Editorial:Todo se queda a medias

Artículo escrito por Fernando Eguren (CEPES) para La Revista Agraria

Esta edición de La Revista Agraria muestra que, en lo concerniente a política agraria y ambiental, el gobierno se queda a medio camino: expide normas, monta instituciones, pero, al final de cuentas, no logra cumplir con los objetivos. ¿Por qué?

Editorial: Pograma Mi Riego: necesario pero insuficiente

Artículo escrito por Fernando Eguren (CEPES) para La Revista Agraria

Uno de los temas más destacados por el presidente Ollanta Humala en el mensaje del 28 de julio fue el de las inversiones. Hizo un recuento de las inversiones realizadas y de las que se harán en el corto plazo.

En el sector agrario, uno de los más importantes esfuerzos de inversión es el que será ejecutado por el programa Mi Riego: mil millones de soles en obras de irrigación en la sierra peruana. Aun cuando han surgido críticas al carácter improvisado del programa —hay dinero, pero no hay proyectos suficientes para gastarlo—, de todos modos, un fondo público de tal magnitud, destinados a la marginada sierra rural, no deja de ser algo

notable.

Editorial: ¿Es la agricultura una actividad extractiva?

Editorial escrita por Fernando Eguren (CEPES)  para La Revista Agraria 

En el Perú y en otros países de América Latina se debate sobre el modelo «extractivista», entendido como la característica principal de un estilo de crecimiento económico centrado fundamentalmente en la explotación de los recursos naturales, sobre todo en la extracción de recursos mineros y de hidrocarburos.

Entrevista al ministro de Agricultura, Milton von Hesse: «Tecnificar el riego en las comunidades tiene un potencial bárbaro»

El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, explica las acciones de su despacho frente al nuevo programa Mi Riego y en los proyectos especiales de irrigación. También reflexiona sobre los problemas causados por el proceso de descentralización y opina acerca del límite a la propiedad de las tierras.

Entrevista por FERNANDO EGUREN, para La Revista Agraria

FE: ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno central al declarar 2013 como Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria?

MvH: Esa declaración es una consecuencia lógica de todo lo que está pasando. Te confieso que no he sido parte de esa declaración, pero la encuentro absolutamente lógica, porque en los últimos cinco o seis meses hemos hecho una focalización distinta de las políticas del Ministerio de Agricultura (Minag).

Agua para el agro: posibilidades y problemas

Artículo escrito por Fernando Eguren (1) (CEPES) para La Revista Agraria  

Tierra y agua son las dos condiciones de producción básicas para la producción agropecuaria. En el número 145 de LRA (octubre de 2012) hicimos un balance sobre la disponibilidad de tierras. En esta oportunidad haremos lo propio con el agua.

Agricultura sostenible y seguridad alimentaria

Artículo publicado en el Diario La Primera (29 junio 2011)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Uno de los temas ausentes en el gobierno que se va es el de la seguridad alimentaria. Para Alan García, la preocupación por la seguridad alimentaria es obsoleta: basta exportar gas e importar alimentos, según declaró al diario Expreso hace ya varios meses. En esto está sólo, pues hay una creciente preocupación de los gobiernos del mundo tanto por el alza tendencial del precio de los alimentos como por las dificultades para alimentar a una población que crece, que eleva sus ingresos y que cambia sus hábitos alimenticios. Mientras esto ocurre, cada vez hay menos tierras nuevas de cultivo, el incremento en los rendimientos físicos ha decrecido y los impactos del cambio climático sobre la producción de alimentos es un gran factor de incertidumbre.

El cultivo del espárrago ¿es sostenible?

 Artículo publicado en el diario La República (02 diciembre 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

El espárrago es el producto agrario de exportación ‘no tradicional’ peruano de bandera. Este año el valor de las exportaciones posiblemente alcancen los 500 millones de dólares, sumando frescos y en conserva. El área cultivada es de alrededor de 28 mil hectáreas.

