El presente vídeo muestra la ponencia de Fernando Eguren, presidente del CEPES, en el taller temático denominado "Fortalecimiento de la pequeña agricultura y ganadería en zonas mineras".
Blog de FERNANDO EGUREN sobre Desarrollo Rural, Agricultura y Seguridad Alimentaria en Perú
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viernes, 22 de noviembre de 2013
sábado, 11 de septiembre de 2010
Alan García: "El Perú es minero, no agrario"
Según el presidente Alan García, “el Perú no es un país agrario” sino “esencialmente minero”.[1] ¿Por qué? Según el presidente, por tres razones: porque la cantidad de tierra agrícola por habitante es baja, inferior a la de Ecuador, Colombia y Argentina[2]; porque para tener seguridad alimentaria (“idea que ya no sirve en el mundo”, dice) más importante que la producción interna de alimentos es tener recursos para importar alimentos, como hace el Japón; en tercer lugar, porque en la historia del país los indígenas de las comunidades campesinas fueron confinados a las tierras más pobres.
Algunas aclaraciones son pertinentes.
En primer lugar, lo deseable sería que el Perú fuera caracterizado no por los recursos naturales que posee, sino por su excelencia en transformarlos. Es lo que hacen las economías desarrolladas: agregar alto valor a las materias primas. El problema del Perú a lo largo de su historia es que se ha mantenido hasta hoy como una economía básicamente primaria, con escaso desarrollo de su capacidad transformadora, con incipiente industria y deficiente sistema educativo (base para la formación del capital humano necesario para una economía transformadora). El presidente García piensa como un gobernante del siglo XIX.
En segundo lugar, si entramos a la lógica presidencial de caracterizar al Perú por la importancia económica de sus recursos, el aporte de la agricultura al producto bruto interno es similar al minero, con tres grandes diferencias: (1) la agricultura da empleo directo a casi un tercio de los trabajadores del país, mientras que la minería lo hace al uno por ciento; (2) la agricultura es la base de la economía de la mayor parte de las regiones, mientras que la minería tiende a tener características de enclave; (3) la actividad agrícola, por ser realizada por centenares de miles de familias, es fuente descentralizada de ingresos, mientras que las inmensas rentas mineras se concentran básicamente en un reducido número de grandes empresas.
En tercer lugar, darle un carácter secundón a la agricultura con el argumento peregrino de que “la seguridad alimentaria es una idea que ya no sirve en el mundo” y que podemos canjear gas por alimentos, va no solo contra el sentido común, sino en directa oposición a las preocupaciones mundiales sobre el problema alimentario, particularmente a partir del año 2008, y de la que se hacen eco los organismos multilaterales como la FAO e incluso el Banco Mundial.
No le falta razón al presidente, sin embargo, cuando afirma que las comunidades fueron en la historia confinadas a las tierras más pobres. ¡Él mismo se está ocupando de que continúe esta lamentable tradición!
[1] Entrevista al presidente García publicada como suplemento especial del diario Expreso el lunes 6 de setiembre. De lectura obligada.
[2] Según información de la FAO, la disponibilidad de tierras agrícolas por habitante es solo algo mayor en Ecuador que en el Perú, y bastante menor en Colombia.
Publicado en el diario La Primera (11 setiembre 2010)
Publicado en el diario La Primera (11 setiembre 2010)
miércoles, 8 de abril de 2009
Gobierno avalará salvataje de la pequeña agricultura con US$ 70 millones
“El Gobierno otorgará un aval de US$ 70 millones para rescatar a los pequeños agricultores de una eventual quiebra. Este monto, otorgado por COFIDE, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito para que permita a los pequeños agricultores seguir adquiriendo insumos para la producción de alimentos. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía los pequeños agricultores pondrían su propia producción.
Brack, quien dio esta información al programa televisivo ‘Portal financiero’, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuentas los aspectos social, económico y ambiental.”
