La seguridad alimentaria un problema que no puede obviarse

 Nota periodística del diario La República

Uno de los puntos que más debate están generando en torno a la necesidad de acotar las tierras agrícolas o no es la seguridad de que existan suficientes alimentos para proveer a una población peruana cada vez más numerosa y más demandante de agua y productos frescos. 

El presidente de Cepes, Fernando Eguren, reveló que según un estudio de su entidad –basado en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)– para el 2021 el Perú tendría 33 millones de habitantes (cinco millones más que la cifra actual). Si no aumentara el rendimiento físico de los cultivos para dicho año –reconoció– necesitaríamos en el país 1,3 millones de hectáreas (ha) nuevas, pero aun si tuviésemos un rendimiento físico equivalente al que hubo en los últimos 10 años se necesitarían 640 mil hectáreas.

Las tierras de Olmos: ¿alternativa al latifundio?

Artículo escrito por Fernando Eguren y publicado en el diario La República

Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas. 

A la oposición que fue surgiendo, desde distintos sectores de opinión, contra la conformación de más neolatifundios –que ya dominan el paisaje rural en varios valles de la costa–, se sumó la de los lambayecanos, frustrados de no poder acceder a las tierras. En efecto, el precio base de cada hectárea es de 4250 dólares, y por lo menos otro tanto es necesario para ponerlas en producción. Imposible acceder a módulos de tales dimensiones. Una propuesta posterior incluyó módulos de 250 has, área aún inalcanzable. 

La concentración del control de las tierras agrícolas

Artículo publicado en el diario La República (28 julio 2009)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Acaparamiento de tierras. “Land grab”, en inglés. Es una tendencia que está ocurriendo desde hace relativamente poco tiempo, y es uno de los rasgos perversos que puede acompañar el proceso de globalización. Consiste en la compra –o alquiler– masivo de tierras que hacen países con déficit de producción de alimentos, por escasez relativa de tierras, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles a otros países. Entre los principales compradores están los grandes exportadores de petróleo –Arabia Saudita, Emiratos Árabes– que tienen escasas tierras de cultivo para alimentos. Compradores también son Japón, Corea del Sur, Egipto, India y China, que adquieren derechos sobre extensas áreas ya sea para alimentos o para agrocombustibles. Según The Economist (21 mayo 2009), la China ha adquirido derechos para cultivar 2.8 millones de hectáreas de palma aceitera en el Congo, y está negociando 2 millones de hectáreas más con Zambia para la producción de biodiesel.

 Entre los vendedores hay países que sufren hambrunas periódicas por razones climáticas o por guerras, como los mencionados, y también Etiopía y Sudán.

América Latina no se salva de este proceso. Según GRAIN, una ONG internacional, a fines de 2007, Mitsui compró al Brasil 100 mil hectáreas de tierras para la producción de soya a través de su participación en Multigrain SA, el 40% de la cual está ahora en sus manos. La India ha comprado plantaciones de palma en Indonesia, y están interesados en Uruguay, Paraguay y Brasil para la producción de lentejas y soya que importaría. Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas.

El Perú no está a salvo de estas corrientes. Si bien no tiene extensas áreas de cultivo disponibles, hay intereses por deforestar el bosque amazónico para la producción de palma aceitera para biodiesel. En la costa, la empresa norteamericana Maple adquirió cerca de 12 mil hectáreas de tierras eriazas en el valle del río Chira para sembrar caña de azúcar y producir etanol. Por lo demás, el importante proceso de concentración de la propiedad de las tierras de cultivo en el Perú, reseñado en La Revista Agraria 107 (www.cepes.org.pe), es también una expresión de la dinámica de la globalización, pues está impulsado enteramente por los mercados internacionales de agrocombustibles y de productos alimenticios de alto valor que constituyen la casi totalidad de los llamados productos agrarios ‘no tradicionales’.

