A comienzos de mayo se realizará, en Santiago de Chile, la 33 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en la que participarán los ministros de Agricultura de la región. La conferencia «estará centrada en consolidar el avance regional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza extrema, fomentar el desarrollo sustentable de la agricultura y el avance hacia sistemas alimentarios inclusivos y eficientes», según explica la FAO. Además, «los participantes [...] analizarán la gobernanza de la seguridad alimentaria en la región, la adaptación al cambio climático, el desarrollo de la agricultura familiar [...]».
¿Qué tiene para mostrar el Perú en esa conferencia?
Por el lado positivo, las autoridades peruanas podrán informar que, en los últimos años, el porcentaje de niños crónicamente desnutridos, en promedio, atraviesa una evidente reducción (28% en 2005, 23.02% en 2010 y 17.9% en 2013).
El Perú también podrá informar, como aspectos positivos, que durante 2013 se aprobaron algunas normas importantes referidas al tema alimentario: en mayo, la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes; y, en diciembre, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como la autógrafa de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Pero, al mismo tiempo, el Perú tendrá que reconocer varias limitaciones importantes. En primer lugar, que los avances en la reducción de la desnutrición infantil son muy desiguales; en las áreas rurales, dicha desnutrición sigue siendo inaceptablemente alta (33% en 2013) y el 43.7% de los niños menores de 36 meses sufren de anemia (en Puno el 81% y en Tumbes el 61%)(1).
Tendrá que reconocer, asimismo, que la mencionada Ley 30021 no puede ser aplicada porque, después de un año de haber sido promulgada, todavía no cuenta con un reglamento (debió darse a los dos meses); que la Estrategia Nacional requiere de un plan de ejecución, sin el cual tampoco puede aplicarse; y que la autógrafa de la Ley de Seguridad Alimentaria está estancada desde hace cuatro meses en el Congreso, debido a una observación no resuelta.
Tendrá que reconocer, también, que las tasas de población con sobrepeso y obesidad no dejan de subir, con los riesgos que ello implica para la salud de la población.
Que, después de cuatro años, aún no se aprueba el reglamento que define el etiquetado de los alimentos envasados para informar al consumidor sobre la presencia de insumos transgénicos.
Que, según el Ministerio de Desarrollo e Integración Social, el 73% de la población del Perú está en una situación media, a muy alta, de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria(2).
Que la reducción de la desnutrición crónica infantil está muy ligada al excepcional crecimiento económico de los últimos años, pero que las tasas de empleo precario son tan altas que una reducción de ese crecimiento puede rápidamente expresarse en un aumento de la desnutrición.
Que tampoco hay una política a favor de los principales productores de alimentos del país —los pequeños agricultores—, a pesar de que este 2014 es el Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Finalmente, las autoridades peruanas tendrán que reconocer que, para la mayor parte de estos «reconocimientos», el Gobierno no tiene respuesta.
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