En
las últimas semanas se ha reavivado —en ciertos sectores— una inusitada
preocupación por un tema que ya parecía temporalmente resuelto: la
importación de semillas y productos transgénicos como, por ejemplo, el
maíz amarillo duro. Pero ¿qué ha ocurrido para que este asunto de
interés nacional ocupe de nuevo un lugar en la mesa de discusiones?
Tomaremos
como punto de partida la promulgación de la Ley 29811, «Ley que
establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos
modificados (OVM) al territorio nacional por un periodo de diez años»,
publicada el 9 de diciembre de 2011, que dispone que durante diez años
no se pueden importar semillas transgénicas.
Precedida
por un intenso debate entre quienes estaban a favor y quienes se
manifestaban en contra de la moratoria, la ley se aprobó con el
explícito objeto (artículo 2) de «fortalecer las capacidades nacionales,
desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de
la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las
actividades de liberación al ambiente de OVM».
El
argumento central de quienes apoyaban la moratoria al ingreso de OVM
(semillas transgénicas) era que ese ingreso pondría en riesgo la gran
biodiversidad del país y su papel estratégico para la alimentación, así
como las ventajas internacionales competitivas, o sea, las variedades de
plantas y animales que existen solo en la región andina. Un argumento
adicional era que esas semillas transgénicas están en manos de un
oligopolio global y que promueve la biopiratería, con el consecuente
perjuicio de los campesinos y las poblaciones nativas, que han sido
históricamente los «guardianes» de la biodiversidad. Mientras
tanto, quienes argumentaban en contra de la moratoria sostenían que las
semillas transgénicas elevarían los rendimientos y reducirían los
costos de producción, pues serían menos sensibles a pestes y
enfermedades y requerirían menos insumos químicos.
Pero la discusión estaba lejos de limitarse a la esfera biológica y agronómica, pues en mayo de 2011, el diario El Comercio1
informaba que los portavoces a favor de la utilización de las semillas
transgénicas —entre ellos, asesores de los ministros de Agricultura y de
Economía y hasta el ministro de Agricultura de la época, Rafael
Quevedo— tendrían intereses económicos en la comercialización de
semillas o en la industria avícola, principal consumidora del maíz
amarillo.
El
mismo Alan García, presidente en ese entonces, opinó en contra de su
ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, quien respaldó los pedidos
para que se establezca una moratoria de semillas transgénicas por quince
años. Así, García declaró que teníamos que «incorporar toda la
tecnología posible para no quedar convertidos en una isla frente a
países [que, aprovechando toda la tecnología] producen cinco veces más
que nosotros, a veces en los mismos productos»2.
¿Se cumple la ley?
En medio de
esta historia hay que tener en cuenta un dato relevante: las
importaciones de semillas de maíz amarillo duro han aumentado de manera
significativa en el Perú desde los últimos años. (gráfico 1; fuente:
Sunat). El supuesto es que se trata de la importación de semillas
convencionales, pues las transgénicas están prohibidas. Pero llama a
preocupación que nuestros principales proveedores son conocidas empresas
productoras de semillas transgénicas: Monsanto y Dow Agrosciences (de
Estados Unidos), Limagrain (de Francia) y la suiza Syngenta, que operan
desde países con áreas masivas de cultivos transgénicos:
Brasil,Argentina, Chile, Colombia, Bolivia y México.
¿A tumbarse la moratoria?
Ha
transcurrido más de un año desde la promulgación de la ley que
establece la moratoria, y más de tres meses desde su reglamentación, y,
sin embargo, los grupos de interés opuestos a esta moratoria continúan
ejerciendo presión para desvirtuarla o modificarla y así convertirla en
inofensiva. Primero
fue el diario Expreso, que publicó un artículo titulado «Moratoria
transgénica solo beneficia a agricultores extranjeros», en el que
sostiene que la moratoria perjudica a los agricultores nacionales, pues
se les priva de una tecnología que es más productiva y menos vulnerable
al cambio climático3.
Un mes después, sorpresiva y coincidentemente, la embajadora de
Estados Unidos, Rose M. Likins, envió una carta al ministro de
Agricultura, Milton von Hesse, con fecha 18 de diciembre de 2012, en la
cual afirma que la moratoria de OVM «tendrá un impacto negativo en los
consumidores y productores peruanos ». Sus razones son que los
empresarios reducirán sus importaciones de semillas, pues, por
desinterés o incapacidad, no pueden acreditar que no vengan mezcladas
semillas transgénicas junto con las convencionales, lo que los podría
hacer pasibles de ser multados, como estipula el reglamento de la ley
(D.S. 009-2012 del Ministerio del Ambiente, Minam), hasta por un máximo
de 10 mil UIT (¡37 millones de soles!). De este modo, y según el
argumento de la embajadora, los agricultores se verían privados de
semillas importadas, con afectación de los rendimientos del maíz
amarillo duro, que dejarían de aumentar (aun cuando, desde la década de
1990, no dejan de incrementarse, como se ilustra en el gráfico 2).
Además,
la embajadora llama la atención del ministro de Agricultura acerca de
la inconsistencia de la moratoria en relación con protocolos y tratados
internacionales , pues «medidas como estas […] afectan el comercio y no
se ajustan a los estándares internacionales». Finalmente, asegura que
«esta medida es inconsistente con el Acuerdo de Promoción Comercial [el
TLC] entre Perú y Estados Unidos », nada menos.
Documentos
internos del Ministerio de Agricultura — a los que tuvo acceso LRA—
reaccionan ante la misiva de la embajadora y consideran que las
observaciones al reglamento de la Ley 29811, hechas por ella, son
«válidas, objetivas y pertinentes», y critican al Minam por no haber
propuesto aún las metas ni los indicadores para evaluar el cumplimiento
de la ley de moratoria, Agregan,
además, un comentario inapropiadamente catastrófico: debido a la
posible reducción de la importación de semillas se dejarían de cultivar
60 mil hectáreas de maíz, equivalentes a 540 mil toneladas, y se tendría
que aumentar la importación de ese cereal hasta en un 75% de la demanda
nacional, lo cual pondría en riesgo la seguridad alimentaria del Perú.
Pero el gráfico 1 muestra que, al menos hasta 2012, lejos de haberse
reducido, las importaciones han aumentado.
Esto
nos lleva a dos conclusiones posibles: a) la primera, que ciertos
sectores están pidiendo modificar el reglamento de la Ley y que el Minam
debe abocarse a desarrollar las capacidades para hacer un control de
riesgos de la importación de semillas; esta parece ser la opción
planteada al Minag; b) la segunda, que estos sectores están pidiendo
liberar la importación de semillas transgénicas; esta parece ser la
opción más cercana a lo propuesto por la embajadora Likins y el diario
Expreso.
Notas
1 Diario El Comercio (1/5/2011): «Asesores pro transgénicos en el sector Agricultura».
2 Diario El Comercio (5/7/2011): «Alan García quiere para la agricultura la mayor tecnología posible».
3 Diario Expreso (19/11/2012).
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