Parece que, finalmente, el debate sobre si debe establecerse límites a la propiedad de las tierras de cultivo está cobrando más espacio. Por un lado, hay señales de que en el Ejecutivo se está preparando una propuesta, aunque hasta el momento no ha trascendido cuál sería el contenido. Se sabe que el presidente Humala está preocupado por el excesivo grado de concentración de la propiedad, de la que el grupo Gloria es el caso extremo: con la última adquisición de 15 mil hectáreas de tierras de la irrigación de Olmos, este grupo económico controla alrededor de 80 mil hectáreas de tierras de cultivo de la costa, con lo que logran concentrar entre el 8 y el 10 por ciento de las tierras de esta región.
Por otro, la Comisión Agraria del Congreso está interesada en iniciar el debate a partir de la propuesta de ley del congresista Virgilio Acuña. En síntesis, Acuña propone establecer un tope de 25 mil hectáreas al tamaño de la propiedad. Ya antes, en la parte final del gobierno de Alan García, la bancada aprista había presentado un proyecto que establecía un límite de 40 mil hectáreas; otras bancadas presentaron sendos proyectos con topes menores, de 5 mil y 10 mil hectáreas.
El tema es peliagudo y controversial. Algunos sectores de opinión, particularmente desde el lado empresarial, alertan sobre el peligro de una nueva reforma agraria y de una retracción de las inversiones en el sector agroexportador. Temores exagerados, claro está, pues hasta el momento nadie ha hablado de reforma agraria y, por lo demás, no hay condiciones políticas, ni internas ni internacionales, para hacer una. También es exagerado afirmar que los inversionistas se alejarían del sector: por un lado, es improbable que se toquen las grandes empresas que ya existen, pues una ley de límites no tendría efecto retroactivo; por otro lado, también es improbable que los límites al tamaño de propiedad que al final se establezcan —si prospera la iniciativa congresal— sean del orden de las 150 hectáreas de la reforma de Velasco o de las 250 hectáreas propuestas durante el gobierno de Manuel Prado. La mayoría de grandes empresas agrarias del país no superan las mil o mil quinientas hectáreas, y seguiría habiendo amplio espacio para nuevos inversionistas que no pretenden superar esos límites.
El artículo 88 de la Constitución de 1993 contempla que por ley se pueden fijar los límites y la extensión de la tierra, según las peculiaridades de cada zona. Esto es algo que no contempla la propuesta de Acuña. Las tierras tienen distinto potencial económico, y una hectárea de tierra de cultivo bajo riego no es igual a una hectárea sin riego en la sierra.
La propuesta del congresista Virgilio Acuña de limitar la extensión a 25 mil hectáreas no precisa si se trata de la costa, la sierra o la selva, o si se refiere a tierras de cultivo bajo riego, de secano, de pastos o a explotaciones forestales. Una hectárea de cultivo bajo riego en la costa puede tener el mismo potencial económico que cerca de 100 hectáreas de cultivo de pastos naturales en la puna. Cualquier intento de establecer límites a la propiedad debe tener en cuenta las diferencias regionales y de calidades de suelos. Así, una hectárea de tierras de cultivo bajo riego de costa equivale a 97 hectáreas de pastos naturales en la sierra (ver tabla 1). Las veinte mil hectáreas, casi todas con pastos, que pueda tener una comunidad campesina serrana equivalen a apenas 206 hectáreas irrigadas de costa. A la inversa, las 80 mil hectáreas de tierras de cultivo bajo riego del grupo Gloria equivaldría a tener ¡7.8 millones de hectáreas de pastos naturales en la sierra! Estas diferencias hay que tomarlas en cuenta al momento de discutir los topes al tamaño de la propiedad.
Siempre habrá un grado de arbitrariedad en establecer topes de tamaño. La decisión tendrá que combinar criterios económicos, con criterios políticos y sociales. Fue una decisión política la de Fujimori y de los gobiernos posteriores, de crear las condiciones para que la modernización agraria en el Perú fuese liderada por neolatifundios. Tendrá que ser una decisión política del gobierno de Humala la que determine que lo que se promoverá en adelante será la agricultura familiar y la mediana agricultura empresarial, en una perspectiva de mayor equidad e inclusión, sin que ello signifique sacrificar eficiencia, viabilidad económica y aprovechamiento de lo que ya se ha ganado en agroexportación.
Una buena parte de los neolatifundios se han formado sobre tierras eriazas que se han beneficiado de grandes obras de irrigación. Puesto que esas tierras son originalmente de la Nación, según el artículo 66 de la Constitución, el Estado debería orientar su aprovechamiento en su beneficio, es decir, de la Nación, y no de un reducido número de grandes inversionistas, que es lo que ocurre. En efecto, las bases de la subasta para acceder a las nuevas tierras —la venta de lotes extensos— imponen barreras a la entrada de medianos y pequeños inversionistas, sin ninguna explicación. El argumento de que estos son «menos eficientes» que los más grandes no está probado y sólo podría determinarse por estudios que, si es que existen, nunca son conocidos. Si el gobierno del presidente Humala ha optado por un crecimiento económico que sea social y económicamente inclusivo, debería modificar las bases para permitir el acceso de medianos y pequeños inversionistas a las nuevas tierras.
El debate está abierto y debe ser seriamente asumido por la gran variedad de actores que serán, de un modo u otro, afectados por las decisiones que tomen tanto el Legislativo como el Ejecutivo.
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