El nombre de la Ley 30021 describe claramente su finalidad: «Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes». En síntesis, pretende proteger a este sector de la población y regular la publicidad de los alimentos no saludables (ricos en grasas, azúcares y sodio), la llamada comida chatarra; quiere promover la educación nutricional en las escuelas, y prohíbe el expendio de ese tipo de comida en los quioscos escolares.
¿A qué se debe la oposición tan dura de la industria de los alimentos, que ha forzado al Ministerio de Salud a proponer un reglamento de la ley que subordina el cuidado de la salud pública a los intereses privados industriales?
La ley no prohíbe por completo la venta de comida chatarra; solo lo hace en los quioscos escolares, y podemos presumir que estos no son realmente un mercado de gran importancia para la industria alimentaria. Tampoco prohíbe su publicidad, salvo en las horas en que los niños están más expuestos a los medios. En consecuencia, los perjuicios económicos que esta ley puede causar a la industria alimentaria serán —si los hubiere— francamente menores y puramente coyunturales.
Por tanto, no son razones económicas las que llevan a la industria alimentaria a oponerse de manera tan tenaz a la mencionada ley, utilizando con ese fin todos los medios a su disposición para tergiversar su sentido, como queda claramente expuesto en la propuesta de reglamento del Ministerio de Salud.
Esta terca oposición de la industria alimentaria se debe —al menos en el caso de sus sectores más influyentes— a su pretensión de ampliar el espacio del interés privado (léase, empresarial) a costa del estrechamiento del espacio del interés público (en este caso, la salud pública); es decir, intenta estirar al máximo los espacios en los que se puedan obtener ganancias, aun en perjuicio de la sociedad. Y cuando el Estado intenta cumplir su función y asumir la defensa del interés público, se le ridiculiza calificándolo de «paternalista».
Esto lo expresa con claridad un representante de los intereses empresariales, al criticar a quienes exigen que el reglamento debe respetar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: «[...] algunos parecen creer que el Estado debe ser una nana y prohibirnos el consumo de grasas y azúcares y cualquier otra cosa que nos haga daño». Su recomendación es «permitir que las empresas compitan por revelar información positiva de sus productos, en lugar de obligarlas a revelar la información negativa» («Alimentación saludable “a mi manera”». Diario Gestión, 13 de agosto, p. 14). Es decir, la «información negativa» se debe ocultar. Es precisamente eso lo que ocurre hoy día.
La razón de fondo, pues, es la misma que lleva, por ejemplo, a las corporaciones mineras a resistir las regulaciones ambientales o a las empresas constructoras a presionar por una disminución de regulaciones: la subordinación del interés público al interés privado.
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