jueves, 12 de febrero de 2015

El Agro en Tiempos de Humala


Artículo escrito por Fernando Eguren López, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), que forma parte de una serie de ensayos del libro: "Caminos de Transición. Alternativas al extractivismo y propuestas para otros desarrollos en el Perú", publicación de la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE. 

 Compartimos un extracto del artículo: 

 Se afirma que en el país no hay continuidad en las políticas agrarias.
O, más propiamente, que no hay políticas de Estado con relación al sector agrario; y que una de las razones por las que no las hay es que los conductores de esa política sectorial, los ministros de Agricultura, son cambiados constantemente. Durante la década de gobierno de Alberto Fujimori hubo siete ministros de Agricultura; tres durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), seis durante el de Alan García (2006-2011), y cuatro en lo que va del gobierno de Ollanta Humala. En total, veinte ministros de Agricultura –algo menos de uno por año–. Los hubo tanto progresistas como conservadores. La mitad de estos ministros fueron “independientes”, es decir, no pertenecían a ningún partido, por lo que la conducción del sector por estos no necesariamente respondía a la plataforma sectorial del partido gobernante –a la que sí tendrían que atenerse con mayor rigor los ministros que sí eran militantes partidarios–. Todo ello nos llevaría a la conclusión de que, en efecto, no habría habido las condiciones necesarias para una política agraria coherente. 

 En este artículo sostenemos que esta apreciación es errada. La razón es que en al menos dos puntos sí hubo continuidad, y la sigue habiendo, en todos los gobiernos del último cuarto de siglo. En primer lugar, los sucesivos gobiernos apoyaron persistentemente la creación, desarrollo, expansión y consolidación de una agricultura moderna de exportación, basada en corporaciones agroindustriales y en la concentración de la propiedad de la tierra y del acceso al agua. Este es el modelo de modernización agraria que rige en las últimas décadas. En segundo lugar, las políticas públicas sistemáticamente han marginado a la agricultura familiar, entendiendo como tal al heterogéneo universo de pequeños agricultores y comunidades campesinas y nativas. 

 Esto es así aunque los discursos de los sucesivos gobiernos varíen: Alan García declaraba desembozadamente su identificación con la gran inversión para modernizar la agricultura y su desprecio por la pequeña agricultura (que consideraba como parte de los ‘perros del hortelano’ que obstaculizan el desarrollo), mientras que Ollanta Humala es mucho más matizado y ocasionalmente expresa su simpatía por la agricultura familiar. 

 ¿Cómo esta continuidad de políticas sectoriales se ha mantenido? En realidad, esta política de Estado no surge del ministerio de Agricultura, sino de las políticas económicas neoliberales conducidas por el ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El hoy llamado Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), finalmente viene a ser un operador de importancia relativamente menor, pues sus decisiones sobre la orientación de la agricultura peruana y la movilización de los principales recursos para el sector no depende del conductor de turno, sino del MEF. La continuidad de las políticas sectoriales, incluyendo la agraria, depende del MEF, sobre todo de la tecnocracia que conduce el ministerio desde hace ya casi un cuarto de siglo y que, bajo catorce ministros de Economía diferentes, ha asegurado dicha continuidad. (…) 

Limitaciones del modelo de gran agricultura de exportación 

 Hay varios problemas con el hecho que la modernización de la agricultura gire alrededor de corporaciones agroexportadoras que concentran grandes superficies de tierras de cultivo. 

 En primer lugar, porque contribuye al aumento de las desigualdades sociales y económicas en el país. Hoy se está cuestionando cada vez más en los foros internacionales la necesidad de reducir estas desigualdades, tanto por razones de justicia como de las propias necesidades de un desarrollo económico sostenido y armónico. Actualmente se ha restablecido en el campo peruano, y de forma muy notoria en la costa, una estructura bipolar de propiedad de la tierra –latifundio y pequeña propiedad o minifundio– que, hace unas pocas décadas, generó aquí y en otros países de la región, un gran rechazo y que fue la principal motivación para el reclamo primero, y luego la ejecución, de reformas agrarias. 

