martes, 1 de diciembre de 2009

Cumbre mundial sobre seguridad alimentaria

Artículo publicado en el diario La República (01 diciembre 2009)
Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

En días recientes –entre el 16 y el 18 de noviembre– se realizó en Roma, convocada por la FAO, una Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, que es una respuesta al agravamiento de la inseguridad alimentaria en el planeta: según estimados de la propia FAO, la elevación de los precios de los alimentos a mediados del año pasado y la crisis económica internacional han elevado la población en situación de hambruna en el mundo de 850 millones a 1,020 millones.

La sensación de que estamos en un mundo muy frágil en materia alimentaria ha puesto el tema en la agenda internacional, pero también ha evidenciado las diferencias de perspectivas sobre el tema. El Foro de la Sociedad Civil –en el que tuve la oportunidad de participar– realizado en Roma inmediatamente antes de la Cumbre reunió a centenares de representantes de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y ONG, con la esperanza de tener alguna influencia en la declaración oficial. El Foro sostuvo con fuerza la necesidad de que los estados adopten una política de ‘soberanía alimentaria’, no pudiendo la alimentación popular estar a merced del funcionamiento del mercado ni de acuerdos comerciales internacionales. En una orientación diferente, la declaración oficial de la Cumbre se adscribe al concepto de ‘seguridad alimentaria’, tradicionalmente mantenido por la FAO, que subraya la importancia de un mercado realmente libre como mecanismo eficiente para alcanzarla. La realidad, sin embargo, muestra que los mercados están distorsionados por subsidios y monopolios.

Otro tema se discutía también en los corredores de la Cumbre: la posibilidad de que el presidente Lula sea el sucesor del actual director general, Jacques Diouf, quien en el 2011 culmina doce años en el cargo. Lula podría cumplir un importante papel para reflotar la institución, después de que la actual gestión fuera duramente criticada por la Evaluación Externa Independiente en el 2007.

La FAO es una organización conformada por los gobiernos y el Perú es uno de sus miembros. A pesar de la relevancia del tema de la Cumbre para nuestro país, el Ejecutivo no se hizo presente. En cambio participaron los presidentes Lula de Brasil, Bachelet de Chile y Lugo de Paraguay, más ministros y viceministros de quince países latinoamericanos. La pálida presencia peruana se limitó a cuatro congresistas de otras tantas organizaciones políticas (hasta que no den un informe público sobre la relevancia de su presencia en Roma, cabrá la sospecha de que el afán haya sido más bien turístico).

No deja de ser una paradoja que en el Perú el tema de la seguridad o soberanía alimentaria no ocupe la atención no solo de gobernantes sino de la comunidad política y aun de la opinión pública. Aun cuando las tasas de desnutrición en el Perú se hayan reducido en los últimos años –al 19% en el primer semestre del 2009, según INEI ENDES–, sigue siendo un problema muy grave, sobre todo en las áreas rurales, en donde alcanza el 40%. Y el propio CEPLAN pone como objetivo para el año 2021 que el porcentaje de desnutridos menores de 5 años será del 14.1%, unos 400 mil niños. Objetivo inaceptable tanto por el escaso esfuerzo público que ello implica para enfrentar el problema como por razones éticas.

1-Ver los textos de la evaluación en  http://www.fao.org/pbe/pbee/es/219/index.html



viernes, 2 de octubre de 2009

El misterio político de la propiedad



Hernando de Soto ha querido resumir las propuestas que esgrime en el video El misterio del capital de los indígenas amazónicos diciendo que «el problema amazónico es económico y no étnico». Aquí sostenemos que el verdadero origen del problema es de orden político.

Hernando de Soto ha logrado colocar en la agenda pública, una vez más, la visión que el economista tiene de las causas del subdesarrollo económico de los pueblos, esta vez llevada al espacio de las comunidades nativas amazónicas. Aquí, algunos comentarios.