Todo lector medianamente enterado de la política del gobierno de Alan García levantará la ceja expresando algo de incredulidad ante esta noticia. No es algo que calce con lo que este gobierno suele hacer. Pero, amigo lector, tranquilícese. Recupere usted su confianza en la consistencia de este gobierno con sus orientaciones estratégicas, y lea a continuación el texto de la noticia real, publicado en El Comercio el 1 de abril en la página B1:
“El Gobierno otorgará un aval de US$ 70 millones para rescatar a Doe Run Perú (DRP) de un eventual cierre de sus operaciones en La Oroya. Este monto, otorgado por COFIDE, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito que permita a la minera seguir adquiriendo concentrados. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía DRP pondría sus acciones a disposición de COFIDE.
Brack, quien dio esta información al programa televisivo ‘Portal financiero’, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuentas los aspectos social, económico y ambiental.”
Como se sabe, los peruanos dependemos mucho de los pequeños agricultores porque son los principales productores de alimentos para el país. Son centenares de miles. Bien merecerían un apoyo.
Como se sabe, también, Doe Run es una empresa que mantiene una refinería en La Oroya, que da trabajo a 3500 personas, que asegura que dicha ciudad continúe siendo una de las diez más contaminadas del mundo -con miles de niños con exceso de plomo en la sangre- y que incumple sistemáticamente sus compromisos de reducir los niveles de contaminación. Que, además –nos informa El Comercio- tiene un solo propietario, un estadounidense con una fortuna de 4 mil millones de dólares, que tiene un avión privado de 40 millones de dólares (un poco más de la mitad del monto que el gobierno está comprometiendo del dinero público en apoyo a la empresa) y que tiene acumuladas multas por 900 millones de dólares en Estados Unidos por ‘incumplimientos ambientales’.
¿No les parece que todo esto es un escándalo? ¿Uno más?
martes, 11 de noviembre de 2008
Comentarios al libro "Derechos y conflictos de agua en el Perú"
1. Alex Guerra y Víctor Saco, El Derecho y la problemática del agua en el Perú
2. Laureano del Castillo Pinto, El régimen legal del agua
3. Iván Ortiz Sánchez, Autoridad de cuencas y gestión de recursos hídricos. Una aproximación
4. Carlos Pereyra, Conflictos regionales e intersectoriales por el agua en el Perú
5. Doris Balvín Díaz, Las cuencas andinas frente a la contaminación minera
6. Guido Bocchio Carbajal, Agua y minería: manejo de conflictos
7. Jan Hendriks, Gestión local de agua y legislación nacional en el Perú
8. Armando Guevara Gil, Derechos de aguas, pluralismo legal y concresión social del derecho.
9. Elizabeth Salmón Gárate, Pedro Villanueva Bogan, Los aportes del derecho internacional a la construcción del derecho humano al agua.
Descargue el libro completo en PDF aquí
Desde el año 1992 se viene discutiendo proyectos alternativos de una ley de agua. El primer proyecto cayó en las manos de Bertha Consiglieri, del CEPES, gracias a la infidencia de algún amigo del ministerio de Agricultura. Este primer proyecto, elaborado con sigilo, planteaba de manera tosca la privatización del recurso, no del derecho sobre el recurso, sino sobre el recurso mismo. Se mencionaba que el proyecto había sido elaborado por un abogado chileno, sobre la base de la legislación de aguas de ese país, pero era francamente bastante más burdo que su modelo original. La idea era crear las bases para el desarrollo de un mercado del agua.
Nos tocó al CEPES la misión de hacer público el proyecto mantenido en absoluta reserva, lo cual causó malestar en el ministerio de Agricultura, dirigido a la sazón por Absalón Vásquez (quien acaba de salir de prisión, acusado del fraude de las firmas falsificadas para la reelección del presidente Fujimori). A partir de ese momento Laureano del Castillo quedó prácticamente nombrado por el CEPES para que hiciese un seguimiento crítico de ese y de sucesivos proyectos de ley de aguas que fueron reemplazándose los unos a los otros, y que invariablemente fueron rechazados por los usuarios del campo en cuanta oportunidad de debate existió en esos años. Habían varias razones para este rechazo: el temor a la privatización del agua (posiblemente se mantenía en el recuerdo que el control sobre el agua fue uno de los mecanismos que permitió la expansión de las haciendas), pues en la costa sobre todo sin agua de riego no hay agricultura. Quien controla el agua, controla la tierra.
