lunes, 20 de diciembre de 2010

El problema de la tierra HOY

latifundios agricultura Perú
La presentación de un proyecto de ley ante la Comisión Agraria del Congreso para poner un límite a la propiedad de tierras en la costa, produjo la inmediata respuesta de congresistas, gremios empresariales y diversas instituciones. A continuación parte del discurso intitulado «El problema de la tierra hoy», que planteó el sociólogo Fernando Eguren López, director de  «La Revista Agraria» y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), el pasado 23-11-12 en el marco de la XIII Convención Nacional del Agro Peruano.

LA FRONTERA AGRÍCOLA

Eguren dijo: «En el Perú hay dos fronteras agrícolas principales: una está formada por las tierras eriazas que existen entre valle y valle. La otra es los bosques amazónicos. La apertura de estas dos fronteras agrícolas se está haciendo de manera muy diferente en estas dos regiones. «En la costa, se ganan tierras de cultivo al desierto mediante costosas obras de irrigación. Detrás de cada uno de estos proyectos hay estudios, planes, acuerdos financieros, movilización de grandes recursos, realización de grandes obras de infraestructura, complejos temas logísticos. Por su magnitud e importancia económica, hay grandes decisiones políticas y complejos juegos de intereses de inversionistas y del Estado.

GRANDES OBRAS DE IRRIGACIÓN EN LA COSTA

«Es en contraste con la situación descrita, que hay que poner en discusión la racionalidad de las grandes obras de inversión en irrigación en la costa. La política de inversiones del sector agrario está volcada a las grandes obras de irrigación en esta región, a las que dedica más de la mitad del presupuesto sectorial. Las inversiones destinadas a las áreas en donde está la inmensa mayoría de la población rural, son absolutamente marginales. La recuperación de los suelos como principal activo de los pobres rurales no merece atención.

«Ocurre todo lo contrario: en lugar de orientar las políticas en reducir y recuperar el deterioro de los suelos, se ganan nuevos suelos que, en muchos casos, han contribuido a agravar el problema de la salinización.
«Pero las nuevas áreas incorporadas al cultivo, gracias a los mega proyectos de irrigación, no están destinadas tampoco en su mayor parte a los agricultores, sino a inversionistas que provienen de otros sectores económicos y para quienes la tierra no es sino un recurso para la obtención de utilidades. Las irrigaciones se han hecho con recursos públicos, es decir, con los impuestos de los ciudadanos. «Y las tierras eriazas que van a ser ganadas a la producción son tierras de la Nación, como dice la Constitución de la República. Sin embargo, el propio Estado define las reglas de juego para que esas tierras y las aguas que la regarán sean solamente accesibles a corporaciones, consorcios y grandes inversionistas, nacionales y extranjeros. Ni siquiera se respetan normas que datan ya de hace unos años, que faculta a que el 30% de las nuevas tierras sean distribuidas para el desarrollo de una agricultura familiar. 

«El modelo desde el gobierno de Fujimori es el de Chavimochic: apenas algo más de una decena de propietarios son los dueños de las cerca de 40 mil hectáreas ganadas al desierto. Está previsto que las tierras de Olmos sea entregada en su mayoría en lotes de 1,000 hectáreas (a US$ 4,250 la hectárea). No es esto seguramente lo que esperaban los lambayecanos a quienes desde hace 80 años se les dice que la irrigación de Olmos será la oportunidad para miles de agricultores y pequeños inversionistas. A lo más, se convertirá en un gran empleador de mano de obra, en su mayoría no calificada, con salarios que garantizan la prolongación de la pobreza, pues ese es el nivel de la remuneración mínima vital.

«En todos los casos de los nuevos proyectos de irrigación, ese es el modelo: la formación de neolatifundios modernos para la agroexportación. Según el flamante ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, cerca de S/.8 mil millones (2,800 millones de dólares) serán invertidos en las obras de irrigación costeñas, con los que se ganarían algo más de 185 mil hectáreas. «Detengámonos en qué significa eso para la estructura agraria del país. Si se sigue el modelo Chavimochic y Olmos (y existen documentos y declaraciones que dejan constancia que lo mismo se hará con Majes-Sihuas y Chinecas), esos 2,800 millones de dólares servirán a lo más para formar 185 grandes empresas de mil has cada una.

Pero como lo que ocurre es que los inversionistas adquieren más de un lote, podrían formarse hasta unas cincuenta empresas de unas 3,700 hectáreas cada una en promedio. Hoy día hay varios neolatifundios que exceden esa dimensión.

«Pero imaginémonos otra forma de distribución de tierras, en las que el total de tierras ganadas –las 185 mil has- se distribuyesen en partes iguales entre tres grupos: un primer grupo con predios con un promedio de 200 has.; un segundo grupo con predios de 50 has. promedio, y un tercer grupo con 10 has de tierra promedio. En este caso tendríamos más de 7,600 beneficiarios directos, entre empresas pequeñas, medianas y grandes.

¿SÓLO LOS NEOLATIFUNDIOS SON VIABLES?

