lunes, 6 de agosto de 2012

El Perú sigue sin tener una política de seguridad alimentaria


Después de un año de gobierno del presidente Ollanta Humala, ¿qué puede decirse de su política de seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria, el clima y la pobreza rural están ligados. Alrededor de dos tercios de la producción de alimentos de origen agrícola está en manos de pequeños productores. De ellos depende, en buena medida, la seguridad alimentaria del país.
Paradójicamente, en aquellos lugares donde existe una mayor densidad de pequeña agricultura, la incidencia de la pobreza y la desnutrición infantil es grande. Para agravar la situación, la producción agrícola es fuertemente influenciada por fenómenos meteorológicos: temperaturas «anormales», lluvias y sequías, inundaciones, heladas y granizo, vendavales, etc. ¿En qué medida el gobierno ha logrado asumir desafíos tan complejos como urgentes?

Poblaciones y áreas vulnerables

Las regiones quechua (2,500-3,500 m.s.n.m.) y suni (3,500-4,000 m.s.n.m.) son las más afectadas por los fenómenos meteorológicos, y representan el 54% de los distritos del país, el 24% de la población total y el 49% de la población rural, según el censo de 2007. Son regiones con una población predominantemente campesina, habituada a una constante adaptación a las variedades climáticas y con una alta incidencia de pobreza. Dado que los ingresos (en dinero o especie) de dichos sectores sociales dependen, en buena cuenta, de una actividad agropecuaria afectada por el clima, son especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria.

Ahora bien, la adaptación no se da solo en las prácticas productivas, sino también mediante la diversificación de actividades económicas agrícolas y no agrícolas y, por ende, mediante la diversificación de ingresos de las familias campesinas, así como por las migraciones temporales o permanentes. Son prácticas muy difundidas ante situaciones adversas creadas por causas muy distintas, tanto climáticas como económicas y sociales. Los productores agrícolas más pobres y vulnerables son los campesinos que menos han diversificado sus ingresos y que se dedican más a la actividad agraria (1). Además del impacto del clima sobre la producción, también son factores importantes de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria la falta o insuficiencia de acceso a bienes públicos, entre ellos, la infraestructura vial, la energía y las telecomunicaciones. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) produjo en 2010 un Mapa de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, utilizando indicadores basados en cinco variables: ingresos promedios anuales percápita; grado de urbanización de la población; población en situación de no pobreza; población con acceso a agua por red pública interna y externa; y producto bruto interno de alimentos de los sectores agrícola, pecuario y pesquero. Luego de analizar el peso de cada variable, se encontró que la que más incide sobre la seguridad alimentaria fue la producción de alimentos (PBI agrícola, pecuario y pesquero). Ello da al desempeño del sector agrario y de su capacidad productiva un lugar estratégico en la determinación de la mayor o menor vulnerabilidad de la población a la inseguridad alimentaria. Pero, reiteramos, es precisamente la producción agraria la actividad económica que está entre las más afectadas por el cambio climático.
Según el Mimdes, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria alcanza al 47.5% de la población total peruana, y casi todos los departamentos andinos tienen niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria muy altos o moderadamente altos.

Las políticas alimentarias y el cambio climático

En el Perú, gobiernos de distinta orientación han tenido políticas alimentarias, aun cuando no necesariamente respondían a visiones estratégicas o de mediano y largo plazo. En la década de 1980, se fue pasando de políticas universales (por ejemplo, subsidios o control de precios) a programas focalizados (en beneficio de grupos específicos). En las décadas de 1990 y 2000, los gobiernos de turno suscribieron o ratificaron convenios internacionales de carácter vinculante, en los que se reconoce el derecho de la población a tener suficientes alimentos, a estar protegida contra el hambre y a que se establezca el marco legal adecuado para la debida protección de este derecho. El Acuerdo Nacional instauró, por primera vez, en su acuerdo 15, los lineamientos de una política de seguridad alimentaria, superando la limitada perspectiva de distribución de alimentos.

En 2004 se aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA), que debía regir hasta 2015, además de otros documentos orientadores relacionados, como la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural y la Estrategia Nacional Crecer. La ENSA debía dar lugar a las Estrategias Regionales de Seguridad Alimentaria (ERSA), bajo responsabilidad de los gobiernos regionales. Sin embargo, desde su aprobación, tanto la ENSA como las ERSA presentaron limitaciones de tipo político y técnico para su funcionamiento. Para comenzar, no se dieron leyes que obligasen a los propios organismos públicos a su cumplimiento.
Un nuevo Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 2012-2021 fue elaborado por un equipo técnico multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, coordinado por la PCM, en el actual gobierno de Humala. El PSAN contiene propuestas de acciones para enfrentar los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria, pero después de largos meses aún está en proceso de gestión para su aprobación.

Tampoco el gobierno, hasta el momento, ha definido políticas integrales de apoyo a la pequeña agricultura; más bien, se ha continuado una política inercial a favor de la gran empresa agroexportadora. No existe en la actualidad, pues, una real política de seguridad alimentaria; más aún, todavía está por definirse el organismo público que será el responsable de normar y fiscalizar el cumplimiento de tal política. El Ministerio de Agricultura (Minag) ha tomado la iniciativa para liderar el tema, pero aún no ha sido formalizada. En la práctica, la política de seguridad alimentaria se limita a diferentes programas de asistencia alimentaria, principalmente conducidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). En el Congreso hay hasta dos proyectos de ley de seguridad alimentaria, pero apenas sí han merecido la atención de los parlamentarios.

Menos, todavía, hay una política que vincule la seguridad alimentaria al nuevo contexto de cambio climático. Aun cuando el Minag ha concluido la formulación de un Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático en el Sector Agrario, que debería regir entre los años 2012 y 2021, este plan todavía no ha sido formalizado.
Si durante el primer año se ha avanzado poco, es urgente y perentorio que, al iniciarse el segundo año de gobierno, este dé muestras de voluntad política para definir una política de seguridad alimentaria que tome en cuenta tanto el papel fundamental de los pequeños agricultores como los impactos del clima sobre la producción.

Nota
1 Ver la obra colectiva que incluye el caso del Perú, coordinada por Emilio Klein, Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América Latina. Cepal/OIT/FAO. Santiago de Chile, 2010.

El Peru Sigue Sin Tener Una Politica de Seguridad Alimentaria

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