1. Según De Soto, los títulos y normas que el Estado otorga a las comunidades «no son más que pedazos de papel». Si así lo fueran, el problema es del Estado y de los gobiernos que emiten las leyes y que no les dan a esos títulos y normas (e instituciones que los registran o protegen) el rango que, según De Soto, deberían tener. El valor de los títulos que el Estado otorga a las comunidades no tiene nada que hacer con ninguna característica intrínseca de la propiedad comunal.

2. Un «buen título de propiedad» (para usar la frase de De Soto) otorgado a una persona natural o jurídica no representa, en absoluto, acceso automático a crédito, capital, seguros y demás beneficios que De Soto asocia con la titulación de la propiedad individual. El otorgar o no un crédito o un seguro es una decisión que las entidades encargadas toman basándose en una serie de condiciones, y el título de propiedad es solo una de ellas. Por eso es que hay decenas de miles de pequeños propie-tarios rurales y urbanos en todo el país que, teniendo títulos de propiedad individuales y bien sanea-dos —justamente, aquellos que De Soto reclama para los comuneros—, no pueden acceder a créditos. Los bancos, simplemente, no les prestan.

3. Uno de los supuestos de De Soto es que la única manera de acceder al crédito es hipotecando la propiedad. Sin embargo, durante décadas, la garantía solicitada por la banca de fomento (entre ellos, el fenecido Banco Agrario) para los préstamos otorgados a los agri-cultores ha sido la cosecha (la prenda agrícola). El desprestigio de la banca de fomento estatal se originó en un contexto de crisis económica (la década de los ochenta) y, particularmente, durante la pésima gestión del primer gobierno aprista (1985-1990). Este desprestigio continuó, ya como parte de la propaganda antiestatal neoliberal posterior.

4. En realidad, más que con las características legales de la propiedad comunal, el problema de fon-do de la debilidad de la propiedad que tanto busca esclarecer De Soto tiene que ver con el hecho de que el Estado reconoce más derechos a las empresas que solicitan concesiones para la extracción de recursos no renovables, que a cualquier propietario —sea este individual o comunal, criollo, mes-tizo o nativo.

El ejemplo más notorio de ello es Tambogrande. Los agricultores de la colonización San Lorenzo (Piura) son propietarios individuales con todas las de la ley, totalmente integrados al mercado, y al mercado internacional por añadidura, pues son exportadores: no son comuneros pobres con un título de propiedad colectivo y tenues lazos con el mercado. Sin embargo, fue solo gracias a la enorme presión de la opinión pública y los agricultores —quienes tuvieron que movilizarse durante meses y organizar campañas de incidencia política y mediática en rechazo a la explotación de minerales que se encontraban debajo del centro poblado de Tambogrande y parte de la zona de cultivo— que la empresa minera Manhattan se retiró de la zona.

El problema de la debilidad de la propiedad es, pues, político, pues el valor de la propiedad depende de las reglas de juego sancionadas por el Estado: es este el que les reconoce a las empresas multina-cionales extractivas más derechos que a los propietarios de tierras, sea que se trate de propiedades comunales o individuales.

5. El propio De Soto reconoce implícitamente esto en el video, al señalar que la propiedad de máxima jerarquía es aquella que se acoge a las garantías otorgadas por tratados internacionales firmados entre el Perú y el país en donde está constituida la empresa — lo que, aunado a otras garantías jurí-dicas, les da, en sus palabras, el carácter de una «súper propiedad»—. Reconoce así que los derechos de propiedad de las empresas extranjeras tienen más validez que las propiedades registradas en el Perú —siendo irrelevante si esta es privada, comunal o de cualquier otra modalidad—. Aquí, el único «misterio» que cabe señalar son las reglas de juego —leyes, contra-tos— que los gobiernos establecen para beneficiar a las empresas extranjeras en detrimento de los nacionales.

