Las tierras de Olmos: ¿alternativa al latifundio?

Artículo escrito por Fernando Eguren y publicado en el diario La República

Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas. 

A la oposición que fue surgiendo, desde distintos sectores de opinión, contra la conformación de más neolatifundios –que ya dominan el paisaje rural en varios valles de la costa–, se sumó la de los lambayecanos, frustrados de no poder acceder a las tierras. En efecto, el precio base de cada hectárea es de 4250 dólares, y por lo menos otro tanto es necesario para ponerlas en producción. Imposible acceder a módulos de tales dimensiones. Una propuesta posterior incluyó módulos de 250 has, área aún inalcanzable. 

Olmos y Caillaux: el peligro de la concentración de la tierra agrícola

Artículo de Fernando Eguren, publicado en la columna "Globalización con equidad" del diario La Primera.

En mayo de este año la International Land Coalition (ILC, Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra), que reúne a ONGs, gremios y organizaciones intergubernamentales, incluyendo el Banco mundial, la FAO y el FIDA- adoptó una resolución que rechaza el acaparamiento de tierras. Este acuerdo sin precedentes, dada la importancia de los entes asociados a la ILC, pone en el primer plano de la agenda política internacional el proceso de concentración del control sobre las tierras agrícolas. Y debería también ponerla también en la agenda nacional.

“Nuevos latifundios pueden concentrar poder en pocas manos”

Artículo publicado en el blog de SERVINDI (05 mayo 2011)

Servindi, 5 de mayo, 2011.- El especialista en temas agrarios Fernando Eguren afirmó que la agricultura familiar tiene grandes potencialidades, y no sólo la agricultura a gran escala. Además, expresó su preocupación por la concentración de la propiedad de la tierra agrícola y los nuevos latifundios.

Eguren,quién es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), desarrolló su punto de vista el pasado 29 de abril, en la XVI Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), que se desarrolló en el Parque de la Exposición, en Lima.

Proyecto Olmos excluye a pequeños agricultores

 Artículo publicado en el Diario La Primera (05 abril 2011)

Las 38 mil hectáreas de las tierras del proyecto Olmos corren peligro de ser acaparadas por inversionistas. Especialistas demandan la urgente modificación de las bases de la subasta de estos lotes.

Cuando Humberto Acuña, ahora presidente regional de Lambayeque, postulaba al cargo que ahora ostenta cuestionaba duramente el Proyecto Olmos pues este solo beneficiaría a dos o tres empresas, dejando de lado al pequeño agricultor; sin embargo, ahora la autoridad regional contradice sus declaraciones previas y aprueba las bases que dan luz verde a Olmos.

Así lo advirtió, Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES, quien dijo que la actual administración del Gobierno Regional de Lambayeque acaba de aprobar las bases de la subasta de tierras del proyecto Olmos sin consentimiento del pueblo lambayecano.

El problema de la tierra HOY

Artículo publicado en la Revista “Somos Norte”  N° 192 , de Diciembre de 2010 

La presentación de un proyecto de ley ante la Comisión Agraria del Congreso para poner un límite a la propiedad de tierras en la costa, produjo la inmediata respuesta de congresistas, gremios empresariales y diversas instituciones. A continuación parte del discurso intitulado «El problema de la tierra hoy», que planteó el sociólogo Fernando Eguren López, director de  «La Revista Agraria» y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), el pasado 23-11-12 en el marco de la XIII Convención Nacional del Agro Peruano.

LA FRONTERA AGRÍCOLA

Eguren dijo: «En el Perú hay dos fronteras agrícolas principales: una está formada por las tierras eriazas que existen entre valle y valle. La otra es los bosques amazónicos. La apertura de estas dos fronteras agrícolas se está haciendo de manera muy diferente en estas dos regiones. «En la costa, se ganan tierras de cultivo al desierto mediante costosas obras de irrigación. Detrás de cada uno de estos proyectos hay estudios, planes, acuerdos financieros, movilización de grandes recursos, realización de grandes obras de infraestructura, complejos temas logísticos. Por su magnitud e importancia económica, hay grandes decisiones políticas y complejos juegos de intereses de inversionistas y del Estado.

