¿Qué alimentos consumimos los peruanos? Brecha alimentaria: la población rural está en desventaja ante peruanos urbanos y con mayores ingresos

Artículo escrito por Fernando Eguren para La Revista Agraria 

Es obvio que no todos comemos los mismos alimentos, ni en las mismas proporciones. Esto depende de muchos factores, entre ellos, las tradiciones y las costumbres alimentarias, la edad y el grado de educación de los consumidores, su nivel de ingresos, la variedad de la oferta de productos alimenticios, el hecho de vivir en el campo o en la ciudad.

En el Perú, ¿existe riesgo de hambruna?

Artículo escrito por Fernando Eguren (CEPES) para La Revista Agraria  

Nuevamente, subieron los precios de algunos alimentos básicos en el mercado internacional. Al impactar en los precios nacionales, dicha subida perjudica sobre todo a las poblaciones de menores ingresos, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la seguridad alimentaria en el Perú, la persistencia de la desnutrición infantil y los riesgos de una eventual hambruna.

Desnutrición y malnutrición

Columna escrita por Fernando Eguren y publicada en el diario "La Primera" (25/02/2012)

El Consenso de Copenhague es un proyecto iniciado en el 2004. Se interesa particularmente en los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver los desafíos globales más importantes. La pregunta que trata de responder cada cuatro años es: en un contexto de recursos económicos limitados, ¿cuáles son las prioridades en los que deben concentrarse los esfuerzos? 

En el 2008 se realizó el segundo Consenso, con el objetivo de establecer prioridades entre una serie de propuestas confrontando diez grandes desafíos globales: conflictos, enfermedades, Educación, calentamiento global, hambre y malnutrición, agua y sanidad, subsidios y barreras comerciales, terrorismo, mujer y desarrollo. Un panel de ocho de los economistas más reconocidos mundialmente, entre ellos varios premios Nobel, establecieron las prioridades basándose en 30 estudios que proponían otras tantas soluciones. El criterio era la mejor relación costo/beneficio. Los resultados no dejaron lugar a dudas: entre las 10 propuestas de solución priorizadas, cinco se refieren a la malnutrición: enfrentar la malnutrición tiene beneficios extraordinarios comparados con los costos.

La vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria

Artículo escrito por Fernando Eguren y publicado en el diario La Primera (14 enero 2012)

La volatilidad de los precios internacionales de los alimentos de origen agrícola y sus efectos en los precios nacionales hace difícil conocer cuáles son los impactos de los tratados de libre comercio en la oferta alimentaria y en la producción nacional. Pero un reciente informe del MIMDES nos alerta de que la situación de vulnerabilidad alimentaria en el Perú es dramática, y que es perentorio que el gobierno defina una política de seguridad alimentaria, pues esta nunca ha existido, a pesar de que formalmente hay una Estrategia Nacional de seguridad Alimentaria, que nadie cumple.

El Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria a Nivel Distrital es un notable esfuerzo para mostrar la magnitud del problema. A partir de la definición de seguridad de la FAO “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”, el MIMDES mide el riesgo de que esta seguridad no se logre. Vale la pena presentar las conclusiones más saltantes. LA PRIMERA es que el 47.5% de la población del Perú –casi 14 millones de personas- es vulnerable a la inseguridad alimentaria. 

La crisis financiera ahonda desnutrición

Nota publicada en el diario La Primera

Desaceleración de la economía genera que los ingresos de las personas disminuyan mientras que los precios de alimentos se incrementan. La población rural sería la más afectada. Según Cepes. 

En el marco de celebrarse el Día mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, es valido resaltar que en el Perú el 46% de la población total (13 millones de peruanos) son vulnerables a la inseguridad alimentaria, es decir padecen problemas de hambre. En esa línea, en un escenario, como el actual, de crisis económica internacional el precio de los alimentos a nivel mundial se eleva y, paralelamente, los ingresos de las personas caen ahondándose el problema.