Algunos datos permiten ver el grado de avance de este proceso de concentración de tierras de cultivo en la costa del país. Considerando tan solo las propiedades mayores de mil hectáreas, en el departamento de Piura, 7 empresas controlan 32 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad serían dedicadas a la caña de azúcar para etanol; en La Libertad, 13 empresas poseen 98 mil hectáreas; en Áncash, una tiene 16 mil hectáreas; en Ica, 8 son propietarias de 13 mil hectáreas; en San Martín, un grupo económico cerca las 15 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera, parte de las cuales serán destinadas a la producción de etanol. En todos los casos, se trata de productos para exportar.

El proyecto de ley del Apra para establecer un límite máximo de 40 mil has de tierras agrícolas en la costa buscaría convalidar esta concentración, que se va asemejando a la que prevalecía antes de la reforma agraria, iniciada precisamente hace 40 años, en 1969.

Artículo publicado en el diario La República (28 julio 2009)

¿Qué significa “desarrollo rural” en el Perú de hoy?

Artículo publicado en el diario La República (19 febrero 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Hace pocos días fui invitado a hacer una exposición a un grupo de ciudadanos alemanes. El encargo fue exponer en 20 minutos el tema que encabeza este artículo. Para cumplir con el desafío opté por escribir 6 pastillas para guiar mi exposición. Tengo la sospecha de que para muchos lectores estas pastillas les pueden ser útiles. Así que aquí van.

1. Según el censo demográfico de 2007, la población total del país supera las 27 millones de personas; el 24% es rural. Sin embargo, con una definición más amplia de ‘población rural’, ésta puede llegar al 40%. Se estima que tres cuartas partes de esta población es ‘pobre’ o ‘muy pobre’, y se distribuye en las tres regiones. El desarrollo rural es, pues, una necesidad, pero se plantea en cada región también de manera distinta.

2. En el Perú hubo una muy importante reforma agraria entre los años 1969 y 1975. Todas las grandes haciendas fueron expropiadas. Pero la reforma agraria fue más importante social y políticamente (permitió la emergencia de una ciudadanía rural) que económicamente (se distribuyeron tierras pero no se apoyó la mejora de la producción).

3. Cuarenta años después, se aprecia que las políticas económicas neoliberales han promovido la concentración del control sobre la tierra en manos de empresas agrarias modernas dedicadas a la exportación, a la producción de agrocombustibles y a la explotación de minerales, gas y maderas. El agro peruano tiende a polarizarse así entre una parte, minoritaria, de empresas medianas y sobre todo grandes, modernas, capitalizadas  y orientadas a los mercados externos, y otra parte mayoritaria, de pequeños productores que producen para el mercado interno o el autoconsumo. Han quedado marginadas de la atención gubernamental la pequeña agricultura y las comunidades campesinas y nativas.

4. La costa es la región más moderna, urbana, y con mejores tierras. Allí se desarrolla la agricultura moderna de exportación y se concentran los obreros agrícolas. Esas empresas conviven con una pequeña y mediana agricultura orientadas a la producción para el mercado nacional.

En esta región, las posibilidades de un desarrollo rural están muy vinculadas (a) a la necesidad de mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y (b) al acceso de los pequeños agricultores a los servicios necesarios para la producción.

5. La sierra es la región más campesina, ‘tradicional’, culturalmente diferente, y también la más pobre, a pesar de que tiene importantes recursos. Predomina la pequeña propiedad y las comunidades campesinas. Aunque están vinculadas al mercado, una parte importante de sus economías está orientada al autoconsumo. Esta región es la que tiene más necesidades insatisfechas. Es la fuente de una importante y sostenida emigración de población joven hacia las ciudades. El enfoque de ‘desarrollo rural territorial’ pareciera el más adecuado para esta región, que plantea superar tanto la visión sectorialista de desarrollo rural, como la disyuntiva rural-urbano.

6. En la selva pueden distinguirse dos subregiones: la selva alta, más agrícola, de pequeños productores de alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo. Es también la región en donde se produce la hoja de coca para el narcotráfico, razón por la cual hay graves situaciones de conflicto. La selva baja es más forestal, con más presencia de comunidades nativas. Así como para la población de la sierra, el desarrollo rural de esta región requiere de un enfoque de desarrollo territorial.

Para que haya desarrollo rural en las tres regiones es indispensable el decidido y sostenido apoyo del Estado nacional y subnacional –hoy poco presente– tomando en cuenta, sin embargo, que los caminos al desarrollo rural en el Perú son diversos como diversos son sus espacios rurales.

