Esta edición de La Revista Agraria muestra que, en lo concerniente a política agraria y ambiental, el gobierno se queda a medio camino: expide normas, monta instituciones, pero, al final de cuentas, no logra cumplir con los objetivos. ¿Por qué?
En lo relativo al importantísimo tema del agua: en 2009 se promulgó una nueva Ley de Recursos Hídricos, cuya implementación, en buena medida, corre a cargo de las organizaciones de usuarios del agua; para esto último, el pasado 19 de enero se dio la Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua. LRA organizó, para este número, una mesa redonda sobre el tema, con cuatro expertos. Una de las conclusiones fue que la mayor parte de las normas dadas no se adaptan a la realidad y que, también, la mayor parte de usuarios del agua —los pequeños agricultores(1)— operan al margen de ellas. Por lo tanto, los intentos por someter a una adecuada gestión un recurso que es vital para el consumo humano, la economía y el ambiente son, en buena medida, inadecuados e incompletos. No nos debe sorprender la creciente conflictividad por el acceso a este recurso y su uso.
En lo referente a la seguridad alimentaria: en 2013 se dieron tres normas referidas a ella. En junio se aprobó, luego de una agitada reacción contraria de la industria alimentaria y de la publicidad, una importante Ley de Promoción de una Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Se dio un plazo de sesenta días para su reglamentación, cosa que aún no se ha hecho. Luego, en diciembre, se aprobó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2015 y la ley con el mismo nombre.
Ambas fueron realizadas de manera paralela, con una muy escasa coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que pone en una situación de debilidad, desde el inicio, a un complejo juego de disposiciones e instituciones sin cuya armónica coordinación no puede lograrse la ansiada seguridad alimentaria.
Pasemos ahora a la titulación de las tierras agropecuarias. En recientes declaraciones, el ministro de Agricultura reveló que la mitad de las parcelas agrícolas del país no están tituladas. Más allá de los problemas de orden burocrático y financiero que puedan existir, no hay una decisión política acerca de la forma en que se titularán las tierras de las comunidades campesinas: ¿de manera colectiva?, ¿de manera individual? Pareciera que el gobierno no tiene el coraje de proponer un debate serio sobre el tema.
En diciembre de este año se realizará en nuestro país la 20.a Conferencia del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20). El Perú está en vitrina. ¿Cuál es el comportamiento ambiental del país? ¿Cuán comprometido está el gobierno en enfrentar los desafíos y posibles impactos del cambio climático? ¿De qué manera sus políticas se enmarcan en una perspectiva de gestión de riesgos? ¿Qué capacidad tiene para liderar en el país un desarrollo ambientalmente razonable? Por lo que se sabe, no hay respuestas satisfactorias, y nuestro desarrollo económico se sustenta, en buena medida, en una serie de actividades con graves impactos ambientales.
Agua, alimentación, tierras, cambio climático: quién puede dudar que estos son cuatro temas prioritarios. A dos años y medio de iniciado el gobierno de Ollanta Humala, los avances son claramente insuficientes. No pasa el examen.
NOTA
1 Según el Censo Nacional Agropecuario de 2012, hay más de medio millón de unidades agropecuarias menores de 10 hectáreas que, para irrigar sus tierras, dependen directamente del agua de los ríos o del agua represada.
En lo relativo al importantísimo tema del agua: en 2009 se promulgó una nueva Ley de Recursos Hídricos, cuya implementación, en buena medida, corre a cargo de las organizaciones de usuarios del agua; para esto último, el pasado 19 de enero se dio la Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua. LRA organizó, para este número, una mesa redonda sobre el tema, con cuatro expertos. Una de las conclusiones fue que la mayor parte de las normas dadas no se adaptan a la realidad y que, también, la mayor parte de usuarios del agua —los pequeños agricultores(1)— operan al margen de ellas. Por lo tanto, los intentos por someter a una adecuada gestión un recurso que es vital para el consumo humano, la economía y el ambiente son, en buena medida, inadecuados e incompletos. No nos debe sorprender la creciente conflictividad por el acceso a este recurso y su uso.
En lo referente a la seguridad alimentaria: en 2013 se dieron tres normas referidas a ella. En junio se aprobó, luego de una agitada reacción contraria de la industria alimentaria y de la publicidad, una importante Ley de Promoción de una Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Se dio un plazo de sesenta días para su reglamentación, cosa que aún no se ha hecho. Luego, en diciembre, se aprobó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2015 y la ley con el mismo nombre.
Ambas fueron realizadas de manera paralela, con una muy escasa coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que pone en una situación de debilidad, desde el inicio, a un complejo juego de disposiciones e instituciones sin cuya armónica coordinación no puede lograrse la ansiada seguridad alimentaria.
Pasemos ahora a la titulación de las tierras agropecuarias. En recientes declaraciones, el ministro de Agricultura reveló que la mitad de las parcelas agrícolas del país no están tituladas. Más allá de los problemas de orden burocrático y financiero que puedan existir, no hay una decisión política acerca de la forma en que se titularán las tierras de las comunidades campesinas: ¿de manera colectiva?, ¿de manera individual? Pareciera que el gobierno no tiene el coraje de proponer un debate serio sobre el tema.
En diciembre de este año se realizará en nuestro país la 20.a Conferencia del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20). El Perú está en vitrina. ¿Cuál es el comportamiento ambiental del país? ¿Cuán comprometido está el gobierno en enfrentar los desafíos y posibles impactos del cambio climático? ¿De qué manera sus políticas se enmarcan en una perspectiva de gestión de riesgos? ¿Qué capacidad tiene para liderar en el país un desarrollo ambientalmente razonable? Por lo que se sabe, no hay respuestas satisfactorias, y nuestro desarrollo económico se sustenta, en buena medida, en una serie de actividades con graves impactos ambientales.
Agua, alimentación, tierras, cambio climático: quién puede dudar que estos son cuatro temas prioritarios. A dos años y medio de iniciado el gobierno de Ollanta Humala, los avances son claramente insuficientes. No pasa el examen.
NOTA
1 Según el Censo Nacional Agropecuario de 2012, hay más de medio millón de unidades agropecuarias menores de 10 hectáreas que, para irrigar sus tierras, dependen directamente del agua de los ríos o del agua represada.
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