El cultivo del espárrago ¿es sostenible?

 Artículo publicado en el diario La República (02 diciembre 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

El espárrago es el producto agrario de exportación ‘no tradicional’ peruano de bandera. Este año el valor de las exportaciones posiblemente alcancen los 500 millones de dólares, sumando frescos y en conserva. El área cultivada es de alrededor de 28 mil hectáreas.

Pero la frontera agrícola para este cultivo tiene límites en el principal valle productor, Ica, con 10 mil hectáreas de espárragos. Una reciente investigación muestra una vez más lo que muchos ya sabían: que la expansión de nuevas áreas para este cultivo se ha vuelto insostenible dados el contexto hidrológico y las demandas de agua concomitantes. Según el informe, “las crecientes demandas de agua para soportar esta expansión agrícola se vinculan con impactos económicos negativos sobre los pequeños y medianos campesinos”… lo cual “alimenta los conflictos sociales y una mayor vulnerabilidad al cambio climático a lo largo del valle de Ica e inclusive fuera de él.”  (1)

El estudio surge de la inquietud de organizaciones británicas sobre el impacto ambiental del comercio internacional, y específicamente del Reino Unido, el tercer mercado más grande para el espárrago peruano, después de Estados Unidos y Holanda. “El agua que se consume para el cultivo de espárragos importados al Reino Unido en 2008 se calcula en 9 millones de metros cúbicos, lo que equivale a unas 3600 piscinas olímpicas. La mayor parte de esta agua se usa en el valle de Ica, Perú, uno de los lugares más secos del planeta”. Desde aproximadamente hace ocho años, la intensidad de uso de la aguas subterráneas ha hecho que la napa freática del valle disminuya drásticamente a tasas que son  “casi con seguridad… las más rápidas de agotamiento del recurso acuífero de todo el mundo”.

Según el estudio, los pequeños y medianos campesinos son los que sufren la peor parte de esta carrera por el agua, viéndose forzados a vivir sin ella ya que los pozos se secan y crece la salinidad. Ello los conduce a endeudarse y a vender sus tierras. Inadecuados marcos institucionales y legales y el incumplimiento de las normas han permitido que unas cuantas empresas grandes se aseguren el acceso y usen el agua a tasas que no son sostenibles. El informe señala cómo los estándares y condiciones diseñadas específicamente para asegurar que el desarrollo económico sea sostenible –tales como los exigidos por la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, los de  GLOBAL G.A.P. sobre buenas prácticas agrícolas y los estándares sociales y ambientales de los minoristas y los supermercados–, que han sido conferidos a las agroexportadoras de Ica,  recompensan una producción que está lejos de ser sostenible en su uso del agua.

Las observaciones del estudio debe llamar la atención del Estado y de todos los actores involucrados para afrontar una situación que puede llevar al colapso la actividad agrícola del rico valle de Ica.
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Drop by drop: Understanding the impacts of the UK’s water footprint through a case study of Peruvian asparagus (Gota a gota. Para comprender los impactos de la huella hídrica del Reino Unido a través de un estudio de caso del espárrago peruano). Progressio en asociación con el Centro Peruano de Estudios Sociales y Water Witness. Septiembre 2010.

 Artículo publicado en el diario La República (02 diciembre 2010)

Bagua: drama que se debió evitar

No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.

Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hec-táreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, ad-más cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”

“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”

“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.

“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero.”

“..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas…”

“..el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista.”

“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.”

Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, es aparente.

Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa de este discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinas y poblaciones nativas amazónicas. La reacción de estas poblaciones es contra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Los canales formales para atender la demanda de que estos decretos legislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bien han mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a las poblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método de negociación. No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como las movilizaciones y tomas de carreteras: la experiencia ha mostrado que sólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención. Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizaciones son el gobierno y el Congreso.

Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones de protesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalizarán hasta llegar, lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida tanto de pobladores –ciudadanos- amazónicos como la policía, también ciudadanos. ¿De quién es la responsabilidad principal? De quienes toman las decisiones políticas: el gobierno y el Congreso.

¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivo y el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La única institución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, que debería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con los representantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciar dos de los principales responsables políticos del drama que estamos viviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

Comentarios al libro "Derechos y conflictos de agua en el Perú"

Libro editado por Armando Guevara Gil - Fernando Eguren (octubre 2008)

1. Alex Guerra y Víctor Saco, El Derecho y la problemática del agua en el Perú
2. Laureano del Castillo Pinto, El régimen legal del agua
3. Iván Ortiz Sánchez, Autoridad de cuencas y gestión de recursos hídricos. Una aproximación
4. Carlos Pereyra, Conflictos regionales e intersectoriales por el agua en el Perú
5. Doris Balvín Díaz, Las cuencas andinas frente a la contaminación minera
6. Guido Bocchio Carbajal, Agua y minería: manejo de conflictos
7. Jan Hendriks, Gestión local de agua y legislación nacional en el Perú
8. Armando Guevara Gil, Derechos de aguas, pluralismo legal y concresión social del derecho.
9. Elizabeth Salmón Gárate, Pedro Villanueva Bogan, Los aportes del derecho internacional a la construcción del derecho humano al agua.

 Descargue el libro completo en PDF aquí 

Desde el año 1992 se viene discutiendo proyectos alternativos de una ley de agua. El primer proyecto cayó en las manos de Bertha Consiglieri, del CEPES, gracias a la infidencia de algún amigo del ministerio de Agricultura. Este primer proyecto, elaborado con sigilo, planteaba de manera tosca la privatización del recurso, no del derecho sobre el recurso, sino sobre el recurso mismo. Se mencionaba que el proyecto había sido elaborado por un abogado chileno, sobre la base de la legislación de aguas de ese país, pero era francamente bastante más burdo que su modelo original. La idea era crear las bases para el desarrollo de un mercado del agua.

Nos tocó al CEPES la misión de hacer público el proyecto mantenido en absoluta reserva, lo cual causó malestar en el ministerio de Agricultura, dirigido a la sazón por Absalón Vásquez (quien acaba de salir de prisión, acusado del fraude de las firmas falsificadas para la reelección del presidente Fujimori). A partir de ese momento Laureano del Castillo quedó prácticamente nombrado por el CEPES para que hiciese un seguimiento crítico de ese y de sucesivos proyectos de ley de aguas que fueron reemplazándose los unos a los otros, y que invariablemente fueron rechazados por los usuarios del campo en cuanta oportunidad de debate existió en esos años. Habían varias razones para este rechazo: el temor a la privatización del agua (posiblemente se mantenía en el recuerdo que el control sobre el agua fue uno de los mecanismos que permitió la expansión de las haciendas), pues en la costa sobre todo sin agua de riego no hay agricultura. Quien controla el agua, controla la tierra.

¿De dónde venía este impulso por cambiar la ley ____, dada por el gobierno de Velasco poco después de la reforma agraria, que declaraba que el agua era del Estado y solo del Estado? Posiblemente de varias fuentes, pero quizá la principal fue el Banco Mundial. El Banco fue sumamente activo para que los estados latinoamericanos adoptasen políticas neoliberales, una de cuyas características era apartar la mano del Estado de toda injerencia en los mercados, y convertir en mercancía todo lo que pudiese ser susceptible de compra y venta, aún los recursos naturales, considerados de la nación. El otorgamiento de préstamos por el Banco estaba supeditado a estos cambios. El gobierno de Fujimori no necesitaba demasiadas presiones para alinearse con las políticas del Banco.

