Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)
Hace pocas semanas la UNCTAD, organismos de las Naciones Unidas, organizó en Ginebra una sesión de alto nivel para tratar sobre los principios para una inversión responsable en la agricultura.
Olivier De Schutter, respetado Relator Especial de las NNUU sobre el derecho a la alimentación, advirtió que las instituciones internacionales promueven dos orientaciones paralelas y contradictorias sobre hacia dónde deben ir las inversiones en agricultura. Por un lado, éstas deben contribuir a enfrentar problemas como la inseguridad alimentaria, la pobreza rural y el cambio climático. Pero, por otro lado, las mismas instituciones están proponiendo códigos de conducta para guiar el proceso llamado de ‘land grabbing’, es decir, de concentración en pocas manos de grandes áreas de tierras aptas para uso agrícola, por transnacionales, gobiernos extranjeros y grandes inversionistas nacionales. Organizaciones de la sociedad civil en el mundo rechazan la idea misma de hacer un código de conducta, ante el temor fundado que a la larga éste sería inoperante ante esos poderosos agentes económicos.
Enfatizó que las inversiones deben beneficiar a los pobres del Sur, y no transferir los recursos a los ricos del Norte, y que deben realmente contribuir a la reducción del hambre y la desnutrición, en lugar de agravarlas. Sostuvo que para que ello ocurra, no basta actuar a nivel micro, de proyecto, sino que deben formar parte de una estrategia de desarrollo más amplia, de nivel macro.
El Relator adelantó siete tesis que permiten la vinculación entre ambos niveles, cinco de las cuales resumimos apretadamente por ser más apropiadas al Perú:
1. Las políticas públicas que orientan la inversión no deben priorizar el aumento de la producción, deben contribuir primordialmente al desarrollo rural y al incremento de los ingresos en las áreas rurales.
2. Las inversiones agrícolas deben formar parte de una estrategia amplia de reducción de la pobreza.
3. Es vital un marco de derechos humanos para que la inversión agrícola sea sostenible.
4. La llegada de inversiones en agricultura puede exacerbar la competencia entre dos tipos de agricultura: la granja familiar, y la gran plantación, competencia que es profundamente desigual.
5. Los programas de formalización de los derechos sobre la tierra no sólo son insuficientes, sino que pueden ser potencialmente nocivos.
No es posible –concluyó De Schutter- continuar creando más desposeídos, ni ahondar las desigualdades en las áreas rurales, ni despojar a más pequeños agricultores.
Los planteamientos de De Schutter no son sólo razonables, sino muy importantes para un país como el nuestro, en donde hay un significativo proceso de concentración de propiedad de la tierra. Lamentablemente no hay nada más distante de las tesis de De Schutter que las políticas públicas implementadas por el gobierno actual.
Artículo publicado en el Diario La Primera (26 mayo 2010)
