El periodo entre los dos últimos censos agropecuarios —1994 y 2012— cubre la mayor parte del tramo de aplicación de políticas neoliberales, que se inician con el gobierno de Alberto Fujimori. El censo de 1994, en realidad, es una línea de base para conocer cuáles han sido los impactos de dichas políticas en la economía y la sociedad agrarias.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó recientemente los resultados finales del IV Censo Nacional Agropecuario, pero se está demorando en difundir toda la información y la base de datos. La información utilizada en este artículo proviene de algunos avances aún muy generales1.
¿Qué ocurría en 1994? El país recién iniciaba su salida de una larga crisis económica y social. La tierra, el principal recurso del campo, estaba distribuida principalmente entre pequeños y medianos agricultores, como consecuencia de la reforma agraria ejecutada entre 1969 y 1975. En esa década de 1990, el presidente Fujimori, consecuente con su opción neoliberal, desmontó varias de las instituciones públicas de apoyo a la agricultura, como el Banco Agrario y los servicios de extensión agrícola, y debilitó otras, como el INIA. Su apuesta era que la iniciativa privada sustituyese a esas entidades públicas, cosa que, como sabemos, no ocurrió.
Políticas agrarias neoliberales
En ese nuevo ambiente neoliberal, las leyes de propiedad sobre la tierra fueron cambiadas al amparo de la nueva Constitución de 1993. En 1995 se dio una ley que eliminó los obstáculos al funcionamiento del mercado de tierras —que había impuesto la reforma agraria— y suprimió los límites al tamaño de la propiedad y al uso de la tierra. Por un lado, las puertas se abrieron para la reconstitución del latifundio; por otro lado, la liberalización del comercio exterior y la suscripción de varios TLC promovieron las exportaciones. El resultado fue el crecimiento de neolatifundios agroexportadores.
Más tierras, más minifundio
Junto con la constitución de neolatifundios agroexportadores, el nuevo censo nos muestra, en forma simultánea, un proceso en apariencia contrario: la mayor atomización de la propiedad de la tierra. El número de unidades agropecuarias (UA) ha crecido enormemente, sobre todo, el minifundio. Hace veinte años había aproximadamente un millón 745 mil UA; hoy hay dos millones 261 mil, ¡casi medio millón más!2 La mayor parte —cerca de dos tercios— están en la sierra.
Pero ¿la superficie agrícola ha crecido lo suficiente como para albergar a estas nuevas UA? La superficie agropecuaria3, que ocupa el 30% del territorio nacional, es un 9.5% mayor que la registrada en 1994 4. Pero las áreas con cultivo apenas crecieron en un 6.4%, y también —y eso es un problema— aumentaron las áreas en descanso y las áreas no trabajadas (sumadas, son más de 1 millón y medio de hectáreas; ver tabla 1). Todo esto ayuda a explicar por qué han aumentado tanto los minifundios: más UA, pero no suficiente tierra. La información difundida por el INEI aún no permite saber en detalle dónde es que han ocurrido estos procesos.
Nuevamente, una estructura de propiedad bipolar
Hay una justa expectativa por saber cuál es el grado de concentración de la propiedad de la tierra. La reforma agraria quiso acabar con la bipolaridad latifundio-minifundio. Después de dos décadas, ¿estamos nuevamente ante una agricultura bipolar?
Según el censo de 2012, en la costa —región en donde está comprobado que existe concentración de propiedad de tierras— hay cerca de 940 mil hectáreas de cultivo bajo riego. Como se señaló antes, en menos de dos décadas, más de un cuarto de esas tierras han sido acaparadas por medio centenar de empresas con más de ¡mil hectáreas cada una! En el futuro, con las nuevas obras de irrigación planeadas por el gobierno central, el control de la gran inversión podría alcanzar entre un tercio y el 40% de las tierras de la costa si se continúa con la política de transferir las nuevas tierras de cultivo en módulos acumulables de 500 o 1,000 hectáreas.
Simultáneamente con esta concentración, el nuevo censo nos revela que hay más de 357 mil UA en la costa; la inmensa mayoría son menores de cinco hectáreas. Combinando la información censal con datos del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), tenemos la tabla 2, que muestra que 46 empresas tienen, en conjunto, alrededor de un cuarto de millón de hectáreas, y que casi 300 mil UA tienen menos de cinco hectáreas cada una. Estamos, así, nuevamente, con una estructura bipolar de latifundio-minifundio en la región costeña, particularmente aguda en los valles de los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima.