Uno de los funcionarios de esa institución, un paquistano muy educado y refinado que, por lo demás, parecía una buena persona pero con convicciones económicas que rayaban en lo religioso, fue enviado por el Banco Mundial al Perú para predicar las ventajas de la privatización de los derechos del agua. Yo había leído un documento suyo en el que afirmaba que el único país en el mundo que tenía una legislación nacional para normar un mercado de derechos de agua era Chile. La pregunta caía por su propio peso, y se la plantée: ¿por qué pensaba él que un mercado de aguas era la mejor forma de asignar este recurso si sólo un país de cerca de doscientos lo había adoptado? Su lacónica respuesta fue “Es un proceso que recién está empezando”. Parece que este proceso no ha avanzado mucho.

El hecho es que mucha agua ha corrido bajo los puentes, y 16 años después del primer proyecto, aún no hay una nueva ley de aguas. Los sucesivos proyectos fueron ablandando su marca privatista, pues se pasó de privatizar el agua, a privatizar los derechos de agua, a –en versiones más recientes- a hablar de concesiones. No conozco ningún estudio sobre este largo y frustrante proceso para todas las partes, pues sí hay un sentimiento difundido entres los usuarios de diferente tipo y el propio Estado que la ley vigente, aún con las reformas posteriores (como la que da a las Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes la responsabilidad de la gestión del agua en el rubro que consume más agua, que es el agro). Ciertamente los recientes decretos legislativos que concentran en el ministerio de Agricultura la autoridad sobre el agua están lejos de satisfacer las demandas de un nuervo cuerpo normativo.

Si hay un sentimiento difundido de que se requiere un nuevo cuerpo normativo sobre el agua, las razones por las que se exigen cambios son diversas.

Este es uno de los temas principales del libro editado por Armando Guevara. Todos los autores sostienen que la legislación que era vigente cuando se editó el libro tenía que ser modificado (que fue impreso antes de los decretos legislativos 1081 –que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el ministerio de Agricultura como ente rector, y el 1083, que declara de interés nacional la conservación del agua y su aprovechamiento eficiente).

Varios son los argumentos. Uno de ellos es que hay una oferta limitada del agua, subrayado por Laureano del Castillo (“El régimen legal del agua”). En primer lugar, porque los desplazamientos demográficos han ido ‘trasvasando’ la población de la cuenca donde abunda el agua –la gran cuenca oriental amazónica- hacia las múltiples pero pequeñas cuencas del occidente del país. En efecto, entre 1972 y 2007 la población en la costa se ha multiplicado por 2.4 veces, pasando del 46% a cerca del 55% de la población total.

El problema se agudiza por los efectos del cambio climático, que está acelerando la desaparición de los glaciares que proporcionan una parte importante del volumen de agua de los ríos que abastecen a la agricultura, las industrias y las poblaciones y que son fuente de hidroenergía. La legislación vigente no parece estar a tono con los riesgos que esta escasez plantea, sobre todo en la costa.

En mi opinión, el libro no refleja suficientemente la gravedad que plantea la escasez de agua, y de cómo esta escasez debe expresarse también en normas que regulen la gestión y el uso del recurso. Pero para ser justo, creo que la toma de conciencia de los efectos que el cambio climático puede producir sobre la oferta de agua, sobre todo en la costa, se ha acelerado en el último año. No es que no haya habido información previa, pero ser consciente de un problema no es resultado inmediato de disponer de la información necesaria. No dudo que si el seminario que origina el libro se realizase ahora, le daría más espacio a la relación entre la escasez del recurso y la necesidad de normas que permitan enfrentarla.

Jan Hendriks (“Gestión local de agua y legislación nacional en el Perú”) tiene otros argumentos que sustentan la necesidad del cambio de legislación sobre aguas. La legislación nacional, subraya, no recoge “el pacto social o acuerdo de convivencia entre personas distintas con intereses diversos”, lo cual lleva a “disociaciones que existen entre la legislación nacional y las realidades que existen y evolucionan al interior del país”.

