jueves, 21 de febrero de 2013

Entrevista al ministro de Agricultura, Milton von Hesse: «Tecnificar el riego en las comunidades tiene un potencial bárbaro»

El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, explica las acciones de su despacho frente al nuevo programa Mi Riego y en los proyectos especiales de irrigación. También reflexiona sobre los problemas causados por el proceso de descentralización y opina acerca del límite a la propiedad de las tierras.

FE: ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno central al declarar 2013 como Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria?
MvH: Esa declaración es una consecuencia lógica de todo lo que está pasando. Te confieso que no he sido parte de esa declaración, pero la encuentro absolutamente lógica, porque en los últimos cinco o seis meses hemos hecho una focalización distinta de las políticas del Ministerio de Agricultura (Minag).
Hemos priorizado la atención de aquellos grupos que no están organizados, pero que eran los que más requerían de una opción susbsidiaria del Estado. El Minag siempre ha atendido primero a los que tienen mayor capacidad de hacer bulla o de hacer ruido. Podemos discutir si dichos productores, principalmente costeros, son pobres o no pobres, pero sea cual sea el resultado, las políticas agrícolas siempre se han centrado en ellos. Entonces, nos pareció que la prioridad la debían tener —conforme al discurso del mismo presidente Humala— los grupos más vulnerables dentro del sector agrícola. Se han creado dos programas que le van a cambiar la vida a la agricultura de la sierra y, en general, al poblador rural. Uno es el programa Mi Riego, cuyo objetivo es lograr que el agua sea el elemento de la transformación tecnológica del agricultor altoandino y pueda mejorar su performance agrícola, programa que tendrá un fondo de S/.1,000 millones. Además, se ha creado el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie), con S/.600 millones.

El reto de los proyectos especiales de riego

En el caso de Mi Riego, ¿cómo gastará S/.1,000 millones durante todo 2013? Va a ser complicado.
Así es. Por eso queremos cambiar el chip. Si tú conoces cómo venía funcionando el Minag, sabrás que Agrorural era una isla, pues realizaba sus intervenciones independientemente de otros programas. El PSI también trabajaba por su lado, y lo mismo pasaba con Agroideas y Agrobanco. Lo que estamos haciendo, desde los últimos meses, es un esfuerzo grande para que todas las políticas del Minag sean parte de una sola estrategia y aspiramos a que las inversiones en riego sean las grandes articuladoras de todas las políticas del Minag en los territorios. Por ejemplo, los proyectos de infraestructura hidráulica en una microcuenca, en la sierra, generalmente han sido desarrollados para ser solo infraestructura: canal principal, lateral, etc. Pero es ahí donde deben entrar otros programas, como Agrorural, que debería pensar en obras de reforestación de la parte alta de la microcuenca, en viveros, en zanjas de infiltración, etc.

¿Qué capacidad operativa tiene el Minag para ejecutar estos proyectos?
La combi está caminando. Nos hemos subido a una combi que estaba muy destartalada y ya hemos logrado dominar el motor. Pero ahora el reto es hacer los ajustes mientras seguimos caminando.

El Ministerio de Economía afirma que los gobiernos municipales han presentado seis mil proyectos de inversión, pero solo han pasado cuatro mil. ¿Estos proyectos formarán parte de lo que el Minag hará?
La idea es tomar lo que tienes y armar el stock de proyectos para ejecutar este año. Sin embargo, el problema surge cuando te das cuenta de que muchos de ellos —declarados viables y con un estudio de factibilidad aprobado— tienen el expediente técnico incompleto, o no tienen el permiso del agua —o hay conflicto entre dos comunidades por el agua—, o resulta que no son proyectos completos, sino pedacitos de un proyecto. Entonces, lo que hemos hecho en las últimas semanas es formar un equipo profesional de élite que está revisando todos los expedientes que nos hacen llegar los presidentes regionales y alcaldes. Por ejemplo, se está verificando si un proyecto cuenta con fuente de agua, porque, aunque no lo crean, hay proyectos de infraestructura hidráulica que no tienen fuente de agua. Entonces, hay que verificar eso.

¿Y para ello están considerando una estrecha relación con las agencias agrarias de los gobiernos regionales?
La respuesta es sí. Pero, como tú conoces, hay agencias agrarias y agencias agrarias. Por ejemplo, hay gobiernos regionales que a las antiguas direcciones regionales agrarias las han elevado de categoría, incluso al nivel de gerencia. Allí ves mucha gente capaz y un equipo profesional que puede ser una buena contraparte. Desafortunadamente, hay otros gobiernos regionales donde las direcciones regionales agrarias están bien abajo, dentro de una gerencia con varias subgerencias. Y cuando ves las capacidades técnicas de esa dirección agraria te das cuenta de que no es el mejor aliado que uno pueda tener. Entonces, el Minag tiene que ir a fortalecer las capacidades caso por caso.

