miércoles, 30 de junio de 2010

Las inversiones en agricultura contribuyen al neolatifundismo


Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Según el aviso pagado por el Ministerio de Agricultura y difundido por los diarios el 24 de junio, con motivo del día del campesino, la política oficial continuará marginando precisamente a los homenajeados, los campesinos.

El aviso informa hacia dónde se orientan las inversiones agrarias que se hacen con recursos públicos. A programas que de algún modo benefician a la agricultura de pequeña escala se destina el 2.5 por ciento de las inversiones (Agroemprende, 0.7% y Núcleos Ejecutores, 1.8%). En contraste, en el otro extremo, las inversiones orientadas a consolidar el neolatifundio acaparan el 65% de las inversiones. Estas son cuantiosas inversiones en grandes obras de irrigación -Chavimochi III, Olmos II, Majes Siguas II, Chinecas - que permitirán que tierras eriazas, improductivas, sean cultivadas, exclusivamente para la exportación.

Hay tres problemas con estas inversiones en irrigaciones.

El primero es que, en la medida que son aprovechadas sólo por grandes inversionistas (pues así lo determinan las condiciones de venta de estas tierras), contribuye a restablecer una estructura bipolar de propiedad de la tierra, tal y cual existió antes de la reforma agraria de 1969. Esta concentración de tierras y de capitales ahonda las ya grandes desigualdades socioeconómicas existentes en el país. Y no hay mejor estímulo para el conflicto social que la agudización de las desigualdades.

En segundo lugar, los costos de oportunidad son muy altos. Con montos tan elevados comprometidos en irrigaciones –930.5 millones de dólares, según el aviso- y siendo los recursos públicos siempre escasos, cabe preguntarnos si no son prioritarias otras inversiones. Por ejemplo, en pequeñas irrigaciones que beneficiarían a centenares de miles de agricultores familiares, contribuyendo así a combatir la pobreza rural, a mejorar la seguridad alimentaria del país y al desarrollo descentralizado de las regiones.

En tercer lugar, con estas grandes inversiones se ganan nuevas tierras para el cultivo mientras que, por otro lado, se van perdiendo tierras por distintas causas. En algunos casos, por salinización, debido al efecto combinado de malas técnicas de riego, deficientes sistemas de drenaje y cultivos que utilizan mucha agua. Viejos estudios, que no han sido reactualizados, mostraban que más de un tercio de las tierras de la costa estaban salinizadas. En la sierra y selva también se pierden centenares de miles de hectáreas de tierras por erosión y deforestación.

Es preciso que los recursos públicos sean utilizados potenciando las capacidades económicas de la mayor parte de agricultores y campesinos, y no profundizando las diferencias en beneficio de pequeños y poderosos grupos de neolatifundistas.




jueves, 24 de junio de 2010

Reforma y contrarreforma agraria, 41 años después

Artículo publicado en el Diario La República (24 junio 2010)

 
Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Un día como hoy, hace 41 años, el gobierno del general Velasco promulgó la ley de reforma agraria y, simultáneamente, ocupó los grandes complejos agroindustriales azucareros de los llamados ‘barones del azúcar’.

En los siguientes seis años, fueron expropiadas todas las haciendas del país. Sus tierras fueron adjudicadas a cooperativas agrarias de producción (alrededor de 2.3 millones de hectáreas), a Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS, 2.9 millones) y a comunidades y otras organizaciones campesinas (3.5 millones). Se beneficiaron 375 mil familias. Regionalmente, fueron expropiadas y adjudicadas el 53% de las tierras de uso agropecuario de la costa y el 23% de la sierra.

Las cooperativas y las SAIS no resistieron el paso del tiempo: las primeras fueron divididas por los propios trabajadores en parcelas familiares, y las tierras de las segundas fueron, salvo excepciones, distribuidas entre las comunidades campesinas.

Desde el punto de vista de la producción, la reforma agraria no fue exitosa. Pero al redistribuir las tierras, mejoraron los ingresos de centenares de miles de familias. Desde el punto de vista social y político fue muy importante: puso fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, democratizó la sociedad rural y permitió la conversión de los campesinos en ciudadanos.

La contrarreforma agraria, iniciada tímidamente en los ochenta se aceleró en la década de 1990. La Constitución de 1993 eliminó las restricciones a la propiedad agraria y redujo la protección a las tierras de las comunidades. Muchas leyes posteriores profundizarían la liberalización del mercado de tierras, marginarían a la agricultura familiar y debilitarían aún más las normas que amparan los derechos comunales. El manifiesto escrito por el presidente García, “El síndrome del perro del hortelano” en octubre de 2007 puso en blanco y negro el decidido apoyo de su gobierno a la reconstitución de latifundios: campesinos y nativos no deben ser los propietarios de sus recursos pues, afirma el presidente, no saben y son pobres; esos recursos deben ser transferidos a los grandes inversionistas, que tienen las tecnologías y recursos económicos, y que además se convertirán en sus nuevos patrones. Continúa así la orientación de los gobiernos de Fujimori y Toledo de reconstitución de latifundios.

Cuarenta y un años después de la reforma agraria hay neolatifundistas mayores que los que existieron antes de la reforma agraria.

El más grande de todos, el grupo Gloria, controla alrededor de 60 mil hectáreas en la costa de Áncash y La Libertad; el grupo Romero, unas 20 mil hectáreas en Piura, Huaral y San Martín; el grupo Dyer (Camposol), alrededor de 24 mil hectáreas en varios valles de la costa; la empresa Maple, 12 mil hectáreas en el valle del Chira. Hay decenas de neolatifundios que tienen más de mil hectáreas. Y las casi 150 mil hectáreas de nuevas tierras públicas, que se ganarán en la costa con nuevas irrigaciones hechas con dineros también públicos.