«Podría objetarse que los predios menores son demasiado pequeños como para asumir los costos de la inversión estatal y para luego desarrollar actividades rentables. Sobre el primer argumento de que no podrían asumir la inversión estatal, cabe afirmar que en las grandes obras de irrigación emprendidas por el Estado siempre ha habido un componente de subsidio del cual se han beneficiado quienes accedieron a la tierra, sean grandes o pequeños. Dado que desde los años noventa sólo acceden los grandes inversionistas, son estos los beneficiarios de los subsidios. A estos subsidios hay que agregar los beneficios tributarios, pues sólo pagan la mitad del impuesto a la renta que las demás empresas no agrarias, y una legislación laboral que reduce tanto los costos laborales como los derechos de los trabajadores (ley que cuya vigencia debió terminar este año, pero que en el último mes del gobierno de Toledo se prolongó diez años más).

«Por lo demás, el argumento de que un predio tiene que tener miles de hectáreas para ser rentable y competitivo, y que predios menores no pueden serlo ni lo uno ni lo otro, está por comprobarse. Una de las voces más autorizadas en el mundo, Hans Binswangler, del Banco Mundial, afirma que lo más frecuente es que la gran empresa agraria sea más rentable porque goza de políticas favorables (como las que acabo de mencionar) que por sus propios méritos. En cambio, asevera, la agricultura familiar utiliza de manera más eficiente el capital, la tierra y el trabajo. Propone que las políticas agrarias deberían apoyar a la agricultura familiar, no sólo porque usa con mayor eficiencia los factores de producción, sino porque contribuye a superar la pobreza rural, a garantizar la seguridad alimentaria y porque es menos agresiva con el medio ambiente.

Advierte, sin embargo, que para que la agricultura familiar logre plasmar sus potencialidades, debe asociarse para lograr economías de escala. «De lo dicho concluyo que la prioridad debería estar en evitar que los suelos continúen su degradación en las tres regiones naturales, y recuperar lo que sea recuperable; pero como hay inversiones de grandes irrigaciones en marcha, las tierras deberían ser distribuidas con criterios más equitativos. Conveagro debería tener, en este sentido, una posición más firme en exigir una modificación de los criterios con los que se continuarán entregando las tierras ganadas al desierto.

LA COMPETENCIA POR LA TIERRA COMO PROCESO GLOBAL

«Si sumamos la demanda por agrocombustibles, por alimentos debido a la elevación del crecimiento de los ingresos y por crecimiento demográfico, es claro que la competencia por la tierra elevará sus precios y puede convertirse en un problema político.
«En efecto, desde hace apenas cuatro o cinco años está ocurriendo un fenómeno mundial que se ha llamado ‘land grab’, o acaparamiento de tierras. Según un reciente informe del Banco Mundial, antes de fin de 2009 se habían anunciado transacciones de tierras agrícolas por unas 45 millones de hectáreas, la mayor parte –un 70%- en África, pero también en Asia y América Latina. Los países compradores son tanto del hemisferio norte –Europa occidental y Estados Unidos- pero, sobre todo, algunos de los países llamados emergentes: China, India, y grandes exportadores de petróleo, como los Emiratos Árabes y Arabia Saudita.

También acaparan grandes corporaciones transnacionales. Los objetivos de esta tendencia son varios: garantizar la seguridad alimentaria de los países compradores, así como también de agrocombustibles; inversión rentable dada la perspectiva de elevación de precios de los alimentos; finalmente, inversión especulativa. «Este acaparamiento de tierras ha puesto en alerta a instituciones como la FAO y el Banco Mundial, porque a menudo se hacen a costa de los derechos de los pequeños agricultores y de la seguridad alimentaria del país vendedor. «Si bien esta tendencia al acaparamiento de tierras no se manifiesta aún en el Perú –aunque puede ocurrir en el futuro en las nuevas áreas irrigadas o en la cuenca amazónica para la instalación de plantaciones de palma aceitera-, existe un proceso de concentración de tierras que ya ha merecido alguna discusión en el Congreso.

La vinculación de este proceso interno con el proceso internacional es la elevación de los precios de las tierras por las razones ya mencionadas. «Esta situación pone en constante riesgo a la agricultura de pequeña escala en el país. No sólo porque muchos se ven obligados a vender o arrendar sus tierras, sino porque las dificultades en desenvolverse, sin políticas promotoras o de apoyo, en un mercado abierto a tratados de libre comercio con países que subsidian sus agriculturas. No es que la agricultura de pequeña escala vaya a desaparecer en el país, ni mucho menos. Pero si está amenazada de ser una actividad de baja o ninguna rentabilidad que condena a los productores a bajos niveles de ingreso y de vida.

«Y esto está ocurriendo cuando la agricultura familiar está siendo revalorizada en el mundo, precisamente porque es la más adecuada para enfrentar los problemas internos y de la globalización que ya he mencionado: uso más eficiente del capital, la tierra y el trabajo; contribuye a superar la pobreza rural, a garantizar la seguridad alimentaria y porque es menos agresiva con el medio ambiente. «Es una responsabilidad de Conveagro, como foro agrario, pero también como espacio en donde confluyen los principales gremios nacionales y regionales, ampliar el debate de manera de colocar en un lugar central de la agenda las nuevas maneras en que se expresa el problema de la tierra en el Perú».

Artículo publicado en la Revista “Somos Norte”  N° 192 , de Diciembre de 2010

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