Los trabajadores rurales: un mundo complejo

Artículo publicado en el Diario La República (10 agosto 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

 El mundo de los trabajadores rurales es más complejo que la imagen que de él tienen los políticos y, en general, los citadinos.

Los trabajadores rurales son el 37% del total nacional. Es generalizada la idea de que se dedican sólo a la agricultura. La realidad es mucho más matizada, como lo muestran las Encuestas Nacionales de Hogares que el INEI realiza. Así, según la ENAHO del año 2008, una cuarta parte de los trabajadores rurales no se dedica a actividades primarias, sino a la manufactura, al comercio y a diversos servicios.

La inmensa mayoría de los trabajadores rurales que se dedican a la agricultura son independientes: son agricultores familiares y campesinos, y su número es mucho mayor en la sierra que en las otras dos regiones.

En cambio, los asalariados agrícolas son una minoría: sólo uno de cada siete trabajadores en el campo es asalariado, siendo esta relación una de las más bajas de América Latina. Puede sorprender que casi la mitad de estos asalariados –el 45%– estén en la sierra, en donde hay un menor desarrollo relativo de la agricultura capitalista comparado con la costa, en donde labora el 32% de los asalariados. Ello indicaría que una parte importante de pequeños agricultores de la sierra emplea a trabajadores asalariados, aun cuando sea sólo eventualmente.

También puede sorprender que un apreciable porcentaje de trabajadores de la agricultura sean residentes urbanos: lo son una tercera parte de los asalariados agrícolas.

La participación de la mujer trabajadora es importante, pero en el mundo de la pequeña agricultura un elevado número no recibe remuneración. Sólo un porcentaje reducido de mujeres son trabajadoras asalariadas, aun cuando su número ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo con el desarrollo de la agroindustria moderna.

La incidencia de la pobreza entre los trabajadores rurales es muy alta, 55%, pero lo es más en aquellos que se dedican específicamente a la agricultura: 58% entre los hombres y 63% entre las mujeres.

La escasa disponibilidad de tierras, los bajos rendimientos y el escaso acceso de servicios necesarios para la producción contribuyen a mantener en la pobreza a la pequeña agricultura independiente. En el caso de los asalariados rurales, más de las tres cuartas partes ni siquiera reciben la remuneración mínima vital, lo cual expresa un altísimo porcentaje de incumplimiento de la legislación laboral, aun en la costa. Contribuye a la precaria situación de los asalariados agrícolas la inestabilidad en el trabajo, situación que se mantiene aun en las empresas debidamente constituidas gracias a la flexibilidad de ciertos tipos de contrato.

Según las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo, dos terceras partes de los trabajadores agrícolas en empresas formales tienen contratos ‘a modalidad’, los cuales no garantizan su seguridad en el empleo.

El conocimiento de las características de los trabajadores rurales es indispensable para que las políticas laborales, las de desarrollo rural y aquellas que pretenden reducir la pobreza rural, sean eficaces.

Artículo publicado en el Diario La República (10 agosto 2010)

Exportaciones, concentración de la propiedad y seguridad alimentaria

¿Hay alguna relación entre la seguridad alimentaria del país, la concentración de la propiedad de las tierras agrícolas y las exportaciones?

Sí la hay, y esto es más evidente si nos ubicamos en una perspectiva temporal de largo plazo.

Actualmente hay aproximadamente 1.8 millones de hectáreas dedicadas a la producción de alimentos en el Perú. Prácticamente la totalidad de esta producción se debe a la mediana y pequeña agricultura. El Perú importa, para completar su oferta alimentaria, principalmente maíz amarillo (para la industria avícola), trigo, oleaginosas, por un monto de alrededor de 1350 millones de dólares (año 2009).

Hacia el año 2020 la población del Perú se habrá incrementado en un 21%. La pregunta es ¿cómo satisfacer esa mayor demanda de alimentos, sin aumentar nuestra dependencia alimentaria?

Sólo hay dos maneras, que deberían ser complementarias: aumentando la frontera agrícola y/o incrementando los rendimientos por hectárea.