Lerner y el cómo incluir a los excluidos

 Artículo publicado en el diario La República (18 agosto 2011)

Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

El miércoles 24 el presidente del Consejo de Ministros dará a conocer de forma más detallada  la orientación del nuevo gobierno: el discurso presidencial el 28 de julio fue aun muy general.

Una de las expectativas es saber cómo se distanciará el gobierno de Humala del discurso del Perro del Hortelano. Esencialmente excluyente, este discurso guió la política de Alan García que se tradujo en la entrega de los recursos naturales a la gran inversión minera, petrolera y agraria, en la exclusión de poblaciones y comunidades locales, la pequeña agricultura y en la escasa preocupación por los impactos ambientales.

Fernando Eguren: “Zonas rurales serán favorecidas”

Artículo publicado en el diario “El Peruano”

Está comprobado que hay sectores económicos donde el sector privado no está presente, y el Estado, mediante un rol subsidiario, debe asumir la tarea de promover e impulsar el desarrollo sostenido de esas zonas.

Así lo sostuvo el presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, quien enfatizó que el desinterés del sector privado es más evidente en las zonas rurales y las más alejadas del país. “Presentan un gran atraso que no fue priorizado por ninguno de los gobiernos pasados”, manifestó.

Agricultura familiar, mercado y seguridad alimentaria

Artículo publicado en el diario La República (29 marzo 2011)

Por Fernando Eguren (presidente del CEPES)

Existe una serie de ideas preconcebidas sobre las características de nuestro agro. Una de ellas es que la mayor parte de la agricultura familiar es de autoconsumo, y que no participa del mercado, al menos en un porcentaje significativo. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2009), fuente de información que utilizamos para este artículo, muestra lo contrario: alrededor de dos tercios de agricultores familiares  están vinculados al mercado de productos agrícolas, es decir, venden una proporción variable de sus cosechas. De hecho, son los principales abastecedores de alimentos para la población peruana, urbana y rural.

Salarios bajos y rentabilidad agraria

Artículo publicado en el diario La República (31 enero 2011)

Por Fernando Eguren, presidente CEPES

Hace unas semanas, CONVEAGRO difundió un comunicado en el que llamaba la atención al hecho de que “Los jornales en el campo para la producción destinada al mercado nacional se han elevado en 70%, en los últimos cuatro años, afectando seriamente los costos de producción, lo que no sucedió con los jornales que se pagan en las empresas agroexportadoras, que se mantienen congelados”. (9/1/2011)

Dieta, gran empresa y biodiversidad

Artículo publicado en el Diario La Primera (13 noviembre 2010)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

La dieta alimenticia del mundo es cada vez menos diversa y cada vez más estandarizada, y esto trae varias consecuencias importantes.

Este fue el tema del simposio internacional Biodiversidad y Dietas Sostenibles, convocado por la FAO en Roma.

Se constató con preocupación que hay una tendencia mundial a la sobre simplificación de la dieta alimentaria, rica en energía y baja en variedad, contribuyendo a un creciente problema de obesidad y a una serie de enfermedades derivadas. Esta tendencia ocurre tanto en los países ricos como en los pobres. Crea “alimentos universales” que son independientes de los ecosistemas particulares de los países, estableciendo un divorcio entre lo que se consume, por un lado, y los alimentos más adecuados a los ecosistemas –y a la biodiversidad- del país o la región. En el intento de adecuar la producción de alimentos a esos patrones estandarizados, se reduce la biodiversidad.

También se analizó que esta simplificación hace depender las canastas de consumo de un reducido número de commodities. Esta tendencia está exacerbada por las grandes empresas privadas distribuidoras de alimentos (que desplazan a sistemas de distribución más apropiadas a una producción más biodiversa), las que van asumiendo un rol cada vez más importante pues van definiendo la relación entre productores y consumidores.

El simposio consideró que, por el contrario, las dietas sostenibles se sustentan fuertemente en los sistemas locales de producción de alimentos, que son más adecuados para promover la biodiversidad, y que practican una agricultura más amigable al ambiente y menos consumidora de energía. Estos sistemas reconocen en el agricultor no solo a un productor sino la dimensión sociocultural de las prácticas agrícolas.

