En el hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’ del Congreso se desarrolló
una audiencia pública que puso nuevamente en debate un tema sensible para el
país: limitar o no la propiedad de la tierra en el Perú.
La audiencia, «Límites a la propiedad de la tierra», fue
organizada por el congresista liberteño y presidente de la Comisión Agraria,
José León Rivera, el pasado 16 de febrero, donde participó Fernando Eguren,
presidente del CEPES.
La revista SOMOS NORTE, hizo un resumen de la exposición de
Fernando Eguren, que presentamos a continuación:
El presidente del Centro Peruano de Estudios (Cepes), Fernando Eguren López, dijo: «No he leído a Santo Tomás, pero estoy de acuerdo con las sugerencias del doctor Bullard. Efectivamente, ¿cuál es la relación del costo-beneficio de un proyecto de ley de esta naturaleza? «Al inicio de esta sesión nos decía el presidente del Congreso que en las tierras de Olmos que se está vendiendo a un precio base de US$ 4,250, en realidad vale US$ 20,000, y que el Estado está subsidiando con US$ 15,750 por hectárea.
«Un grupo económico ha comprado 15 mil hectáreas, entonces,
multiplicadas por US$ 15,750 nos da un subsidio de US$ 236’250,000. Por
supuesto que hay que hacer una relación de costo-beneficio: económico, social,
político, ambiental, etc. Hay interés del presidente Humala, hay dos propuestas
de dos congresistas; o sea, está puesto sobre el tapete el tema de las
limitaciones a la propiedad que entiendo no solamente son al tamaño, son
regulación del tamaño de la propiedad.
«No son muchos los inversionistas que tienen más de 10,000
ha, que es el límite mínimo de las dos propuestas de ley. Supongo que la mayor parte
de asociados de AGAP, cuyo presidente hemos escuchado, deben estar por las 2
mil o 3.000 ha o para abajo. «Cualquier ley que se da no tiene efecto
retroactivo. No creo que los que tienen 10 mil, 15 mil o 25,000 ha deban temer
que van a ser afectados o expropiados. No hay las condiciones ni voluntad
política de hacerlo. Sí creo que se trata de comprender que no se deben poner
barreras a la inversión de la pequeña y mediana agricultura.
«Hay un tema de las tierras del Estado cuando son puestas en
valor por inversión pública; o sea, la inversión que sale de los bolsillos de
todos los contribuyentes. ¿Esas tierras deben ser adjudicadas a un grupo
reducido de inversionistas nacionales o extranjeros? El Estado es el que pone
las reglas de juego para esas tierras, no el mercado. Subsidios es una decisión
política.
«Se ha creado una suerte de sentido común en los últimos
años que lo único que puede ser competitivo a nivel mundial es lo grande. Si es
así, demuéstrenlo con estudios comparativos. Que yo sepa no existen los
estudios respectivos comparativos en el Perú. Sí existen en otras partes del mundo
y dicen que la agricultura familiar, asociándose, combina mejor los factores de
producción, y que la eficiencia y la tasa de ganancia de la agricultura grande
la deben a un entorno político favorable.
«Hace muchos años (en Perú) hay un sesgo de inversión y de
apoyo a cierto sector de agricultura, mientras se escatima el apoyo a la
mediana y pequeña agricultura. «Entre la muy grande agricultura de 10 mil, 20
mil o 30,000 ha, y 5 hectáreas en la costa, que no es minifundio, hay
centenares de miles de empresas o posibles empresas de agricultores que podrían
beneficiarse de los US$ 236 millones que están yendo a un comprador de las
tierras de Olmos y construir un agro y una sociedad rural diferente, en la cual
las tierras estén mejor distribuidas, porque lo que estamos discutiendo tiene
una dimensión de inclusión.
«Tener concentrada la tierra es parte de un modelo
excluyente. Si se trata de seguir una propuesta de desarrollo incluyente, no es
solamente crear empleo, porque el empleo también lo crea la pequeña y la
mediana empresa. En el caso de tierras es tener la posibilidad de acceder al
principal activo productivo que es la tierra y el agua. «Está en poder del
Estado orientar la utilización de los suelos para producir cierto tipo de
cultivos. Siempre lo ha hecho, lo está haciendo ahora y quedan más de 200 mil
hectáreas en la costa por ganar sobre tierras fiscales. El Estado debe
estimular la producción de alimentos en esas áreas.
«Hay que esperar los resultados del censo para avanzar en el
debate, van a estar en el primer semestre del próximo año. «Yo he hecho un
ensayo de comparación de qué tamaño eran las haciendas antes de la Reforma
Agraria. Junté las haciendas que habían en el valle Huaral, es un valle de 25 o
26 mil hectáreas, y las 16 haciendas juntas sumaban 15,500 hectáreas. Hoy día
sólo el grupo Maple tiene casi lo que 16 haciendas tenían en Huaral; o sea, la
gran propiedad (de hoy) es más grande que la gran propiedad de antes de la
Reforma Agraria en la década del 60.
«No es lo mismo una hectárea de cultivo bajo riego en la
costa, que una de secano en la sierra con pastos naturales. Una hectárea bajo
riego en la costa tiene la significación económica de 97.2 hectáreas de pastos
en la sierra.
«La mayor parte de tierras de las comunidades campesinas son
de pastos naturales. Entonces, si decimos el conjunto de comunidades campesinas
tiene 14 millones de hectáreas de pastos naturales, su equivalencia son 140 mil
hectáreas, para 3 millones de personas hacia arriba.
«En cuando a la regulación de la propiedad hay varias
opciones que pueden ser complementarias, una de las propuestas de ley establece
límites al tamaño. No sabemos todavía cuál va a ser la propuesta del Poder
Ejecutivo, pero la fijación tiene que adecuarse a diferentes calidades de
suelos y características de las zonas, etc. No puede ser un número nada más.
«El tema del impuesto a la tierra. Uno puede decir a partir de
cierto tamaño se aplicará impuestos a la tierra y la idea ahí seria
desincentivar la concentración de la propiedad, no de expropiar, y eso ocurre
en muchos países.
«Uno puede decir a partir de cierto tamaño que paguen el 30%
de impuesto a la renta, porque sigue habiendo un subsidio oculto, el de seguir pagando
un 15%, ley que originalmente fue para promover las inversiones, pero las
normas son temporales y si estamos jugando a la competitividad internacional,
que las reglas sean comunes para todos.
«Hay que hacer una ley de tierras más amplia, que considere
cuestiones ambientales, etc. No es solamente el tamaño de la propiedad. «El
mercado internacional se ha vuelto muy inestable, con precios que tienden al
alza. ¿Cuáles son las decisiones para encarar el desafío de la seguridad alimentaria
en 10 años más?».
Publicado en la revista SOMOS NORTE - Edición 208 - abril 2012
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