El proceso de transferencia de la
propiedad de las empresas azucareras a inversionistas privados ha estado
plagado de irregularidades. Basta ver los conflictos entre los grupos Wong y Bustamante sobre la propiedad de Andahuasi y
entre los grupos Oviedo y Gloria sobre Cayaltí, Pomalca y Tumán. Estos
conflictos han comprometido al APRA y a la Junta Nacional de Usuarios:
ambos apoyan al grupo Oviedo. Éstos, a su vez, acusan a ProInversión de
apoyar al Grupo Gloria.
Uno de los atractivos de ‘capturar’ las empresas azucareras
es la posibilidad de producir etanol, cuyo consumo nacional e
internacional va en aumento. Gracias al TLC con los EEUU, el etanol
puede ser exportado a ese país libre de aranceles.
Recordemos cómo hemos llegado a la
situación actual. Antes de la reforma agraria las haciendas más grandes y
modernas de la costa eran las plantaciones agroindustriales azucareras.
En ellas trabajaban más de 30 mil personas. La mayor parte vivían con
sus familias en pueblos al interior de las empresas. Existían poderosos
sindicatos. Los propietarios –nacionales y extranjeros- eran llamados
los ‘barones del azúcar’.
El mismo día que el gobierno militar
presidido por el general Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de
reforma agraria -24 de junio de 1969-, intervino las plantaciones
azucareras. Las expropió y adjudicó tierras e instalaciones a
cooperativas agrarias de producción, creadas para tal efecto. Es así
como los trabajadores llegaron a ser los propietarios. Cada uno tenía
sus ‘certificados de aportación’ que difícilmente podían ser
transferidos a terceros.
Por diferentes razones, la administración
de estas cooperativas fue deficiente. Acumularon grandes deudas con
privados y con el Estado. A partir de 1996 el gobierno de Fujimori
decidió poner fin a esta situación dando leyes que introdujeron dos
cambios muy importantes: la conversión de las cooperativas en sociedades
mercantiles (con lo cual los certificados de aportación se convirtieron
en acciones, fácilmente transferibles a terceros), y la capitalización
de las deudas al Estado (con lo cual éste se convirtió en
copropietario). El siguiente paso fue la venta de las acciones del
Estado a inversionistas. Algunos ex cooperativistas también vendieron
las suyas. Es así como los grupos Wong, Manuelita (Colombianos), Gloria,
Oviedo, Huancaruna, Michell accedieron a la propiedad de estas
empresas.
El proceso aún no culmina. Los grandes perdedores son los trabajadores.
Aunque es cierto que en algunos casos están ahora mejor que en los
últimos años como cooperativas, también es cierto que han ido perdiendo
la propiedad en un proceso poco transparente.
Artículo publicado en el Diario La Primera, (08 de enero del 2011)
Artículo publicado en el Diario La Primera, (08 de enero del 2011)
No hay comentarios:
Publicar un comentario