Pero la frontera agrícola para este cultivo tiene límites en el principal valle productor, Ica, con 10 mil hectáreas de espárragos. Una reciente investigación muestra una vez más lo que muchos ya sabían: que la expansión de nuevas áreas para este cultivo se ha vuelto insostenible dados el contexto hidrológico y las demandas de agua concomitantes. Según el informe, “las crecientes demandas de agua para soportar esta expansión agrícola se vinculan con impactos económicos negativos sobre los pequeños y medianos campesinos”… lo cual “alimenta los conflictos sociales y una mayor vulnerabilidad al cambio climático a lo largo del valle de Ica e inclusive fuera de él.”  (1)

El estudio surge de la inquietud de organizaciones británicas sobre el impacto ambiental del comercio internacional, y específicamente del Reino Unido, el tercer mercado más grande para el espárrago peruano, después de Estados Unidos y Holanda. “El agua que se consume para el cultivo de espárragos importados al Reino Unido en 2008 se calcula en 9 millones de metros cúbicos, lo que equivale a unas 3600 piscinas olímpicas. La mayor parte de esta agua se usa en el valle de Ica, Perú, uno de los lugares más secos del planeta”. Desde aproximadamente hace ocho años, la intensidad de uso de la aguas subterráneas ha hecho que la napa freática del valle disminuya drásticamente a tasas que son  “casi con seguridad… las más rápidas de agotamiento del recurso acuífero de todo el mundo”.

Según el estudio, los pequeños y medianos campesinos son los que sufren la peor parte de esta carrera por el agua, viéndose forzados a vivir sin ella ya que los pozos se secan y crece la salinidad. Ello los conduce a endeudarse y a vender sus tierras. Inadecuados marcos institucionales y legales y el incumplimiento de las normas han permitido que unas cuantas empresas grandes se aseguren el acceso y usen el agua a tasas que no son sostenibles. El informe señala cómo los estándares y condiciones diseñadas específicamente para asegurar que el desarrollo económico sea sostenible –tales como los exigidos por la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, los de  GLOBAL G.A.P. sobre buenas prácticas agrícolas y los estándares sociales y ambientales de los minoristas y los supermercados–, que han sido conferidos a las agroexportadoras de Ica,  recompensan una producción que está lejos de ser sostenible en su uso del agua.

Las observaciones del estudio debe llamar la atención del Estado y de todos los actores involucrados para afrontar una situación que puede llevar al colapso la actividad agrícola del rico valle de Ica.
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Drop by drop: Understanding the impacts of the UK’s water footprint through a case study of Peruvian asparagus (Gota a gota. Para comprender los impactos de la huella hídrica del Reino Unido a través de un estudio de caso del espárrago peruano). Progressio en asociación con el Centro Peruano de Estudios Sociales y Water Witness. Septiembre 2010.

 Artículo publicado en el diario La República (02 diciembre 2010)

La crisis del agua

Artículo publicado en el diario La República (01 octubre 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

En marzo pasado se celebró en Estambul el quinto Foro Mundial del Agua. Reunió a 33 mil participantes de 182 países. La importancia de este evento ha ido creciendo paralelamente a la toma de conciencia y a la mayor información sobre lo que ya se llama “la crisis del agua”.

La preocupación no es para menos. Según el informe anual de The World Watch Institute (State of the World 2008), dentro de apenas 15 años tres cuartas partes de la población mundial se enfrentarán a una situación de escasez de agua.  Actualmente, el 40% de la población mundial vive en esa situación.

La agricultura es una usuaria primara del agua –80% en el Perú–y está en el corazón del desafío de la gestión del recurso. Según dicho informe mientras que la persona promedio requiere de dos a cinco litros de agua para beber, la huella hídrica promedio del consumo personal diario de alimentos es de unos 3 000 litros. Una hamburguesa – tan sólo una – requiere 2300 litros de agua, tomando en cuenta lo que se usa para producir maíz y alimentar al ganado; un vaso de leche tiene detrás 200 litros y una camiseta de algodón, 4100 litros. Estudios en profundidad sugieren que si no hay cambios reales en la manera en la que el mundo produce alimentos y gestiona el medio ambiente, hacia el 2050 podría no haber suficiente agua para producir los alimentos que se necesiten.

