Hace pocos años, en abril de 2007, el expresidente Alan García afirmó, en la ciudad de Chiclayo, que el minifundismo «es totalmente improductivo y una tragedia para el país». Apenas hace unos días, el 17 de enero, el presidente Ollanta Humala sostuvo lo contrario: «[Los grandes agricultores] nos hacen creer que el minifundio no es rentable. [...] Yo no creo eso —continuó—. Claro, si los pequeños tuvieran la plata que tienen los grandes, sería otra cosa».
El gobierno de Humala ha continuado la política económica de García, pero eso no hace que los dos gobiernos sean idénticos. Nada más contrario al discurso del «perro del hortelano» —que tan bien calzaba con el marcado derechismo del gobierno aprista— que afirmar no solo que los minifundistas pueden ser rentables, sino que los grandes agricultores no dicen la verdad al negarlo. Y, al decirlo, el presidente subrayó también la explicación: los grandes pueden ser eficientes porque tienen plata; si los minifundistas la tuviesen, también lo serían.
El gobierno de Humala ha continuado la política económica de García, pero eso no hace que los dos gobiernos sean idénticos. Nada más contrario al discurso del «perro del hortelano» —que tan bien calzaba con el marcado derechismo del gobierno aprista— que afirmar no solo que los minifundistas pueden ser rentables, sino que los grandes agricultores no dicen la verdad al negarlo. Y, al decirlo, el presidente subrayó también la explicación: los grandes pueden ser eficientes porque tienen plata; si los minifundistas la tuviesen, también lo serían.
La prensa derechista se ha alarmado y ha querido ver que detrás de esta afirmación hay una amenaza: que se vuelva a poner en debate la necesidad de establecer topes al tamaño de las explotaciones agropecuarias para poner coto a la preocupante multiplicación de neolatifundios. La difusión de los primeros resultados del IV Censo Nacional Agropecuario, que se realizó en el último trimestre del año pasado, les ha recordado que el Ejecutivo —en ese momento, a través del exministro de Agricultura, Luis Ginocchio— postergó este debate hasta conocerse los resultados del censo.
El actual ministro, Milton von Hesse, en entrevista exclusiva publicada en este número de LRA lo reitera: el problema es complejo, falta más información y deben analizarse todas las aristas del problema; «Creo que el censo agropecuario va a ser bastante ilustrativo sobre el tema». El reciente dato censal de que en la costa existen, hoy, más de 360 mil unidades agropecuarias —111 mil más que en 1994—, sin que haya más tierras disponibles (pues aquellas ganadas al desierto, gracias a las grandes obras de irrigación, son acaparadas por los neolatifundios), es suficiente para plantearse que hay una relación entra la multiplicación del minifundio y la concentración de la propiedad de la tierra.
LRA evalúa, sin embargo, como poco probable que el gobierno enfrente el problema de la concentración de la propiedad de la tierra. Aquel discurso que sostiene, machacona e interesadamente, que el gran agronegocio exportador es una historia de éxito, sin parangón, y que marca el camino —el único posible— que debe seguir el desarrollo de la agricultura para competir «en este mundo globalizado», ha calado hondo en la clase política y aun en la opinión pública. Este relato es graficado con impactantes curvas ascendentes del valor de las exportaciones agropecuarias y con imágenes de verdes campos ahí en donde, hasta hace no mucho, había tierras eriazas y desiertos. En otro espacio periodístico discutimos la debilidad de este relato(1).
Queda por ver, entonces, cuáles serán las consecuencias prácticas de la afirmación presidencial de que el minifundio sería rentable si también dispusiera de los medios de los que disponen «los grandes». El gobierno tiene la palabra.
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