Las preocupaciones analizadas en el simposio son sin duda también las de un país con una gran diversidad como el Perú. Afortunadamente, la orientación que ha tomado nuestra gastronomía con inmensa energía y creatividad va en el sentido de estimular la biodiversidad, y de manera creciente se reconoce que ella depende estrechamente de los conocimientos y sensibilidad –de la cultura, en suma- de nuestros campesinos.

El estado peruano, lamentablemente, no sólo está ausente de las preocupaciones que motivaron el simposio, sino que, todo lo contrario, escatima todo apoyo a los campesinos, quienes son los que han contribuido -y continúan haciéndolo- al desarrollo de la biodiversidad, mientras que dedica grandes recursos a promover un latifundismo monoproductor.

 Artículo publicado en el Diario La Primera (13 noviembre 2010)

Los trabajadores rurales: un mundo complejo

Artículo publicado en el Diario La República (10 agosto 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

 El mundo de los trabajadores rurales es más complejo que la imagen que de él tienen los políticos y, en general, los citadinos.

Los trabajadores rurales son el 37% del total nacional. Es generalizada la idea de que se dedican sólo a la agricultura. La realidad es mucho más matizada, como lo muestran las Encuestas Nacionales de Hogares que el INEI realiza. Así, según la ENAHO del año 2008, una cuarta parte de los trabajadores rurales no se dedica a actividades primarias, sino a la manufactura, al comercio y a diversos servicios.

La inmensa mayoría de los trabajadores rurales que se dedican a la agricultura son independientes: son agricultores familiares y campesinos, y su número es mucho mayor en la sierra que en las otras dos regiones.

En cambio, los asalariados agrícolas son una minoría: sólo uno de cada siete trabajadores en el campo es asalariado, siendo esta relación una de las más bajas de América Latina. Puede sorprender que casi la mitad de estos asalariados –el 45%– estén en la sierra, en donde hay un menor desarrollo relativo de la agricultura capitalista comparado con la costa, en donde labora el 32% de los asalariados. Ello indicaría que una parte importante de pequeños agricultores de la sierra emplea a trabajadores asalariados, aun cuando sea sólo eventualmente.

También puede sorprender que un apreciable porcentaje de trabajadores de la agricultura sean residentes urbanos: lo son una tercera parte de los asalariados agrícolas.

La participación de la mujer trabajadora es importante, pero en el mundo de la pequeña agricultura un elevado número no recibe remuneración. Sólo un porcentaje reducido de mujeres son trabajadoras asalariadas, aun cuando su número ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo con el desarrollo de la agroindustria moderna.

La incidencia de la pobreza entre los trabajadores rurales es muy alta, 55%, pero lo es más en aquellos que se dedican específicamente a la agricultura: 58% entre los hombres y 63% entre las mujeres.

La escasa disponibilidad de tierras, los bajos rendimientos y el escaso acceso de servicios necesarios para la producción contribuyen a mantener en la pobreza a la pequeña agricultura independiente. En el caso de los asalariados rurales, más de las tres cuartas partes ni siquiera reciben la remuneración mínima vital, lo cual expresa un altísimo porcentaje de incumplimiento de la legislación laboral, aun en la costa. Contribuye a la precaria situación de los asalariados agrícolas la inestabilidad en el trabajo, situación que se mantiene aun en las empresas debidamente constituidas gracias a la flexibilidad de ciertos tipos de contrato.

Según las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo, dos terceras partes de los trabajadores agrícolas en empresas formales tienen contratos ‘a modalidad’, los cuales no garantizan su seguridad en el empleo.

El conocimiento de las características de los trabajadores rurales es indispensable para que las políticas laborales, las de desarrollo rural y aquellas que pretenden reducir la pobreza rural, sean eficaces.

