Recordarán los lectores que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes —Ley 30021, aprobada en mayo de 2013— estipulaba que los criterios para diferenciar los alimentos saludables de los no saludables debían ser propuestos por una comisión ad hoc del Ministerio de Salud (Minsa) y respetar los parámetros técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los niveles adecuados de consumo de azúcares, grasas y sodio de una dieta sana. Pero la propuesta de parámetros técnicos de la comisión, difundidos en abril pasado, no solo rebasó con amplitud los plazos establecidos por la ley, sino que los parámetros que contiene exceden largamente las recomendaciones de la OMS2. Las críticas de instituciones y especialistas han sido inmediatas.
Los cuestionamientos al proyecto de reglamento
La propia OPS/OMS dio a conocer de manera oficial su crítica a la propuesta mediante una comunicación («opinión técnica») dirigida a la ministra de Salud, doctora Midori de Habich, el 17 de julio, en donde llama la atención sobre la preocupación manifestada por los más altos organismos internacionales especializados, respecto al aumento de la obesidad entre niños y jóvenes (debido a dietas malsanas) en un elevado número de países —entre ellos el Perú—, y señala que la malnutrición es un tema de salud pública. Además, enfatiza que una alimentación que excede los límites recomendados por este organismo especializado favorece la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas, y recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas establece que los Estados deben controlar la comercialización de las sustancias mencionadas.
La comunicación de la OPS/OMS ilustra con un ejemplo los efectos negativos que pueden tener los parámetros propuestos por la comisión del Minsa —los cuales multiplican varias veces la propuesta de la OPS/OMS— cuando un niño de trece años consume un snack, un queque y una gaseosa.
Respecto a los ácidos grasos trans (AGT)3, la OPS/OMS es radical: deben ser eliminados y no es posible otorgar excepciones «invocando criterios tecnológicos o científicos». En contraste, la comisión del Minsa hace lo contrario: propone plazos largos para su reducción y establece varias excepciones.
Tema pendiente: la publicidad de la comida chatarra
Además de los parámetros técnicos internacionales sobre las sustancias indicadas, el reglamento de la Ley 30021 debería establecer cómo se va a regular la publicidad de la comida chatarra, disponer la implementación de la prohibición de venta de comida chatarra en los quioscos escolares e incluir la educación nutricional en la currícula escolar. Otros países que tienen una legislación más avanzada que la peruana encuentran dificultades para implementar sus propias leyes de fomento de la alimentación saludable, tanto por la oposición de la industria alimentaria como por la indiferencia o escasa capacidad del Estado. Es el caso de México y de Chile.
En México, el periodo escolar se inicia a mediados de año y termina a mediados del año siguiente. El periodo 2014-2015 acaba de empezar y ha entrado en vigor la norma que prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas.
Pero, así como en el Perú, del dicho al hecho hay mucho trecho: las propias agencias gubernamentales mexicanas —las Secretarías de Educación y de Salud (equivalentes a nuestros ministerios)— todavía no han difundido los criterios que orienten a los colegios y a los padres de familia; por lo tanto, no se está aplicando la norma, a pesar de que un tercio de los niños y adolescentes (una de las tasas más altas del mundo) tienen sobrepeso o están obesos. Esta grave situación ha sido motivo de numerosas críticas, recogidas por los principales diarios de ese país. En una encuesta realizada en las escuelas de la ciudad de México D. F., el 21% de los estudiantes manifestaron tener presión alta, presumiblemente, por el consumo excesivo y regular de comida chatarra.
Por otro lado, el gobierno de Chile acaba de someter a debate público su propuesta de reglamento de etiquetado de alimentos. Según declaraciones del ministro de Salud, la propuesta «busca reducir componentes que afectan la salud de las personas, básicamente los azúcares, contenido de energía, de sal y grasas saturadas». Uno de los elementos de la nueva propuesta es que se prohíbe la publicidad de los alimentos que contienen energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las que establece el propio reglamento.
La propuesta precisa que «los alimentos o productos alimenticios que en su composición nutricional contengan energía, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las establecidas en [...] este Reglamento, no podrán publicitarse en medios de comunicación o canales de expresión dirigidos a menores de 14 años, tales como afiches, materiales impresos, puntos de venta o textos escolares, como tampoco en programas de televisión, radio, internet, revistas, ni en las tandas o espacios publicitarios durante, entre o adyacentes a estos últimos, cuando capten una audiencia igual o mayor a un 20% de personas menores de 14 años». Con esta propuesta, el Ministerio de Salud del vecino país muestra su independencia de la industria alimentaria y la publicidad, en contraste con lo que parece ser el sometimiento de nuestro Minsa a los intereses privados de esas mismas industrias.
Notas
1 Sociólogo. Director de La Revista Agraria y presidente del CEPES.
2 Para mayores detalles, véase La Revista Agraria 164, de julio pasado.
<http://bit.ly/1tteZ3C>.
3 Los AGT están presentes, principalmente, en la grasa de ganado vacuno y ovino y en los productos derivados de la carne y la leche de estos animales, y en alimentos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación.
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