Si no se incrementan los rendimientos, entonces la cantidad requerida de nuevas tierras de cultivo para alimentos en el año 2010 será proporcional al crecimiento de la población: 21%, es decir, aproximadamente 380 mil hectáreas. ¿De dónde salen esas hectáreas? Una opción es de la ampliación de la frontera agrícola en la costa, irrigando las tierras eriazas (Olmos, Majes, Chavimochic, etc.). Pero esas tierras nuevas, por decisión política, van a la constitución de neolatifundios, todos los cuales orientan su producción a la exportación. En la sierra no hay lugar para ampliar la frontera agrícola (más bien se reduce). Sólo queda la selva, pero se hace a costa de la deforestación, el desequilibrio ecológico y la liberación de carbono, cosa que lamentablemente está ocurriendo.

Para el incremento de rendimientos de la mediana agricultura y, sobre todo, de la agricultura familiar se requeriría, para que sea masivo, una decisión política clara y sostenida del Estado en todos sus niveles. Ello implica un cambio radical de prioridades y de orientación de recursos: actualmente alrededor de las tres cuartas partes de la inversión pública del sector agrario va a las grandes irrigaciones, en contraste con los minúsculos recursos que reciben las enclenques instituciones de investigación y extensión técnica.

La política vigente desde el gobierno de Fujimori de priorizar la formación de latifundios para la exportación va diametralmente en contra de una adecuada estrategia para afrontar el desafío de la seguridad alimentaria en los años venideros, estrategia que debería depender del apoyo a aquellos que producen alimentos: la agricultura mediana y familiar.

Las inversiones en agricultura contribuyen al neolatifundismo

Artículo publicado en el Diario La Primera (30 junio 2010)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Según el aviso pagado por el Ministerio de Agricultura y difundido por los diarios el 24 de junio, con motivo del día del campesino, la política oficial continuará marginando precisamente a los homenajeados, los campesinos.

El aviso informa hacia dónde se orientan las inversiones agrarias que se hacen con recursos públicos. A programas que de algún modo benefician a la agricultura de pequeña escala se destina el 2.5 por ciento de las inversiones (Agroemprende, 0.7% y Núcleos Ejecutores, 1.8%). En contraste, en el otro extremo, las inversiones orientadas a consolidar el neolatifundio acaparan el 65% de las inversiones. Estas son cuantiosas inversiones en grandes obras de irrigación -Chavimochi III, Olmos II, Majes Siguas II, Chinecas - que permitirán que tierras eriazas, improductivas, sean cultivadas, exclusivamente para la exportación.

Hay tres problemas con estas inversiones en irrigaciones.

El primero es que, en la medida que son aprovechadas sólo por grandes inversionistas (pues así lo determinan las condiciones de venta de estas tierras), contribuye a restablecer una estructura bipolar de propiedad de la tierra, tal y cual existió antes de la reforma agraria de 1969. Esta concentración de tierras y de capitales ahonda las ya grandes desigualdades socioeconómicas existentes en el país. Y no hay mejor estímulo para el conflicto social que la agudización de las desigualdades.

En segundo lugar, los costos de oportunidad son muy altos. Con montos tan elevados comprometidos en irrigaciones –930.5 millones de dólares, según el aviso- y siendo los recursos públicos siempre escasos, cabe preguntarnos si no son prioritarias otras inversiones. Por ejemplo, en pequeñas irrigaciones que beneficiarían a centenares de miles de agricultores familiares, contribuyendo así a combatir la pobreza rural, a mejorar la seguridad alimentaria del país y al desarrollo descentralizado de las regiones.

En tercer lugar, con estas grandes inversiones se ganan nuevas tierras para el cultivo mientras que, por otro lado, se van perdiendo tierras por distintas causas. En algunos casos, por salinización, debido al efecto combinado de malas técnicas de riego, deficientes sistemas de drenaje y cultivos que utilizan mucha agua. Viejos estudios, que no han sido reactualizados, mostraban que más de un tercio de las tierras de la costa estaban salinizadas. En la sierra y selva también se pierden centenares de miles de hectáreas de tierras por erosión y deforestación.

Es preciso que los recursos públicos sean utilizados potenciando las capacidades económicas de la mayor parte de agricultores y campesinos, y no profundizando las diferencias en beneficio de pequeños y poderosos grupos de neolatifundistas.

Artículo publicado en el Diario La Primera (30 junio 2010)

Reforma y contrarreforma agraria, 41 años después

Artículo publicado en el Diario La República (24 junio 2010)

 
Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Un día como hoy, hace 41 años, el gobierno del general Velasco promulgó la ley de reforma agraria y, simultáneamente, ocupó los grandes complejos agroindustriales azucareros de los llamados ‘barones del azúcar’.