Artículo publicado en el Diario La República (10 agosto 2010)

Inversión y agricultura: retos para los pequeños productores

Artículo publicado en el Diario La Primera (26 mayo 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

 Hace pocas semanas la UNCTAD, organismos de las Naciones Unidas, organizó en Ginebra una sesión de alto nivel para tratar sobre los principios para una inversión responsable en la agricultura.

Olivier De Schutter, respetado Relator Especial de las NNUU sobre el derecho a la alimentación, advirtió que las instituciones internacionales promueven dos orientaciones paralelas y contradictorias sobre hacia dónde deben ir las inversiones en agricultura. Por un lado, éstas deben contribuir a enfrentar problemas como la inseguridad alimentaria, la pobreza rural y el cambio climático. Pero, por otro lado, las mismas instituciones están proponiendo códigos de conducta para guiar el proceso llamado de ‘land grabbing’, es decir, de concentración en pocas manos de grandes áreas de tierras aptas para uso agrícola, por transnacionales, gobiernos extranjeros y grandes inversionistas nacionales. Organizaciones de la sociedad civil en el mundo rechazan la idea misma de hacer un código de conducta, ante el temor fundado que a la larga éste sería inoperante ante esos poderosos agentes económicos.

Enfatizó que las inversiones deben beneficiar a los pobres del Sur, y no transferir los recursos a los ricos del Norte, y que deben realmente contribuir a la reducción del hambre y la desnutrición, en lugar de agravarlas. Sostuvo que para que ello ocurra, no basta actuar a nivel micro, de proyecto, sino que deben formar parte de una estrategia de desarrollo más amplia, de nivel macro.

El Relator adelantó siete tesis que permiten la vinculación entre ambos niveles, cinco de las cuales resumimos apretadamente por ser más apropiadas al Perú:

1. Las políticas públicas que orientan la inversión no deben priorizar el aumento de la producción, deben contribuir primordialmente al desarrollo rural y al incremento de los ingresos en las áreas rurales.

2. Las inversiones agrícolas deben formar parte de una estrategia amplia de reducción de la pobreza.

3. Es vital un marco de derechos humanos para que la inversión agrícola sea sostenible.

4. La llegada de inversiones en agricultura puede exacerbar la competencia entre dos tipos de agricultura: la granja familiar, y la gran plantación, competencia que es profundamente desigual.

5. Los programas de formalización de los derechos sobre la tierra no sólo son insuficientes, sino que pueden ser potencialmente nocivos.

No es posible –concluyó De Schutter- continuar creando más desposeídos, ni ahondar las desigualdades en las áreas rurales, ni despojar a más pequeños agricultores.

Los planteamientos de De Schutter no son sólo razonables, sino muy importantes para un país como el nuestro, en donde hay un significativo proceso de concentración de propiedad de la tierra. Lamentablemente no hay nada más distante de las tesis de De Schutter que las políticas públicas implementadas por el gobierno actual.

Artículo publicado en el Diario La Primera (26 mayo 2010)

Sobre la orientación de los recursos públicos en el agro

Según declaraciones de Adolfo de Córdova, ministro de Agricultura, (1) se continuará con las obras de Chavimochic. La cuarta etapa -de Palo Redondo- demandará una inversión de 300 millones de dólares. (A la tasa de cambio 1US$ = 2.85 NS, equivale a 855 millones de soles.)

Ello ampliará la frontera agrícola de La Libertad en 40 mil hectáreas. Según el mi-nistro, servirán para promover cultivos de agroexportación, como uva, paltos, espárragos “de enorme demanda en el mercado internacional”.

En etapas anteriores dicho macroproyecto de irrigación incorporó, en el valle del Virú, una cantidad similar –o algo superior- de hectáreas para cultivos de exportación. La mayor parte de esas tierras están hoy en manos de una decena de grandes empresas. Siguiendo ‘el orden natural de las cosas’ vigente desde comienzos de la década de 1990, la propiedad de las nuevas áreas (que significarán una inversión con recursos públicos de 7500 dólares por hectárea promedio, según se deduce de las cifras dadas por el ministro) también estará concentrada en un puñado de propiedades de grandes inversionistas.