En el Perú la preocupación por la disponibilidad del agua también es creciente. Una expresión de ello fue el Foro Nacional “Agua: Políticas, Conflictos y Consensos” organizado por IPROGA, la PUCP y otras entidades, los días 7 y 8 de septiembre. No por conocida deja de ser impactante la información difundida en el foro de que el 98% del agua superficial está en la vertiente del Atlántico, en donde solamente vive un tercio de la población, mientras que el 2% del agua en la vertiente del Pacífico debe satisfacer las necesidades de los otros dos tercios. Es también impactante la velocidad de deglaciación actual en nuestras cordilleras, que alimentan varios ríos importantes. Es particularmente preocupante el caso del río Santa, alimentado por los glaciares de la Cordillera Blanca, del cual dependen tanto las decenas de miles de hectáreas de las tierras de cultivo irrigadas por el proyecto Chavimochic –casi en su totalidad destinadas a la exportación– como la generación de hidroenergía.

A diferencia de otros países que se enfrentan a la escasez física del agua, el Perú es considerado como país en una situación de escasez económica del agua. Es decir, hay cantidad suficiente de agua (1)  para satisfacer las necesidades humanas, pero hay limitaciones humanas, institucionales, infraestructurales o financieras que previenen a la población de acceder a ella.

Pero quién accede al agua y quién no, depende de muchos factores. El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2006 subrayó el hecho de que la crisis del agua es un desafío a la pobreza, la desigualdad y a las relaciones de poder desiguales, y no sólo a su disponibilidad física (2).   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua.

Todo esto hace que la economía política del agua sea compleja y emotiva.

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 (1) En la costa, la región más árida, la disponibilidad de agua por habitante es 2040 m3/año. Fuente: ANA, 2009, citando a INRENA, 1995.

(2)   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua. Fuente: ENAHO, Continua, 2007.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com

Artículo publicado en el diario La República (01 octubre 2009)

Comentarios al libro "Derechos y conflictos de agua en el Perú"

Libro editado por Armando Guevara Gil - Fernando Eguren (octubre 2008)

1. Alex Guerra y Víctor Saco, El Derecho y la problemática del agua en el Perú
2. Laureano del Castillo Pinto, El régimen legal del agua
3. Iván Ortiz Sánchez, Autoridad de cuencas y gestión de recursos hídricos. Una aproximación
4. Carlos Pereyra, Conflictos regionales e intersectoriales por el agua en el Perú
5. Doris Balvín Díaz, Las cuencas andinas frente a la contaminación minera
6. Guido Bocchio Carbajal, Agua y minería: manejo de conflictos
7. Jan Hendriks, Gestión local de agua y legislación nacional en el Perú
8. Armando Guevara Gil, Derechos de aguas, pluralismo legal y concresión social del derecho.
9. Elizabeth Salmón Gárate, Pedro Villanueva Bogan, Los aportes del derecho internacional a la construcción del derecho humano al agua.

 Descargue el libro completo en PDF aquí 

Desde el año 1992 se viene discutiendo proyectos alternativos de una ley de agua. El primer proyecto cayó en las manos de Bertha Consiglieri, del CEPES, gracias a la infidencia de algún amigo del ministerio de Agricultura. Este primer proyecto, elaborado con sigilo, planteaba de manera tosca la privatización del recurso, no del derecho sobre el recurso, sino sobre el recurso mismo. Se mencionaba que el proyecto había sido elaborado por un abogado chileno, sobre la base de la legislación de aguas de ese país, pero era francamente bastante más burdo que su modelo original. La idea era crear las bases para el desarrollo de un mercado del agua.

Nos tocó al CEPES la misión de hacer público el proyecto mantenido en absoluta reserva, lo cual causó malestar en el ministerio de Agricultura, dirigido a la sazón por Absalón Vásquez (quien acaba de salir de prisión, acusado del fraude de las firmas falsificadas para la reelección del presidente Fujimori). A partir de ese momento Laureano del Castillo quedó prácticamente nombrado por el CEPES para que hiciese un seguimiento crítico de ese y de sucesivos proyectos de ley de aguas que fueron reemplazándose los unos a los otros, y que invariablemente fueron rechazados por los usuarios del campo en cuanta oportunidad de debate existió en esos años. Habían varias razones para este rechazo: el temor a la privatización del agua (posiblemente se mantenía en el recuerdo que el control sobre el agua fue uno de los mecanismos que permitió la expansión de las haciendas), pues en la costa sobre todo sin agua de riego no hay agricultura. Quien controla el agua, controla la tierra.