En los siguientes seis años, fueron expropiadas todas las haciendas del país. Sus tierras fueron adjudicadas a cooperativas agrarias de producción (alrededor de 2.3 millones de hectáreas), a Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS, 2.9 millones) y a comunidades y otras organizaciones campesinas (3.5 millones). Se beneficiaron 375 mil familias. Regionalmente, fueron expropiadas y adjudicadas el 53% de las tierras de uso agropecuario de la costa y el 23% de la sierra.

Las cooperativas y las SAIS no resistieron el paso del tiempo: las primeras fueron divididas por los propios trabajadores en parcelas familiares, y las tierras de las segundas fueron, salvo excepciones, distribuidas entre las comunidades campesinas.

Desde el punto de vista de la producción, la reforma agraria no fue exitosa. Pero al redistribuir las tierras, mejoraron los ingresos de centenares de miles de familias. Desde el punto de vista social y político fue muy importante: puso fin al gamonalismo y a las relaciones serviles, democratizó la sociedad rural y permitió la conversión de los campesinos en ciudadanos.

La contrarreforma agraria, iniciada tímidamente en los ochenta se aceleró en la década de 1990. La Constitución de 1993 eliminó las restricciones a la propiedad agraria y redujo la protección a las tierras de las comunidades. Muchas leyes posteriores profundizarían la liberalización del mercado de tierras, marginarían a la agricultura familiar y debilitarían aún más las normas que amparan los derechos comunales. El manifiesto escrito por el presidente García, “El síndrome del perro del hortelano” en octubre de 2007 puso en blanco y negro el decidido apoyo de su gobierno a la reconstitución de latifundios: campesinos y nativos no deben ser los propietarios de sus recursos pues, afirma el presidente, no saben y son pobres; esos recursos deben ser transferidos a los grandes inversionistas, que tienen las tecnologías y recursos económicos, y que además se convertirán en sus nuevos patrones. Continúa así la orientación de los gobiernos de Fujimori y Toledo de reconstitución de latifundios.

Cuarenta y un años después de la reforma agraria hay neolatifundistas mayores que los que existieron antes de la reforma agraria.

El más grande de todos, el grupo Gloria, controla alrededor de 60 mil hectáreas en la costa de Áncash y La Libertad; el grupo Romero, unas 20 mil hectáreas en Piura, Huaral y San Martín; el grupo Dyer (Camposol), alrededor de 24 mil hectáreas en varios valles de la costa; la empresa Maple, 12 mil hectáreas en el valle del Chira. Hay decenas de neolatifundios que tienen más de mil hectáreas. Y las casi 150 mil hectáreas de nuevas tierras públicas, que se ganarán en la costa con nuevas irrigaciones hechas con dineros también públicos.

Inversión y agricultura: retos para los pequeños productores

Artículo publicado en el Diario La Primera (26 mayo 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

 Hace pocas semanas la UNCTAD, organismos de las Naciones Unidas, organizó en Ginebra una sesión de alto nivel para tratar sobre los principios para una inversión responsable en la agricultura.

Olivier De Schutter, respetado Relator Especial de las NNUU sobre el derecho a la alimentación, advirtió que las instituciones internacionales promueven dos orientaciones paralelas y contradictorias sobre hacia dónde deben ir las inversiones en agricultura. Por un lado, éstas deben contribuir a enfrentar problemas como la inseguridad alimentaria, la pobreza rural y el cambio climático. Pero, por otro lado, las mismas instituciones están proponiendo códigos de conducta para guiar el proceso llamado de ‘land grabbing’, es decir, de concentración en pocas manos de grandes áreas de tierras aptas para uso agrícola, por transnacionales, gobiernos extranjeros y grandes inversionistas nacionales. Organizaciones de la sociedad civil en el mundo rechazan la idea misma de hacer un código de conducta, ante el temor fundado que a la larga éste sería inoperante ante esos poderosos agentes económicos.

Enfatizó que las inversiones deben beneficiar a los pobres del Sur, y no transferir los recursos a los ricos del Norte, y que deben realmente contribuir a la reducción del hambre y la desnutrición, en lugar de agravarlas. Sostuvo que para que ello ocurra, no basta actuar a nivel micro, de proyecto, sino que deben formar parte de una estrategia de desarrollo más amplia, de nivel macro.