Artículo publicado en el diario La República (19 febrero 2009)

Tendencias de transferencia y concentración de la propiedad de la tierra

Artículo publicado en la edición 88 de LA REVISTA AGRARIA (Octubre 2007)

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La propiedad de la tierra en el Perú se está concentrando nuevamente, después de tres décadas de la reforma agraria. 

La concentración de la propiedad de la tierra es un tema política y socialmente sensible. Recordemos que una de las razones por las que las reformas agrarias de la década de 1960 aparecían como legitimadas ante la sociedad y los gobiernos fue que había una gran concentración de la propiedad de la tierra, y que ello generaba grandes tensiones sociales. [1] Los gobiernos latinoamericanos, instados por el gobierno de los Estados Unidos, acordaron hacer reformas agrarias tanto para evitar situaciones como la revolución cubana de 1959, como para eliminar obstáculos a los procesos de modernización social y económica. 

El gobierno de derechas de Manuel Prado se adelantó, nombrando una Comisión de la Reforma Agraria y de la Vivienda en 1957, integrada en parte por hacendados relativamente modernos. Una de las recomendaciones del informe, presentado en 1960, fue la de establecer límites – 250 hectáreas – a los tamaños de la propiedad rural. Casi una década después, la ley de reforma agraria del gobierno de Velasco de 1969 fijó los límites a 150 hectáreas de tierras agrícolas. Pero desde 1980 se inició un proceso de liberalización de la propiedad de la tierra que culminó en 1995 con la llamada Ley de Tierras [2], que eliminó todo límite a los tamaños de los predios. [3] Un año antes, 1994, se realizó el último censo nacional agropecuario, que reveló que el 92 por ciento de las 1.74 millones de predios eran menores de 20 hectáreas, y que tres de cada cuatro hectáreas de cultivo bajo riego y una de cada tres de secano están en predios menores de 20 ha.

En los últimos doce años han ocurrido cambios muy importantes, cuyos alcances aún no se conocen con precisión pues no se ha actualizado el censo agropecuario ni se han hecho estudios sobre los procesos de concen­tración. 

Son varios – aquí estamos considerando seis – los procesos que están contribuyendo al proceso de transferencia y concen­tra­ción de la tierra. 

La ampliación de la frontera agrícola en la costa . La modificación de la política de ac­ceso a las nuevas tierras irrigadas ha permitido la formación de modernas empresas agrarias de gran extensión, particularmente en la costa norte (Piura, Lambayeque, La Libertad). La frontera agrícola ganada en el pasado gracias a grandes inversiones públi­cas era entregada, bajo varias modalidades de pago, a pequeños y medianos agricul­to­res. Pero al menos desde la década de 1990, las nuevas tierras irrigadas son puestas a la venta en condiciones tales que sólo pueden ser adquiridas por grandes inversionistas para formar latifundios moder­nos. Así, en 1997 se subastaron, en la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (que incluye el valle Virú), 12751 hectáreas en 76 lotes, en cuatro sectores; en tres de ellos el tamaño promedio de cada lote varió entre 671 y 786 hectáreas, y en el cuarto, 65 ha. En algunos casos, como la empresa Camposol, en el valle de Virú, la extensión supera las dos mil hectáreas. Danper Trujillo posee 1600 hectáreas, la mayor parte de ellas también en Virú. En contraste, en la década de 1980, por ejemplo, las tierras gana­das por la irrigación de Majes, en el departamento de Arequipa, fueron distribuidas en lotes de 5 hectáreas. El criterio de subastar lotes de gran tamaño, al que sólo pueden acceder grandes inversionistas, sigue primando en la actualidad. 

La frontera agrícola en la selva no sólo es abierta por colonos provenientes de la sierra, sino también por grandes adquisiciones de tierras a precios muy bajos. El caso más conspicuo es probablemente Palma del Espino, del grupo Romero, en la zona de Toca­che. En 2004 tenía sembradas 7500 hectáreas de palma aceitera, y actualmente bordea las 10 mil ha. En los cuatro años siguientes seguirá expandiéndose a razón de 1,500 hectáreas anuales.

