El ministro del MINAGRI, Juan Manuel Benites afirmó hace pocos días en el Cusco, ante una comunidad campesina, que “la agricultura familiar contribuye a la seguridad alimentaria del país” (Agencia Andina, 23/06/2014, http://www.andina.com.pe/) . Para mostrar el apoyo del gobierno a la agricultura familiar, informó que se agregarán 200 millones de soles a los fondos del programa Mi Riego. Curioso ofrecimiento, si se toma en cuenta que dicho programa sólo ha podido gastar una fracción de los mil millones que le fueron otorgados el año pasado. Si no tiene capacidad de gasto ¿para qué se ofrecen 200 millones más?
Algunos días después, el ministro Benites declaró, esta vez en Lima ante 40 empresarios, que hay que reemplazar 50 mil hectáreas de arroz y algodón en la costa para ser sustituidos por cultivos para la exportación (diario Gestión, 23/06/2014). ¡50 mil hectáreas! Para tener una idea de esta extensión: es el doble del área de tierras de todo el valle Chancay-Huaral.
Resulta que el arroz es uno de los primeros alimentos de la dieta peruana. Pero el ministro plantea que sea reemplazado por cultivos no tradicionales para la exportación. Además, la mayor parte de la producción de este cereal es realizada por agricultores familiares. La propuesta del ministro es, por tanto, menos alimentos para el consumo interno, más para la exportación . Pero como sabemos, la agroexportación no tradicional es básicamente hecha por la gran empresa agraria, los neolatifundios.
La propuesta del ministro es, por tanto, menos agricultura familiar, más agroexportación corporativa. Todo esto ocurre en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, declarado por las Naciones Unidas, precisamente para relievar su importancia en el mundo.
¿A qué ministro creemos? ¿Al que ofrece a los comuneros del Cusco 200 millones, o el que ofrece a los empresarios 50 mil hectáreas más para la agroexportación?
La pregunta es sin duda retórica, pues las políticas de este gobierno, así como las de todos los gobiernos desde Alberto Fujimori, son pro gran empresa, particularmente en el agro. En la últimas dos décadas los sucesivos gobiernos –incluyendo el actual- han subsidiado con más de 6 mil millones de dólares a estas empresas agroexportadoras al entregarles las nuevas tierras ganadas con obras de irrigación en la costa, además de favorecerlas con la mitad del impuesto a la renta y una legislación laboral que recorta los derechos de los trabajadores. No hay ninguna simetría con los programas franciscanos y desarticulados en favor de la agricultura familiar.
1 ¡Esto ocurre a los pocos días de la aprobación por el Congreso de la ley de Seguridad Alimentaria!
2 Tamaño contrasentido no nos debe sorprender, pues lo mismo ocurre con el cambio climático, por lo siguiente. El gobierno declaró 2014 como “Año de la Promoción de la Industria Responsable y Compromiso Climático”, y en diciembre se realizará en el Perú la COP-20, una reunión mundial de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, el paquete de medidas para reactivar la economía que presentó la semana pasada el Ejecutivo al Congreso para su aprobación, desmonta parte importante de los avances que en años recientes hizo el propio gobierno en materia ambiental, cediendo a las presiones de parte del empresariado, sobre todo el involucrado con las empresas extractivas.
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