Las inversiones en agricultura contribuyen al neolatifundismo

Artículo publicado en el Diario La Primera (30 junio 2010)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Según el aviso pagado por el Ministerio de Agricultura y difundido por los diarios el 24 de junio, con motivo del día del campesino, la política oficial continuará marginando precisamente a los homenajeados, los campesinos.

El aviso informa hacia dónde se orientan las inversiones agrarias que se hacen con recursos públicos. A programas que de algún modo benefician a la agricultura de pequeña escala se destina el 2.5 por ciento de las inversiones (Agroemprende, 0.7% y Núcleos Ejecutores, 1.8%). En contraste, en el otro extremo, las inversiones orientadas a consolidar el neolatifundio acaparan el 65% de las inversiones. Estas son cuantiosas inversiones en grandes obras de irrigación -Chavimochi III, Olmos II, Majes Siguas II, Chinecas - que permitirán que tierras eriazas, improductivas, sean cultivadas, exclusivamente para la exportación.

Hay tres problemas con estas inversiones en irrigaciones.

El primero es que, en la medida que son aprovechadas sólo por grandes inversionistas (pues así lo determinan las condiciones de venta de estas tierras), contribuye a restablecer una estructura bipolar de propiedad de la tierra, tal y cual existió antes de la reforma agraria de 1969. Esta concentración de tierras y de capitales ahonda las ya grandes desigualdades socioeconómicas existentes en el país. Y no hay mejor estímulo para el conflicto social que la agudización de las desigualdades.

En segundo lugar, los costos de oportunidad son muy altos. Con montos tan elevados comprometidos en irrigaciones –930.5 millones de dólares, según el aviso- y siendo los recursos públicos siempre escasos, cabe preguntarnos si no son prioritarias otras inversiones. Por ejemplo, en pequeñas irrigaciones que beneficiarían a centenares de miles de agricultores familiares, contribuyendo así a combatir la pobreza rural, a mejorar la seguridad alimentaria del país y al desarrollo descentralizado de las regiones.

En tercer lugar, con estas grandes inversiones se ganan nuevas tierras para el cultivo mientras que, por otro lado, se van perdiendo tierras por distintas causas. En algunos casos, por salinización, debido al efecto combinado de malas técnicas de riego, deficientes sistemas de drenaje y cultivos que utilizan mucha agua. Viejos estudios, que no han sido reactualizados, mostraban que más de un tercio de las tierras de la costa estaban salinizadas. En la sierra y selva también se pierden centenares de miles de hectáreas de tierras por erosión y deforestación.

Es preciso que los recursos públicos sean utilizados potenciando las capacidades económicas de la mayor parte de agricultores y campesinos, y no profundizando las diferencias en beneficio de pequeños y poderosos grupos de neolatifundistas.

Artículo publicado en el Diario La Primera (30 junio 2010)

Sobre la orientación de los recursos públicos en el agro

Según declaraciones de Adolfo de Córdova, ministro de Agricultura, (1) se continuará con las obras de Chavimochic. La cuarta etapa -de Palo Redondo- demandará una inversión de 300 millones de dólares. (A la tasa de cambio 1US$ = 2.85 NS, equivale a 855 millones de soles.)

Ello ampliará la frontera agrícola de La Libertad en 40 mil hectáreas. Según el mi-nistro, servirán para promover cultivos de agroexportación, como uva, paltos, espárragos “de enorme demanda en el mercado internacional”.

En etapas anteriores dicho macroproyecto de irrigación incorporó, en el valle del Virú, una cantidad similar –o algo superior- de hectáreas para cultivos de exportación. La mayor parte de esas tierras están hoy en manos de una decena de grandes empresas. Siguiendo ‘el orden natural de las cosas’ vigente desde comienzos de la década de 1990, la propiedad de las nuevas áreas (que significarán una inversión con recursos públicos de 7500 dólares por hectárea promedio, según se deduce de las cifras dadas por el ministro) también estará concentrada en un puñado de propiedades de grandes inversionistas.

