultura chilena, entre 1987 y 1996 la pobreza rural disminuyó tan solo en un 23%. ¿En qué se basa Benavides para afirmar que en el Perú la reducción de la pobreza rural será mucho mayor en mucho menor tiempo?

Otra meta adelantada por el ministro fue que el crecimiento promedio anual del sector agrario será del 7% hasta el 2011. Meta sin sustento, pues según información del propio ministerio de Agricultura, la variación anual de la producción agropecuaria desde el 2003 fue, año a año, 1.9%, 1.7%, 4.8.%, 7.2%, y la proyección para el 2007 es de 4.5%. Además, es muy osado adelantar tasas de crecimiento de un sector productivo que es muy dependiente de las variaciones del clima, más todavía si los cambios climáticos mundiales lo hacen aun menos predecible.

El problema del agua

Acierta el ministro en levantar el problema del agua y en mencionar que es necesario el manejo y conservación de las cuencas hidrográficas. Pero no necesariamente acierta en sus prioridades. Ofrece 200 mil nuevas hectáreas irrigadas en la costa y en la sierra; 30 mil nuevas hectáreas irrigadas por goteo en la sierra; 100 mil hectáreas recuperadas en la costa y sierra. Pero no menciona el gravísimo problema de la contaminación del agua por relaves mineros, deshechos industriales y urbanos, que afecta un alto número de ríos y lagos del país, siendo el caso más escandaloso el del río Mantaro. Tampoco menciona la necesidad de reducir las áreas de cultivos que hacen un uso intensivo del agua y que contribuyen a la salinización (y pérdida de fertilidad, por tanto) de los suelos, sobre todo en la costa. Antes bien, se está promoviendo la ampliación de las áreas de caña de azúcar para la fabricación de etanol. Si no hay medidas radicales contra la contaminación de las aguas, la salinización de los suelos y la deforestación, no tiene sentido recuperar 100 mil hectáreas[1], pues se seguirán deteriorando nuevas áreas.

Mercados

Con relación al ‘acceso a mercados’, otro de los pilares fundamentales – así los llama el ministro - de la política agraria de este gobierno, reitera el apoyo a las agroexportaciones pero no hace más mención al TLC con Estados Unidos que la necesidad “diseñar un siste­ma equitativo de compensaciones que lleguen a los más pobres cuando más lo necesiten”.

Sobre crédito agrario, ya el ministro Benavides había rechazado la ley aprobada por el Con­greso de que AgroBanco opere como banca de primer piso, sin ofrecer ninguna alternativa a la medida de las necesidades de financiamiento que tienen los agricultores pequeños. Pro­me­te lanzar el seguro agrario ‘en el primer trimestre del 2008”, lo cual es ya un ofrecimien­to ritual de todo nuevo ministro del ramo.

Ofrece desarrollar un sistema de información ‘con capacidad de llegar a ocho millones de peruanos’ mediante un Sistema de Información Agrario utilizando canal 7 y Radio Nacional. Si lo hace, enhorabuena, aunque podría aquí sí ser más ambicioso, dada las experiencias en sistemas de información en curso a nivel piloto usando las modernas tecnologías de información y comunicación – entre otras la interesante experiencia que desarrollo CEPES con la Junta de Usuarios del valle Chancay Huaral – y la difusión de las conexiones a Internet en muchas áreas rurales.

Propone profundizar la investigación agraria ‘para lograr mayores rendimientos de los principales productos”, mencionando dos cultivos costeños, maíz y algodón, pero sin precisar cuáles son los criterios para definir aquellos que son principales de los que no lo son (pueden ser los que ocupan más área, o los que más se exportan, o los que producen la mayor parte de campesinos…) ni los recursos que se destinarán.

La oferta de un “fondo de desarrollo productivo rural” de más de US$ 1000 millones para la sierra llamó la atención; luego el ministro aclaró que sería un fondo integrado de programas ya en curso, como Foncodes.

Programa Sierra Exportadora

Ya el ministro Benavides había expresado en otra ocasión su disconformidad con este Programa dirigido por el ingeniero Gastón Benza quien, a lo largo de su corta conducción, ha mostrado su poco conocimiento de las complejidades físicas, económicas y sociales de esa región. Ni el presidente García – supuestamente el creador e ideólogo de este Programa – ni el ministro Benavides se dignaron hacer mención alguna. Signo de que o Benza cae, o todo el Programa cae.

Nos merecemos propuestas mejores
Existen experiencias y conocimientos acumulados, tanto en la administración pública como fuera de ella, que podrían sustentar opciones estratégicas y las políticas correspondientes mucho más adecuadas a las realidades y necesidades de un país muy complejo pero al mismo tiempo con muchas potencialidades. Metas más realistas pero mejor fundamentadas pueden ser menos llamativas y espectaculares. No es una buena demostración de capacidad de gobierno el lanzar metas que probablemente satisfacen el ego de gobernantes de turno, pero que no reflejan necesariamente verdaderas prioridades o que no son alcanzables.