Una vez más, es un problema político, no un problema que se derive del carácter «comunal», «nativo» o «tradicional » de la propiedad.

6. Las reglas de juego de acceso a los recursos naturales podrían cambiarse perfectamente para que, sin necesidad de darles propiedad sobre el subsuelo, las comunidades o los propietarios privados tengan derechos preferenciales sobre los recursos que se encuentran bajo la superficie del suelo del que son dueños. Citamos solo dos mecanismos posibles, a guisa de ejemplo: uno, estableciendo exigencias legales que permitan que las negociaciones entre empresas y quienes tienen derechos sobre la superficie sean más equilibradas; y dos, que estos propietarios sean, de oficio, socios accio-nistas de las empresas y participen de sus beneficios (aun cuando pudiera limitarse su capacidad de intervención en algunas decisiones).

7. En síntesis, el problema cuyo «misterio » busca desentrañar Hernando de Soto es político, y no es consecuencia de ninguna característica inherente a la propiedad comunal, que, por su propia esen-cia, les impida a los comuneros acceder a recursos externos que potencien su desarrollo económico.

jueves, 1 de octubre de 2009

La crisis del agua

Artículo publicado en el diario La República (01 octubre 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

En marzo pasado se celebró en Estambul el quinto Foro Mundial del Agua. Reunió a 33 mil participantes de 182 países. La importancia de este evento ha ido creciendo paralelamente a la toma de conciencia y a la mayor información sobre lo que ya se llama “la crisis del agua”.

La preocupación no es para menos. Según el informe anual de The World Watch Institute (State of the World 2008), dentro de apenas 15 años tres cuartas partes de la población mundial se enfrentarán a una situación de escasez de agua.  Actualmente, el 40% de la población mundial vive en esa situación.

La agricultura es una usuaria primara del agua –80% en el Perú–y está en el corazón del desafío de la gestión del recurso. Según dicho informe mientras que la persona promedio requiere de dos a cinco litros de agua para beber, la huella hídrica promedio del consumo personal diario de alimentos es de unos 3 000 litros. Una hamburguesa – tan sólo una – requiere 2300 litros de agua, tomando en cuenta lo que se usa para producir maíz y alimentar al ganado; un vaso de leche tiene detrás 200 litros y una camiseta de algodón, 4100 litros. Estudios en profundidad sugieren que si no hay cambios reales en la manera en la que el mundo produce alimentos y gestiona el medio ambiente, hacia el 2050 podría no haber suficiente agua para producir los alimentos que se necesiten.

En el Perú la preocupación por la disponibilidad del agua también es creciente. Una expresión de ello fue el Foro Nacional “Agua: Políticas, Conflictos y Consensos” organizado por IPROGA, la PUCP y otras entidades, los días 7 y 8 de septiembre. No por conocida deja de ser impactante la información difundida en el foro de que el 98% del agua superficial está en la vertiente del Atlántico, en donde solamente vive un tercio de la población, mientras que el 2% del agua en la vertiente del Pacífico debe satisfacer las necesidades de los otros dos tercios. Es también impactante la velocidad de deglaciación actual en nuestras cordilleras, que alimentan varios ríos importantes. Es particularmente preocupante el caso del río Santa, alimentado por los glaciares de la Cordillera Blanca, del cual dependen tanto las decenas de miles de hectáreas de las tierras de cultivo irrigadas por el proyecto Chavimochic –casi en su totalidad destinadas a la exportación– como la generación de hidroenergía.

A diferencia de otros países que se enfrentan a la escasez física del agua, el Perú es considerado como país en una situación de escasez económica del agua. Es decir, hay cantidad suficiente de agua (1)  para satisfacer las necesidades humanas, pero hay limitaciones humanas, institucionales, infraestructurales o financieras que previenen a la población de acceder a ella.

Pero quién accede al agua y quién no, depende de muchos factores. El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2006 subrayó el hecho de que la crisis del agua es un desafío a la pobreza, la desigualdad y a las relaciones de poder desiguales, y no sólo a su disponibilidad física (2).   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua.