¿De dónde venía este impulso por cambiar la ley ____, dada por el gobierno de Velasco poco después de la reforma agraria, que declaraba que el agua era del Estado y solo del Estado? Posiblemente de varias fuentes, pero quizá la principal fue el Banco Mundial. El Banco fue sumamente activo para que los estados latinoamericanos adoptasen políticas neoliberales, una de cuyas características era apartar la mano del Estado de toda injerencia en los mercados, y convertir en mercancía todo lo que pudiese ser susceptible de compra y venta, aún los recursos naturales, considerados de la nación. El otorgamiento de préstamos por el Banco estaba supeditado a estos cambios. El gobierno de Fujimori no necesitaba demasiadas presiones para alinearse con las políticas del Banco.
Uno de los funcionarios de esa institución, un paquistano muy educado y refinado que, por lo demás, parecía una buena persona pero con convicciones económicas que rayaban en lo religioso, fue enviado por el Banco Mundial al Perú para predicar las ventajas de la privatización de los derechos del agua. Yo había leído un documento suyo en el que afirmaba que el único país en el mundo que tenía una legislación nacional para normar un mercado de derechos de agua era Chile. La pregunta caía por su propio peso, y se la plantée: ¿por qué pensaba él que un mercado de aguas era la mejor forma de asignar este recurso si sólo un país de cerca de doscientos lo había adoptado? Su lacónica respuesta fue “Es un proceso que recién está empezando”. Parece que este proceso no ha avanzado mucho.
El hecho es que mucha agua ha corrido bajo los puentes, y 16 años después del primer proyecto, aún no hay una nueva ley de aguas. Los sucesivos proyectos fueron ablandando su marca privatista, pues se pasó de privatizar el agua, a privatizar los derechos de agua, a –en versiones más recientes- a hablar de concesiones. No conozco ningún estudio sobre este largo y frustrante proceso para todas las partes, pues sí hay un sentimiento difundido entres los usuarios de diferente tipo y el propio Estado que la ley vigente, aún con las reformas posteriores (como la que da a las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes la responsabilidad de la gestión del agua en el rubro que consume más agua, que es el agro). Ciertamente los recientes decretos legislativos que concentran en el ministerio de Agricultura la autoridad sobre el agua están lejos de satisfacer las demandas de un nuervo cuerpo normativo.
Si hay un sentimiento difundido de que se requiere un nuevo cuerpo normativo sobre el agua, las razones por las que se exigen cambios son diversas.
Este es uno de los temas principales del libro editado por Armando Guevara. Todos los autores sostienen que la legislación que era vigente cuando se editó el libro tenía que ser modificado (que fue impreso antes de los decretos legislativos 1081 –que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el ministerio de Agricultura como ente rector, y el 1083, que declara de interés nacional la conservación del agua y su aprovechamiento eficiente).
Varios son los argumentos. Uno de ellos es que hay una oferta limitada del agua, subrayado por Laureano del Castillo (“El régimen legal del agua”). En primer lugar, porque los desplazamientos demográficos han ido ‘trasvasando’ la población de la cuenca donde abunda el agua –la gran cuenca oriental amazónica- hacia las múltiples pero pequeñas cuencas del occidente del país. En efecto, entre 1972 y 2007 la población en la costa se ha multiplicado por 2.4 veces, pasando del 46% a cerca del 55% de la población total.
El problema se agudiza por los efectos del cambio climático, que está acelerando la desaparición de los glaciares que proporcionan una parte importante del volumen de agua de los ríos que abastecen a la agricultura, las industrias y las poblaciones y que son fuente de hidroenergía. La legislación vigente no parece estar a tono con los riesgos que esta escasez plantea, sobre todo en la costa.
En mi opinión, el libro no refleja suficientemente la gravedad que plantea la escasez de agua, y de cómo esta escasez debe expresarse también en normas que regulen la gestión y el uso del recurso. Pero para ser justo, creo que la toma de conciencia de los efectos que el cambio climático puede producir sobre la oferta de agua, sobre todo en la costa, se ha acelerado en el último año. No es que no haya habido información previa, pero ser consciente de un problema no es resultado inmediato de disponer de la información necesaria. No dudo que si el seminario que origina el libro se realizase ahora, le daría más espacio a la relación entre la escasez del recurso y la necesidad de normas que permitan enfrentarla.