El Relator adelantó siete tesis que permiten la vinculación entre ambos niveles, cinco de las cuales resumimos apretadamente por ser más apropiadas al Perú:

1. Las políticas públicas que orientan la inversión no deben priorizar el aumento de la producción, deben contribuir primordialmente al desarrollo rural y al incremento de los ingresos en las áreas rurales.

2. Las inversiones agrícolas deben formar parte de una estrategia amplia de reducción de la pobreza.

3. Es vital un marco de derechos humanos para que la inversión agrícola sea sostenible.

4. La llegada de inversiones en agricultura puede exacerbar la competencia entre dos tipos de agricultura: la granja familiar, y la gran plantación, competencia que es profundamente desigual.

5. Los programas de formalización de los derechos sobre la tierra no sólo son insuficientes, sino que pueden ser potencialmente nocivos.

No es posible –concluyó De Schutter- continuar creando más desposeídos, ni ahondar las desigualdades en las áreas rurales, ni despojar a más pequeños agricultores.

Los planteamientos de De Schutter no son sólo razonables, sino muy importantes para un país como el nuestro, en donde hay un significativo proceso de concentración de propiedad de la tierra. Lamentablemente no hay nada más distante de las tesis de De Schutter que las políticas públicas implementadas por el gobierno actual.

Artículo publicado en el Diario La Primera (26 mayo 2010)

40 mil hectáreas ¿es poco o mucho?

Artículo publicado en el diario La República (29 abril 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

La Comisión Agraria del Congreso aprobó por mayoría el dictamen de proyecto de ley que limita la propiedad de la tierra cultivable a un máximo de 40 mil hectáreas. Según un miembro aprista de dicha comisión, este límite “impedirá el resurgimiento del latifundio”.

Para su información, en cualquier parte del mundo –y ciertamente en el Perú– 40 mil hectáreas de tierras de cultivo –y para el caso, 10, 20 o 30 mil hectáreas– es un latifundio. En el fondo, pues, la Comisión Agraria propone que se consolide el latifundio y, de paso, responde seguramente a presiones de grupos económicos que quieren cortarle las alas al Grupo Gloria, que hoy por hoy controla alrededor de 55 mil hectáreas de tierras de cultivo.

En discrepancia con el dictamen, el ministro de la Producción afirma que la mínima escala para ciertos cultivos es 6 mil hectáreas o aún extensiones mayores. Por su lado, el presidente de ADEX declaró que poner límites afectará a los inversionistas en el agro.

Para quienes tienen conocimiento de la historia social y económica de la segunda mitad del siglo pasado del Perú y América Latina, el límite de 40 mil hectáreas es un despropósito.

Conviene recordar que antes de la reforma agraria de 1969 la propiedad más grande de tierras de cultivo –el complejo azucarero Casagrande– no llegaba a las 30 mil hectáreas, y era el exponente máximo del latifundio en el país. La liquidación del latifundio fue uno de los objetivos de las reformas agrarias latinoamericanas en la década de 1960, pues la concentración de la propiedad de la tierra era una de las causas de la pobreza y la marginación de la población rural, situación que motivó grandes convulsiones sociales.

Pero ¿es cierto lo que afirma el ministro de la Producción sobre las escalas ideales para la actividad agropecuaria? Sería muy interesante que muestre cuáles son los estudios sobre los que basa su afirmación y, si los hay, cuáles son los criterios utilizados. Esto es muy importante, pues lo que está ocurriendo es la consolidación de un neolatifundismo que ahonda las diferencias socioeconómicas, ya graves, en el país.

La existencia de economías de escala vinculadas al tamaño de las explotaciones agrícolas ha sido un tema de estudio y debate en el mundo, y está ampliamente cuestionada. Me permito citar in extenso al principal especialista del Banco Mundial sobre el tema, Hans P. Bingswanger-Mkhize: “…casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada. Esta ‘relación inversa entre tamaño de granja y productividad’ implica que la agricultura se caracteriza, por lo general, por deseconomías de escala, lo que significa que la redistribución de la tierra de los grandes agricultores hacia los agricultores familiares puede traer ganancias de eficacia a la economía”. (1)

A fines de la década de 1950, una comisión nombrada por el gobierno conservador de Manuel Prado y conformada en su mayoría por hacendados modernos de la época recomendaba que el límite máximo de las propiedades debería ser de 250 hectáreas, argumentando que debían considerarse no solo criterios económicos, sino también políticos y sociales.

