Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)
Acaparamiento de tierras. “Land grab”, en inglés. Es una tendencia que está ocurriendo desde hace relativamente poco tiempo, y es uno de los rasgos perversos que puede acompañar el proceso de globalización. Consiste en la compra –o alquiler– masivo de tierras que hacen países con déficit de producción de alimentos, por escasez relativa de tierras, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles a otros países. Entre los principales compradores están los grandes exportadores de petróleo –Arabia Saudita, Emiratos Árabes– que tienen escasas tierras de cultivo para alimentos. Compradores también son Japón, Corea del Sur, Egipto, India y China, que adquieren derechos sobre extensas áreas ya sea para alimentos o para agrocombustibles. Según The Economist (21 mayo 2009), la China ha adquirido derechos para cultivar 2.8 millones de hectáreas de palma aceitera en el Congo, y está negociando 2 millones de hectáreas más con Zambia para la producción de biodiesel.
Entre los vendedores hay países que sufren hambrunas periódicas por razones climáticas o por guerras, como los mencionados, y también Etiopía y Sudán.
América Latina no se salva de este proceso. Según GRAIN, una ONG internacional, a fines de 2007, Mitsui compró al Brasil 100 mil hectáreas de tierras para la producción de soya a través de su participación en Multigrain SA, el 40% de la cual está ahora en sus manos. La India ha comprado plantaciones de palma en Indonesia, y están interesados en Uruguay, Paraguay y Brasil para la producción de lentejas y soya que importaría. Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas.
El Perú no está a salvo de estas corrientes. Si bien no tiene extensas áreas de cultivo disponibles, hay intereses por deforestar el bosque amazónico para la producción de palma aceitera para biodiesel. En la costa, la empresa norteamericana Maple adquirió cerca de 12 mil hectáreas de tierras eriazas en el valle del río Chira para sembrar caña de azúcar y producir etanol. Por lo demás, el importante proceso de concentración de la propiedad de las tierras de cultivo en el Perú, reseñado en La Revista Agraria 107 (www.cepes.org.pe), es también una expresión de la dinámica de la globalización, pues está impulsado enteramente por los mercados internacionales de agrocombustibles y de productos alimenticios de alto valor que constituyen la casi totalidad de los llamados productos agrarios ‘no tradicionales’.
Algunos datos permiten ver el grado de avance de este proceso de concentración de tierras de cultivo en la costa del país. Considerando tan solo las propiedades mayores de mil hectáreas, en el departamento de Piura, 7 empresas controlan 32 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad serían dedicadas a la caña de azúcar para etanol; en La Libertad, 13 empresas poseen 98 mil hectáreas; en Áncash, una tiene 16 mil hectáreas; en Ica, 8 son propietarias de 13 mil hectáreas; en San Martín, un grupo económico cerca las 15 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera, parte de las cuales serán destinadas a la producción de etanol. En todos los casos, se trata de productos para exportar.
El proyecto de ley del Apra para establecer un límite máximo de 40 mil has de tierras agrícolas en la costa buscaría convalidar esta concentración, que se va asemejando a la que prevalecía antes de la reforma agraria, iniciada precisamente hace 40 años, en 1969.
Entre los vendedores hay países que sufren hambrunas periódicas por razones climáticas o por guerras, como los mencionados, y también Etiopía y Sudán.
América Latina no se salva de este proceso. Según GRAIN, una ONG internacional, a fines de 2007, Mitsui compró al Brasil 100 mil hectáreas de tierras para la producción de soya a través de su participación en Multigrain SA, el 40% de la cual está ahora en sus manos. La India ha comprado plantaciones de palma en Indonesia, y están interesados en Uruguay, Paraguay y Brasil para la producción de lentejas y soya que importaría. Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas.
El Perú no está a salvo de estas corrientes. Si bien no tiene extensas áreas de cultivo disponibles, hay intereses por deforestar el bosque amazónico para la producción de palma aceitera para biodiesel. En la costa, la empresa norteamericana Maple adquirió cerca de 12 mil hectáreas de tierras eriazas en el valle del río Chira para sembrar caña de azúcar y producir etanol. Por lo demás, el importante proceso de concentración de la propiedad de las tierras de cultivo en el Perú, reseñado en La Revista Agraria 107 (www.cepes.org.pe), es también una expresión de la dinámica de la globalización, pues está impulsado enteramente por los mercados internacionales de agrocombustibles y de productos alimenticios de alto valor que constituyen la casi totalidad de los llamados productos agrarios ‘no tradicionales’.
Algunos datos permiten ver el grado de avance de este proceso de concentración de tierras de cultivo en la costa del país. Considerando tan solo las propiedades mayores de mil hectáreas, en el departamento de Piura, 7 empresas controlan 32 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad serían dedicadas a la caña de azúcar para etanol; en La Libertad, 13 empresas poseen 98 mil hectáreas; en Áncash, una tiene 16 mil hectáreas; en Ica, 8 son propietarias de 13 mil hectáreas; en San Martín, un grupo económico cerca las 15 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera, parte de las cuales serán destinadas a la producción de etanol. En todos los casos, se trata de productos para exportar.
El proyecto de ley del Apra para establecer un límite máximo de 40 mil has de tierras agrícolas en la costa buscaría convalidar esta concentración, que se va asemejando a la que prevalecía antes de la reforma agraria, iniciada precisamente hace 40 años, en 1969.
Artículo publicado en el diario La República (28 julio 2009)
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