La concentración vía el mercado de tierras. Puede distinguirse diferentes situaciones: la compra de tierras de pequeños agricultores por empresas agroexportadoras (los mismos departamentos mencionados más arriba, más Ica); el arrendamiento de tierras por las mismas empresas; la adquisición de grandes empresas agrarias por otras empresas agra­rias, notablemente el caso de los complejos agroindustriales azucareros (grupo Gloria en el departamento de La Libertad). Como ejemplo: la empresa Agrokasa posee actual­mente más de 2.6 mil hectáreas. El grupo Romero posee alrededor de 500 hectáreas en lo que alguna vez fue la Cooperativa Agraria Huando, en el valle de Huaral. Según el último censo de productores de espárragos, hay 47 empresas que, en promedio, dedican 280 hectáreas a es cultivo. Como no todas son monoproductoras, la extensión total de muchas de ellas supera largamente ese promedio. La mayoría se encuentran en los valles de los departamentos de La Libertad e Ica. ¿Cuánto hay de capital extranjero en este proceso? Las inversiones extranjeras directas en agricultura – no necesariamente todo en compra de tierras – se sextuplicaron entre 1997 ( 7.7 millones de US$) y el año 2000 (44 millones de US$), cifra ésta que se ha mantenido hasta la actualidad. [4]

La conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas . Lo notable aquí es la transferencia de la propiedad de los complejos agroindustriales azucareros de las cooperativas de producción – cuyos socios eran los propios trabajadores – a inversionistas particulares. Suman más de 50 mil hectáreas, sobre todo en la costa norte. Son los más grandes terratenientes del país. Mención especial es el grupo Rodríguez Banda, dueños de Gloria y desde hace poco de los com­plejos Cartavio y Casagrande, que suman más de 30 mil hectáreas en un solo valle, Chicama, en el departamento de La Libertad. 

Denuncios y concesiones. Los denuncios y concesiones mineras se extienden particular­mente sobre tierras de comunidades campesinas en casi todos los depar­tamentos andi­nos. Sus derechos como propietarias comienzan a ser cuestiona­dos en la práctica por las empre­sas mineras aún antes de la fase de exploración, a través de distintos tipos de pre­sión, económicas y extraeconómicas, para acceder a las tierras. En la fase de explo­tación los comuneros no sólo pierden sus derechos, sino que las tierras pierden su vocación agraria. Según el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, a la fecha los derechos mineros se extienden sobre más de 14 millones de hectáreas.

 

Los denuncios y concesiones de otras industrias extractivas (petroleras, gasíferas,) en la cuenca amazónica, por su lado, se extienden actualmente sobre miles de hectáreas. En cuanto a las concesiones forestales entregadas, suman 7.5 millones de hectáreas, aproximadamente el 10 por ciento de la superficie total de la selva baja y alta. [5]

 

La producción de biocombustibles. Los estímulos a la pro­duc­ción de biocombustibles (menores precios que los combustibles fósiles, expectativas de exenciones tributarias, subsidios, etc.) están incentivando la formación de grandes planta­ciones princi­palmente de caña de azúcar y palma aceitera. Los complejos azucareros, entre ellos el grupo Gloria y , del que hemos hecho ya mención, dedicarán parte de la producción de caña a la fabricación de etanol. La empresa norteamericana Maple, por su lado, ha adquirido más de 10 mil hectáreas en el valle de Chira para la producción de caña de azúcar para etano, generando desde ya presión sobre la disponibilidad del agua. En el mismo departamento, el grupo Romero dedicará al mismo fin por lo menos 3.5 miles de hectáreas. En la selva, el grupo Romero prevé la expansión del área dedicada a la palma para la producción de biodiesel. El hechizo de los biocombustibles también parece querer apoderarse del programa Sierra Expor­tadora. Su presidente anuncia que se dedicarán 200 mil hectáreas a la canola, para biodiesel. Pero en este caso parece ser más bien un deseo irrealizable. 