(1)  Binswanger et al. Agricultural Land Redistribution. The World Bank, 2009. Pág. 11.

Artículo publicado en el diario La República (29 abril 2010)

TLC y globalización

Artículo publicado en el Diario La Primera (17 abril 2010)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Con toda la importancia que tienen los Tratados de Libre Comercio para la economía y sociedad peruanas, no son sino un detalle enmarcado en un proceso (en realidad, múltiples procesos) mucho mayor, el de la globalización. Los TLC vienen a ser modalidades específicas en que dos estados –en el caso de los TLC bilaterales, como es el del Perú-EEUU- o un grupo de ellos –Colombia y Perú con la Unión Europea- crean espacios excluyentes, con la pretensión de lograr ventajas recíprocas (al menos en teoría). Son una especie de paréntesis en el marco de la globalización. Es importante distinguir entre la globalización y los procesos más específicos de los Tlc para analizar qué impactos corresponden a uno y a otro. En el Perú, mucho más atención se presta a los eventuales impactos de los TLC y se subvalora a los de la globalización misma.

Como ilustración: las grandes empresas transnacionales mineras y de Hidrocarburos controlan cada vez mayores áreas ocupadas por comunidades campesinas y nativas en la sierra y en la selva, con impactos importantes sobre sus pobladores y el medio ambiente. Esto no tiene que ver con los TLC, sino con la competencia global por el control de los recursos naturales en los que no sólo intervienen los países desarrollados tradicionales, sino también la China, la India y el Brasil. Este control territorial –del suelo y del subsuelo- tiene inmensas consecuencias para la economía y sociedad peruanas. Las decisiones para que esto ocurra así no dependen de ningún tratado internacional, sino del acomodamiento del estado peruano a grandes tendencias globales.

Las inversiones en carreteras y en hidroenergía en la selva, con grandes impactos ambientales y sociales, tampoco dependen de la existencia de TLC. Son en buena parte estrategias geopolíticas de países poderosos –en este caso el Brasil- a las que, también aquí, se acomoda el estado peruano.

Los datos de prueba y la propiedad intelectual en el caso de las medicinas, tienen que ver no sólo con el TLC, sino con el casi nulo desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el Perú que nos obliga a ser importadores .

El hecho que el Perú se siga insertando en la globalización como proveedor de materias primas no depende de los TLC –aunque éstos contribuyen a que ese modelo primario exportador se consolide- sino es una opción política del estado peruano que responde a intereses privados tanto nacionales como internacionales.

 Artículo publicado en el Diario La Primera (17 abril 2010)

La Deuda Agraria

 Artículo publicado en el Diario La Primera (09 marzo 2011)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

La deuda agraria se origina en la reforma agraria iniciada en junio de 1969. Según la ley de reforma agraria 17716, las tierras e instalaciones fueron expropiadas, no confiscadas. Es decir, era una operación forzosa de compra y venta. Según un estudio realizado por José María Caballero y Elena Álvarez en los años ochenta, los flujos financieros envueltos en la reforma agraria tuvieron poca significación macroeconómica. El monto total de las indemnizaciones pagadas sumó 15 mil millones de soles (aproximadamente 66 millones de dólares de los Estados Unidos, a una tasa de cambio promedio de 1979 de 230 soles por dólar). Este monto equivalía aproximadamente a la mitad de los préstamos totales del Banco Agrario del año 1977. Además, solo la cuarta parte se pagó en efectivo.

El monto pagado por hectárea, en efectivo y en bonos, fue muy bajo: algo más de 18 mil soles por hectárea estandarizada (es decir, algo más de 18 dólares hectárea estandarizada. El monto pagado por los adjudicatarios también fue muy bajo, 2,836.1 millones de soles (12.3 millones de dólares), equivalente al uno por ciento de los ingresos corrientes del Estado. Probablemente esta escasa significación macroeconómica determinó que la deuda pendiente fuese condonada en diciembre de 1979, con la ventaja adicional que apaciguaba el reclamo de los beneficiarios, quienes se movilizaban periódicamente por su anulación, considerando que los bienes recibidos habían sido varias veces pagada con su mal pagado trabajo en los tiempos de la hacienda..