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[1] A fines de la década de 1970, la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales, ONERN, esti­maba que dos de cada cinco hectáreas de tierras de cultivo en la costa, unas 300 mil hectáreas, estaban salini­zadas, y la mitad de ellas seriamente. La ONERN fue liquidada durante el gobierno de Fujimori, y desde en­tonces no hay una entidad pública que haga un seguimiento sistemático de la situación de nuestros recursos naturales.

ES URGENTE UN NUEVO CENSO AGROPECUARIO

Por Fernando Eguren (presidente de CEPES)

El Ministerio de Agricultura ha puesto a consideración del público una propuesta preliminar de Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural 2007 – 2021, que se puede encontrar en su página web. Es una oportunidad para que la ciudadanía exprese sus puntos de vista sobre lo que pretende ser la base de una importante política de Estado.

Una política de Estado debe proponer ob­je­tivos de largo plazo y los pasos para alcan­zarlos. Para ello debe haber un conoci­miento de la materia sobre la cual se define dicha política. En este caso, el agro y los espacios rurales. El conocimiento, a su vez, requiere de información veraz y razonable­mente completa y actualizada. En el caso del agro, la más completa información data de 1994, año en el que se realizó el último censo agropecuario. En la última década el ‘clima’ neoliberal y la dación de la ley de tierras en 1995 deben haber contribuido a cambios importantes en el mundo rural, cu­ya magnitud no conocemos con precisión. Es urgente hacer un nuevo censo agrope­cuario.

¿La estructura de propiedad de la tierra en el Perú está nuevamente polarizán­dose?
Así, no sabemos cuántas unidades agrope­cuarias existen actualmente en el país: si son más o menos las casi 1.750 miles existentes en el año censal. ¿Cuales han sido los cambios regionales?

Tampoco sabemos cuál es la estructura de propiedad de la tierra hoy día. Desde 1994 han surgido varias decenas, si no cen­tenares, de explotaciones agropecuarias que, en la costa, superan las 150 hectáreas (que era el límite máximo permitido por la ley de reforma agraria de 1969 para pre­dios de propiedad individual; las coope­ra­tivas no tenían límite de tamaño). Hoy exis­ten en esta región verdaderos latifundios, propiedades privadas de más de mil hectá­reas de extensión (es el caso de las ex-cooperativas azucareras, y también de algunas empresas agrarias con cultivos para exportación).

Mucho se habla de que el minifundio es un gran problema. Pero no sabemos cuál es la situación actual en comparación a hace trece años, si hay una tendencia creciente hacia la atomización de la tenencia, y en qué zonas estaría ocurriendo esto.

Diversificación económica de los espacios rurales
Es necesario conocer cómo se han diver­si­ficado los ingresos de los agriculto­res, so­bre todo de los pequeños. Ya en 1994 se constataba la significativa dependencia de los pequeños agricultores y minifundistas de los ingresos extra prediales, tanto agra­rios como no agrarios. Si estos ingresos extra prediales son hoy más importantes que antes (lo cual es muy posible), enton­ces las estrategias para mejorar la situa­ción económica de los pequeños produc­tores no pasarían solamente –y en muchas ocasiones ni siquiera principalmente- por mejorar sus condiciones de producción agrarias, sino por estimular la diversifica­ción de la economía rural (y del mercado laboral) y densificar las relaciones entre los espacios rurales y los urbanos. El papel económico promotor de los gobiernos regionales y de los municipios es en este sentido de gran importancia.

Condiciones para la competitividad

Un nuevo censo también daría valiosa información sobre las bases necesarias para desarrollar una agricultura compe­titiva. Según el censo de 1994, cerca del 60 porciento de los conductores de parcelas o no habían recibido ninguna educación formal o no habían culminado la educación primaria (que, por lo demás, en las áreas rurales es de muy baja calidad). Por otro lado, los niveles tecnológicos eran deplorables: en 1994 el 31 porciento de los productores sólo utili­zaban energía humana, con producti­vida­des sumamente bajas. ¿La situación ha mejorado o ha empeorado? Respuestas a estas preguntas serían muy valiosas para sustentar políticas tanto educativas como tecnológicas. Si la situación permanece co­mo en el pasado y no se definen políticas para superarla, las perspectivas de una agricultura competitiva quedarán restrin­gidas a algunas pocas áreas, regiones y productores del país, ahondándose las ya notables diferencias sociales y económicas.