Todo esto hace que la economía política del agua sea compleja y emotiva.
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 (1) En la costa, la región más árida, la disponibilidad de agua por habitante es 2040 m3/año. Fuente: ANA, 2009, citando a INRENA, 1995.
(2)   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua. Fuente: ENAHO, Continua, 2007.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com


martes, 28 de julio de 2009

La concentración del control de las tierras agrícolas

Artículo publicado en el diario La República (28 julio 2009)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)


Acaparamiento de tierras. “Land grab”, en inglés. Es una tendencia que está ocurriendo desde hace relativamente poco tiempo, y es uno de los rasgos perversos que puede acompañar el proceso de globalización. Consiste en la compra –o alquiler– masivo de tierras que hacen países con déficit de producción de alimentos, por escasez relativa de tierras, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles a otros países. Entre los principales compradores están los grandes exportadores de petróleo –Arabia Saudita, Emiratos Árabes– que tienen escasas tierras de cultivo para alimentos. Compradores también son Japón, Corea del Sur, Egipto, India y China, que adquieren derechos sobre extensas áreas ya sea para alimentos o para agrocombustibles. Según The Economist (21 mayo 2009), la China ha adquirido derechos para cultivar 2.8 millones de hectáreas de palma aceitera en el Congo, y está negociando 2 millones de hectáreas más con Zambia para la producción de biodiesel.

 Entre los vendedores hay países que sufren hambrunas periódicas por razones climáticas o por guerras, como los mencionados, y también Etiopía y Sudán.

América Latina no se salva de este proceso. Según GRAIN, una ONG internacional, a fines de 2007, Mitsui compró al Brasil 100 mil hectáreas de tierras para la producción de soya a través de su participación en Multigrain SA, el 40% de la cual está ahora en sus manos. La India ha comprado plantaciones de palma en Indonesia, y están interesados en Uruguay, Paraguay y Brasil para la producción de lentejas y soya que importaría. Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas.

El Perú no está a salvo de estas corrientes. Si bien no tiene extensas áreas de cultivo disponibles, hay intereses por deforestar el bosque amazónico para la producción de palma aceitera para biodiesel. En la costa, la empresa norteamericana Maple adquirió cerca de 12 mil hectáreas de tierras eriazas en el valle del río Chira para sembrar caña de azúcar y producir etanol. Por lo demás, el importante proceso de concentración de la propiedad de las tierras de cultivo en el Perú, reseñado en La Revista Agraria 107 (www.cepes.org.pe), es también una expresión de la dinámica de la globalización, pues está impulsado enteramente por los mercados internacionales de agrocombustibles y de productos alimenticios de alto valor que constituyen la casi totalidad de los llamados productos agrarios ‘no tradicionales’.

Algunos datos permiten ver el grado de avance de este proceso de concentración de tierras de cultivo en la costa del país. Considerando tan solo las propiedades mayores de mil hectáreas, en el departamento de Piura, 7 empresas controlan 32 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad serían dedicadas a la caña de azúcar para etanol; en La Libertad, 13 empresas poseen 98 mil hectáreas; en Áncash, una tiene 16 mil hectáreas; en Ica, 8 son propietarias de 13 mil hectáreas; en San Martín, un grupo económico cerca las 15 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera, parte de las cuales serán destinadas a la producción de etanol. En todos los casos, se trata de productos para exportar.

El proyecto de ley del Apra para establecer un límite máximo de 40 mil has de tierras agrícolas en la costa buscaría convalidar esta concentración, que se va asemejando a la que prevalecía antes de la reforma agraria, iniciada precisamente hace 40 años, en 1969.

