jueves, 19 de abril de 2007

Las vacas lecheras y el biocombustible


Hace pocos días los ganaderos lecheros de varias cuencas se movilizaron en protesta por los bajos precios que pagan por litro de leche las grandes empresas procesadoras, a las que acusaron de concertar precios entre sí (lo cual está prohibido). El problema es grave pues sus costos de producción han aumentado, en parte porque el precio del maíz – componente esencial de la alimentación del ganado – se ha incrementado en un 30%.

¿Qué tiene que hacer esto con los biocombustibles? Pues que los Estados Unidos, que producen el 40% del maíz del mundo y representa la mitad de la exportación mundial de este producto, está dedicando volúmenes crecientes a la producción de etanol. Se estima que dentro de algunos años la mitad de la producción de maíz norteamericano será trasformada en etanol. Y como más agricultores de ese país se están orientando al maíz y concentrando más tierra con ese fin, también está aumentando el precio de otros cultivos y de los productos ganaderos. Algunas proyecciones del incremento de precios hacia el año 2020 producido por el incremento de biocombustibles: 41% el maíz, 76% de oleaginosas, 30% del trigo.135% de la yuca.

Este es el tema de un reciente artículo de la influyente revista Foreign Affairs[1], de donde hemos extraído la información de esta nota. Los autores afirman que lo que puede ser una bendición para los productores de maíz, puede ser un castigo para la población pobre. “Llenar el tanque con 25 galones de un vehículo 4x4 con etanol puro requiere más de 200 kilos de maíz –que contienen suficientes calorías como para alimentar a una persona por un año.” El presidente Bush ha puesto la meta de consumo de etanol para el año 2017 en 35 mil millones de galones. ¡Suficiente para abastecer en calorías a cerca de 78 millones de personas por un año! Para supuestamente aliviar la presión sobre el medio ambiente reemplazando combustibles ‘sucios’ por combustibles ‘limpios’, se están desforestando en el sudeste asiático vastas áreas para sembrar palma aceitera para su conversión en biodiesel.

“La manía del biocombustible”: así califica FA lo que está sucediendo en Estados Uni­dos, y que comienza también a suceder aquí. En el Perú han subido las acciones de las empresas azucareras; se han adjudicado inmensas áreas en la costa norte para la producción de caña de azúcar para etanol; se está construyendo una planta de biodiesel en el Callao que será abasteci­da por aceite de palma de nuestra selva; se propone liberar la producción de biocombustibles del impuesto selectivo al consumo (la comisión de Economía del Congreso ya lo aprobó). Lo que sucede en EEUU está comenzando a suceder en el Perú: “…la industria de los biocombustibles ha sido dominada no por las fuerzas del mercado sino por políticas e intereses de un pequeño número de grandes empresas”.

Los efectos de la difusión y producción de biocombustibles son tan importantes que merecen un debate público, que es transversal a tres ámbitos de políticas sobre las que no hay casi discusión: la política nacional de energía, la de seguridad alimentaria, y la política medioambiental.


[1] C. Ford Runge y Benjamin Senauer, “How Biofuels Could Starve the Poor” (Cómo podrían los biocombustibles hambrear a los pobres) Foreign Affairs, mayo/junio 2007. http://www.foreignaffairs.org/

martes, 17 de abril de 2007

El minifundio según el presidente García

El presidente García ha declarado en Chiclayo que el minifundismo “es totalmente impro­ductivo y una tragedia para el país”, que la rentabilidad de la agricultura se consolida cuando el productor tiene un mínimo de 20 hectáreas…”.[1]

Resulta que en el Perú, según el censo agropecuario de 1994, el 92.2% de las explotaciones agropecuarias tienen menos de 20 hectáreas. Si por minifundistas se está refiriendo a la inmensa mayoría de unidades productivas agrarias del Perú, al contrario de lo que dice el presiden­te, sería una tragedia para el país que no existieran, pues proveen el 71.5% del valor bruto de la producción agrícola nacional. Son la base de la seguridad alimentaria del Perú, ya que siete de cada 10 toneladas son producidas por estas pequeñas explotaciones.[2]

