En los
primeros días de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
dio un decreto supremo (001-2013-PCM) que declara 2013 como Año de la
Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria. Esta
declaración contrasta de manera radical con el discurso de Alan García
(para quien los beneficiarios del desarrollo rural eran considerados
«perros del hortelano», y la seguridad alimentaria era un «concepto
obsoleto »).
Cabe preguntarse, por supuesto, si el contradiscurso del gobierno de Ollanta Humala encierra simples palabras o realmente es un cambio prometedor de la política rural. Lo más importante del decreto supremo está en la parte considerativa, es decir, en las razones que esgrime el gobierno para ponerle dicho nombre al año 2013, el cual deberá ser consignado en todos los documentos oficiales.
Cabe preguntarse, por supuesto, si el contradiscurso del gobierno de Ollanta Humala encierra simples palabras o realmente es un cambio prometedor de la política rural. Lo más importante del decreto supremo está en la parte considerativa, es decir, en las razones que esgrime el gobierno para ponerle dicho nombre al año 2013, el cual deberá ser consignado en todos los documentos oficiales.
Los objetivos, en el papel, del Gobierno central
El
decreto supremo tiene varios aspectos interesantes. El primero es la
declaración —en el considerando— de que el Poder Ejecutivo tiene la
decisión de coadyuvar al cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y
que para eso prestará servicios a las poblaciones más alejadas. Ello
contribuirá —se afirma— a que se agregue más valor a la producción
agraria campesina.
También
se plantea que el Estado amplíe la frontera agrícola, coadyuve al
desarrollo de tecnologías, al fortalecimiento de las capacidades de los
productores y a la apertura de los mercados para la producción campesina
andina y amazónica; y, también, a la mejora y ampliación de la
infraestructura vial, a la conservación de los cultivos ancestrales y al
cuidado de la diversidad agrícola. Todos estos ofrecimientos atañen al
desarrollo rural.
En
cuanto a la seguridad alimentaria, se declara el compromiso del Estado
de luchar contra el hambre y la pobreza, resolviendo la disponibilidad y
la disposición de alimentos en las familias, mejorando la dieta
familiar y contribuyendo a la reducción de la desnutrición infantil.
El
decreto supremo se da luego de una mayor asignación de recursos
aprobados para la función agropecuaria de 2013 (S/.1,461.2 millones), lo
que significa una elevación de aproximadamente 48% respecto del
presupuesto de 2012 (S/. 983.81 millones1); de que el ministro von Hesse
informase que en 2013 se destinarán S/.1,000 millones adicionales para
fortalecer el riego en la sierra (80% para obras de infraestructura y
20% para capacitación y fortalecimiento institucional); de que se
promulgue una ley que promueve el fortalecimiento de las cooperativas y
que beneficia a decenas de miles de pequeños agricultores cafetaleros y
cacaoteros.
Además,
contribuyendo a este cambio de orientación en las políticas agrarias a
favor de la pequeña agricultura, el gobierno de Humala puede aprovechar
la declaración de la FAO que nombró 2013 como Año Internacional de la
Quinua, cultivo producido casi íntegramente por minifundistas y pequeños
agricultores andinos.
¿La agricultura por fin será prioridad para el gobierno?
Este
2013 podría ser, pues, un año de cambio de prioridades en el sector
agrario, que pondría a la pequeña agricultura en el centro de atención.
Pero no es sino una posibilidad, pues serían necesarias otras señales
para concluir que, efectivamente, hay un viraje en las prioridades.
Pareciera que con el incremento de recursos orientados a la pequeña
agricultura, sin modificar la situación de privilegio de la gran
agroexportación, el gobierno quisiera optar por mantener el statu quo agrario, pero en el que todos ganen aunque sea «alguito».
En
efecto, nada se ha dicho, por ejemplo, sobre: a) el continuado proceso
de concentración de tierras y consolidación de los neolatifundios; b) la
realización de macroinversiones en irrigaciones costeñas para la
agroexportación y biocombustibles, que parece continuará en beneficio de
las corporaciones y grandes inversionistas; y c) el privilegiado
estatus de los grandes agronegocios actuales, que continúan recibiendo
subsidios vía el pago del 50% del impuesto a la renta y con menores
costos laborales gracias a una generosa ley —para los empleadores y en
perjuicio de los trabajadores agrícolas— que se mantiene incólume, y
gracias a que la iniciativa legislativa que busca modificar dicho
estatus está estancada.
También
se debe recordar que el exministro de Agricultura, Luis Ginocchio,
ofreció que el Ejecutivo tomaría una decisión —sobre la base de la
información del nuevo censo agropecuario, el IV Cenagro— con respecto al
tamaño máximo de las tierras de las empresas agropecuarias. Ya se
realizó el censo, y sus resultados podrían ser hechos públicos en muy
corto plazo, pero parece que esta información se difundirá recién en
junio, después de todas las demás.
Las interrelaciones de nuestras diversas agriculturas
¿Puede
coexistir armoniosamente un agro tan desigual? Desde hace algunos años,
el Minag, tratando de dar cuenta de la necesidad de políticas agrarias
diferenciadas, ha adoptado «oficiosamente » una caracterización de
cuatro agros distintos, según nivel tecnológico, capacidad de acceso a
servicios y articulación al mercado: a) de producción de subsistencia;
b) familiar de pequeños negocios rurales; c) pequeña y mediana
producción comercial; y d) agroexportación y agricultura intensiva2.
El
problema es que cada uno de estos tipos de agro aparece como un
compartimiento estanco, que coexiste con los demás, pero sin
interrelacionarse. Esta concepción estamental del agro peruano no se
corresponde con la realidad, pues hay una estrecha interrelación entre
sí. Así, la agroexportación depende, en buena medida, de la mano de obra
que proviene de minifundistas (agricultura de subsistencia) que
requieren de ingresos adicionales para subsistir: ambos agros se
necesitan. Por otro lado, los agronegocios, en la medida en que están
involucrados en agricultura de contrato, compran las cosechas de los
tipos de agriculturas b) y c); además, compran o arriendan tierras de
estos mismos tipos de agricultura. En todas estas relaciones —como
empleador o comprador de cosechas y tierras— hay asimetrías importantes,
y la agroexportación está en posición de ventaja.
La
reciente afirmación del presidente Humala, de que apuesta por el
minifundio porque es rentable, a pesar de que los grandes agricultores
dicen que «no es eficiente»3, ¿será un anuncio, aún tímido, de
que se pondrá alguna limitación a los beneficios extraordinarios de los
que gozan esos «grandes agricultores»?
Notas
1 En el documento presentado al Congreso se detallan los recursos asignados a la función
agropecuaria
por S/.3,244 millones, de los cuales S/.1,611 millones corresponden a
los programas presupuestales, lo que representa el 49.7%. Destacan el
«Aprovechamiento de los recursos hídricos para el uso agrario », cuyos
recursos concentran S/.1,227 millones, es decir, el 76.1%. <http://www.larepublica.pe/03-09-2012/elpresupuesto- fiscal-2013-para-la-agricultura- se incremento-en-20>
2 Minag. Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016. Abril de 2012, p. 19.
3 Diario Gestión, 21 de enero de 2013.
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