Artículo publicado en el diario La República (28 julio 2009)


martes, 21 de julio de 2009

Debe haber política agraria clara y coherente

Artículo publicado en el Diario La Primera (21 julio 2009)

Sin políticas claras el gasto es inútil. Para el especialista en temas agrarios del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Fernando Eguren, el llamado Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural), que destina 150 millones de nuevos soles a los alcaldes distritales para concretar el Programa de Mantenimiento de Canales de Riego, no solucionará nada si no viene acompañado de una verdadera política agraria del gobierno.

“Tales políticas agrarias deben estar destinadas a desarrollar la pequeña y mediana agricultura que agrupa a miles de familias y que produce casi todos los alimentos que se consumen. Pensar en una solución solo otorgando recursos es inadecuado”, señaló.

Además, puntualizó que si bien la iniciativa no deja de ser positiva, la misma adolece de no puntualizar cómo será la orientación de los fondos. “El tema de la asistencia que debe prestar el gobierno central a los municipios distritales no ha sido tratado. Sin ayuda técnica, serán ellos mismos quienes determinen para qué sirve el dinero, lo cual puede llevar a que no haya un uso positivo de los recursos”, manifestó.

Como se recuerda, el programa fue lanzado por el Ministerio de Agricultura, y puntualiza que los recursos se darán a los alcaldes sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Artículo publicado en el Diario La Primera (21 julio 2009)

martes, 7 de julio de 2009

Reforma Agraria: 40 años después - MESA REDONDA





Mesa Redonda que se grabó para el programa radial Tierra Fecunda. Participan el sociólogo Fernando Eguren López, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES; el ingeniero Raul Chao, gerente de la Asociación de Promoción Agraria, ASPA; el periodista Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias; y el líder campesino Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, CNA.


viernes, 5 de junio de 2009

Bagua: drama que se debió evitar


No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.

Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hec-táreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, ad-más cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”

“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”

“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.

“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero.”

“..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas…”

“..el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista.”

“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.”

Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, es aparente.

Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa de este discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinas y poblaciones nativas amazónicas. La reacción de estas poblaciones es contra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Los canales formales para atender la demanda de que estos decretos legislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bien han mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a las poblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método de negociación. No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como las movilizaciones y tomas de carreteras: la experiencia ha mostrado que sólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención. Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizaciones son el gobierno y el Congreso.

Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones de protesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalizarán hasta llegar, lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida tanto de pobladores –ciudadanos- amazónicos como la policía, también ciudadanos. ¿De quién es la responsabilidad principal? De quienes toman las decisiones políticas: el gobierno y el Congreso.

¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivo y el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La única institución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, que debería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con los representantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciar dos de los principales responsables políticos del drama que estamos viviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

miércoles, 8 de abril de 2009

Gobierno avalará salvataje de la pequeña agricultura con US$ 70 millones


“El Gobierno otorgará un aval de US$ 70 millones para rescatar a los pequeños agricultores de una eventual quiebra. Este monto, otorgado por COFIDE, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito para que permita a los pequeños agricultores seguir adquiriendo insumos para la producción de alimentos. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía los pequeños agricultores pondrían su propia producción.

Brack, quien dio esta información al programa televisivo ‘Portal financiero’, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuentas los aspectos social, económico y ambiental.”

Todo lector medianamente enterado de la política del gobierno de Alan García levantará la ceja expresando algo de incredulidad ante esta noticia. No es algo que calce con lo que este gobierno suele hacer. Pero, amigo lector, tranquilícese. Recupere usted su confianza en la consistencia de este gobierno con sus orientaciones estratégicas, y lea a continuación el texto de la noticia real, publicado en El Comercio el 1 de abril en la página B1:

“El Gobierno otorgará un aval de US$ 70 millones para rescatar a Doe Run Perú (DRP) de un eventual cierre de sus operaciones en La Oroya. Este monto, otorgado por COFIDE, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito que permita a la minera seguir adquiriendo concentrados. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía DRP pondría sus acciones a disposición de COFIDE.

