En este año, en que la COP 20 se celebrará en el Perú y pende la incierta amenaza de un fenómeno El Niño, los temas ambientales han subido al tope de la agenda política. Una razón adicional para ello es el escandaloso retroceso, en la institucionalidad ambiental, que significa la recientemente promulgada Ley 30230, de promoción y dinamización de inversiones (ver artículo de B. Salazar).
El desinterés por la cuestión ambiental tiene una larga tradición en nuestra clase política. La preocupación de la sociedad civil urbana por el tema es reciente, inducida, en buena medida, por la importante aunque desarticulada reacción de poblaciones rurales ante la agresión de las industrias extractivas. Todavía la gran amenaza ambiental para el Perú no es el cambio climático: es la destructiva relación de los diferentes estamentos de la sociedad peruana con la naturaleza.
Las industrias —no solo las extractivas— contaminan las aguas, pero también lo hacen los pequeños y grandes conglomerados urbanos. Las prácticas agrícolas contaminan los suelos y, cuando se realizan en pendientes, contribuyen a su erosión. La frontera agrícola se expande sobre el bosque amazónico, que —en su mayor extensión— no es apropiado para la agricultura. La explotación ilegal de maderas es indetenible y contribuye a la deforestación. Los ríos amazónicos son contaminados por los químicos utilizados para la producción de cocaína y oro. La inmensa biodiversidad es amenazada por la expansión del monocultivo y el probable ingreso de semillas transgénicas. El aire es contaminado por el uso de combustibles que superan los parámetros permisibles establecidos en otros países. En fin... Todo esto se sabe pero continúa, de manera más o menos legal, con mayor o menor complicidad de los sectores público y privado.
Tomemos el caso de la tierra. La erosión de los suelos es un grave problema en el Perú: de su superficie total, el 31% —cerca de 40 millones de hectáreas— está afectada moderada o severamente por la erosión. La situación de la sierra y la costa es bastante más grave: en la primera región, el deterioro alcanza al 56%, y en la costa, el 45% (en la selva, el 17%) 1. Además, está la salinización de la tierra: a pesar de su gravedad, las cifras sobre salinización de los suelos agrícolas de la costa datan de... ¡1974!, ¡hace justo cuarenta años! En ese año se estimaba que el 40% de las tierras costeñas estaban salinizadas debido al mal manejo del agua y el drenaje insuficiente. En las cuatro décadas siguientes la situación debe haberse agravado más, pues se han hecho varias grandes obras de irrigación, se han expandido muchísimo los cultivos que hacen uso intensivo de agua —arroz, caña de azúcar, espárragos—, los sistemas de drenaje no han mejorado sensiblemente y la introducción del riego por goteo no es suficiente para contrarrestar estas deficiencias.
El año 2015 será declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de los Suelos. Es prácticamente el último año de este gobierno. ¿Hará algo por aminorar el persistente «terricidio»? Ello es poco probable: ya pasó el Año Internacional de la Quinua (2013) y los productores quinueros no están mejor; está pasando el Año Internacional de la Agricultura Familiar y los agricultores familiares no están mejor. Este gobierno declaró 2014 como Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático... y en celebración dio la Ley 30230.
Nota
(1) El texto está en línea en <http://bit.ly/1rO49oM>
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