martes, 9 de marzo de 2010

La Deuda Agraria

 Artículo publicado en el Diario La Primera (09 marzo 2011)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

La deuda agraria se origina en la reforma agraria iniciada en junio de 1969. Según la ley de reforma agraria 17716, las tierras e instalaciones fueron expropiadas, no confiscadas. Es decir, era una operación forzosa de compra y venta. Según un estudio realizado por José María Caballero y Elena Álvarez en los años ochenta, los flujos financieros envueltos en la reforma agraria tuvieron poca significación macroeconómica. El monto total de las indemnizaciones pagadas sumó 15 mil millones de soles (aproximadamente 66 millones de dólares de los Estados Unidos, a una tasa de cambio promedio de 1979 de 230 soles por dólar). Este monto equivalía aproximadamente a la mitad de los préstamos totales del Banco Agrario del año 1977. Además, solo la cuarta parte se pagó en efectivo.

El monto pagado por hectárea, en efectivo y en bonos, fue muy bajo: algo más de 18 mil soles por hectárea estandarizada (es decir, algo más de 18 dólares hectárea estandarizada. El monto pagado por los adjudicatarios también fue muy bajo, 2,836.1 millones de soles (12.3 millones de dólares), equivalente al uno por ciento de los ingresos corrientes del Estado. Probablemente esta escasa significación macroeconómica determinó que la deuda pendiente fuese condonada en diciembre de 1979, con la ventaja adicional que apaciguaba el reclamo de los beneficiarios, quienes se movilizaban periódicamente por su anulación, considerando que los bienes recibidos habían sido varias veces pagada con su mal pagado trabajo en los tiempos de la hacienda..

En efecto, se suponía que los beneficiarios de la reforma agraria debían pagar la deuda agraria al Estado, y luego éste pagaba a los propietarios expropiados. Pero luego de esta condonación, el Estado quedó como único deudor. Mientras se pago, sin embargo, las cuotas de la deuda agraria supusieron una carga pesada para muchas empresas.

Algunos analistas consideraron en su momento que la reforma agraria estaba orientada a convertir a los terratenientes en empresarios industriales, gracias al mecanismo de transferencia de las indemnizaciones a la industria. Pero en la práctica esta transferencia fue mínima. Caballero y Álvarez argumentan que esto se debió porque (a) muchos propietarios no recogieron sus bonos; (b) muchos desconocían sobre qué hacer con los bonos y, además, no siempre podían disponer del otro cincuenta por ciento que debían invertir para la inversión; (c) los bajos valores de las indemnizaciones limitaban los posibles alcances de la transferencia de recursos a la industria; (d) en general durante todo ese periodo la inversión industrial industrial fue reducida, en gran parte por desconfianza política.

Hasta donde estoy familiarizado con este asunto, legalmente los tenedores de los bonos tienen el derecho de reclamar por el pago. Obviamente hay varios problemas. Uno de ellos es cómo se valorizarán los bonos. El valor nominal original es de poca utilidad, pues en los años siguientes a la reforma agraria hubo devaluaciones espectaculares de la moneda y cambios de denominación. Así que el cálculo es todo un reto. Luego está si se debe incluir los intereses devengados, y cuáles serían esos intereses. En diferentes momentos se han dado cifras que han sido impagables. Por otro lado, ha habido empresas que han comprado bonos a bajo precio para luego iniciar procesos judiciales exigiendo al Estado el pago.

Los mismos bonistas han sugerido en distintas ocasiones que estarían dispuestos a recibir pagos no en dinero sino, por ejemplo, en las nuevas tierras ganadas por los proyectos de irrigación.

Al final de cuentas, los montos y las modalidades de pago serán el resultado de una negociación entre el Estado y los bonistas. Lo cierto es que los sucesivos gobiernos no han tenido la voluntad política de resolver este problema que ya tiene décadas. Y no estoy seguro que el ministro Benavides –o Alan García lo tenga, a pesar de sus declaraciones. Después de todo, dentro de menos de cinco meses ya no estarán en el gobierno.

 Artículo publicado en el Diario La Primera (09 marzo 2011)



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