Hay un debate que tiene como centro determinar cuál es la opción que deben adoptar los países con relación a la alimentación: seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Ambos conceptos tienen en común el objetivo de lograr que toda la población de un país esté bien nutrida, para lo cual debe poder acceder en todo momento a los alimentos necesarios. Pero discrepan en el cómo. El primer concepto
[1] no implica necesariamente un apoyo a la producción doméstica de alimentos, pues estos podrían ser importados, y se lograría la seguridad alimentaria si es que todos pueden acceder a ellos. En principio, pues, y siguiendo la teoría de las ventajas comparativas, un país podría tener y exportar recursos de los que dispone abundantemente (ej.: petróleo u otro recurso natural) y a cambio importaría todos los alimentos que necesita, sin necesidad de producirlos. El mercado es aquí el que manda (¡y los acuerdos comerciales internacionales!).
El segundo reclama, sobre todo, el derecho de los estados de definir con autonomía su política alimentaria y agraria; en segundo lugar, la necesidad de asegurar la satisfacción de la demanda de alimentos interna con producción nacional; en tercer lugar, el papel protagónico de los campesinos en la producción de alimentos. Puesto que esta es una propuesta que va a contracorriente de los acuerdos comerciales en boga, y es promovida por Vía Campesina, considerada como una organización muy radical para los tiempos, la propuesta de soberanía alimentaria es rechazada más o menos veladamente por las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones financieras multilaterales, y la mayor parte de los gobiernos.
Sin embargo, las formas específicas que va adoptando el proceso de globalización y sus consecuencias sobre la alimentación, sobre todo de los sectores más pobres, están dando argumentos sólidos a favor de la soberanía alimentaria. La apertura internacional de los mercados y los acuerdos bi y multilaterales restringen severamente las opciones de los gobiernos para definir políticas orientadas a proteger a sus ciudadanos de amenazas que afectan la seguridad alimentaria. Por el contrario, quienes levantan la necesidad de la soberanía alimentaria apuntan a la necesidad de que los países ejerzan su derecho “a definir con autonomía su política alimentaria y agraria”. En efecto, lo que está ocurriendo actualmente es que:
Los precios internacionales de los alimentos están subiendo y empujan hacia arriba los precios nacionales. Se perjudican los países pobres y, dentro de ellos, los sectores poblacionales de menores ingresos.
Los incentivos económicos para la producción de biocombustibles están presionando el uso de la tierra para cultivos orientados a esta industria, en vez de destinarla para la producción de alimentos.
Estimulada por la elevación de los precios internacionales de los productos agrícolas, la apertura de los mercados agrarios permite las compras de tierras agrícolas a escala global por entidades financieras con fines especulativos. Según la agencia Reuters (13/03/08), “los bancos de inversión y los fondos de cobertura (hedge funds) están barriendo grandes áreas de tierra agrícola en el mundo”.
La agricultura basada en el petróleo (úrea, combustible para motores y para transportar productos agrícolas a grandes distancias, etc.) es cada vez más cara e ineficiente (en términos de balance energético), debe ser reemplazada paulatinamente por una agricultura basada en fuentes de energía renovable, y por un acercamiento de la producción al consumo (reemplazo de importaciones por producción doméstica)
[2], punto este último defendido por los partidarios de la soberanía alimentaria.
Para contrarrestar estas cuatro tendencias es necesario que los gobiernos tengan mayor autonomía para definir sus políticas agrarias y alimentarias, que la producción doméstica esté en la capacidad de proveer lo sustancial de las necesidades alimentarias de toda la población y que, por ende, se apoyen a los pequeños y medianos productores agrarios, que son los principales proveedores de alimentos del país. Esto no significa autarquía ni aislamientos de los mercados, sino gestión de los mercados en función de los intereses nacionales (de toda la población). Es casi lo mismo que han hecho los europeos en los últimos sesenta años.
[1] Según la FAO “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana”. Ver
http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/
[2] Ver John Earls, La agricultura andina ante una globalización en desplome. PUCP/CISEPA. Lima, 2007.