El minifundio según el presidente García

El presidente García ha declarado en Chiclayo que el minifundismo “es totalmente impro­ductivo y una tragedia para el país”, que la rentabilidad de la agricultura se consolida cuando el productor tiene un mínimo de 20 hectáreas…”.[1]

Resulta que en el Perú, según el censo agropecuario de 1994, el 92.2% de las explotaciones agropecuarias tienen menos de 20 hectáreas. Si por minifundistas se está refiriendo a la inmensa mayoría de unidades productivas agrarias del Perú, al contrario de lo que dice el presiden­te, sería una tragedia para el país que no existieran, pues proveen el 71.5% del valor bruto de la producción agrícola nacional. Son la base de la seguridad alimentaria del Perú, ya que siete de cada 10 toneladas son producidas por estas pequeñas explotaciones.[2]

El presidente confunde pequeña agricultura comercial con minifundio. La pequeña agricul­tura –llamémosla así, de manera arbitraria, a la que posee entre 5 y 20 hectáreas de tierras bajo riego– puede tener viabilidad económica si hubiese un contexto favorable. Contexto favorable es acceso al crédito, asistencia técnica, carreteras, acceso a bienes públicos (información, comunicación, educación, salud, etc.). En todo esto el Estado, gobernado hoy por el presidente García, tiene una gran responsabilidad que no está asumiendo. Por contraste, la gran agricultura no necesita del apoyo estatal, aunque éste se lo da de distintas maneras (vendiendo tierras irrigadas gracias a la inversión pública a precios inferiores a los costos, montando oficinas promotoras de exportaciones). No todo es culpa del actual gobierno: el gobierno del ex presidente Fujimori desmontó lo poco que había de apoyo estatal a la pequeña agricultura, y los siguientes gobiernos no hicieron nada por ella).

Pero aún sin un contexto favorable la pequeña agricultura ha mostrado su capacidad de pro­gresar. El caso de los cafetaleros – casi todos ellos minifundistas según los criterios del pre­sidente – organizados en cooperativas, asociadas a la Junta del Café, han sabido remontar una grave crisis de precios bajos orientando su producción a café gourmet y orgánico.

El presidente García acertadamente recomendó que se impulse la formación de asociacio­nes de pequeños agricultores para superar algunas de las desventajas de la pequeña escala de producción. Pero aquí también el gobierno tiene un papel que cumplir facilitando, por ejemplo, el acceso a ciertos servicios a los pequeños agricultores que están asociados.

¿Pero qué pasa con los minifundios ‘de verdad’, aquéllos que no llegan ni a una hectárea, que también son centenares de miles, que albergan a los muy pobres? Imagínese el presi­dente García lo que ocurriría si no tuviesen esa hectárea, que mal que bien les permite pro­ducir parte de los alimentos que necesitan para sobrevivir y un espacio para la vivienda. Estas familias minifundistas tienen que dedicarse también a otras actividades económicas para complementar sus ingresos, y por eso parte de sus miembros migran temporal o defi­nitivamente. Este numerosísimo sector de pobres rurales encontrarían grandes beneficios si es que en el Perú estuviese ocurriendo no solo una descentralización político – administra­tiva, sino también un desarrollo económico descentralizado. La multiplicación y diversifi­cación de las actividades económicas rurales y la intensificación de las relaciones entre el campo y las ciudades pequeñas e intermedias abrirían nuevas oportunidades a los minifun­distas quienes, sin necesariamente tener que abandonar sus tierras ‘para formar predios agrícolas viables de 20 o más hectáreas’, accederían a un mercado de trabajo diversificado. Es una estrategia llamada hoy de ‘desarrollo territorial’. También aquí corresponde al gobierno central una tarea de orientación y estímulo.

En la misma oportunidad el presidente García afirmó que debería dejar de cultivarse el arroz, pues no es rentable y consume mucha agua. Pero resulta que se están entregando decenas de miles de tierras para el cultivo de caña de azúcar – cultivo que también es gran consumidor de agua – para la producción de etanol para la exportación por grandes em­pre­sas (¡que están exigiendo exoneraciones tributarias para ser rentables!). ¡Por lo menos el arroz sirve para alimentar a la población y es una fuente de ingresos para miles de pequeños agricultores! Y resulta que el Programa Sierra Exportadora parece más un programa para que los grandes inversionistas se aprovechen de las particularidades ecológicas de esa re­gión que para ayudar a una parte del campesinado (gran parte de ellos minifundistas) a salir de la miseria. De otra manera no puede entenderse las declaraciones del Ing. Benza, presi­dente del Programa, por dedicar 200 mil hectáreas al cultivo de insumos para biodiesel de exportación.

Lo preocupante es que detrás de las palabras del presidente pueda estar la intención de orientar el desarrollo del agro por el lado de la consolidación de la gran empresa agraria dedicada a la exportación, y continuar ignorando las necesidades de las centenares de miles de familias ‘minifundistas’ y el mismo concepto de desarrollo rural.

[1] Ver El Peruano, martes 17 de abril 2007.
[2] Después de trece años, es tiempo que el gobierno haga un nuevo censo agropecuario para actualizar esta información, sin la cual es difícil diseñar y ejecutar políticas de desarrollo rural.