(Artículo de presentación al libro: Diez propuestas para la acción política en tierras y territorios en América Latina, publicación editada por el CEPES)
El tema de la tierra parecía estar ya superado, luego de las reformas agrarias implementadas en varios países de la región durante la segunda mitad del siglo pasado. Ahí donde se aplicaron parecía que se ponía fin a una injusta distribución de la propiedad de este recurso natural, cuya importancia no solo era –y es– económica, sino también social y cultural.
Pero resulta que, décadas después, la tierra resurge como un problema aun más complejo, pues a una (nueva) polarización (1) en la estructura de propiedad, se le suma la competencia por su uso: alimentos, agroexportación, biocombustibles, urbanización, industrias extractivas.
Ya no son solo ni principalmente terratenientes ‘como los de antes’, sino corporaciones con intereses diversos que buscan vorazmente el control de tierras y territorios para rentabilizarlos como fuente de producción agrícola (alimentos para la exportación o para la producción de biocombustibles), de especulación urbana, de extracción de minerales, hidrocarburos y maderas, de recursos genéticos, de generación de energía, hasta de protección ambienta. En este afán compiten inversionistas, con todo tipo de ventajas, con los derechos de los ocupantes originales: campesinos, indígenas, pequeños y medianos agricultores, comunidades campesinas y nativas y pequeños centros urbanos.
Ya no son solo ni principalmente terratenientes ‘como los de antes’, sino corporaciones con intereses diversos que buscan vorazmente el control de tierras y territorios para rentabilizarlos como fuente de producción agrícola (alimentos para la exportación o para la producción de biocombustibles), de especulación urbana, de extracción de minerales, hidrocarburos y maderas, de recursos genéticos, de generación de energía, hasta de protección ambienta. En este afán compiten inversionistas, con todo tipo de ventajas, con los derechos de los ocupantes originales: campesinos, indígenas, pequeños y medianos agricultores, comunidades campesinas y nativas y pequeños centros urbanos.
Los gobiernos tienden a atender los intereses de los primeros, quienes tienen a su favor la influencia sobre las autoridades y el apoyo de importantes medios de comunicación. A diferencia de la formación de los antiguos latifundios, el método para hacerse de las tierras no es necesariamente ejercer la violencia sobre los ocupantes (tampoco la excluye), sino la aprobación de leyes hechas a su medida y conveniencia, así como el debilitamiento de los mecanismos institucionales de defensa de los derechos de los ocupantes originales.
La acción política de las poblaciones afectadas se convierte, así, en una necesidad para resistir la agresiva ‘conquista’ territorial de las corporaciones y revertir las prácticas institucionales que las limitan e impiden desarrollarse. Al lado y en alianza con las poblaciones afectadas surgen iniciativas desde la sociedad civil para contribuir a que sus derechos sean respetados a través del desarrollo de diferentes mecanismos y canales de presión sobre el Estado, así como de influencia en la opinión pública.
De eso se trata esta publicación: de mostrar las diversas formas en que son amenazados los derechos sobre la tierra de los ocupantes (campesinos, indígenas, comunidades o pequeños agricultores) y las distintas formas de resistencia, rechazo y respuesta a esas amenazas.
Fernando Eguren
Presidente del CEPES
Notas:
(1) La polarización se refiere a que, por un lado, un número significativo de campesinos, indígenas, afrodescendientes, en general de pobladores en condición de vulnerabilidad dominan una escasa cantidad de tierras usualmente de menor calidad y, por otro lado, un grupo pequeño de inversionistas y corporaciones privadas se han hecho del control de grandes cantidades de tierras, por lo general de mayor calidad.
Polarización que se acrecienta en este contexto de cambio climático. A leerlo!
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