Jan Hendriks (“Gestión local de agua y legislación nacional en el Perú”) tiene otros argumentos que sustentan la necesidad del cambio de legislación sobre aguas. La legislación nacional, subraya, no recoge “el pacto social o acuerdo de convivencia entre personas distintas con intereses diversos”, lo cual lleva a “disociaciones que existen entre la legislación nacional y las realidades que existen y evolucionan al interior del país”.
No es de sorprender –digo yo- dado que la ley de aguas aún vigente –ley 17752- fue dada por el gobierno de Velasco sin ninguna participación de la sociedad civil ni, obviamente, de un inexistente Poder Legislativo. Tampoco fueron discutidas otras importantes normas dadas por el Ejecutivo (DS 37-89-AG que transfiere las responsabilidades de operación, mantenimiento y administración de los sistemas de riego a la Juntas de Usuarios, el DS 03-90 que establece el reglamento de Tarifa y cuotas por el uso del agua, y el DS 057-2000-AG, de Organización Administrativa del agua, y finalmente los recientes decretos legislati¬vos).
Hendriks precisa ejemplos de esta disociación entre la legislación y las prácticas reales:
- en el otorgamiento de los derechos de agua
- en los Criterios de asignación de agua
- en la determinación de tarifas, cuotas y aportes
- en los traspasos en el uso del agua y en
- las organizaciones de regantes.
En un acto de fe en las autoridades políticas, encomiable en el contexto político que vivimos, Hendriks plantea “…que el Estado pueda realizar esfuerzos más sistemáticos para conocer las distintas realidades locales y las diferentes nociones de derecho y de gestión de agua…”, y la legislación debe responder a criterios de “pluralismo legal, equidad, cohesión social y sostenibilidad”.
En realidad Hendriks va más allá de lo que son “intereses diversos”, y considera también la necesidad de respetar determinados valores individuales y comunes respecto al agua. En esto entronca muy bien con los planteamientos del artículo de Armando Guevara (“Derechos de aguas, pluralismo legal y concreción social del derecho”), para quien el tipo de relación de la sociedad con los recursos naturales es un hecho cultural, y como tal existen distintos ordenamientos normativos que no solamente deben ser conocidos y respetados, sino considerados en pie de igualdad con las normas estatales. La vocación de los ‘estados andinos’, desde que fueron fundados, subraya, ha sido la de bregar contra la diferencia.
Guevara lleva el debate hacia aguas profundas, como debe ser.
Entiendo que la visión de Guevara puede llevar a considerar a la legislación estatal, en las circunstancias que ignora otros ordenamientos normativos, como ilegítima para quienes la legitimidad está dada por estos otros ordenamientos diferentes. En todo caso, esta discordancia es una fuente de conflictos en las que son los últimos –lo que podríamos llamar las minorías culturales- los que llevan las de perder, pues son los que no tienen de su parte el apoyo de la autoridad oficial.
No sólo eso. Sobre todo en las áreas poco comunicadas, conocer la ley o no conocerla puede tener consecuencias muy grandes. Es el caso, tomando ejemplos de la realidad, que una comunidad no haya formalizado sus derechos de acceso a ciertas fuentes de agua a la que siempre han tenido derecho, por ignorancia de la norma, mientras que el conocimiento de la misma permite a una empresa minera a adquirir los derechos sobre ellas. Conocer o no la ley no es un hecho secundario en un país como el nuestro, en donde para comenzar el analfabetismo rural es muy alto (casi el 20% en el ámbito nacional, pero de alrededor del 25% en seis departamentos), y por tanto muy altas también las posibilidades de no conocer la ley escrita. Si el Estado –y ahora que hay gobiernos regionales, esto también les compete- no tiene una actitud proactiva para difundir las normas legales –y actitud proactiva no la tiene- entonces la ley siempre tendrá un sesgo contra los marginados.