No es de sorprender –digo yo- dado que la ley de aguas aún vigente –ley 17752- fue dada por el gobierno de Velasco sin ninguna participación de la sociedad civil ni, obviamente, de un inexistente Poder Legislativo. Tampoco fueron discutidas otras importantes normas dadas por el Ejecutivo (DS 37-89-AG que transfiere las responsabilidades de operación, mantenimiento y administración de los sistemas de riego a la Juntas de Usuarios, el DS 03-90 que establece el reglamento de Tarifa y cuotas por el uso del agua, y el DS 057-2000-AG, de Organización Administrativa del agua, y finalmente los recientes decretos legislati¬vos).

Hendriks precisa ejemplos de esta disociación entre la legislación y las prácticas reales:

- en el otorgamiento de los derechos de agua

- en los Criterios de asignación de agua

- en la determinación de tarifas, cuotas y aportes

- en los traspasos en el uso del agua y en

- las organizaciones de regantes.

En un acto de fe en las autoridades políticas, encomiable en el contexto político que vivimos, Hendriks plantea “…que el Estado pueda realizar esfuerzos más sistemáticos para conocer las distintas realidades locales y las diferentes nociones de derecho y de gestión de agua…”, y la legislación debe responder a criterios de “pluralismo legal, equidad, cohesión social y sostenibilidad”.

En realidad Hendriks va más allá de lo que son “intereses diversos”, y considera también la necesidad de respetar determinados valores individuales y comunes respecto al agua. En esto entronca muy bien con los planteamientos del artículo de Armando Guevara (“Derechos de aguas, pluralismo legal y concreción social del derecho”), para quien el tipo de relación de la sociedad con los recursos naturales es un hecho cultural, y como tal existen distintos ordenamientos normativos que no solamente deben ser conocidos y respetados, sino considerados en pie de igualdad con las normas estatales. La vocación de los ‘estados andinos’, desde que fueron fundados, subraya, ha sido la de bregar contra la diferencia.

Guevara lleva el debate hacia aguas profundas, como debe ser.

Entiendo que la visión de Guevara puede llevar a considerar a la legislación estatal, en las circunstancias que ignora otros ordenamientos normativos, como ilegítima para quienes la legitimidad está dada por estos otros ordenamientos diferentes. En todo caso, esta discordancia es una fuente de conflictos en las que son los últimos –lo que podríamos llamar las minorías culturales- los que llevan las de perder, pues son los que no tienen de su parte el apoyo de la autoridad oficial.

No sólo eso. Sobre todo en las áreas poco comunicadas, conocer la ley o no conocerla puede tener consecuencias muy grandes. Es el caso, tomando ejemplos de la realidad, que una comunidad no haya formalizado sus derechos de acceso a ciertas fuentes de agua a la que siempre han tenido derecho, por ignorancia de la norma, mientras que el conocimiento de la misma permite a una empresa minera a adquirir los derechos sobre ellas. Conocer o no la ley no es un hecho secundario en un país como el nuestro, en donde para comenzar el analfabetismo rural es muy alto (casi el 20% en el ámbito nacional, pero de alrededor del 25% en seis departamentos), y por tanto muy altas también las posibilidades de no conocer la ley escrita. Si el Estado –y ahora que hay gobiernos regionales, esto también les compete- no tiene una actitud proactiva para difundir las normas legales –y actitud proactiva no la tiene- entonces la ley siempre tendrá un sesgo contra los marginados.

Es sin duda un problema difícil, pues estando Guevara en lo justo en el reclamo al respeto a la diversidad, al mismo tiempo es también razonable que una legislación nacional establezca ciertas prioridades que obedezcan a necesidades nacionales -por ejemplo, derivadas de la creciente escasez del recurso- y que éstas estén por encima de aquellas normas particulares con la que puedan colisionar.

De donde se desprenden dos cosas: (1) la importancia de tomar en cuenta desde ahora estas consideraciones en la elaboración de una nueva ley de aguas, lo cual implica mecanismos de consulta, no para responder a algún prurito participacionista, sino para tomar nota y en cuenta la diversidad de situaciones y de usos y costumbres, y (2) la necesidad de la difusión y explicación de las normas, de modo que estas puedan efectivamente aplicarse en igualdad de condiciones –al menos en cuanto al conocimiento de las normas se refiere- y evitar o disminuir los sesgos anti-populares. Es lo que los anglosajones llaman ‘legal litteracy’, o algo asi como alfabetismo legal.

