lunes, 5 de agosto de 2013

Editorial: La ilegitimidad de los bonos agrarios


El mensaje del presidente Ollanta Humala a la nación, este 28 de julio, confirma la escasa importancia que el gobierno le da al sector agrario: se limitó a mencionar la ejecución del programa Mi Riego. No aprovechó para nada la radiografía del agro que está apareciendo con los resultados del IV Censo Agropecuario, ni se refirió a temas importantes que están en la agenda pública, como el pago de la deuda agraria, por lo que abordaremos este último punto a continuación. Al aplicar la reforma agraria, el gobierno presidido por el general Juan Velasco Alvarado no decidió confiscar las tierras, sino expropiarlas. Para ello, dispuso que el pago se hiciese con bonos redimibles —según el tipo de bono— en 20, 25 y 30 años.


En la conformación de la deuda agraria hubo dos momentos. En el primero, el Estado forzó que se le vendieran las tierras de las haciendas; en el segundo, convertido en propietario, el Estado debía vender esas tierras a los adjudicatarios. Pero los campesinos adjudicatarios rechazaron pagar esta deuda, pues consideraron que, en muchos casos, las haciendas se expandieron usurpando las tierras de las comunidades y de pequeños agricultores y era absurdo pagar a quienes se habían hecho de la propiedad de esta manera tan ilegítima. Además, consideraron que por generaciones habían trabajado para el hacendado en condiciones miserables —salvo excepciones— y con salarios mínimos, cuando se pagaban y, por tanto, ya habían pagado varias veces el valor de la tierra. El rechazo masivo al pago de la deuda, apoyado por los partidos políticos de izquierda dentro de la Asamblea Constituyente, llevó al gobierno militar a condonarla, al final de 1979, mediante el D.L. 22748. Los economistas Caballero y Álvarez consideraron que, desde el punto de vista del gobierno, la razón principal de la condonación fue la escasa significación macroeconómica de esos pagos (alrededor del 1% de los ingresos fiscales corrientes de 1978)1 .

El gobierno, por su lado, siguió reconociendo la deuda que contrajo con los hacendados expropiados. ¿A cuánto ascendía la deuda? Según el concienzudo estudio de Caballero y Álvarez, ascendía a unos 15 mil millones de soles de esa época (62.2 millones de dólares a un tipo de cambio aproximado en 1979 de un dólar = 230 soles). En efectivo se pagaron cerca de 4 mil millones de soles, y, en bonos, 11 mil 409 millones de soles (49 millones 600 mil dólares). La deuda correspondiente a los mayores grupos latifundistas —Gildemeister, Grace, Ízaga, de la Piedra, Pardo y Romero— ascendía al 30% del total de la deuda agraria. Las 21 empresas mayores, con valores de adjudicación por encima de cien millones de soles, equivalían al 43% del valor total de las adjudicaciones a diciembre del año 1977.

Puede apreciarse que la deuda agraria tenía, desde su origen, un grave problema de legitimidad, surgido de las condiciones históricas de conformación de las haciendas y de las condiciones laborales que impusieron a obreros y campesinos. Esa ilegitimidad ha contaminado todos los intentos de los tenedores de bonos por su reconocimiento por los gobiernos de turno, ninguno de los cuales ha mostrado voluntad política de pagarlos, más aún si ahora están en manos no solo de los familiares de los expropiados, sino, sobre todo, de entidades financieras especuladoras.

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