Es sin duda un problema difícil, pues estando Guevara en lo justo en el reclamo al respeto a la diversidad, al mismo tiempo es también razonable que una legislación nacional establezca ciertas prioridades que obedezcan a necesidades nacionales -por ejemplo, derivadas de la creciente escasez del recurso- y que éstas estén por encima de aquellas normas particulares con la que puedan colisionar.
De donde se desprenden dos cosas: (1) la importancia de tomar en cuenta desde ahora estas consideraciones en la elaboración de una nueva ley de aguas, lo cual implica mecanismos de consulta, no para responder a algún prurito participacionista, sino para tomar nota y en cuenta la diversidad de situaciones y de usos y costumbres, y (2) la necesidad de la difusión y explicación de las normas, de modo que estas puedan efectivamente aplicarse en igualdad de condiciones –al menos en cuanto al conocimiento de las normas se refiere- y evitar o disminuir los sesgos anti-populares. Es lo que los anglosajones llaman ‘legal litteracy’, o algo asi como alfabetismo legal.
Para comenzar, las normas deberían ser traducidas a las lenguas nativas –el último censo muestra que 37% de la población rural tiene como lengua materna una diferente al castellano, pero en departamentos como el Cusco, Huancavelica y otros de la región centro y sur andina, los porcentajes pueden ser de alrededor del 80%.
martes, 18 de marzo de 2008
Tema agrario hoy en el mundo
lunes, 10 de diciembre de 2007
A propósito del «síndrome del perro del hortelano» Un presidente para el siglo XIX
«... hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano, que reza: «Si no lo hago yo, que no lo haga nadie»». Alan García Pérez, presidente del Perú
El artículo del presidente Alan García, publicado en El Comercio el 28 de octubre («El síndrome del perro del hortelano»), ha suscitado encendidos comentarios a favor y en contra. Su principal mérito es que contribuye a promover una discusión —prácticamente ausente en los últimos años— sobre modelos de desarrollo socioeconómico. En lo que sigue, subrayaremos algunas de sus afirmaciones, que nos parecen importantes dada la condición del autor.
El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro
El presidente García suscribe de manera implícita la metáfora atribuida erróneamente a Raimondi: que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. El banco de oro viene a ser la suma de los muchos, variados e importantes recursos naturales que el país posee: las maderas de la Amazonía, la tierra, los recursos minerales, el gas, el petróleo, el mar. El mendigo —que oficia de «perro del hortelano »— representa un mundo heterogéneo compuesto, en la relación presidencial, de minifundistas, comunidades campesinas, poblaciones nativas, pescadores artesanales, trabajadores que exigen derechos laborales y ciudadanos que aún adscriben a «ideologías superadas» (los «anticapitalistas», precisa); en suma, de ociosos, indolentes e indigentes.
Es difícil precisar cuántos ciudadanos están incluidos en esta impresionante relación, pero con toda seguridad supera largamente al número de peruanos que votaron por el presidente García. Para aprovechar el oro —discurre el razonamiento presidencial— hay que desbancar al mendigo. ¿Cómo? Cambiando las reglas del juego para sentar en el banco de oro a los grandes inversionistas. Si son transnacionales, mejor, pues son las que traen la tecnología.
Es así que cobran pleno sentido proyectos de ley como el que otorga poderes especiales a la Cofopri para reconocer y desconocer derechos de propiedad sobre la tierra durante cuatro años, y como el que declara de necesidad pública los intereses particulares de veinte empresas extractivas, con el fin de sortear los derechos de propiedad consagrados por la Constitución, que favorecen también a comuneros, pueblos nativos y otros ciudadanos representados por el mendigo en la metáfora.
La fuente de la riquezaLa segunda afirmación presidencial es que la riqueza del Perú reside sobre todo en sus recursos naturales y no principalmente en la capacidad transformadora de sus ciudadanos. El mundo ha llegado hace tiempo a la conclusión de que el conocimiento es el real creador de riqueza y el capital humano su principal factor, y sobre ellos se sustenta la competitividad. Por eso se habla hoy de la «sociedad del conocimiento». El presidente se retrotrae siglos atrás para considerar que la materia inerte extraída y con escaso valor agregado es la verdadera riqueza. No sorprende, entonces, el disminuido valor que su gobierno —y, justo es decirlo, también los gobiernos anteriores— da a la educación, forjadora principal del capital humano. Sabemos que la educación peruana, sobre todo la pública, es una de las peores en el mundo. En estas condiciones, el Perú no podrá ser competitivo, pues en mucho es simplemente un perceptor de rentas. En contraste, los conocimientos acumulados de campesinos y pueblos nativos sobre las complejas realidades en las que habitan y sobreviven, son ignorados y hasta despreciados por el mundo oficial.
