EL DEBATE SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE TIERRAS REVIVE Y SE CALIENTA
En días recientes se ha reavivado el debate sobre la concentración de la propiedad de las tierras agrícolas en manos de los neolatifundios agroexportadores. El nuevo impulso al debate lo dio el propio presidente Ollanta Humala en un discurso dado a pequeños agricultores en la localidad limeña de Barranca, el 17 de enero, donde afirmó que el minifundio podía ser rentable si disponía de los recursos y de las oportunidades a los que acceden los latifundios. Advirtió sobre la idealización de la gran agricultura: «Nos hacen creer que el minifundio no es rentable y que, por lo tanto, tenemos que apostar al latifundio».
Los dos diarios más influyentes del país, La República y El Comercio, reaccionaron en sendas notas editoriales. El Comercio expresó
su temor de que el presidente Humala tuviera la intención de reanimar
el proyecto de ley que establece límites a la tenencia de tierras
agrícolas para evitar la concentración. «No hay tal concentración»,
afirmó el diario. El Perú tiene 7.6 millones de hectáreas y se cultivan
solo 5.4 millones. Un fundo con 50 mil hectáreas, dijo El Comercio,
apenas representaría el 0,2% del total. «No solo no hay acaparamiento,
sino que hay desaprovechamiento. El presidente está, pues, cazando
fantasmas». El diario argumentó que, además, las grandes empresas son
más productivas y rentables por las ventajas de las economías de escala. Finalmente, la gran empresa paga mejor: cuarenta soles diarios en el valle de Ica1. Concluyó El Comercio,
en tono filantrópico, que los más perjudicados con la limitación de la
propiedad serían los peruanos más pobres… porque estos ya no le podrían
vender sus tierras a los neolatifundios [¡!] y no conseguirían puestos
de trabajo2.
En contraposición a la posición de El Comercio, el diario La República llamó
la atención acerca de que el artículo 88 de la Constitución autoriza
la fijación de límites y la extensión de la tierra según las
peculiaridades de cada zona. La FAO y el Banco Mundial, aseguró el
diario, «abundan en la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria
de los países pobres y/o emergentes y evitar de modo legal la
concentración de tierras». No regular la propiedad de la tierra podría
tener funestas consecuencias: «Si no se regula la concentración de
tierras, estamos ante una bomba de tiempo y un grave riesgo para la
seguridad alimentaria del país».
La República también
advirtió sobre «los horrores derivados del poder de los latifundistas
costeños y los gamonales serranos, y los abismos de iniquidad social que
provocaron». En un contexto en el que la Iglesia Católica da nuevos
motivos de esperanza con la elección del nuevo papa, el editorial
puntualizó que «incluso la doctrina social de la Iglesia se pronuncia
enérgicamente contra el acaparamiento de la tierra por unos pocos,
recordando la función social que debe cumplir la propiedad».3
En el Perú sí existe concentración de tierras
La «función social de la tierra» —recordada por La República—,
que estuvo en el centro de los debates en las décadas pasadas y que en
su momento fue el sustento ético de las reformas agrarias, fue casi
totalmente desplazada por la «función económica de la tierra» del
neoliberalismo. Para este modelo político e ideológico, la principal
fuente de legitimidad de la posesión de la tierra es su función
económica, limitándola exclusivamente a su capacidad de ser competitiva y
rentable.
En contraposición a lo que afirma El Comercio, los latifundios costeños concentran 250 mil de las 850 mil hectáreas cultivadas de la región. El grupo Gloria, que domina el mercado nacional de la leche, es el más grande latifundista de la costa,
posiblemente en toda la historia de nuestro país: tiene alrededor de 80
mil hectáreas. En el Perú hay aproximadamente cincuenta empresas
agrícolas con más de 1,000 hectáreas de extensión cada una. Sin embargo,
la inmensa mayoría de empresas agroexportadoras no llegan a esas
dimensiones.
Lo que
muchos ignoran es que buena parte de la rentabilidad de la gran
agricultura se debe a los subsidios que recibe del Estado (paga la mitad
del impuesto a la renta, tiene un régimen laboral especial que abarata
sus costos, y adquiere del Estado nuevas tierras con derecho a agua a
precios altamente subsidiados). Por otro lado, poseer 50 mil hectáreas
no es una insignificancia, como afirma el diario El Comercio,
sino que equivale, por ejemplo, a dos veces el área de todo el valle de
Chancay-Huaral, importante zona agropecuaria. Si hacemos comparaciones
internacionales, esa dimensión es 20 veces el promedio de los predios
más grandes de Gran Bretaña, 50 veces mayor que los más grandes de
España y 180 veces más que los de Francia, países, todos, con
agriculturas sumamente desarrolladas.
Los
latifundios ahondan las ya pronunciadas desigualdades socioeconómicas de
los peruanos. Que las desigualdades en el Perú son enormes, ya lo
sabemos, y el informe del Desarrollo Humano del año 2011, preparado por
el PNUD, se lo muestra al mundo. En efecto, según este informe, el
índice de desarrollo humano (que considera el nivel de ingresos, el
nivel educativo y la esperanza de vida) del Perú es 0.725 (sobre un
máximo de 1), lo que ubica a nuestro país en el puesto 80 del mundo.
Pero el índice de desigualdad es 0.557 (desigualdad, sobre todo, en la
educación y en los ingresos; la mayor igualdad es igual a 1).
Considerando esteíndice, el Perú baja cinco puestos.
Bienvenida
sea, pues, la reapertura del debate, y que esta vez se enriquezca con
información —hasta hoy muy limitada— sobre el real desempeño
económico, social y ambiental de los nuevos latifundios, así como con
información completa sobre su número y extensión en el país, y con
mayores datos sobre la creciente intervención del capital extranjero.
Notas
1 Por igual trabajo, los jornaleros agrícolas en Chile ganan el doble.
2 Ver editoriales de El Comercio, del 24 de enero, «Cazando fantasmas», y del 5 de marzo, «Mitos agrarios».
3 Ver editorial de La República del 29 de enero.
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