Son cada vez más los ámbitos en los que se evidencia que el Estado abandona su misión de velar por el interés público con la finalidad de favorecer el interés privado. Esto se ve claramente en el apoyo a las industrias extractivas, aun cuando estas pasen por encima de los derechos de las poblaciones locales y afecten el medio ambiente. Lo mismo se observa en la prestación de servicios públicos como la salud y la educación, cada vez más motivados por la lógica de la ganancia, al ampliarse los espacios de su privatización, donde las corporaciones financieras son dueñas, al mismo tiempo, de las empresas de seguros y de las clínicas. Igual sucede en el caso del acceso a la tierra, no solo al permitir, sino también al estimular la concentración de su propiedad, marginando a campesinos productores de alimentos. Se podrían dar más ejemplos ilustrativos de estas tendencias, aparentemente indetenibles.
Un ámbito en donde también se está evidenciando esta subordinación del interés público al privado es el de los alimentos. Es cierto que en los últimos años se han dado varias normas orientadas, en principio, a fortalecer la seguridad alimentaria y a informar y mejorar el acceso de la población a alimentos saludables.
Así, desde 2012, el Ministerio de Salud (Minsa) ha hecho recomendaciones acerca de alimentos que deben ser consumidos en los quioscos escolares; se expidieron normas que obligaban al etiquetado de los alimentos procesados, para informar al consumidor si contenían insumos transgénicos y grasas saturadas. Luego, en 2013, se aprobó la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Pero ninguna de estas normas se está ejecutando en la actualidad. ¿Por qué razón?
En su momento, cada una de ellas fue criticada por la industria alimentaria, con el argumento de que estas regulaciones inhiben las inversiones y limitan la libertad de opción del consumidor. Esta oposición de los industriales es explicable, pues toda regulación resulta una amenaza a sus intereses privados.
Pero lo que no es explicable es que el propio Estado ponga por delante del bien público los intereses privados de una minoría de inversionistas al transformar la inversión en un fin en sí, cuando esta debe ser, por el contrario, un medio —entre otros— orientado a lograr el bienestar general. Y lo que se supone que es el fin del Estado, el bienestar general, uno de cuyos principales componentes es la buena salud de la población, queda, así, en un lugar subordinado. El Estado ha asumido este enroque de prioridades y responsabilidades, pero ha ido desplazando el objetivo de su propia existencia, que es el logro del bien común y del bienestar de todos los ciudadanos, y lo ha reemplazado por lo que es el objetivo principal del capital: rentabilizar la inversión privada.
Mal estamos.
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