LRA no está contra la gran inversión. Más aún, considera que en muchos casos es indispensable para la adecuada explotación de los recursos naturales, entre ellos los minerales, el petróleo y el gas. Pero, al mismo tiempo, no confunde el fin con los medios, es decir, el mejoramiento sostenible de la calidad de vida del conjunto de la población del país (el fin), con los diferentes tipos de inversión (los medios). Como sosteníamos en el editorial de LRA 87, del mes de setiembre, con respecto a la minería («¿Minería es desarrollo?»): «No existe […] una relación mecánica entre tener y explotar recursos naturales, sean estos mineros u otros, y generar desarrollo»; «es necesario redefinir el papel que [las actividades extractivas] deben tener en el desarrollo local y regional […], no en cumplimiento de una “responsabilidad social” de la empresa —término que suele ser un eufemismo de “relaciones públicas” y que depende enteramente de la voluntad de la empresa—, sino como una función esencial de esa actividad económica. Esta función debería quedar explícita en los contratos».
Lo moderno es lo sostenibleLa tercera afirmación se deriva de la confusión presidencial entre lo que es la tecnología de punta —la que supuestamente trae la gran inversión extranjera— y la manera moderna de explotar adecuadamente los recursos naturales. Gran parte de la tecnología de punta actual de las empresas mineras y petroleras corresponde todavía a un paradigma de la revolución industrial de hace más de doscientos años, en la que la relación con la naturaleza se basaba en «extraer sin reponer». Se constata hoy que las consecuencias acumuladas de este paradigma son terribles: desaparición de especies biológicas, contaminación de las aguas y los suelos, calentamiento progresivo del planeta. Hoy, lo moderno requiere todo lo contrario: es la búsqueda de un desarrollo que asegure la sostenibilidad de los recursos.
Los anticapitalistasEn esta sostenibilidad se está jugando el futuro de la humanidad, como lo acaba de confirmar el 17 de noviembre, en Valencia, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su XXVII sesión plenaria. El secretario general de las NN.UU., en su alocución final, subrayó que el cambio climático afectará más a los países en vías de desarrollo. «La desglaciación desencadenará inundaciones y conducirá a reducir la disponibilidad de agua en Asia meridional y en Sudamérica ». Y «si las proyecciones más severas del IPCC se revelan ciertas, gran parte de la Amazonía se transformará en llanuras sin vegetación arbórea», advierte.
Estas deberían ser preocupaciones centrales del Perú y de su presidente. Pero García sostiene que hay una corriente anticapitalista transecular que cambia de piel según las épocas: comunistas en el siglo XIX (¡se supone que gobernaron en el siglo XX!), proteccionistas en el siglo XX (¡Gran Bretaña, EE.UU. y otros países capitalistas se caracterizaron por ser proteccionistas!) y ambientalistas en el siglo XXI (¡cuando el premio Nobel de la Paz ha sido otorgado, por sus méritos ambientales, al IPCC y a Al Gore, difícilmente catalogables de anticapitalistas!).
Lo grande es hermoso: la hacienda, nuevo paradigma de desarrollo
Según el presidente García, las tierras de las comunidades son «tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos; por tanto, su propiedad es aparente. Esa misma tierra, vendida en grandes lotes, traería tecnología...». El presidente debería aclarar si los derechos de propiedad de los que «no tienen formación ni recursos económicos» (que califica de «aparentes») son de categoría inferior a los derechos de propiedad de los grandes inversionistas que traen tecnología. Ese es, en el fondo, el sustento de los dos proyectos de ley que mencionamos párrafos más arriba.