Turismo. Aunque en escalas menores, también en algunas zonas de gran atractivo turís­tico las tierras agrícolas adquieren un alto valor para ser destinadas a otros usos, pero con fre­cuencia implicando la pérdida de control por los campesinos y agricul­tores. Es el caso del Valle Sagrado (Urubamba), en el departamento del Cuzco, que paulatinamente se está convirtiendo en un emporio turístico con inversiones en ho­teles, albergues, res­taurantes, casas de campo, etc. [6]

Tendencias

Nada indica que estas tendencias revertirán. Antes bien, algunas de ellas están siendo francamente impulsadas por el gobierno [7], otras seguirán el impulso que ha adquirido la agricultura de exportación. Estas desigualdades crecientes en la distribución de la tierra, (que no debe confundirse con un regreso a la situación previa a la reforma agraria, pues el contexto histórico es completamente diferente) deben llamar a preocupación, pues tienden a profundizar las ya notables desigualdades sociales y económicas existentes en el país. 

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[1] El censo agropecuario realizado en 1961 indicaba que el 54% de las tierras estaba en manos del 1,2% de las explotaciones agropecuarias, y que tan sólo el 4,3% era controlada por el 84% de las explotaciones.

[2] Ley 26505, "Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas", promulgada el 14 de julio.

[3] Sobre la evolución de la legislación que estimuló estos cambios, ver Fernando Eguren, "Las políticas agra­rias en la última década: una evaluación". En F. Eguren, M. Remy y P. Oliart, (editores), Perú: el problema agrario en debate. SEPIA X. Sepia/Oxfam, Lima, 2004. También en la Web en www.sepia.org.pe.

[4] Fuente: Preinversión.

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1744

[5] Antonio Brack Egg, "Opinión sobre el proyecto de ley Otorgamiento de tierras de dominio del estado en la amazonia peruana para fines agropecuarios y agroindustriales ". Lima, 15 de enero del 2007

[6] Aunque no necesariamente se refieran a tierras agrícolas, es expresión de la notable transferencia de los derechos sobre la tierra en proceso en el país la rápida privatización de muchas playas de la costa –algunas de ellas de comunidades campesinas-, tanto en el sur chico como en los departamentos norteños de Piura y Tumbes.

[7] Como ejemplos están las propuestas del Ejecutivo de recortar casi 210 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene para extracción petrolera, de declarar de interés público 20 grandes proyectos de extracción; también, el mantenimiento de los criterios de asignación de nuevas tierras irrigadas a inversionistas grandes y la promoción de la producción de agrocombustibles.

Artículo publicado en la edición 88 de LA REVISTA AGRARIA (Octubre 2007)

 

Las Naciones Unidas escépticas frente a los biocombustibles

Hace pocos días las Naciones Unidas hicieron público su primer informe sobre los biocombustibles. Un consorcio de 20 agencias y programas de las NNUU concluye, en síntesis, que si bien el etanol –uno de los biocombustibles- puede ayudar a reducir el calentamiento global y crear empleos para los pobres rurales, estos beneficios pueden ser neutralizados por problemas ambientales serios y una elevación de los precios de los alimentos para las poblaciones hambrientas.(http://www.nytimes.com/aponline/world/AP-Biofuels.html?_r=1&oref=slogin)

 

Esta organización se suma así a una importante ola de escepticismo que reacciona frente al entusiasmo de gobiernos y grandes inversionistas que, desde hace algún tiempo, promueven el consumo de biocombustibles en nombre de la protección ambiental y de dar oportunidades a la población rural deprimida. Los líderes europeos se han puesto como meta que para el año 2020 el 10 porciento de los combustibles serán de origen biológico. El presidente Bush también ha elevado la meta de consumo de biocombustibles en los EEUU para los próximos años. Como quiera que estos grandes consumidores de energía no tienen las tierras suficientes para los cultivos necesarios para producirlos, requieren que países pobres como el Perú pongan a disposición sus propias tierras para estos fines.

Pero el informe de NNUU advierte que la “moda de los biocombustibles” – como la denomina el organismo mundial – puede hacer tanto daño al medio ambiente como los combustibles fósiles. Otro riesgo es que el rápido crecimiento de la producción de biocombustibles incrementará sustancialmente la demanda de tierras fértiles y de agua en el mundo, en un momento en que ha aumentado también la demanda por alimentos y productos forestales. Se suma a ello el que la expansión de monocultivos a gran escala puede conducir a la pérdida significativa de biodiversidad, a la erosión de los suelos y a la pérdida de nutrientes. Hemos advertido sobre estos riesgos en otras notas (ver La Revista Agraria del mes de marzo).

