jueves, 25 de junio de 2015

Los límites de la propiedad agraria: nuevamente en discusión


Escribe: Fernando Eguren

El intento de limitar el tamaño de la propiedad agraria, otra vez se pone en agenda: un grupo de parlamentarios pondrá a consideración de la Comisión Agraria del Congreso de la República una propuesta que establece límites máximos a la extensión de tierras. Recordemos que el establecimiento de límites no es algo nuevo en la historia peruana.

 No hay que olvidar que, en la década de 1950, una propuesta de ley planteada por la Comisión de Reforma Agraria y la Vivienda, formada por el gobierno de Manuel Prado, recomendaba un límite de 250 hectáreas en la costa. Años después, la reforma agraria emprendida por el gobierno del general Velasco Alvarado estableció para esa región un límite máximo de 150 hectáreas. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se derogó la normativa anterior y se eliminaron los límites. Fue así como volvieron a constituirse nuevos latifundios, los que en la actualidad son propietarios de alrededor de la tercera parte de las tierras de cultivo de la costa. 

 Estos latifundios, sin embargo, son bastante diferentes de los que existían antes de la reforma agraria: están orientados a la exportación, aplican tecnologías modernas y técnicas de administración eficientes, y cumplen con un conjunto de regulaciones impuestas por los agentes que importan la producción, entre ellas las que aseguran la inocuidad de los productos y condiciones laborales mínimas aceptables. Es importante subrayar que muchos de los nuevos latifundistas tienen hoy extensiones bastante mayores que las que tenían los hacendados de antaño y que fueron expropiados por la reforma agraria. 

También debe destacarse el hecho de que los mayores neolatifundistas son corporaciones con intereses en otros sectores de la economía —finanzas, seguros, pesca, comercio, transporte, etc.; la actividad agraria es una más entre otras—. Entre ellos están los grupos familiares Romero, Rodríguez, Brescia, Dyer, Huancaruna, Oviedo y Wong. Hay que anotar que los sucesivos gobiernos, desde la década de 1990, han sido los principales promotores de la creación y desarrollo de esta estructura neolatifundiaria al trasladar a estas corporaciones las decenas de miles de hectáreas eriazas ganadas al cultivo gracias a grandes obras de irrigación. Estas operaciones han sido subsidiadas con miles de millones de dólares. Igualmente, los mismos gobiernos han fomentado la consolidación de los neolatifundios con una legislación que no solo reduce a la mitad el impuesto a la renta a la agroindustria, sino también reduce los costos laborales. 

 La reciente propuesta alcanzada a la Comisión Agraria para que sea dictaminada recoge en lo esencial la que fuera presentada por el congresista José León en 2011: el establecimiento de techos a la propiedad de 10 000 hectáreas bajo riego en la costa, 5 000 hectáreas bajo riego en la sierra y 20 000 hectáreas bajo riego en la selva. No propone ninguna limitación para las tierras de cultivo de secano, que no tienen riego. 

 Al proponerse límites tan elevados, lo que se hace en realidad es promover que continúe el proceso de formación de latifundios, en abierto contraste con la declarada motivación que da lugar a la propuesta presentada a la Comisión: defender y apoyar a la pequeña y mediana agricultura. La suposición de que el establecimiento de esos límites logrará cumplir con esa defensa solo puede explicarse por el desconocimiento de la realidad agraria o por un ánimo demagógico de los autores.



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