El ministro declaró también que el Congreso ejecuta en La Libertad 15 proyectos mediante los Núcleos Ejecutores (orientado a “las zonas de extrema pobreza rural”) por un valor total de 3’783,427 nuevos soles y que el Congreso ha aprobado una partida de 70 millones de soles en total para la implementación de 322 proyectos a través de los NE en todo el país.

Los contrastes saltan a la vista: 855 millones de soles de recursos públicos para un puñado de inversionistas, 70 millones para decenas de miles de pobladores en “zonas de extrema pobreza rural”.

Se objetará que mientras que el dinero invertido en las obras de irrigación será recuperado, pues las tierras serán vendidas y luego, cuando estén en producción, el Estado recabará impuestos, el dinero gastado en los pobres nunca será recuperado.

Este argumento no se sostiene. En primer lugar, porque los recursos públicos tienen como propósito primordial lograr el bienestar de la población (el bien común), y no promover la generación de ganancias de los grandes inversionistas (para lo cual estos tienen medios de los que la mayoría de la población carecen, incluso procedimientos y servicios y bienes públicos que presta el propio Estado). En segundo lugar, porque la experiencia indica que el Estado no logrará recuperar lo que invierte en las irrigaciones, y siempre hay un subsidio, abierto u oculto.

En tercer lugar, porque apoyar “zonas de extrema pobreza rural” no es un gasto sino, si está bien concebido y ejecutado, una inversión que es tanto social como econó-mica, cultural y ambientalmente rentable.

En cuarto lugar, porque hay una cuestión de números: los pobladores de las zonas de extrema pobreza rural son mucho más numerosos que los inversionistas que se bene-ficiarán de las inversiones públicas en irri-gaciones (aun cuando se incluyan como ‘beneficiarios’ a los obreros que serán em-pleados por las grandes agroexportadoras).

Pero aún los convencidos de que ganar nuevas tierras para la agricultura es el mejor medio para lograr el desarrollo rural, deben considerar que hay otros escenarios posibles; por ejemplo, que en lugar de que las 40 mil hectáreas estén repartidas en diez o veinte grandes empresas, estén distribuidas en 400 empresas de 100 hectáreas promedio cada una, u 800 de 50 hectáreas, o 1600 empresas de 25 hectáreas Lo más probable es que el tipo de sociedad y economía que se construiría en la nueva zona irrigada sobre la base de medianas y pequeñas empresas sería mucho más equitativa, con mayor y más denso tejido social. Sería, mucho más estimuladora de actividades económicas diversificadas –pequeña manu-factura, servicios, comercio–, más consu-midora de productos nacionales, más incluyente y más encuadrada con las necesidades de alcanzar la seguridad/soberanía alimentaria, ¡Qué duda cabe!, sería también más adecuada a un Estado descentralizado con gobiernos locales democráticos que el mo-delo neolatifundista que promueve el gobierno aprista (como lo hicieron antes Fujimori y Toledo).

En pocas palabras, una propuesta que pro-mueva empresas medianas y pequeñas ge-neraría desarrollo rural incluyente, no enclaves excluyentes. (3)

1. Publicadas en El Peruano el 6 de enero del 2010
2. Ver La Revista Agraria 107, mayo 2009, en http://www.cepes.org.pe
3. Uno de los principales especialistas del Banco Mundial en materia de tierras y desarrollo rural, Hans p. Binswanger, sostiene argumentos simi-lares basados en estudios. Ver Hans P. Bins-wanger-Mkhize, Camille Bourguignon y Rogier van den Brink (editors), Agricultural Land Re-distribution. The World Bank. Washington , D.C. 2009.

La crisis del agua

Artículo publicado en el diario La República (01 octubre 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

En marzo pasado se celebró en Estambul el quinto Foro Mundial del Agua. Reunió a 33 mil participantes de 182 países. La importancia de este evento ha ido creciendo paralelamente a la toma de conciencia y a la mayor información sobre lo que ya se llama “la crisis del agua”.

La preocupación no es para menos. Según el informe anual de The World Watch Institute (State of the World 2008), dentro de apenas 15 años tres cuartas partes de la población mundial se enfrentarán a una situación de escasez de agua.  Actualmente, el 40% de la población mundial vive en esa situación.

