miércoles, 26 de agosto de 2015

¿Campesino, indígena o agricultor familiar?



Artículo de La Revista Agraria N° 174, publicación del CEPES, 
que se distribuyó con el diario La República 
 Escribe: Fernando Eguren (1) 



"...Por responder al clamor de la justicia y al derecho de los más necesitados, es que la Ley de Reforma Agraria ha dado su respaldo a esa gran masa de campesinos que forman las comunidades indígenas que, a partir de hoy, abandonando un calificativo de resabios racistas y de prejuicio inaceptable, se llamarán comunidades campesinas. ..

 Con estas palabras, el general Juan Velasco Alvarado anunciaba el inicio de la reforma agraria el 24 de junio de 1969, precisamente el día en que se celebraba el Día del Indio, instaurado por el presidente Augusto Leguía en 1930.

 La reforma agraria cambió en forma sustancial la estructura de la tenencia de la tierra y, con ello, la sociedad rural peruana. Dio el golpe final a las aún persistentes relaciones semifeudales y extinguió la clase de los hacendados, tanto los tradicionales como los modernos. En menos de una década, alrededor de diez millones de hectáreas fueron expropiadas y entregadas a los trabajadores de las haciendas y a las comunidades campesinas. 

 Cambios en las identidades rurales 

 La reforma agraria no solo redistribuyó el activo más importante para la producción agraria, la tierra, entre quienes la trabajaban; significó también un cambio en el estatus social y en la misma identidad de una buena parte de la población rural. Pasar de indio a campesino significaba pasar de ser considerado objeto a ser considerado sujeto: era el reconocimiento de este inmenso sector de la población como productor y con derecho a la ciudadanía plena. El general Velasco lo enfatizaba en otro pasaje de ese mismo discurso: 

 "... el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre a quien la patria, al fin, le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja, y un lugar de justicia dentro de una sociedad en la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre..." 

 Ese fue el último año de celebración del Día del Indio; en adelante, y hasta nuestros días, se celebraría el Día del Campesino. Este cambio fue, sin duda, un acto progresista. Se abandonaba la calificación de indio, sentida como despectiva y estigmatizante por quienes así eran identificados. Se situaba el problema del indio en los términos que lo hizo, décadas antes, José Carlos Mariátegui: 

Insurgimos primeramente —escribe en El problema de la tierra— contra la tendencia instintiva y defensiva del criollo o «misti» de reducirlo [el problema del indio] a un problema exclusivamente administrativo, pedagógico, étnico o moral, para escapar a toda costa del plano de la economía. […] No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categóricamente, su derecho a la tierra. 

 El término campesino, adoptado en adelante, sería más incluyente que el de indio, al abarcar también a las numerosas familias pobres —rasgo, este, casi generalizado en el campo— que no eran descendientes de las poblaciones originarias pero sí eran rurales, dedicadas a la agricultura y explotadas por terratenientes o por intermediarios. Por lo demás, buena parte de la población rural se identificaba —y lo sigue haciendo— a sí misma como campesina. 

 Sin embargo, el cambio dejó de lado el reconocimiento de las diferencias culturales, a pesar de que el gobierno militar oficializó el quechua y promovió la creatividad artesanal y otras manifestaciones culturales. El gesto de Velasco fue, al decir del antropólogo Rodrigo Montoya, uno de buena voluntad, pero «que excluyó los componentes básicos de lengua, cultura e identidad de las personas llamadas campesinas» y, al hacerlo, repitió «el viejo modelo europeo de la izquierda y su famosa alianza de la clase obrera y el campesinado, exportada al tercer mundo»(2). 

 El renacer de las identidades indígenas 

 En las últimas dos décadas, sin embargo, han ocurrido procesos y hechos que han dado nueva relevancia a los elementos culturales e identitarios de una parte importante de la población rural. Han contribuido a ello la emergencia de movimientos indígenas desde los años noventa en Ecuador; el reclamo a la pluralidad de naciones en Bolivia, liderado por el gobierno del MAS y Evo Morales; y el surgimiento de movimientos de resistencia de las poblaciones amazónicas en el Perú, provocada por la agresión a sus derechos territoriales. Especial mención merece el Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales, de la OIT, aprobado en 1989 y ratificada por el Gobierno peruano en 1994. Este convenio reconoce derechos a los indígenas (que no son reconocidos a los campesinos no indígenas), incluyendo el de consulta previa en materias que los afecten de manera directa. No escapará al lector que el potencial conflictivo de la determinación de quién es considerado como indígena y quien no, reside precisamente en que esa calificación da derechos a unos y no a otros. 

 Más recientemente, otro término se ha sumado a los ya mencionados, el de agricultura familiar. Aunque no es en realidad nuevo, la declaración de 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar por las Naciones Unidas lo ha «posicionado», sobre todo en los ámbitos del sector público. Incluye al conjunto de familias que tienen como actividad principal la agricultura (incluye también la ganadería, la forestería y la pesca artesanal), sean o no comuneras, sean o no nativas, sean culturalmente occidentales o no, estén o no ligadas al mercado, sean minifundistas o no. Es una categoría útil y, al mismo tiempo, conlleva riesgos. Es útil en la medida en que, por ser muy amplia, permite orientar políticas generales hacia ese vasto universo de la población rural. Pero conlleva el riesgo de ignorar que ese universo es muy heterogéneo no solo por sus características económicas diferenciadas (en dotaciones de activos, orientación de la producción, etc.), sino también sociales, culturales e institucionales; estas particularidades, a su vez, inciden, a menudo de manera decisiva, en los comportamientos económicos. 

 Han pasado ya 46 años desde que el general Velasco iniciara la reforma agraria. No obstante toda la importancia que esta tuvo para la democratización de la economía y la sociedad rurales, la inmensa mayoría de productores del campo siguen siendo los grandes postergados del Perú, reciban el nombre de indígenas, de campesinos o de agricultores familiares. 

 Notas 
 1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). 
 2 «Cuando la cultura se convierte en política», en Revista Andaluza de Antropología 1, 2011: 54.



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