viernes, 2 de octubre de 2009

El misterio político de la propiedad



Hernando de Soto ha querido resumir las propuestas que esgrime en el video El misterio del capital de los indígenas amazónicos diciendo que «el problema amazónico es económico y no étnico». Aquí sostenemos que el verdadero origen del problema es de orden político.

Hernando de Soto ha logrado colocar en la agenda pública, una vez más, la visión que el economista tiene de las causas del subdesarrollo económico de los pueblos, esta vez llevada al espacio de las comunidades nativas amazónicas. Aquí, algunos comentarios.

1. Según De Soto, los títulos y normas que el Estado otorga a las comunidades «no son más que pedazos de papel». Si así lo fueran, el problema es del Estado y de los gobiernos que emiten las leyes y que no les dan a esos títulos y normas (e instituciones que los registran o protegen) el rango que, según De Soto, deberían tener. El valor de los títulos que el Estado otorga a las comunidades no tiene nada que hacer con ninguna característica intrínseca de la propiedad comunal.

2. Un «buen título de propiedad» (para usar la frase de De Soto) otorgado a una persona natural o jurídica no representa, en absoluto, acceso automático a crédito, capital, seguros y demás beneficios que De Soto asocia con la titulación de la propiedad individual. El otorgar o no un crédito o un seguro es una decisión que las entidades encargadas toman basándose en una serie de condiciones, y el título de propiedad es solo una de ellas. Por eso es que hay decenas de miles de pequeños propie-tarios rurales y urbanos en todo el país que, teniendo títulos de propiedad individuales y bien sanea-dos —justamente, aquellos que De Soto reclama para los comuneros—, no pueden acceder a créditos. Los bancos, simplemente, no les prestan.

3. Uno de los supuestos de De Soto es que la única manera de acceder al crédito es hipotecando la propiedad. Sin embargo, durante décadas, la garantía solicitada por la banca de fomento (entre ellos, el fenecido Banco Agrario) para los préstamos otorgados a los agri-cultores ha sido la cosecha (la prenda agrícola). El desprestigio de la banca de fomento estatal se originó en un contexto de crisis económica (la década de los ochenta) y, particularmente, durante la pésima gestión del primer gobierno aprista (1985-1990). Este desprestigio continuó, ya como parte de la propaganda antiestatal neoliberal posterior.

4. En realidad, más que con las características legales de la propiedad comunal, el problema de fon-do de la debilidad de la propiedad que tanto busca esclarecer De Soto tiene que ver con el hecho de que el Estado reconoce más derechos a las empresas que solicitan concesiones para la extracción de recursos no renovables, que a cualquier propietario —sea este individual o comunal, criollo, mes-tizo o nativo.

El ejemplo más notorio de ello es Tambogrande. Los agricultores de la colonización San Lorenzo (Piura) son propietarios individuales con todas las de la ley, totalmente integrados al mercado, y al mercado internacional por añadidura, pues son exportadores: no son comuneros pobres con un título de propiedad colectivo y tenues lazos con el mercado. Sin embargo, fue solo gracias a la enorme presión de la opinión pública y los agricultores —quienes tuvieron que movilizarse durante meses y organizar campañas de incidencia política y mediática en rechazo a la explotación de minerales que se encontraban debajo del centro poblado de Tambogrande y parte de la zona de cultivo— que la empresa minera Manhattan se retiró de la zona.

El problema de la debilidad de la propiedad es, pues, político, pues el valor de la propiedad depende de las reglas de juego sancionadas por el Estado: es este el que les reconoce a las empresas multina-cionales extractivas más derechos que a los propietarios de tierras, sea que se trate de propiedades comunales o individuales.

5. El propio De Soto reconoce implícitamente esto en el video, al señalar que la propiedad de máxima jerarquía es aquella que se acoge a las garantías otorgadas por tratados internacionales firmados entre el Perú y el país en donde está constituida la empresa — lo que, aunado a otras garantías jurí-dicas, les da, en sus palabras, el carácter de una «súper propiedad»—. Reconoce así que los derechos de propiedad de las empresas extranjeras tienen más validez que las propiedades registradas en el Perú —siendo irrelevante si esta es privada, comunal o de cualquier otra modalidad—. Aquí, el único «misterio» que cabe señalar son las reglas de juego —leyes, contra-tos— que los gobiernos establecen para beneficiar a las empresas extranjeras en detrimento de los nacionales.

