LRA: http://bit.ly/1K8JbJl
Estamos a poco más de un año de la realización de nuevas elecciones presidenciales y es sorprendente lo poco que se ha avanzado en el tratamiento de temas que, al comienzo del gobierno del presidente Ollanta Humala, parecía que iban a marcar una diferencia con el gobierno de Alan García.
En un inicio, el tema de la limitación a la extensión de la propiedad en tierras rurales estuvo en la agenda del presidente. En tal sentido, este dio instrucciones a los sucesivos ministros de Agricultura —Caillaux, Ginocchio y Von Hesse— para que abordaran el tema. Finalmente, ninguno lo hizo, a pesar de los ofrecimientos de que «algo» se haría si el censo agropecuario realizado en 2012 demostraba que, en efecto, estaba ocurriendo un proceso de concentración de la propiedad. Para cuando el actual ministro, Juan Benítez Ramos, recibe el cargo, ya esa iniciativa gubernamental se había extinguido.
En un inicio, el tema de la limitación a la extensión de la propiedad en tierras rurales estuvo en la agenda del presidente. En tal sentido, este dio instrucciones a los sucesivos ministros de Agricultura —Caillaux, Ginocchio y Von Hesse— para que abordaran el tema. Finalmente, ninguno lo hizo, a pesar de los ofrecimientos de que «algo» se haría si el censo agropecuario realizado en 2012 demostraba que, en efecto, estaba ocurriendo un proceso de concentración de la propiedad. Para cuando el actual ministro, Juan Benítez Ramos, recibe el cargo, ya esa iniciativa gubernamental se había extinguido.
En varios números de La Revista Agraria hemos mostrado que los niveles de concentración en la costa estaban ya superando los existentes antes de la reforma agraria de 1969-1975. Mostramos, también, que el Estado es un agente activo en la formación de estos nuevos latifundios, pues las tierras ganadas al desierto —gracias a grandes inversiones públicas— las transfiere a corporaciones, excluyendo a pequeños y medianos inversionistas de toda posibilidad de acceder a esas tierras, para no mencionar a pequeños y medianos agricultores. En algunos departamentos de la costa ya se ha restablecido una agricultura bimodal, con extremos de latifundios y minifundios, polarización que, en décadas pasadas, había sido considerada inconveniente por razones económicas, sociales y políticas, no solo por la izquierda política, sino también por la centroderecha urbana.
Es un síntoma del conservadurismo dominante en amplios sectores de la sociedad peruana, incluyendo el propio campo, el que esta concentración de la propiedad rural no suscite ninguna preocupación a pesar de que está contribuyendo al retroceso de la democratización de la sociedad rural a la que la reforma agraria tanto contribuyó. Ni siquiera se conmovió cuando Alan García escribió su artículo sobre el síndrome del perro del hortelano, publicado por El Comercio en octubre de 2007, en el que afirmaba que los campesinos, al ser pobres y «no saber», deberían convertirse en los asalariados de los grandes inversionistas, que «sí tienen recursos» y, además, saben cómo usarlos. Como tampoco lo hace cuando, bajo la prédica de la «inclusión», lo que se está haciendo es no solo continuar activamente con el esquema de grandes inversiones para la formación de neolatifundios, sino que se están debilitando los derechos de los campesinos y comunidades sobre las tierras, con normas sibilinamente camufladas en los «paquetitos» que, supuestamente, conducirán a la reactivación de la economía del país.
El lector encontrará en este número de La Revista Agraria suficiente sustento para nuestras críticas. http://bit.ly/1zQmvfE
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