 Una segunda crítica a este modelo es argumentada por Olivier de Schutter, comisionado de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, y se refiere a los altos costos de oportunidad de permitir la concentración de la tierra y las inversiones versus las necesidades de la población local. Según de Schutter, los gobiernos deberían “… sopesar las ventajas de concertar acuerdos de inversión… con los costos de oportunidad que ello[s] entrañaría[n], en particular cuando la tierra disponible pueda destinarse a otros usos que puedan ser más favorables a la satisfacción de las necesidades a largo plazo de la población local afectada y a la plena realización de sus derechos humanos”. 

 ¿Cuán pertinente es esta observación a la política de tierras en el Perú? Como se ha dicho, el Estado peruano ha optado por el apoyo a la ampliación de la frontera agrícola de la costa con grandes proyectos de irrigación para transferir a la gran inversión corporativa las nuevas tierras ganadas para la agricultura; con ello, se excluye la creación de oportunidades para el pequeño y mediano empresariado local. Con otros criterios, el Estado hubiese podido orientar las inversiones de modo que las tierras sí pudiesen ser accesibles a ellos. 

 Un tercer problema consiste en el dominio territorial que supone la concentración de la propiedad de la tierra. A diferencia de los activos de otras actividades económicas, como la industria o los servicios, la posesión de la tierra se ejerce sobre un espacio territorial, que en el caso de los neolatifundios se amplía a las áreas aledañas al territorio bajo posesión directa. 

 El gran propietario, o sus representantes, no solo manda dentro de su predio, sino que de hecho ejerce una fuerte influencia sobre la sociedad y las instituciones circundantes, sean estas públicas (ejemplos: gobiernos locales y agencias locales del gobierno central) o privadas (ejemplos: pequeñas y medianas empresas, mercado laboral) o público-privadas (ejemplos: juntas de regantes). Esta influencia puede incluir la obstrucción al ejercicio de funciones públicas por el Estado en las empresas, como de hecho ha ocurrido (inspecciones laborales, fiscalización del uso de las aguas del subsuelo). También puede incluir la utilización de recursos públicos para compensar por las externalidades negativas causadas por la gran empresa. Un ejemplo en curso son las presiones para la realización de obras de irrigación con recursos públicos para impedir el colapso hídrico en el valle de Ica causado, en buena medida, por las propias empresas agroexportadoras. 

 En cuarto lugar, el modelo de modernización agraria, basado en grandes empresas de alto desarrollo tecnológico y orientadas a la exportación tiene otro impacto territorial importante que no ha sido analizado. En el caso de las nuevas grandes irrigaciones, como Olmos, generan externalidades sociales negativas cuyos costos no son asumidos por las corporaciones. Las necesidades de mano de obra de estas empresas originan inmigraciones importantes que dan lugar a nuevos asentamientos poblacionales o a barrios marginales en las periferias de los centros urbanos. Se crean así nuevas necesidades de vivienda y de servicios, pero ni los gobiernos locales ni los propios nuevos asentados pueden asumir los costos que implica satisfacer dichas necesidades, lo cual da como resultado barriadas hacinadas, insalubres y con servicios inexistentes o insuficientes. 

 En circunstancias en las que en el mundo se incrementan los temores respecto de los posibles impactos del cambio climático sobre la naturaleza y las sociedades humanas, y se cuestionan los modos usuales de producir y consumir por contribuir al calentamiento global, se comienza a cuestionar también lo que hasta el momento es un paradigma dominante de la agricultura moderna y eficiente: la empresa de gran dimensión, que usa de manera intensiva insumos químicos y energía fósil, y que practica el monocultivo, amenazando la biodiversidad. Todas estas son, precisamente, características de las grandes empresas agroexportadoras. 

 Sigue leyendo el artículo en PDF: http://bit.ly/16GPFQx


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