¿De dónde venía este impulso por cambiar la ley ____, dada por el gobierno de Velasco poco después de la reforma agraria, que declaraba que el agua era del Estado y solo del Estado? Posiblemente de varias fuentes, pero quizá la principal fue el Banco Mundial. El Banco fue sumamente activo para que los estados latinoamericanos adoptasen políticas neoliberales, una de cuyas características era apartar la mano del Estado de toda injerencia en los mercados, y convertir en mercancía todo lo que pudiese ser susceptible de compra y venta, aún los recursos naturales, considerados de la nación. El otorgamiento de préstamos por el Banco estaba supeditado a estos cambios. El gobierno de Fujimori no necesitaba demasiadas presiones para alinearse con las políticas del Banco.

Uno de los funcionarios de esa institución, un paquistano muy educado y refinado que, por lo demás, parecía una buena persona pero con convicciones económicas que rayaban en lo religioso, fue enviado por el Banco Mundial al Perú para predicar las ventajas de la privatización de los derechos del agua. Yo había leído un documento suyo en el que afirmaba que el único país en el mundo que tenía una legislación nacional para normar un mercado de derechos de agua era Chile. La pregunta caía por su propio peso, y se la plantée: ¿por qué pensaba él que un mercado de aguas era la mejor forma de asignar este recurso si sólo un país de cerca de doscientos lo había adoptado? Su lacónica respuesta fue “Es un proceso que recién está empezando”. Parece que este proceso no ha avanzado mucho.

El hecho es que mucha agua ha corrido bajo los puentes, y 16 años después del primer proyecto, aún no hay una nueva ley de aguas. Los sucesivos proyectos fueron ablandando su marca privatista, pues se pasó de privatizar el agua, a privatizar los derechos de agua, a –en versiones más recientes- a hablar de concesiones. No conozco ningún estudio sobre este largo y frustrante proceso para todas las partes, pues sí hay un sentimiento difundido entres los usuarios de diferente tipo y el propio Estado que la ley vigente, aún con las reformas posteriores (como la que da a las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes la responsabilidad de la gestión del agua en el rubro que consume más agua, que es el agro). Ciertamente los recientes decretos legislativos que concentran en el ministerio de Agricultura la autoridad sobre el agua están lejos de satisfacer las demandas de un nuervo cuerpo normativo.

Si hay un sentimiento difundido de que se requiere un nuevo cuerpo normativo sobre el agua, las razones por las que se exigen cambios son diversas.

Este es uno de los temas principales del libro editado por Armando Guevara. Todos los autores sostienen que la legislación que era vigente cuando se editó el libro tenía que ser modificado (que fue impreso antes de los decretos legislativos 1081 –que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el ministerio de Agricultura como ente rector, y el 1083, que declara de interés nacional la conservación del agua y su aprovechamiento eficiente).

Varios son los argumentos. Uno de ellos es que hay una oferta limitada del agua, subrayado por Laureano del Castillo (“El régimen legal del agua”). En primer lugar, porque los desplazamientos demográficos han ido ‘trasvasando’ la población de la cuenca donde abunda el agua –la gran cuenca oriental amazónica- hacia las múltiples pero pequeñas cuencas del occidente del país. En efecto, entre 1972 y 2007 la población en la costa se ha multiplicado por 2.4 veces, pasando del 46% a cerca del 55% de la población total.

El problema se agudiza por los efectos del cambio climático, que está acelerando la desaparición de los glaciares que proporcionan una parte importante del volumen de agua de los ríos que abastecen a la agricultura, las industrias y las poblaciones y que son fuente de hidroenergía. La legislación vigente no parece estar a tono con los riesgos que esta escasez plantea, sobre todo en la costa.