Brack, quien dio esta información al programa televisivo ‘Portal financiero’, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuentas los aspectos social, económico y ambiental.”

Como se sabe, los peruanos dependemos mucho de los pequeños agricultores porque son los principales productores de alimentos para el país. Son centenares de miles. Bien merecerían un apoyo.

Como se sabe, también, Doe Run es una empresa que mantiene una refinería en La Oroya, que da trabajo a 3500 personas, que asegura que dicha ciudad continúe siendo una de las diez más contaminadas del mundo -con miles de niños con exceso de plomo en la sangre- y que incumple sistemáticamente sus compromisos de reducir los niveles de contaminación. Que, además –nos informa El Comercio- tiene un solo propietario, un estadounidense con una fortuna de 4 mil millones de dólares, que tiene un avión privado de 40 millones de dólares (un poco más de la mitad del monto que el gobierno está comprometiendo del dinero público en apoyo a la empresa) y que tiene acumuladas multas por 900 millones de dólares en Estados Unidos por ‘incumplimientos ambientales’.

¿No les parece que todo esto es un escándalo? ¿Uno más?

jueves, 26 de marzo de 2009

La asociación de pequeños agricultores, una necesidad

Artículo publicado en el diario La República (26 marzo 2009)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Hay un consenso sobre la necesidad de que los pequeños agricultores se asocien para lograr ciertas economías de escala que les permitan ser más competitivos. La pregunta es cómo, y esto suscita debates.

El DL 1020 propone una forma específica de asociación. Conveagro ha propuesto otra modalidad, el Régimen Especial del Productor Agrario (REPA). Por otro lado, hay formas de asociación ya existentes en nuestro agro: las cooperativas, las asociaciones de agricultores por línea de producto. Y las comunidades campesinas ¿acaso no son también asociaciones de pequeños agricultores?

Aunque la necesidad de asociación parezca obvia, no hay una discusión sistemática y ordenada sobre el tema. Diferentes tipos de asociaciones pueden corresponder a diferentes objetivos y tipos de agricultores. El problema surge cuando se pretende que un tipo de asociación sea el adecuado para todos.

‘Pequeña agricultura’ es un concepto que engloba una realidad diversa. Incluye una gran diversidad de productores agrarios. Hay los especializados en cultivos comerciales, totalmente integrados al mercado. Entre ellos hay monoproductores, como los de mango para exportación, y también los pequeños cafetaleros que, aunque especializados, tienen formas de producción ‘campesinas’, pues complementan sus cultivos de café con otros para el autoconsumo.

Los pequeños agricultores propiamente “campesinos” están vinculados al mercado, pero autoconsumen parte de su producción. Además, dada la escasez de tierras, deben también realizar actividades económicas extraprediales. Están los colonos de la selva alta, muchos de ellos  semiitinerantes. Y están asimismo las poblaciones nativas que también viven de la actividad agraria.

A esta diversidad se agrega el hecho de que hay pequeños agricultores que tienen una, 5, o 15 hectáreas, con grandes diferencias tecnológicas, económicas y de niveles educativos. El mundo de la pequeña agricultura es, pues, muy heterogéneo.

Por lo tanto, la discusión sobre la ‘asociatividad’ tiene que tomar en cuenta a qué tipo de pequeños agricultores se pretende asociar y con qué objetivos, sean estos facilitar el acceso al crédito y a mejores tecnologías, mejorar los canales de comercialización, o hacer inversiones que sirvan a varios productores.

Es conveniente, entonces, que existan varias formas de asociación que satisfagan diferentes necesidades y que se adecúen a una categoría social muy diversa.