El ministro declaró también que el Congreso ejecuta en La Libertad 15 proyectos mediante los Núcleos Ejecutores (orientado a “las zonas de extrema pobreza rural”) por un valor total de 3’783,427 nuevos soles y que el Congreso ha aprobado una partida de 70 millones de soles en total para la implementación de 322 proyectos a través de los NE en todo el país.

Los contrastes saltan a la vista: 855 millones de soles de recursos públicos para un puñado de inversionistas, 70 millones para decenas de miles de pobladores en “zonas de extrema pobreza rural”.

Se objetará que mientras que el dinero invertido en las obras de irrigación será recuperado, pues las tierras serán vendidas y luego, cuando estén en producción, el Estado recabará impuestos, el dinero gastado en los pobres nunca será recuperado.

Este argumento no se sostiene. En primer lugar, porque los recursos públicos tienen como propósito primordial lograr el bienestar de la población (el bien común), y no promover la generación de ganancias de los grandes inversionistas (para lo cual estos tienen medios de los que la mayoría de la población carecen, incluso procedimientos y servicios y bienes públicos que presta el propio Estado). En segundo lugar, porque la experiencia indica que el Estado no logrará recuperar lo que invierte en las irrigaciones, y siempre hay un subsidio, abierto u oculto.

En tercer lugar, porque apoyar “zonas de extrema pobreza rural” no es un gasto sino, si está bien concebido y ejecutado, una inversión que es tanto social como econó-mica, cultural y ambientalmente rentable.

En cuarto lugar, porque hay una cuestión de números: los pobladores de las zonas de extrema pobreza rural son mucho más numerosos que los inversionistas que se bene-ficiarán de las inversiones públicas en irri-gaciones (aun cuando se incluyan como ‘beneficiarios’ a los obreros que serán em-pleados por las grandes agroexportadoras).

Pero aún los convencidos de que ganar nuevas tierras para la agricultura es el mejor medio para lograr el desarrollo rural, deben considerar que hay otros escenarios posibles; por ejemplo, que en lugar de que las 40 mil hectáreas estén repartidas en diez o veinte grandes empresas, estén distribuidas en 400 empresas de 100 hectáreas promedio cada una, u 800 de 50 hectáreas, o 1600 empresas de 25 hectáreas Lo más probable es que el tipo de sociedad y economía que se construiría en la nueva zona irrigada sobre la base de medianas y pequeñas empresas sería mucho más equitativa, con mayor y más denso tejido social. Sería, mucho más estimuladora de actividades económicas diversificadas –pequeña manu-factura, servicios, comercio–, más consu-midora de productos nacionales, más incluyente y más encuadrada con las necesidades de alcanzar la seguridad/soberanía alimentaria, ¡Qué duda cabe!, sería también más adecuada a un Estado descentralizado con gobiernos locales democráticos que el mo-delo neolatifundista que promueve el gobierno aprista (como lo hicieron antes Fujimori y Toledo).

En pocas palabras, una propuesta que pro-mueva empresas medianas y pequeñas ge-neraría desarrollo rural incluyente, no enclaves excluyentes. (3)

1. Publicadas en El Peruano el 6 de enero del 2010
2. Ver La Revista Agraria 107, mayo 2009, en http://www.cepes.org.pe
3. Uno de los principales especialistas del Banco Mundial en materia de tierras y desarrollo rural, Hans p. Binswanger, sostiene argumentos simi-lares basados en estudios. Ver Hans P. Bins-wanger-Mkhize, Camille Bourguignon y Rogier van den Brink (editors), Agricultural Land Re-distribution. The World Bank. Washington , D.C. 2009.

Cumbre mundial sobre seguridad alimentaria

Artículo publicado en el diario La República (01 diciembre 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

En días recientes –entre el 16 y el 18 de noviembre– se realizó en Roma, convocada por la FAO, una Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, que es una respuesta al agravamiento de la inseguridad alimentaria en el planeta: según estimados de la propia FAO, la elevación de los precios de los alimentos a mediados del año pasado y la crisis económica internacional han elevado la población en situación de hambruna en el mundo de 850 millones a 1,020 millones.