En mi opinión, el libro no refleja suficientemente la gravedad que plantea la escasez de agua, y de cómo esta escasez debe expresarse también en normas que regulen la gestión y el uso del recurso. Pero para ser justo, creo que la toma de conciencia de los efectos que el cambio climático puede producir sobre la oferta de agua, sobre todo en la costa, se ha acelerado en el último año. No es que no haya habido información previa, pero ser consciente de un problema no es resultado inmediato de disponer de la información necesaria. No dudo que si el seminario que origina el libro se realizase ahora, le daría más espacio a la relación entre la escasez del recurso y la necesidad de normas que permitan enfrentarla.

Jan Hendriks (“Gestión local de agua y legislación nacional en el Perú”) tiene otros argumentos que sustentan la necesidad del cambio de legislación sobre aguas. La legislación nacional, subraya, no recoge “el pacto social o acuerdo de convivencia entre personas distintas con intereses diversos”, lo cual lleva a “disociaciones que existen entre la legislación nacional y las realidades que existen y evolucionan al interior del país”.

No es de sorprender –digo yo- dado que la ley de aguas aún vigente –ley 17752- fue dada por el gobierno de Velasco sin ninguna participación de la sociedad civil ni, obviamente, de un inexistente Poder Legislativo. Tampoco fueron discutidas otras importantes normas dadas por el Ejecutivo (DS 37-89-AG que transfiere las responsabilidades de operación, mantenimiento y administración de los sistemas de riego a la Juntas de Usuarios, el DS 03-90 que establece el reglamento de Tarifa y cuotas por el uso del agua, y el DS 057-2000-AG, de Organización Administrativa del agua, y finalmente los recientes decretos legislati¬vos).

Hendriks precisa ejemplos de esta disociación entre la legislación y las prácticas reales:

- en el otorgamiento de los derechos de agua

- en los Criterios de asignación de agua

- en la determinación de tarifas, cuotas y aportes

- en los traspasos en el uso del agua y en

- las organizaciones de regantes.

En un acto de fe en las autoridades políticas, encomiable en el contexto político que vivimos, Hendriks plantea “…que el Estado pueda realizar esfuerzos más sistemáticos para conocer las distintas realidades locales y las diferentes nociones de derecho y de gestión de agua…”, y la legislación debe responder a criterios de “pluralismo legal, equidad, cohesión social y sostenibilidad”.

En realidad Hendriks va más allá de lo que son “intereses diversos”, y considera también la necesidad de respetar determinados valores individuales y comunes respecto al agua. En esto entronca muy bien con los planteamientos del artículo de Armando Guevara (“Derechos de aguas, pluralismo legal y concreción social del derecho”), para quien el tipo de relación de la sociedad con los recursos naturales es un hecho cultural, y como tal existen distintos ordenamientos normativos que no solamente deben ser conocidos y respetados, sino considerados en pie de igualdad con las normas estatales. La vocación de los ‘estados andinos’, desde que fueron fundados, subraya, ha sido la de bregar contra la diferencia.

Guevara lleva el debate hacia aguas profundas, como debe ser.

Entiendo que la visión de Guevara puede llevar a considerar a la legislación estatal, en las circunstancias que ignora otros ordenamientos normativos, como ilegítima para quienes la legitimidad está dada por estos otros ordenamientos diferentes. En todo caso, esta discordancia es una fuente de conflictos en las que son los últimos –lo que podríamos llamar las minorías culturales- los que llevan las de perder, pues son los que no tienen de su parte el apoyo de la autoridad oficial.

No sólo eso. Sobre todo en las áreas poco comunicadas, conocer la ley o no conocerla puede tener consecuencias muy grandes. Es el caso, tomando ejemplos de la realidad, que una comunidad no haya formalizado sus derechos de acceso a ciertas fuentes de agua a la que siempre han tenido derecho, por ignorancia de la norma, mientras que el conocimiento de la misma permite a una empresa minera a adquirir los derechos sobre ellas. Conocer o no la ley no es un hecho secundario en un país como el nuestro, en donde para comenzar el analfabetismo rural es muy alto (casi el 20% en el ámbito nacional, pero de alrededor del 25% en seis departamentos), y por tanto muy altas también las posibilidades de no conocer la ley escrita. Si el Estado –y ahora que hay gobiernos regionales, esto también les compete- no tiene una actitud proactiva para difundir las normas legales –y actitud proactiva no la tiene- entonces la ley siempre tendrá un sesgo contra los marginados.