Una vez más, es un problema político, no un problema que se derive del carácter «comunal», «nativo» o «tradicional » de la propiedad.

6. Las reglas de juego de acceso a los recursos naturales podrían cambiarse perfectamente para que, sin necesidad de darles propiedad sobre el subsuelo, las comunidades o los propietarios privados tengan derechos preferenciales sobre los recursos que se encuentran bajo la superficie del suelo del que son dueños. Citamos solo dos mecanismos posibles, a guisa de ejemplo: uno, estableciendo exigencias legales que permitan que las negociaciones entre empresas y quienes tienen derechos sobre la superficie sean más equilibradas; y dos, que estos propietarios sean, de oficio, socios accio-nistas de las empresas y participen de sus beneficios (aun cuando pudiera limitarse su capacidad de intervención en algunas decisiones).

7. En síntesis, el problema cuyo «misterio » busca desentrañar Hernando de Soto es político, y no es consecuencia de ninguna característica inherente a la propiedad comunal, que, por su propia esen-cia, les impida a los comuneros acceder a recursos externos que potencien su desarrollo económico.

jueves, 1 de octubre de 2009

La crisis del agua

Artículo publicado en el diario La República (01 octubre 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

En marzo pasado se celebró en Estambul el quinto Foro Mundial del Agua. Reunió a 33 mil participantes de 182 países. La importancia de este evento ha ido creciendo paralelamente a la toma de conciencia y a la mayor información sobre lo que ya se llama “la crisis del agua”.

La preocupación no es para menos. Según el informe anual de The World Watch Institute (State of the World 2008), dentro de apenas 15 años tres cuartas partes de la población mundial se enfrentarán a una situación de escasez de agua.  Actualmente, el 40% de la población mundial vive en esa situación.

La agricultura es una usuaria primara del agua –80% en el Perú–y está en el corazón del desafío de la gestión del recurso. Según dicho informe mientras que la persona promedio requiere de dos a cinco litros de agua para beber, la huella hídrica promedio del consumo personal diario de alimentos es de unos 3 000 litros. Una hamburguesa – tan sólo una – requiere 2300 litros de agua, tomando en cuenta lo que se usa para producir maíz y alimentar al ganado; un vaso de leche tiene detrás 200 litros y una camiseta de algodón, 4100 litros. Estudios en profundidad sugieren que si no hay cambios reales en la manera en la que el mundo produce alimentos y gestiona el medio ambiente, hacia el 2050 podría no haber suficiente agua para producir los alimentos que se necesiten.

En el Perú la preocupación por la disponibilidad del agua también es creciente. Una expresión de ello fue el Foro Nacional “Agua: Políticas, Conflictos y Consensos” organizado por IPROGA, la PUCP y otras entidades, los días 7 y 8 de septiembre. No por conocida deja de ser impactante la información difundida en el foro de que el 98% del agua superficial está en la vertiente del Atlántico, en donde solamente vive un tercio de la población, mientras que el 2% del agua en la vertiente del Pacífico debe satisfacer las necesidades de los otros dos tercios. Es también impactante la velocidad de deglaciación actual en nuestras cordilleras, que alimentan varios ríos importantes. Es particularmente preocupante el caso del río Santa, alimentado por los glaciares de la Cordillera Blanca, del cual dependen tanto las decenas de miles de hectáreas de las tierras de cultivo irrigadas por el proyecto Chavimochic –casi en su totalidad destinadas a la exportación– como la generación de hidroenergía.

A diferencia de otros países que se enfrentan a la escasez física del agua, el Perú es considerado como país en una situación de escasez económica del agua. Es decir, hay cantidad suficiente de agua (1)  para satisfacer las necesidades humanas, pero hay limitaciones humanas, institucionales, infraestructurales o financieras que previenen a la población de acceder a ella.

Pero quién accede al agua y quién no, depende de muchos factores. El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2006 subrayó el hecho de que la crisis del agua es un desafío a la pobreza, la desigualdad y a las relaciones de poder desiguales, y no sólo a su disponibilidad física (2).   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua.

Todo esto hace que la economía política del agua sea compleja y emotiva.
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 (1) En la costa, la región más árida, la disponibilidad de agua por habitante es 2040 m3/año. Fuente: ANA, 2009, citando a INRENA, 1995.
(2)   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua. Fuente: ENAHO, Continua, 2007.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com