La sensación de que estamos en un mundo muy frágil en materia alimentaria ha puesto el tema en la agenda internacional, pero también ha evidenciado las diferencias de perspectivas sobre el tema. El Foro de la Sociedad Civil –en el que tuve la oportunidad de participar– realizado en Roma inmediatamente antes de la Cumbre reunió a centenares de representantes de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y ONG, con la esperanza de tener alguna influencia en la declaración oficial. El Foro sostuvo con fuerza la necesidad de que los estados adopten una política de ‘soberanía alimentaria’, no pudiendo la alimentación popular estar a merced del funcionamiento del mercado ni de acuerdos comerciales internacionales. En una orientación diferente, la declaración oficial de la Cumbre se adscribe al concepto de ‘seguridad alimentaria’, tradicionalmente mantenido por la FAO, que subraya la importancia de un mercado realmente libre como mecanismo eficiente para alcanzarla. La realidad, sin embargo, muestra que los mercados están distorsionados por subsidios y monopolios.

Otro tema se discutía también en los corredores de la Cumbre: la posibilidad de que el presidente Lula sea el sucesor del actual director general, Jacques Diouf, quien en el 2011 culmina doce años en el cargo. Lula podría cumplir un importante papel para reflotar la institución, después de que la actual gestión fuera duramente criticada por la Evaluación Externa Independiente en el 2007.

La FAO es una organización conformada por los gobiernos y el Perú es uno de sus miembros. A pesar de la relevancia del tema de la Cumbre para nuestro país, el Ejecutivo no se hizo presente. En cambio participaron los presidentes Lula de Brasil, Bachelet de Chile y Lugo de Paraguay, más ministros y viceministros de quince países latinoamericanos. La pálida presencia peruana se limitó a cuatro congresistas de otras tantas organizaciones políticas (hasta que no den un informe público sobre la relevancia de su presencia en Roma, cabrá la sospecha de que el afán haya sido más bien turístico).

No deja de ser una paradoja que en el Perú el tema de la seguridad o soberanía alimentaria no ocupe la atención no solo de gobernantes sino de la comunidad política y aun de la opinión pública. Aun cuando las tasas de desnutrición en el Perú se hayan reducido en los últimos años –al 19% en el primer semestre del 2009, según INEI ENDES–, sigue siendo un problema muy grave, sobre todo en las áreas rurales, en donde alcanza el 40%. Y el propio CEPLAN pone como objetivo para el año 2021 que el porcentaje de desnutridos menores de 5 años será del 14.1%, unos 400 mil niños. Objetivo inaceptable tanto por el escaso esfuerzo público que ello implica para enfrentar el problema como por razones éticas.

1-Ver los textos de la evaluación en  http://www.fao.org/pbe/pbee/es/219/index.html

Artículo publicado en el diario La República (01 diciembre 2009)

Tema agrario hoy en el mundo

Después de veinticinco años, el Banco Mundial dedica su informe anual a la agricultura¹ . Una de las razones de esta renovada, aunque tardía, atención al tema agrario es una doble constatación, en apariencia contrapuesta: que a pesar de varios años de crecimiento económico, persiste la pobreza rural, pero que al mismo tiempo el desarrollo agrario es un poderoso instrumento para derrotarla. 

¿Hay desigualdad porque hay pobreza, o pobreza porque hay desigualdad?

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Con relación a los estudios oficiales sobre pobreza, puede parecer ingenuo pero creo que vale la pena preguntar lo básico ¿cuál es su relevancia real? Planteo esta pregunta sin implicar con ello que ellos no tienen relevancia, pero ¿Para qué son útiles? ¿Por qué son importantes? ¿Qué revelan? ¿Qué no revelan? ¿Y qué es lo que uno puede hacer con estos estudios?