Según un documento reciente de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en los últimos treinta años se han gastado aproximadamente US$5 mil millones en las grandes obras de infraestructura de riego, con el fin de ganar 250 mil hectáreas. Se ganaron 60 mil; sin embargo, en el mismo lapso se perdieron 40 mil. Es decir, el saldo neto es de solo 20 mil hectáreas ganadas. ¿Qué pasó?
No he visto aún el documento, pero en el pasado he sido uno de los más críticos de los esquemas de los grandes proyectos especiales, como el de Majes I y Chinecas, donde más eran los problemas que se generaban, que los beneficios. No tengo las cifras en la cabeza, pero debe haber entre 300 mil a 400 mil hectáreas que han salido de la producción en la costa, la mayor parte debido al mal uso del agua, el cual ha causado salitramiento, salinización o empantanamiento de las tierras. Es decir, se han perdido, en cantidad de tierras, diez Chavimochic debido al mal uso del agua. Por lo tanto, mi crítica principal era que si no generas los incentivos para un correcto uso de ese recurso, no vale la pena seguir metiéndole inversión a los proyectos especiales. Creo que actualmente estamos en una generación de proyectos especiales donde, por lo menos, ahora ya se paga por el agua; antes, ni siquiera pagaban. Creo que nuestra política de infraestructura hidráulica en el pasado fue muchas veces un fracaso. Te diría que Chavimochic fue la excepción. Ahora, los nuevos proyectos han incorporado mejoras. Se ha aprendido. Hay esquemas más estandarizados.

¿Diría que el Estado tiene una política de riego?
Desde que entré, hemos conformado una comisión multisectorial para hacer una estrategia nacional de recursos hídricos, que ya está en borrador y la estamos discutiendo internamente. Quiero sacarla a la brevedad, porque por lo menos tendríamos un primer documento. En nuestras acciones sí hay una política de riego implícita. Mi prioridad es empezar de arriba hacia abajo con los proyectos de regulación de agua, es decir, en las cuencas. De los mil millones del programa Mi Riego, cien millones son para tecnificación de riego en las partes altas. Creo que tecnificar el riego en las comunidades tiene un potencial bárbaro y una serie de ventajas que ya han demostrado las ONG hace rato.

Los problemas de la descentralización

Debido al proceso de descentralización —y con un efecto no deseado, obviamente—, el Minag ha perdido una tremenda capacidad operativa. En el caso de las grandes obras de irrigación y los proyectos especiales, sorprende que el Minag no tenga mucho que ver en ellos, pues, más bien, dependen de los gobiernos regionales.
Depende. Existen los proyectos especiales que afectaban a una sola región y los proyectos especiales que afectaban a más de una región. Por ejemplo, los binacionales, como el proyecto Lago Titicaca, el Puyango-Tumbes o el del río Putumayo, están en el ámbito del Minag. Se acaba de decretar la transferencia de uno de nuestros proyectos especiales a provincias, pero otros se han quedado en el Minag.
¿Y esas transferencias no le parecen un problema?
A ver... son un problema. Si uno revisa la ejecución de los proyectos oficiales y la eficiencia del gasto, pues no sucede lo mejor, independientemente de si están en manos del sector nacional o del regional. Muchas veces, en los proyectos especiales se reflejan y se potencian aquellos grandes problemas de la Administración Pública que aún no se han resuelto. Primero, hay una gran rigidez en los sistemas de contratación del personal que trabaja en esos proyectos especiales; la mejor gente se fue y los que han quedado son los no-técnicos, los administrativos, los allegados, que tienen contratos permanentes. Los salarios que se ofrecen en este tipo de proyectos son muy bajos y no atraen a la gente más capaz del país, con lo cual tenemos un serio problema. Por otro lado, la contratación en los proyectos especiales no se ha dado bajo sistemas meritocráticos; muchas veces, y esto no es una novedad, el gobierno de turno encontró en esta clase de proyectos una fuente importante de empleo para sus militantes. Yo he conversado de esto con el presidente Humala, quien me ha pedido que estudie el tema de los proyectos especiales y haga una propuesta técnica para mejorar su eficiencia.

Según una noticia, diez empresas del valle de Ica se mudan al norte, debido a la escasez de agua. Pero resulta que estas empresas son las que han depredado el agua en la zona, lo cual actualmente se ha convertido en una situación insostenible ¿Qué está haciendo el Minag?
Ese problema ya está sobrediagnosticado. En la zona de Villa Curí entraron a utilizar el agua de pozo. A los diez primeros les fue bien, a los segundos también; pero, cuando ya entran todos los demás, empiezan a usar el agua del otro, baja la napa freática, etc. Eso pasa porque en el Perú no somos institucionalistas; no hemos creado las instituciones que permitan dar sostenibilidad a muchas actividades productivas. ¿Cómo se soluciona eso? Primera opción: atacas por el lado de la demanda: haces un programa de formalización de pozos y solamente permites que saquen agua aquellos que tienen licencia. Pero ahí caen todos. Entrando así, puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad, porque generamos un problema de empleo. La segunda opción se da por el lado de la oferta: le metemos más agua al acuífero, trasvasando el agua de Huancavelica para pasarla a Ica, pero ahí viene el problema de los regionalismos. Lo mismo que pasa entre Cusco y Arequipa, entre Tacna y Moquegua; lo que puede pasar entre Áncash y La Libertad por las aguas del Santa, y lo que va a pasar entre Piura y Lambayeque por las aguas del Huancabamba: «El agua es mía; no es tuya». Y eso se debe a que, de alguna manera, el proceso de descentralización ha despertado unos regionalismos locales que consideran que el vecino es tu enemigo. Entonces, tienes que juntarte con las dos partes y crear las condiciones adecuadas para limar asperezas, generar entendimientos y contribuir a crear una mirada compartida del problema. No es un tema fácil.