El presidente confunde pequeña agricultura comercial con minifundio. La pequeña agricul­tura –llamémosla así, de manera arbitraria, a la que posee entre 5 y 20 hectáreas de tierras bajo riego– puede tener viabilidad económica si hubiese un contexto favorable. Contexto favorable es acceso al crédito, asistencia técnica, carreteras, acceso a bienes públicos (información, comunicación, educación, salud, etc.). En todo esto el Estado, gobernado hoy por el presidente García, tiene una gran responsabilidad que no está asumiendo. Por contraste, la gran agricultura no necesita del apoyo estatal, aunque éste se lo da de distintas maneras (vendiendo tierras irrigadas gracias a la inversión pública a precios inferiores a los costos, montando oficinas promotoras de exportaciones). No todo es culpa del actual gobierno: el gobierno del ex presidente Fujimori desmontó lo poco que había de apoyo estatal a la pequeña agricultura, y los siguientes gobiernos no hicieron nada por ella).

Pero aún sin un contexto favorable la pequeña agricultura ha mostrado su capacidad de pro­gresar. El caso de los cafetaleros – casi todos ellos minifundistas según los criterios del pre­sidente – organizados en cooperativas, asociadas a la Junta del Café, han sabido remontar una grave crisis de precios bajos orientando su producción a café gourmet y orgánico.

El presidente García acertadamente recomendó que se impulse la formación de asociacio­nes de pequeños agricultores para superar algunas de las desventajas de la pequeña escala de producción. Pero aquí también el gobierno tiene un papel que cumplir facilitando, por ejemplo, el acceso a ciertos servicios a los pequeños agricultores que están asociados.

¿Pero qué pasa con los minifundios ‘de verdad’, aquéllos que no llegan ni a una hectárea, que también son centenares de miles, que albergan a los muy pobres? Imagínese el presi­dente García lo que ocurriría si no tuviesen esa hectárea, que mal que bien les permite pro­ducir parte de los alimentos que necesitan para sobrevivir y un espacio para la vivienda. Estas familias minifundistas tienen que dedicarse también a otras actividades económicas para complementar sus ingresos, y por eso parte de sus miembros migran temporal o defi­nitivamente. Este numerosísimo sector de pobres rurales encontrarían grandes beneficios si es que en el Perú estuviese ocurriendo no solo una descentralización político – administra­tiva, sino también un desarrollo económico descentralizado. La multiplicación y diversifi­cación de las actividades económicas rurales y la intensificación de las relaciones entre el campo y las ciudades pequeñas e intermedias abrirían nuevas oportunidades a los minifun­distas quienes, sin necesariamente tener que abandonar sus tierras ‘para formar predios agrícolas viables de 20 o más hectáreas’, accederían a un mercado de trabajo diversificado. Es una estrategia llamada hoy de ‘desarrollo territorial’. También aquí corresponde al gobierno central una tarea de orientación y estímulo.

En la misma oportunidad el presidente García afirmó que debería dejar de cultivarse el arroz, pues no es rentable y consume mucha agua. Pero resulta que se están entregando decenas de miles de tierras para el cultivo de caña de azúcar – cultivo que también es gran consumidor de agua – para la producción de etanol para la exportación por grandes em­pre­sas (¡que están exigiendo exoneraciones tributarias para ser rentables!). ¡Por lo menos el arroz sirve para alimentar a la población y es una fuente de ingresos para miles de pequeños agricultores! Y resulta que el Programa Sierra Exportadora parece más un programa para que los grandes inversionistas se aprovechen de las particularidades ecológicas de esa re­gión que para ayudar a una parte del campesinado (gran parte de ellos minifundistas) a salir de la miseria. De otra manera no puede entenderse las declaraciones del Ing. Benza, presi­dente del Programa, por dedicar 200 mil hectáreas al cultivo de insumos para biodiesel de exportación.

Lo preocupante es que detrás de las palabras del presidente pueda estar la intención de orientar el desarrollo del agro por el lado de la consolidación de la gran empresa agraria dedicada a la exportación, y continuar ignorando las necesidades de las centenares de miles de familias ‘minifundistas’ y el mismo concepto de desarrollo rural.

[1] Ver El Peruano, martes 17 de abril 2007.
[2] Después de trece años, es tiempo que el gobierno haga un nuevo censo agropecuario para actualizar esta información, sin la cual es difícil diseñar y ejecutar políticas de desarrollo rural.