Dos décadas de neoliberalismo han reproducido la bipolaridad
Según el ministro de Agricultura, Milton von Hesse, no hay que preocuparse del tema de la concentración, pues dado el inmenso número de pequeños agricultores, lo que debe hacerse es promover que se asocien entre sí para superar las limitaciones de la pequeña escala. Ciertamente, eso hay que hacer —y su gestión no lo está haciendo con la voluntad necesaria—, pero ese no es argumento para retroceder sobre lo que parecía que había sido una posición del presidente Ollanta Humala: limitar el crecimiento de latifundios.
El neoliberalismo no logra superar el atraso del sector agrario
En la sección Agrodata de esta edición de LRA se muestran algunos avances en la modernización del sector agrario. Pero es interesante que el propio diario El Comercio tenga que reconocer que, a pesar de estos avances, el atraso aún domina nuestra agricultura:
«[...] el censo [...] confirmó que la mayor parte de dichas actividades productivas se realiza en las condiciones más precarias y generadoras de pobreza. Por ejemplo, el 42% de la tierra cultivable no se trabaja y el 63% se riega sólo cuando cae la lluvia. Además, solo 1% de productores usa electricidad en sus actividades, el 77.3% no emplea ninguna máquina y el 38% no aplica ningún abono. Además, casi el 90% no recibe asistencia técnica y el 92% no accede a líneas de crédito. Según el ministro von Hesse, todas esas circunstancias son las que originan una baja productividad y pobreza, que según el INEI afecta al 53% de los pobladores rurales. Esta cifra es altísima, más si se la compara con la pobreza urbana, que afecta al 16,6% de la población.»
A confesión de parte, relevo de prueba. El censo revela más información que da cuenta de las agudas deficiencias que aquejan nuestro agro. Solo el 23% de los productores utilizan el tractor; incluso, en la costa, región que alberga la agricultura tecnológicamente más avanzada, con superficies planas, solo el 52% lo utiliza. El 89% de los productores del país —agricultores y ganaderos— no recibieron asistencia técnica, lo cual podría explicar, en parte, que solo el 11.1% de las UA utilizaron abonos químicos y 15.6% emplearon abono orgánico en cantidades suficientes.
Otro problema que desfavorece el desarrollo de una agricultura más eficiente son los bajos niveles educativos de los productores: el 15% nunca recibió educación; el 52% de los que la recibieron no superaron la primaria; el 26% llegó a estudiar secundaria, aunque no todos acabaron; y solo el 7.2% alcanzó alguna forma de educación superior.
La escasa atención que las políticas prestan a la diversidad cultural, también es un freno para el desarrollo de la actividad agraria. Aunque el Perú reconoce, formalmente, la existencia de otras lenguas, las normas, los contenidos de capacitaciones y las indicaciones técnicas se dan casi exclusivamente en castellano, cuando el 32% de los productores tienen otra lengua materna, lo que los ubica en desventaja.
En síntesis, la comparación entre los censos de 1994 y 2012 muestra que, al amparo de las políticas neoliberales, se ha vuelto a reproducir, sobre todo en la costa, una estructura bipolar de tenencia de la tierra, en donde existen, simultáneamente, por un lado, un proceso de subdivisión de la propiedad y de minifundización, y, por otro lado, un proceso de concentración, sobre todo en la costa. Muestra, también, que grandes deficiencias que aquejaban a los productores y conspiraban contra un mejor desempeño económico de la pequeña agricultura —escaso acceso a servicios financieros y no financieros, bajos niveles educativos, etc.— no han sido realmente superadas. A medida que se difunda toda la información recogida por el IV Cenagro, será posible conocer mejor el nuevo rostro del campo peruano, los diferentes ritmos de cambios en los diversos territorios del país y los reales impactos de las políticas neoliberales. LRA seguirá ofreciendo a sus lectores el análisis de dicha información.
Notas
1 El lector tendrá que contentarse con un avance, que está disponible en <http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/ResultadosFinalesIVCENAGRO.p >.
2 Una comparación con Brasil da una idea del gran número de UA en el Perú: en ese país hay 5.2 millones de UA (censo 2006), pero el área agropecuaria es diez veces mayor.
3 Incluye tierras de cultivo y pastos naturales.
4 Tómese en cuenta que toda esta información proviene de las personas entrevistadas. Las cantidades de hectáreas de tierra mencionadas no provienen, pues, de mediciones técnicas; son aproximaciones y lejos están de ser exactas.
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