La idea de «vender la tierra en grandes lotes, lo que trae tecnología », como solución a la puesta en valor de los recursos naturales, la extiende el presidente a las explotaciones mineras, petroleras, pesqueras y madereras. Su concepción de organización de la economía es, finalmente, la de una multiplicación de haciendas modernas: grandes latifundios (para la agricultura, para la minería, para la pesca, para la explotación maderera y gasífera), de propiedad de grandes inversionistas, por un lado, y miles de campesinos, nativos y pescadores, convertidos en obreros (probablemente mal pagados y mal tratados, dada la escasa capacidad y/o voluntad del gobierno de mejorar las relaciones laborales). Nada más contradictorio a la construcción de una sociedad equitativa, ambientalmente sostenible, con muchos actores, instituciones fuertes, mercados locales dinámicos y un Estado activo y, al mismo tiempo, descentralizado.
El artículo del presidente Alan García, publicado en El Comercio el 28 de octubre («El síndrome del perro del hortelano»), ha suscitado encendidos comentarios a favor y en contra. Su principal mérito es que contribuye a promover una discusión —prácticamente ausente en los últimos años— sobre modelos de desarrollo socioeconómico. En lo que sigue, subrayaremos algunas de sus afirmaciones, que nos parecen importantes dada la condición del autor.
El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro
El presidente García suscribe de manera implícita la metáfora atribuida erróneamente a Raimondi: que el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. El banco de oro viene a ser la suma de los muchos, variados e importantes recursos naturales que el país posee: las maderas de la Amazonía, la tierra, los recursos minerales, el gas, el petróleo, el mar. El mendigo —que oficia de «perro del hortelano »— representa un mundo heterogéneo compuesto, en la relación presidencial, de minifundistas, comunidades campesinas, poblaciones nativas, pescadores artesanales, trabajadores que exigen derechos laborales y ciudadanos que aún adscriben a «ideologías superadas» (los «anticapitalistas», precisa); en suma, de ociosos, indolentes e indigentes.
Es difícil precisar cuántos ciudadanos están incluidos en esta impresionante relación, pero con toda seguridad supera largamente al número de peruanos que votaron por el presidente García. Para aprovechar el oro —discurre el razonamiento presidencial— hay que desbancar al mendigo. ¿Cómo? Cambiando las reglas del juego para sentar en el banco de oro a los grandes inversionistas. Si son transnacionales, mejor, pues son las que traen la tecnología.
Es así que cobran pleno sentido proyectos de ley como el que otorga poderes especiales a la Cofopri para reconocer y desconocer derechos de propiedad sobre la tierra durante cuatro años, y como el que declara de necesidad pública los intereses particulares de veinte empresas extractivas, con el fin de sortear los derechos de propiedad consagrados por la Constitución, que favorecen también a comuneros, pueblos nativos y otros ciudadanos representados por el mendigo en la metáfora.
La fuente de la riquezaLa segunda afirmación presidencial es que la riqueza del Perú reside sobre todo en sus recursos naturales y no principalmente en la capacidad transformadora de sus ciudadanos. El mundo ha llegado hace tiempo a la conclusión de que el conocimiento es el real creador de riqueza y el capital humano su principal factor, y sobre ellos se sustenta la competitividad. Por eso se habla hoy de la «sociedad del conocimiento». El presidente se retrotrae siglos atrás para considerar que la materia inerte extraída y con escaso valor agregado es la verdadera riqueza. No sorprende, entonces, el disminuido valor que su gobierno —y, justo es decirlo, también los gobiernos anteriores— da a la educación, forjadora principal del capital humano. Sabemos que la educación peruana, sobre todo la pública, es una de las peores en el mundo. En estas condiciones, el Perú no podrá ser competitivo, pues en mucho es simplemente un perceptor de rentas. En contraste, los conocimientos acumulados de campesinos y pueblos nativos sobre las complejas realidades en las que habitan y sobreviven, son ignorados y hasta despreciados por el mundo oficial.