Es sin duda un problema difícil, pues estando Guevara en lo justo en el reclamo al respeto a la diversidad, al mismo tiempo es también razonable que una legislación nacional establezca ciertas prioridades que obedezcan a necesidades nacionales -por ejemplo, derivadas de la creciente escasez del recurso- y que éstas estén por encima de aquellas normas particulares con la que puedan colisionar.

De donde se desprenden dos cosas: (1) la importancia de tomar en cuenta desde ahora estas consideraciones en la elaboración de una nueva ley de aguas, lo cual implica mecanismos de consulta, no para responder a algún prurito participacionista, sino para tomar nota y en cuenta la diversidad de situaciones y de usos y costumbres, y (2) la necesidad de la difusión y explicación de las normas, de modo que estas puedan efectivamente aplicarse en igualdad de condiciones –al menos en cuanto al conocimiento de las normas se refiere- y evitar o disminuir los sesgos anti-populares. Es lo que los anglosajones llaman ‘legal litteracy’, o algo asi como alfabetismo legal.

Para comenzar, las normas deberían ser traducidas a las lenguas nativas –el último censo muestra que 37% de la población rural tiene como lengua materna una diferente al castellano, pero en departamentos como el Cusco, Huancavelica y otros de la región centro y sur andina, los porcentajes pueden ser de alrededor del 80%.

EL MINISTRO BENAVIDES EN LA PLAZA DE ACHO: NOS MERECEMOS MEJORES PROPUESTAS

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Días después del discurso del presidente García el 28 de julio, en el que estableció algunas metas ambiciosas económicas y sociales para el 2011 – año en el que culmina su mandato – el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, hizo lo propio en la Plaza de Acho. Los medios de comunicación han informado sobre algunas de las características de la convocatoria: funcionarios públicos del sector agrario fueron conducidos en autobuses para llenar los tendidos, faena sin orejas ni rabo, pifeadera del respetable.

Perú: país líder en producción agrícola

Posiblemente contagiado por el desbordante optimismo presidencial, el ministro Benavides prome­tió que en el 2015 el Perú llegaría a ser el país líder en producción agrícola en la costa del Pacífico de América del Sur. Que el PBI agrario alcanzaría los 12 mil millones de dólares (aparentemente la confianza en los nuevos soles todavía no da como para hacer proyec­ciones de mediano plazo en nuestra moneda); que en el 2011 las exportaciones agrarias al­canzarían los US$4500 millones (US$2100 en el 2006); que se crearían 400 mil nuevos em­pleos directos y 200 mil indirectos; que la pobreza rural disminuiría en 35%.

Piña. Resulta que Álvaro Rojas, el homólogo chileno de Benavides, estima que este año Chile estará exportando productos agrícolas por un valor de US$ 10 mil millones, más del doble que lo proyectado por nuestro ministro para dentro de cuatro años. Basta este dato para cuestionar la meta de ser líderes en producción agrícola el 2015.

Por otro lado, con lo dinámica que es la agricultura chilena, entre 1987 y 1996 la pobreza rural disminuyó tan solo en un 23%. ¿En qué se basa Benavides para afirmar que en el Perú la reducción de la pobreza rural será mucho mayor en mucho menor tiempo?

Otra meta adelantada por el ministro fue que el crecimiento promedio anual del sector agrario será del 7% hasta el 2011. Meta sin sustento, pues según información del propio ministerio de Agricultura, la variación anual de la producción agropecuaria desde el 2003 fue, año a año, 1.9%, 1.7%, 4.8.%, 7.2%, y la proyección para el 2007 es de 4.5%. Además, es muy osado adelantar tasas de crecimiento de un sector productivo que es muy dependiente de las variaciones del clima, más todavía si los cambios climáticos mundiales lo hacen aun menos predecible.