Para comenzar, las normas deberían ser traducidas a las lenguas nativas –el último censo muestra que 37% de la población rural tiene como lengua materna una diferente al castellano, pero en departamentos como el Cusco, Huancavelica y otros de la región centro y sur andina, los porcentajes pueden ser de alrededor del 80%.

El problema étnico: esperanza y riesgo

Con preocupación, el diario El Comercio alerta, en su edición del domingo 13 de enero, sobre el hecho de que las demandas constantes de la población del departamento de Puno por mayor atención del Estado están adoptando “un contenido étnico”.

Recordemos que Puno ha ocupado las primeras planas de los diarios cuando hubo el linchamiento del alcalde de Ilave. Varios comentaron, en un sentido crítico, que este era un comportamiento propio de la cultura aymara.

Lamentablemente los linchamientos también ocurren en otras partes del país que no tienen población aymara, incluyendo la ciudad de Lima, por lo que esa explicación, no exenta de racismo, carece de todo sustento. También Puno ha llamado la atención por otros hechos amplificados por la prensa, como la multiplicación de las casas ALBA y el decidido apoyo del presidente regional al presidente venezolano Hugo Chávez.

A diferencia de Bolivia y Ecuador, el tema de la pluralidad de culturas y etnias apenas merece más atención en el Perú que la que le prestan algunos antropólogos y filósofos. No ha logrado motivar la generación de movimientos sociales, como ha ocurrido en los países mencionados, ni ha llamado la atención de la opinión pública. A este respecto, como al que tiene que ver con el evidente racismo de origen colonial, nuestro país tiene una posición: la del avestruz.

La reivindicación étnica puede tener muchos contenidos. El más obviamente legítimo es el que reclama el reconocimiento de su particularidad y la igualdad de derechos en una sociedad en donde constituyen, los grupos étnicos, minoría pobre y marginada. Es por demás evidente que en el Perú existe una inaceptable segregación étnica. Baste mencionar el hecho que los millones de peruanos y peruanas que no tienen como lengua materna el castellano están en una situación de inferioridad con relación al resto de la población en las diferentes dimensiones de la vida. En el Perú el ser quechua o aymara, sobretodo, pero también poblador nativo amazónico, es cargar con un estigma.

Las poblaciones de etnias minoritarias generalmente son predominantemente rurales, lo cual significa una doble segregación, dada la escasa atención del Estado y del sector privado por las áreas rurales, sobre todo en la sierra y selva.

No es de extrañar, pues, que aymaras, quechuas y amazónicos acudan a fortalecer una identidad étnica para lograr articular a quienes se sientan como parte de una colectividad, y aumentar así su capacidad de presión para acceder a derechos y recursos que les son negados, incluyendo el reconocimiento a su propia dignidad.

Existe el riesgo, es cierto, que la orientación del movimiento étnico desemboque en el racismo y la demagogia, como lo es, en Bolivia, la parte minoritaria pero influyente del movimiento aymara conducida por Felipe Quispe, llamado El Mallku.. Este riesgo, sin embargo, no debe ser un argumento para desconocer la justicia de la reivindicación étnica, y menos aún para desconocer que la principal causa de las reivindicaciones más extremas es el desprecio hacia esos sectores de la población, compartido por los gobiernos de turno y la mayor parte de las clases política y empresarial.

En buena medida depende de los cambios de actitudes de estos sectores y del diseño y aplicación de políticas públicas que sean, al mismo tiempo, incluyentes y respetuosas de las diferencias culturales, el que el movimiento étnico contribuya a la construcción de un país al mismo tiempo único y diverso, al fortalecimiento de la democracia y a un desarrollo económico más equitativo y descentralizado