Archivan la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero al mismo tiempo
crean el Grupo Parlamentario contra el Hambre. ¿Quién los entiende?
Artículo escrito por Fernando Eguren (1), para LA REVISTA AGRARIA N° 168
Duele constatar... que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la «prioridad del mercado» y por la «preeminencia de la ganancia», que han reducido los alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera. Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna. (Papa Francisco, en la II Conferencia Internacional sobre Nutrición. Roma, 20 de noviembre de 2014)
La Ley de Seguridad Alimentaria —cuyo proyecto había sido aprobado por unanimidad por la Comisión Agraria del Congreso y, luego, por el Pleno el 19 de diciembre de 2013— ha sido archivada el pasado 12 de noviembre por disposición del propio Consejo Directivo.
Esto ocurre al mismo tiempo que se constituye el Grupo Parlamentario contra el Hambre, cuyo objetivo es, precisamente, luchar por la seguridad alimentaria. ¿Cómo puede ser tan contradictorio el propio Congreso, sobre todo en un asunto tan delicado como es el de la alimentación?
¿Qué ha pasado?
Recordemos al lector que el año pasado fue muy especial debido a la relevancia que cobró el tema alimentario. El Ejecutivo declaró 2013 como Año de la Seguridad Alimentaria (coincidió con el Año Internacional de la Quinua, declarado por las Naciones Unidas); en mayo del mismo año se aprobó la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes; y en diciembre, también del mismo año, el Ejecutivo aprobó una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se presentó en el Congreso el proyecto de ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En contraste, en 2014 hubo estancamiento y retrocesos: a) después de más de año y medio, no se reglamentó la Ley de la Alimentación Saludable, que debía definir los parámetros para distinguir cuáles son alimentos saludables y cuáles no lo son; b) después de un año, aún no se aprueba un Plan de Acción para la implementación de la Estrategia Nacional; y c) la Ley de Seguridad Alimentaria se acaba de archivar. En conclusión, en la práctica, no se ha avanzado nada.
¿Por qué ha ocurrido todo esto? En el caso de la Ley de Alimentación Saludable, se sabe que la industria alimentaria y las empresas de publicidad se oponen a ella y tienen suficiente fuerza como para influir en el Ministerio de Salud, entidad encargada de reglamentar sobre los parámetros que diferencian los alimentos saludables de los no saludables. El entonces viceministro de Salud Pública, Aníbal Velásquez (convertido hoy en el nuevo ministro), ofreció que a fines de octubre el reglamento sería aprobado, pero hasta la fecha no hay nada.
En el caso de la Estrategia Nacional, es posible que el interés del Ejecutivo de ejecutarla haya pasado a un segundo plano, concentrado como está en la realización de la COP20 y en la emisión de leyes orientadas a la promoción de la inversión privada para estimular el lánguido crecimiento económico. Por lo demás, los dos últimos ministros de Agricultura, entidad que lideró la comisión que elaboró la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, no mostraron mayor entusiasmo por el tema y abandonaron ese liderazgo.
En el caso del archivamiento de la Ley de Seguridad Alimentaria, las cosas no son claras. Tanto la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad como la Comisión Agraria aprobaron un dictamen por consenso, dictamen que fue aprobado por el Pleno del Congreso el 19 de diciembre del año pasado y exonerado de una segunda votación. Sin embargo, en el mismo Pleno, la congresista Martha Chávez solicitó la reconsideración de la votación con el argumento de que el proyecto modificaba la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y Municipales, y que, por tanto, se requería de una votación calificada (dos tercios del total).
Consultado el oficial mayor del Congreso, Javier Álvarez Illman, el 24 de mayo, respondió que el pedido de la congresista no procedía. Pero, en cambio, afirmó motu proprio —pues nadie se lo había solicitado— que sí modificaría tácitamente la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo al agregarle nuevas atribuciones, por lo que sí se requería la votación calificada. El Pleno volvió a rechazar la reconsideración solicitada por la congresista Chávez el 11 de junio, quien, no obstante, sostuvo que el proyecto de ley se tenía que archivar al no haber alcanzado los dos tercios de los votos. Dos semanas después, el 26 de junio, la Comisión Agraria acuerda y comunica que se tramite la autógrafa al Ejecutivo para su promulgación, dado que la reconsideración había sido rechazada. Finalmente, el 12 de noviembre de este año el proyecto de ley es archivado, aunque se lo archiva con fecha de junio, que es cuando se rechazó la reconsideración.
En su informe sobre todo este proceso, firmado el 30 de setiembre último, el oficial mayor, para quien la votación debió ser calificada, entra en una enrevesada y confusa disquisición sobre cómo las «voluntades colectivas» no representan a las «voluntades individuales», para justificar finalmente su recomendación de que la ley se archive.
En un hecho insólito, el oficial mayor desestima tres votaciones del Pleno (una votación a favor de la ley y dos rechazos a la reconsideración), recomienda el archivamiento y el Consejo Directivo del Congreso aprueba dicha recomendación.
¿Y el Frente Parlamentario contra el Hambre?
En catorce países de América Latina existen Frentes Parlamentarios Contra el Hambre para, entre otros objetivos, «aglutinar los esfuerzos del Congreso para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional». Acaba de formarse uno en el Perú, multipartidario, presidido por el congresista Modesto Julca e integrado por los congresistas Claudia Coari, Tomás Zamudio, Wuilian Monterola (presidente de la Comisión de Agricultura), Wilder Ruiz (presidente de la Comisión de Inclusión Social), Marisol Espinoza, Yehude Simon y Héctor Becerril. Pues bien, ya tienen una primera tarea urgente e importante: retomar el proceso que dé pie a la promulgación de una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú.
Nota
1 Sociólogo, director de La Revista Agraria y presidente del Cepes.
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