El límite a la propiedad de la tierra
Los primeros resultados del censo agropecuario dicen que ya no hay un millón 750 mil unidades agropecuarias, aproximadamente, sino que ahora hay dos millones 300 mil. ¿Qué significa eso para el Minag?
El censo nos dice la cantidad de unidades, pero todavía no es capaz de decirnos cuál es el tamaño promedio de esas unidades, y eso nos podría llevar a reinterpretar las cosas.

La Enaho ya nos decía que la mayor parte de esas unidades tienen menos de una hectárea y están, sobre todo, ubicadas en la sierra.
De eso no tengo duda. La agricultura peruana, como la tenemos ahora, es una evolución de lo que vino después de la reforma agraria. Muchos beneficiarios de la reforma tienen sus hijos y ellos son los que heredan, se reparten la chacra y ahora estamos incluso en la tercera generación de los nietos de la reforma, donde cada uno explota su surco, su topito, sobre todo en la sierra. El censo agrario revela la tremenda fragmentación que existe en Puno, por ejemplo, alrededor del lago, donde la cantidad de parcelas que puede llegar a tener un solo agricultor es impresionante. Además, si uno considera que existe un mercado de formalización de las tierras muy imperfecto y un Estado que frenó el proceso de titulación y formalización de tierras, pues llegamos a la conclusión de una agricultura altamente fragmentada, que es lo que aparentemente va a lanzar el censo. A eso hay que agregar que en los últimos años ha habido un tremendo proceso de incorporación de tierras a la agricultura, en una dinámica más empresarial y más grande. Se ha producido la inversión de empresarios muy grandes, pero también de profesionales exitosos que han invertido, sobre todo en la costa, en parcelas de 30, 40 o 50 hectáreas. Eso ha consolidado una agricultura empresarial diferente. Muchas veces, en el Perú se ha pensado que solo existían dos tipos de agricultores: la grandota, empresarial, con cientos o miles de hectáreas; y la muy chiquita, asistencialista, etc. Pero no se han formulado políticas explícitas para que se desarrolle la agricultura empresarial mediana, que es la que está más presente en otros países. Esa la han obviado.

Una manera de promover esto sería modificar los términos en los cuales se venden las tierras en las nuevas zonas de irrigación. Hay una promoción desde el Estado para la formación de neolatifundios con módulos de 500 o mil hectáreas. ¿Qué está pensando hacer el Minag?

Los procesos que ya están en consolidación son Olmos y Majes. Creo que eso es el resultado de haber hecho una sobrerreacción, porque en el Perú somos muy de péndulos. Por ejemplo, en Majes I se repartían módulos de cinco hectáreas y el agricultor beneficiario no tenía las espaldas financieras para instalar un cultivo bajo un modelo de agroexportación donde a veces se requiere US$15 mil o US$20 mil por hectárea. Majes I costó más de US$1,200 millones de aquella época, que tenían mucho más valor que ahora. Eso fue un fracaso total y entonces fuimos al otro extremo: el de buscar solamente grandes extensiones. Yo creo que hay espacio para llegar a módulos intermedios.

Respecto a las grandes extensiones, existen en la actualidad críticas hacia los neolatifundios. En España, por ejemplo, los fundos más grandes están en las 300 hectáreas, y lo mismo pasa en otros países de Europa, que incluso tienen mucho más tierras que nosotros. ¿Por qué promover latifundios de mil, dos mil o diez mil hectáreas en el Perú?
Ahí sí me resisto a discutir números: mil, dos mil, cincuenta o cien. Creo que el análisis que debemos hacer es más complejo. Por ejemplo, mil hectáreas para desarrollar plantaciones de palma aceitera pueden ser muy pocas en la selva. Una hectárea para desarrollar flores en la costa, en Cenieguilla, puede ser mucho. Mil hectáreas para desarrollar azúcar para biocombustibles en tierras eriazas de la costa pueden ser pocas. Mil hectáreas para espárragos pueden ser muchas, especialmente ahora. Entonces, no es lo mismo que compres mil hectáreas en el desierto y las habilites, que meterte al valle de Cañete y comprar, tú solo, mil hectáreas. Entonces, el análisis es bien complejo por la tremenda heterogeneidad que tienen nuestras distintas agriculturas. Este es un debate que estamos promoviendo, pero yo no me atrevo a tomar decisiones cuando todavía nos falta más información y cuando no se analizan todas las aristas del problema. Creo que el censo agropecuario va a ser bastante ilustrativo sobre el tema.

Más información en:
http://www.larevistaagraria.org/

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