Fernando Eguren (Presidente de CEPES)
El miércoles 24 el presidente del Consejo de Ministros dará a conocer de forma más detallada la orientación del nuevo gobierno: el discurso presidencial el 28 de julio fue aun muy general.
Una de las expectativas es saber cómo se distanciará el gobierno de Humala del discurso del Perro del Hortelano. Esencialmente excluyente, este discurso guió la política de Alan García que se tradujo en la entrega de los recursos naturales a la gran inversión minera, petrolera y agraria, en la exclusión de poblaciones y comunidades locales, la pequeña agricultura y en la escasa preocupación por los impactos ambientales.
La ‘inclusión’ ha sido un concepto muy utilizado por Gana Perú en la campaña electoral y en los primeros días de su gobierno. Y por buenas razones, dado el reconocimiento de la situación de marginación –de exclusión– de una buena parte de la población. Pero la significación del concepto no ha sido precisada; por momentos pareciera que inclusión es igual a ‘redistribución’ a través de programas sociales: cuanto más recursos redistribuidos, habría más inclusión.
Aun cuando esta forma de redistribución es necesaria, su resultado puede ser contrario a lo deseado: mantener la exclusión. Después de todo, la superación de la pobreza –y el acceso a la ciudadanía plena– pasa por la participación activa en la actividad económica, social y política. Son los que no participan –los excluidos– los que reciben los beneficios de dichos programas.
Por tanto, y para no referirme sino al plano de la economía, la ‘inclusión’ pasa por un acceso más equitativo de la población a los activos productivos y, en el caso de los trabajadores dependientes, a condiciones laborales más justas.
En el caso de los espacios rurales, la inclusión supone un acceso más equitativo de campesinos y pequeños agricultores a las tierras agrícolas. Un discurso sobre la inclusión, por lo tanto, debería hacer referencia al proceso de concentración de la propiedad de la tierra en nuevos latifundios, un típico proceso de exclusión. ¿Habrá límites al acaparamiento de tierras?
También debería hacer referencia a las condiciones laborales de los asalariados rurales. Informes de inspectores del Ministerio de Trabajo y estudios independientes dan cuenta de que en muchas empresas agroexportadoras con gestión muy moderna y tecnologías de punta no se respeta la legislación laboral y se erigen obstáculos para la libertad sindical. ¿Se aplicará el Ministerio de Trabajo a sancionar estas violaciones de la normatividad vigente?
Un gran número de pequeños agricultores –quizá más de medio millón– orientan la mayor parte de su producción al mercado, y son el sustento de la seguridad alimentaria del país. Pero están excluidos del acceso al crédito, la información, la asistencia técnica y adecuados sistemas de comercialización. ¿Cuáles serán las políticas que contribuirán a su mejor inclusión?
La exclusión también tiene una dimensión territorial. En gran parte del país, sobre todo en la sierra y la selva, las poblaciones rurales están mal comunicadas, mal informadas, mal remuneradas, con deficientes servicios de educación y de salud, lo cual se expresa en que tienen menos oportunidades económicas, sociales y políticas. Sin embargo, son estas poblaciones rurales las que sostienen muchas de las economías regionales. En el esperado discurso ante el Congreso ¿cuáles serán las medidas que promuevan la disminución de las brechas existentes entre estos territorios y aquellos urbanos y costeños?
Artículo publicado en el diario La República (18 agosto 2011)
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