La agricultura es una usuaria primara del agua –80% en el Perú–y está en el corazón del desafío de la gestión del recurso. Según dicho informe mientras que la persona promedio requiere de dos a cinco litros de agua para beber, la huella hídrica promedio del consumo personal diario de alimentos es de unos 3 000 litros. Una hamburguesa – tan sólo una – requiere 2300 litros de agua, tomando en cuenta lo que se usa para producir maíz y alimentar al ganado; un vaso de leche tiene detrás 200 litros y una camiseta de algodón, 4100 litros. Estudios en profundidad sugieren que si no hay cambios reales en la manera en la que el mundo produce alimentos y gestiona el medio ambiente, hacia el 2050 podría no haber suficiente agua para producir los alimentos que se necesiten.

En el Perú la preocupación por la disponibilidad del agua también es creciente. Una expresión de ello fue el Foro Nacional “Agua: Políticas, Conflictos y Consensos” organizado por IPROGA, la PUCP y otras entidades, los días 7 y 8 de septiembre. No por conocida deja de ser impactante la información difundida en el foro de que el 98% del agua superficial está en la vertiente del Atlántico, en donde solamente vive un tercio de la población, mientras que el 2% del agua en la vertiente del Pacífico debe satisfacer las necesidades de los otros dos tercios. Es también impactante la velocidad de deglaciación actual en nuestras cordilleras, que alimentan varios ríos importantes. Es particularmente preocupante el caso del río Santa, alimentado por los glaciares de la Cordillera Blanca, del cual dependen tanto las decenas de miles de hectáreas de las tierras de cultivo irrigadas por el proyecto Chavimochic –casi en su totalidad destinadas a la exportación– como la generación de hidroenergía.

A diferencia de otros países que se enfrentan a la escasez física del agua, el Perú es considerado como país en una situación de escasez económica del agua. Es decir, hay cantidad suficiente de agua (1)  para satisfacer las necesidades humanas, pero hay limitaciones humanas, institucionales, infraestructurales o financieras que previenen a la población de acceder a ella.

Pero quién accede al agua y quién no, depende de muchos factores. El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2006 subrayó el hecho de que la crisis del agua es un desafío a la pobreza, la desigualdad y a las relaciones de poder desiguales, y no sólo a su disponibilidad física (2).   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua.

Todo esto hace que la economía política del agua sea compleja y emotiva.

.........................................................................................................

 (1) En la costa, la región más árida, la disponibilidad de agua por habitante es 2040 m3/año. Fuente: ANA, 2009, citando a INRENA, 1995.

(2)   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua. Fuente: ENAHO, Continua, 2007.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com

Artículo publicado en el diario La República (01 octubre 2009)

Debe haber política agraria clara y coherente

Artículo publicado en el Diario La Primera (21 julio 2009)

Sin políticas claras el gasto es inútil. Para el especialista en temas agrarios del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Fernando Eguren, el llamado Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural), que destina 150 millones de nuevos soles a los alcaldes distritales para concretar el Programa de Mantenimiento de Canales de Riego, no solucionará nada si no viene acompañado de una verdadera política agraria del gobierno.

“Tales políticas agrarias deben estar destinadas a desarrollar la pequeña y mediana agricultura que agrupa a miles de familias y que produce casi todos los alimentos que se consumen. Pensar en una solución solo otorgando recursos es inadecuado”, señaló.

Además, puntualizó que si bien la iniciativa no deja de ser positiva, la misma adolece de no puntualizar cómo será la orientación de los fondos. “El tema de la asistencia que debe prestar el gobierno central a los municipios distritales no ha sido tratado. Sin ayuda técnica, serán ellos mismos quienes determinen para qué sirve el dinero, lo cual puede llevar a que no haya un uso positivo de los recursos”, manifestó.

Como se recuerda, el programa fue lanzado por el Ministerio de Agricultura, y puntualiza que los recursos se darán a los alcaldes sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Artículo publicado en el Diario La Primera (21 julio 2009)