La pobreza es un concepto multidi­mensio­nal y complejo y que implica, como diría el PNUD, “llevar una vida larga y saludable”, “tener acceso a la educación”, “disfrutar de un nivel de vida confortable”, además de otros componentes de esa vida digna: la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso a trabajo productivo y bien remu­nerado, y la participación en la vida comunitaria. La pobreza, por tanto, es la ausencia de condiciones para llevar una vida digna.

La definición más convencional de pobreza, que la identifica con ‘bajos niveles de gasto’ banaliza este grave problema social. Esta simplificación conceptual puede ser útil para que los gobiernos muestren éxitos en la esfera de ‘los gastos’, lo cual no es difícil de lograr con programas redistributivos. Incremen­tar los gastos no es necesariamente encaminarse a la superación de la pobreza, si consideramos la dimensión multidimensional de la misma.

Es claro que hay una conexión entre pobreza, desigualdad y calidad de vida. Por lo general la condición de pobreza es un resultado de desigualdad y no a la inversa. No es que la diferencia en los ingresos crea las desigualdades; es porque hay desigualdades que hay diferencias en los ingresos.

Mi pregunta es, entonces, por qué los estudios oficiales sobre la pobreza no incluyen el tema de la desigualdad. Deberían hacerlo, pues la conexión es obvia. Quizá porque es obvia, precisamente, no se analizan juntas…

Que interesante sería, por ejemplo, hacer una investigación en la cual las encuestas también incluyan a los que no son pobres, a los que tienen más de 2 dólares, diarios, y así tener información actualizada sobre los diferentes estratos de ingresos. Que se incluya en las encuestas también a los de ingresos medios y a los de ingresos altos, lo que permitiría establecer algún tipo de correlaciones entre la evolución de la pobreza y la evolución de la riqueza. ¿Cómo evolucionan los más ricos y los más pobres? ¿Cuál es la correlación de esta evolución, y cuán significativa es? ¿Cuál es la explicación de esta correlación?

¡Claro! Uno puede decir: “es mejor conocer cuántos pobres hay, cómo son, cuáles son sus características, dónde están” para, por ejemplo, tener políticas de alivio a la pobreza más foca­lizadas, más eficientes. Pero, salvo en casos de emergencia o temporales, esto tiene sentido si es que las políticas y las tendencias de la economía se orientan al mantenimiento y la profundi­zación de la desigualdad. Como la pobreza en el Perú no es temporal sino permanente, entonces sí es necesario focalizar con precisión cuántos pobres hay y dónde están.

¿Hay bonanza? Efectivamente, la torta crece. Los pobres pueden estar en mejor situación y, sin embargo, al mismo tiempo, estar en una sociedad más desigual. Entonces, si tenemos políticas que acentúan las desigual­dades, puede darse el caso de que hay alivio de la pobreza y simultáneamente profundización de la desigualdad. Estas políticas existen. Desde la década de 1990 las nuevas tierras ganadas gra­cias a obras de irrigación financia­das por recur­sos públicos, son vendidas en con­diciones tales que sólo grandes inversionistas pueden acceder a ellas. Esto profundizará las desigualdades en el medio rural. Otra muestra: las empresas mineras van subordinando y desplazando a la población rural en un proceso que podemos estar viendo nosotros también, en algunos valles de la costa, por el acaparamiento de tierras para la expan­sión de las áreas agrícolas para la exportación o para la producción, en un futuro cercano, de insumo para biocombustibles.

Hay procesos en marcha, pues, que tienden al ahondamiento de la desigualdad y, por ende, de la pobreza. Es por esto que suena como un juego perverso el que, mientras está ocurriendo eso, los estudios sobre la pobreza se vuelven más técnicamente exquisitos, y estén dirigidos a localizar donde está los pobres para compen­sar­los. Hay una frase de Guillermo Nugent que dice, “la redistribución confirma la normalidad de la desigualdad”. Y esto en el Perú ya se vuelve normal.

Hay, pues, una serie de problemas de fondo en esto de la desigualdad, que debieran incorporarse en un debate, en una discusión de cómo enfrentar la situación de pobreza.