Según declaraciones de Adolfo de Córdova, ministro de Agricultura, (1) se continuará con las obras de Chavimochic. La cuarta etapa -de Palo Redondo- demandará una inversión de 300 millones de dólares. (A la tasa de cambio 1US$ = 2.85 NS, equivale a 855 millones de soles.)
Ello ampliará la frontera agrícola de La Libertad en 40 mil hectáreas. Según el mi-nistro, servirán para promover cultivos de agroexportación, como uva, paltos, espárragos “de enorme demanda en el mercado internacional”.
En etapas anteriores dicho macroproyecto de irrigación incorporó, en el valle del Virú, una cantidad similar –o algo superior- de hectáreas para cultivos de exportación. La mayor parte de esas tierras están hoy en manos de una decena de grandes empresas. Siguiendo ‘el orden natural de las cosas’ vigente desde comienzos de la década de 1990, la propiedad de las nuevas áreas (que significarán una inversión con recursos públicos de 7500 dólares por hectárea promedio, según se deduce de las cifras dadas por el ministro) también estará concentrada en un puñado de propiedades de grandes inversionistas.
El ministro declaró también que el Congreso ejecuta en La Libertad 15 proyectos mediante los Núcleos Ejecutores (orientado a “las zonas de extrema pobreza rural”) por un valor total de 3’783,427 nuevos soles y que el Congreso ha aprobado una partida de 70 millones de soles en total para la implementación de 322 proyectos a través de los NE en todo el país.
Los contrastes saltan a la vista: 855 millones de soles de recursos públicos para un puñado de inversionistas, 70 millones para decenas de miles de pobladores en “zonas de extrema pobreza rural”.
Se objetará que mientras que el dinero invertido en las obras de irrigación será recuperado, pues las tierras serán vendidas y luego, cuando estén en producción, el Estado recabará impuestos, el dinero gastado en los pobres nunca será recuperado.
Este argumento no se sostiene. En primer lugar, porque los recursos públicos tienen como propósito primordial lograr el bienestar de la población (el bien común), y no promover la generación de ganancias de los grandes inversionistas (para lo cual estos tienen medios de los que la mayoría de la población carecen, incluso procedimientos y servicios y bienes públicos que presta el propio Estado). En segundo lugar, porque la experiencia indica que el Estado no logrará recuperar lo que invierte en las irrigaciones, y siempre hay un subsidio, abierto u oculto.
En tercer lugar, porque apoyar “zonas de extrema pobreza rural” no es un gasto sino, si está bien concebido y ejecutado, una inversión que es tanto social como econó-mica, cultural y ambientalmente rentable.
En cuarto lugar, porque hay una cuestión de números: los pobladores de las zonas de extrema pobreza rural son mucho más numerosos que los inversionistas que se bene-ficiarán de las inversiones públicas en irri-gaciones (aun cuando se incluyan como ‘beneficiarios’ a los obreros que serán em-pleados por las grandes agroexportadoras).
Pero aún los convencidos de que ganar nuevas tierras para la agricultura es el mejor medio para lograr el desarrollo rural, deben considerar que hay otros escenarios posibles; por ejemplo, que en lugar de que las 40 mil hectáreas estén repartidas en diez o veinte grandes empresas, estén distribuidas en 400 empresas de 100 hectáreas promedio cada una, u 800 de 50 hectáreas, o 1600 empresas de 25 hectáreas Lo más probable es que el tipo de sociedad y economía que se construiría en la nueva zona irrigada sobre la base de medianas y pequeñas empresas sería mucho más equitativa, con mayor y más denso tejido social. Sería, mucho más estimuladora de actividades económicas diversificadas –pequeña manu-factura, servicios, comercio–, más consu-midora de productos nacionales, más incluyente y más encuadrada con las necesidades de alcanzar la seguridad/soberanía alimentaria, ¡Qué duda cabe!, sería también más adecuada a un Estado descentralizado con gobiernos locales democráticos que el mo-delo neolatifundista que promueve el gobierno aprista (como lo hicieron antes Fujimori y Toledo).
En pocas palabras, una propuesta que pro-mueva empresas medianas y pequeñas ge-neraría desarrollo rural incluyente, no enclaves excluyentes. (3)
1. Publicadas en El Peruano el 6 de enero del 2010
2. Ver La Revista Agraria 107, mayo 2009, en http://www.cepes.org.pe
3. Uno de los principales especialistas del Banco Mundial en materia de tierras y desarrollo rural, Hans p. Binswanger, sostiene argumentos simi-lares basados en estudios. Ver Hans P. Bins-wanger-Mkhize, Camille Bourguignon y Rogier van den Brink (editors), Agricultural Land Re-distribution. The World Bank. Washington , D.C. 2009.