La fórmula propuesta por el DL 1020 podría adecuarse, con algunas modificaciones, a cierto tipo de agricultores, no a los muy pequeños ni a las comunidades campesinas. Es posible que el REPA sea la mejor propuesta para los pequeños productores de cultivos sensibles que pueden ser afectados por los TLC. En cuanto a las comunidades campesinas habría que proponer normas que las incentiven a desempeñar funciones económicas que hoy no cumplen, y que podrían ser provechosas para las familias comuneras y para la propia institución comunal. 

jueves, 19 de febrero de 2009

¿Qué significa “desarrollo rural” en el Perú de hoy?

Artículo publicado en el diario La República (19 febrero 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Hace pocos días fui invitado a hacer una exposición a un grupo de ciudadanos alemanes. El encargo fue exponer en 20 minutos el tema que encabeza este artículo. Para cumplir con el desafío opté por escribir 6 pastillas para guiar mi exposición. Tengo la sospecha de que para muchos lectores estas pastillas les pueden ser útiles. Así que aquí van.

1. Según el censo demográfico de 2007, la población total del país supera las 27 millones de personas; el 24% es rural. Sin embargo, con una definición más amplia de ‘población rural’, ésta puede llegar al 40%. Se estima que tres cuartas partes de esta población es ‘pobre’ o ‘muy pobre’, y se distribuye en las tres regiones. El desarrollo rural es, pues, una necesidad, pero se plantea en cada región también de manera distinta.

2. En el Perú hubo una muy importante reforma agraria entre los años 1969 y 1975. Todas las grandes haciendas fueron expropiadas. Pero la reforma agraria fue más importante social y políticamente (permitió la emergencia de una ciudadanía rural) que económicamente (se distribuyeron tierras pero no se apoyó la mejora de la producción).

3. Cuarenta años después, se aprecia que las políticas económicas neoliberales han promovido la concentración del control sobre la tierra en manos de empresas agrarias modernas dedicadas a la exportación, a la producción de agrocombustibles y a la explotación de minerales, gas y maderas. El agro peruano tiende a polarizarse así entre una parte, minoritaria, de empresas medianas y sobre todo grandes, modernas, capitalizadas  y orientadas a los mercados externos, y otra parte mayoritaria, de pequeños productores que producen para el mercado interno o el autoconsumo. Han quedado marginadas de la atención gubernamental la pequeña agricultura y las comunidades campesinas y nativas.

4. La costa es la región más moderna, urbana, y con mejores tierras. Allí se desarrolla la agricultura moderna de exportación y se concentran los obreros agrícolas. Esas empresas conviven con una pequeña y mediana agricultura orientadas a la producción para el mercado nacional.

En esta región, las posibilidades de un desarrollo rural están muy vinculadas (a) a la necesidad de mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y (b) al acceso de los pequeños agricultores a los servicios necesarios para la producción.

5. La sierra es la región más campesina, ‘tradicional’, culturalmente diferente, y también la más pobre, a pesar de que tiene importantes recursos. Predomina la pequeña propiedad y las comunidades campesinas. Aunque están vinculadas al mercado, una parte importante de sus economías está orientada al autoconsumo. Esta región es la que tiene más necesidades insatisfechas. Es la fuente de una importante y sostenida emigración de población joven hacia las ciudades. El enfoque de ‘desarrollo rural territorial’ pareciera el más adecuado para esta región, que plantea superar tanto la visión sectorialista de desarrollo rural, como la disyuntiva rural-urbano.

6. En la selva pueden distinguirse dos subregiones: la selva alta, más agrícola, de pequeños productores de alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo. Es también la región en donde se produce la hoja de coca para el narcotráfico, razón por la cual hay graves situaciones de conflicto. La selva baja es más forestal, con más presencia de comunidades nativas. Así como para la población de la sierra, el desarrollo rural de esta región requiere de un enfoque de desarrollo territorial.

Para que haya desarrollo rural en las tres regiones es indispensable el decidido y sostenido apoyo del Estado nacional y subnacional –hoy poco presente– tomando en cuenta, sin embargo, que los caminos al desarrollo rural en el Perú son diversos como diversos son sus espacios rurales.