El problema del agua

Acierta el ministro en levantar el problema del agua y en mencionar que es necesario el manejo y conservación de las cuencas hidrográficas. Pero no necesariamente acierta en sus prioridades. Ofrece 200 mil nuevas hectáreas irrigadas en la costa y en la sierra; 30 mil nuevas hectáreas irrigadas por goteo en la sierra; 100 mil hectáreas recuperadas en la costa y sierra. Pero no menciona el gravísimo problema de la contaminación del agua por relaves mineros, deshechos industriales y urbanos, que afecta un alto número de ríos y lagos del país, siendo el caso más escandaloso el del río Mantaro. Tampoco menciona la necesidad de reducir las áreas de cultivos que hacen un uso intensivo del agua y que contribuyen a la salinización (y pérdida de fertilidad, por tanto) de los suelos, sobre todo en la costa. Antes bien, se está promoviendo la ampliación de las áreas de caña de azúcar para la fabricación de etanol. Si no hay medidas radicales contra la contaminación de las aguas, la salinización de los suelos y la deforestación, no tiene sentido recuperar 100 mil hectáreas[1], pues se seguirán deteriorando nuevas áreas.

Mercados

Con relación al ‘acceso a mercados’, otro de los pilares fundamentales – así los llama el ministro - de la política agraria de este gobierno, reitera el apoyo a las agroexportaciones pero no hace más mención al TLC con Estados Unidos que la necesidad “diseñar un siste­ma equitativo de compensaciones que lleguen a los más pobres cuando más lo necesiten”.

Sobre crédito agrario, ya el ministro Benavides había rechazado la ley aprobada por el Con­greso de que AgroBanco opere como banca de primer piso, sin ofrecer ninguna alternativa a la medida de las necesidades de financiamiento que tienen los agricultores pequeños. Pro­me­te lanzar el seguro agrario ‘en el primer trimestre del 2008”, lo cual es ya un ofrecimien­to ritual de todo nuevo ministro del ramo.

Ofrece desarrollar un sistema de información ‘con capacidad de llegar a ocho millones de peruanos’ mediante un Sistema de Información Agrario utilizando canal 7 y Radio Nacional. Si lo hace, enhorabuena, aunque podría aquí sí ser más ambicioso, dada las experiencias en sistemas de información en curso a nivel piloto usando las modernas tecnologías de información y comunicación – entre otras la interesante experiencia que desarrollo CEPES con la Junta de Usuarios del valle Chancay Huaral – y la difusión de las conexiones a Internet en muchas áreas rurales.

Propone profundizar la investigación agraria ‘para lograr mayores rendimientos de los principales productos”, mencionando dos cultivos costeños, maíz y algodón, pero sin precisar cuáles son los criterios para definir aquellos que son principales de los que no lo son (pueden ser los que ocupan más área, o los que más se exportan, o los que producen la mayor parte de campesinos…) ni los recursos que se destinarán.

La oferta de un “fondo de desarrollo productivo rural” de más de US$ 1000 millones para la sierra llamó la atención; luego el ministro aclaró que sería un fondo integrado de programas ya en curso, como Foncodes.

Programa Sierra Exportadora

Ya el ministro Benavides había expresado en otra ocasión su disconformidad con este Programa dirigido por el ingeniero Gastón Benza quien, a lo largo de su corta conducción, ha mostrado su poco conocimiento de las complejidades físicas, económicas y sociales de esa región. Ni el presidente García – supuestamente el creador e ideólogo de este Programa – ni el ministro Benavides se dignaron hacer mención alguna. Signo de que o Benza cae, o todo el Programa cae.

Nos merecemos propuestas mejores
Existen experiencias y conocimientos acumulados, tanto en la administración pública como fuera de ella, que podrían sustentar opciones estratégicas y las políticas correspondientes mucho más adecuadas a las realidades y necesidades de un país muy complejo pero al mismo tiempo con muchas potencialidades. Metas más realistas pero mejor fundamentadas pueden ser menos llamativas y espectaculares. No es una buena demostración de capacidad de gobierno el lanzar metas que probablemente satisfacen el ego de gobernantes de turno, pero que no reflejan necesariamente verdaderas prioridades o que no son alcanzables.

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[1] A fines de la década de 1970, la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales, ONERN, esti­maba que dos de cada cinco hectáreas de tierras de cultivo en la costa, unas 300 mil hectáreas, estaban salini­zadas, y la mitad de ellas seriamente. La ONERN fue liquidada durante el gobierno de Fujimori, y desde en­tonces no hay una entidad pública que haga un seguimiento sistemático de la situación de nuestros recursos naturales.