Transcurrido medio camino del gobierno del presidente Ollanta Humala, ¿qué puede decirse de diferentes aspectos cruciales de la problemática agraria y rural? Esta edición de La Revista Agraria intenta dar respuesta a esta pregunta, gracias a la colaboración de personalidades que conocen estos distintos aspectos y que son materia de su reflexión.
El año 2013 fue testigo de algunas decisiones importantes en el sector agrario. Una de ellas fue la creación, en el Ministerio de Agricultura, de un segundo viceministerio: de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. Francisco Santa Cruz es escéptico acerca de si ese cambio favorecerá a los agricultores nacionales, pues subordina el diseño de políticas para el desarrollo rural a la ejecución de obras de inversión, a —en sus palabras— «la pasión por el fierro y el cemento». En una percepción más matizada, César Sotomayor —quien fuera, hasta hace poco, jefe de Foncodes— reconoce la existencia de varios proyectos interesantes de desarrollo rural ejecutados por el Estado a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como el Haku Wiñay, en sierra, y Noa Jayatai, en selva, que dejan atrás los tradicionales programas asistencialistas y aplican lecciones aprendidas en experiencias anteriores como Marenass, Corredor Puno-Cusco y otros.
También fue interesante 2013 porque fue el año en que se dieron a conocer los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario (realizado dieciocho años después del censo anterior). Esta revista ha dedicado numerosas páginas a su análisis. En esta ocasión, María Isabel Remy analiza la creciente presencia de la mujer en actividades agrarias, que sería una opción de las familias pobres y expresaría dos tendencias: las continuas subdivisiones de los predios por herencia, y el abandono del campo por los hombres, en busca de trabajos no agrícolas. Otra tendencia claramente expresada por el reciente censo agropecuario es la marcada concentración de la propiedad de la tierra en un número reducido de unidades agropecuarias. Este proceso es interpretado —en un artículo de quien escribe estas líneas— como resultado de una política de Estado iniciada por el gobierno de Alberto Fujimori y continuada por los gobiernos posteriores, incluido el actual, cuyo eje es el fomento de la agroexportación por corporaciones nacionales y extranjeras que, para tal efecto, constituyen verdaderos latifundios.
En 2013, el tema alimentario también tuvo alguna figuración. La Organización de las Naciones Unidas lo declaró Año Internacional de la Quinua, no obstante lo cual, como sostiene Waldemar Mercado, los buenos precios del cultivo no se han traducido en mejor alimentación para los propios productores. Por su lado, el gobierno declaró 2013 como Año de la Inversión en Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria. Sin embargo, a pesar de que hubo proyectos de ley sobre el tema y el Ejecutivo elaboró una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, el Perú, como concluye Alberto García, sigue quedando a la zaga de la región en materia de un adecuado marco normativo e institucional para alcanzar la seguridad alimentaria. No obstante, el programa Qali Warma, analizado por Carolina Trivelli, su creadora, fue una interesante experiencia que bien vale la pena continuar.
Otros importantes tópicos que completan esta edición son una apreciación crítica acerca de la educación rural en el país, por la especialista Patricia Ames; las dificultades en la aplicación de la consulta previa, por el abogado y exministro Baldo Kresalja; así como la complicada relación entre cambio climático y la agricultura, y las respuestas desde el Estado, por el especialista Julio Postigo.
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