LRA no está contra la gran inversión. Más aún, considera que en muchos casos es indispensable para la adecuada explotación de los recursos naturales, entre ellos los minerales, el petróleo y el gas. Pero, al mismo tiempo, no confunde el fin con los medios, es decir, el mejoramiento sostenible de la calidad de vida del conjunto de la población del país (el fin), con los diferentes tipos de inversión (los medios). Como sosteníamos en el editorial de LRA 87, del mes de setiembre, con respecto a la minería («¿Minería es desarrollo?»): «No existe […] una relación mecánica entre tener y explotar recursos naturales, sean estos mineros u otros, y generar desarrollo»; «es necesario redefinir el papel que [las actividades extractivas] deben tener en el desarrollo local y regional […], no en cumplimiento de una “responsabilidad social” de la empresa —término que suele ser un eufemismo de “relaciones públicas” y que depende enteramente de la voluntad de la empresa—, sino como una función esencial de esa actividad económica. Esta función debería quedar explícita en los contratos».
Lo moderno es lo sostenibleLa tercera afirmación se deriva de la confusión presidencial entre lo que es la tecnología de punta —la que supuestamente trae la gran inversión extranjera— y la manera moderna de explotar adecuadamente los recursos naturales. Gran parte de la tecnología de punta actual de las empresas mineras y petroleras corresponde todavía a un paradigma de la revolución industrial de hace más de doscientos años, en la que la relación con la naturaleza se basaba en «extraer sin reponer». Se constata hoy que las consecuencias acumuladas de este paradigma son terribles: desaparición de especies biológicas, contaminación de las aguas y los suelos, calentamiento progresivo del planeta. Hoy, lo moderno requiere todo lo contrario: es la búsqueda de un desarrollo que asegure la sostenibilidad de los recursos.
Los anticapitalistasEn esta sostenibilidad se está jugando el futuro de la humanidad, como lo acaba de confirmar el 17 de noviembre, en Valencia, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su XXVII sesión plenaria. El secretario general de las NN.UU., en su alocución final, subrayó que el cambio climático afectará más a los países en vías de desarrollo. «La desglaciación desencadenará inundaciones y conducirá a reducir la disponibilidad de agua en Asia meridional y en Sudamérica ». Y «si las proyecciones más severas del IPCC se revelan ciertas, gran parte de la Amazonía se transformará en llanuras sin vegetación arbórea», advierte.
Estas deberían ser preocupaciones centrales del Perú y de su presidente. Pero García sostiene que hay una corriente anticapitalista transecular que cambia de piel según las épocas: comunistas en el siglo XIX (¡se supone que gobernaron en el siglo XX!), proteccionistas en el siglo XX (¡Gran Bretaña, EE.UU. y otros países capitalistas se caracterizaron por ser proteccionistas!) y ambientalistas en el siglo XXI (¡cuando el premio Nobel de la Paz ha sido otorgado, por sus méritos ambientales, al IPCC y a Al Gore, difícilmente catalogables de anticapitalistas!).
Lo grande es hermoso: la hacienda, nuevo paradigma de desarrollo
Según el presidente García, las tierras de las comunidades son «tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos; por tanto, su propiedad es aparente. Esa misma tierra, vendida en grandes lotes, traería tecnología...». El presidente debería aclarar si los derechos de propiedad de los que «no tienen formación ni recursos económicos» (que califica de «aparentes») son de categoría inferior a los derechos de propiedad de los grandes inversionistas que traen tecnología. Ese es, en el fondo, el sustento de los dos proyectos de ley que mencionamos párrafos más arriba.
La idea de «vender la tierra en grandes lotes, lo que trae tecnología », como solución a la puesta en valor de los recursos naturales, la extiende el presidente a las explotaciones mineras, petroleras, pesqueras y madereras. Su concepción de organización de la economía es, finalmente, la de una multiplicación de haciendas modernas: grandes latifundios (para la agricultura, para la minería, para la pesca, para la explotación maderera y gasífera), de propiedad de grandes inversionistas, por un lado, y miles de campesinos, nativos y pescadores, convertidos en obreros (probablemente mal pagados y mal tratados, dada la escasa capacidad y/o voluntad del gobierno de mejorar las relaciones laborales). Nada más contradictorio a la construcción de una sociedad equitativa, ambientalmente sostenible, con muchos actores, instituciones fuertes, mercados locales dinámicos y un Estado activo y, al mismo tiempo, descentralizado.
El Perú no puede desarrollarse en el siglo XXI con visiones propias del siglo XIX.
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