La velocidad con la que en el Perú - y otros países de América Latina- se está introduciendo la “moda de biocombustibles”, por grandes inversionistas apoyados por el gobierno no ha dejado el tiempo para que se sopesen los pros y contras de la expansión de los sembríos de caña de azúcar, de palma aceitera y otros cultivos que son sus insumos principales. Es un deber del Estado informar objetivamente – no hacer propaganda – a la población sobre las ventajas y desventajas de esta agresiva campaña, y una responsabilidad de la sociedad civil de informarse y expresar una opinión sobre un proceso que puede tener consecuencias sociales y ambientales negativas que es preciso prevenir. 

Las vacas lecheras y el biocombustible

Hace pocos días los ganaderos lecheros de varias cuencas se movilizaron en protesta por los bajos precios que pagan por litro de leche las grandes empresas procesadoras, a las que acusaron de concertar precios entre sí (lo cual está prohibido). El problema es grave pues sus costos de producción han aumentado, en parte porque el precio del maíz – componente esencial de la alimentación del ganado – se ha incrementado en un 30%.

¿Qué tiene que hacer esto con los biocombustibles? Pues que los Estados Unidos, que producen el 40% del maíz del mundo y representa la mitad de la exportación mundial de este producto, está dedicando volúmenes crecientes a la producción de etanol. Se estima que dentro de algunos años la mitad de la producción de maíz norteamericano será trasformada en etanol. Y como más agricultores de ese país se están orientando al maíz y concentrando más tierra con ese fin, también está aumentando el precio de otros cultivos y de los productos ganaderos. Algunas proyecciones del incremento de precios hacia el año 2020 producido por el incremento de biocombustibles: 41% el maíz, 76% de oleaginosas, 30% del trigo.135% de la yuca.

Este es el tema de un reciente artículo de la influyente revista Foreign Affairs[1], de donde hemos extraído la información de esta nota. Los autores afirman que lo que puede ser una bendición para los productores de maíz, puede ser un castigo para la población pobre. “Llenar el tanque con 25 galones de un vehículo 4x4 con etanol puro requiere más de 200 kilos de maíz –que contienen suficientes calorías como para alimentar a una persona por un año.” El presidente Bush ha puesto la meta de consumo de etanol para el año 2017 en 35 mil millones de galones. ¡Suficiente para abastecer en calorías a cerca de 78 millones de personas por un año! Para supuestamente aliviar la presión sobre el medio ambiente reemplazando combustibles ‘sucios’ por combustibles ‘limpios’, se están desforestando en el sudeste asiático vastas áreas para sembrar palma aceitera para su conversión en biodiesel.

“La manía del biocombustible”: así califica FA lo que está sucediendo en Estados Uni­dos, y que comienza también a suceder aquí. En el Perú han subido las acciones de las empresas azucareras; se han adjudicado inmensas áreas en la costa norte para la producción de caña de azúcar para etanol; se está construyendo una planta de biodiesel en el Callao que será abasteci­da por aceite de palma de nuestra selva; se propone liberar la producción de biocombustibles del impuesto selectivo al consumo (la comisión de Economía del Congreso ya lo aprobó). Lo que sucede en EEUU está comenzando a suceder en el Perú: “…la industria de los biocombustibles ha sido dominada no por las fuerzas del mercado sino por políticas e intereses de un pequeño número de grandes empresas”.

Los efectos de la difusión y producción de biocombustibles son tan importantes que merecen un debate público, que es transversal a tres ámbitos de políticas sobre las que no hay casi discusión: la política nacional de energía, la de seguridad alimentaria, y la política medioambiental.


[1] C. Ford Runge y Benjamin Senauer, “How Biofuels Could Starve the Poor” (Cómo podrían los biocombustibles hambrear a los pobres) Foreign Affairs, mayo/junio 2007. http://www.foreignaffairs.org/