En efecto, se suponía que los beneficiarios de la reforma agraria debían pagar la deuda agraria al Estado, y luego éste pagaba a los propietarios expropiados. Pero luego de esta condonación, el Estado quedó como único deudor. Mientras se pago, sin embargo, las cuotas de la deuda agraria supusieron una carga pesada para muchas empresas.

Algunos analistas consideraron en su momento que la reforma agraria estaba orientada a convertir a los terratenientes en empresarios industriales, gracias al mecanismo de transferencia de las indemnizaciones a la industria. Pero en la práctica esta transferencia fue mínima. Caballero y Álvarez argumentan que esto se debió porque (a) muchos propietarios no recogieron sus bonos; (b) muchos desconocían sobre qué hacer con los bonos y, además, no siempre podían disponer del otro cincuenta por ciento que debían invertir para la inversión; (c) los bajos valores de las indemnizaciones limitaban los posibles alcances de la transferencia de recursos a la industria; (d) en general durante todo ese periodo la inversión industrial industrial fue reducida, en gran parte por desconfianza política.

Hasta donde estoy familiarizado con este asunto, legalmente los tenedores de los bonos tienen el derecho de reclamar por el pago. Obviamente hay varios problemas. Uno de ellos es cómo se valorizarán los bonos. El valor nominal original es de poca utilidad, pues en los años siguientes a la reforma agraria hubo devaluaciones espectaculares de la moneda y cambios de denominación. Así que el cálculo es todo un reto. Luego está si se debe incluir los intereses devengados, y cuáles serían esos intereses. En diferentes momentos se han dado cifras que han sido impagables. Por otro lado, ha habido empresas que han comprado bonos a bajo precio para luego iniciar procesos judiciales exigiendo al Estado el pago.

Los mismos bonistas han sugerido en distintas ocasiones que estarían dispuestos a recibir pagos no en dinero sino, por ejemplo, en las nuevas tierras ganadas por los proyectos de irrigación.

Al final de cuentas, los montos y las modalidades de pago serán el resultado de una negociación entre el Estado y los bonistas. Lo cierto es que los sucesivos gobiernos no han tenido la voluntad política de resolver este problema que ya tiene décadas. Y no estoy seguro que el ministro Benavides –o Alan García lo tenga, a pesar de sus declaraciones. Después de todo, dentro de menos de cinco meses ya no estarán en el gobierno.

 Artículo publicado en el Diario La Primera (09 marzo 2011)

¿Nuevos latifundios o agricultura familiar?

 Artículo publicado en el diario La República (19 enero 2010)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

El gobierno de Alan García sigue con la política, iniciada en el gobierno de Alberto Fujimori, de modernizar la agricultura sobre la base de neolatifundios. Según el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdoba, la cuarta etapa de Chavimochic demandará 300 millones de dólares de inversión pública, con la que se ganarán para cultivos de exportación 40 mil hectáreas. Como ha sido en las anteriores etapas, las tierras serán adquiridas por grandes inversionistas. La concentración de la propiedad de la tierra continúa también por mecanismos de mercado de tierras. El caso extremo es el del Grupo Gloria, propietario de las haciendas azucareras (ex cooperativas) Casagrande, Cartavio, Sintuco y Chiquitoy, que ha adquirido recientemente el control de otra empresa azucarera, San Jacinto (valle de Nepeña), con lo que suma alrededor de 55 mil hectáreas en la costa. Es el más grande latifundista del Perú. 

El argumento principal que justifica y promueve esta concentración es que la gran empresa agraria es más eficiente que la mediana y pequeña agricultura.

¿Es cierto este argumento? ¿Acaso las empresas agrícolas de quinientas, mil o de 5 mil y más hectáreas son más eficientes que las de 10, 20 o 50 hectáreas? ¿Hay estudios que respalden esta afirmación? A pesar de que en el Perú se está consolidando un neolatifundismo en medio de un océano de pequeña agricultura, no hay un debate sobre el tema.

Una reciente publicación del Banco Mundial interviene en esta importante discusión a propósito de la necesidad de redistribuir las tierras agrícolas cuando hay concentración y se presentan circunstancias adecuadas. El editor Hans Binswanger, autoridad mundial en la materia y autor de algunos capítulos, sostiene enfáticamente que “casi un siglo de investigación por economistas agrícolas en todo el mundo ha producido un hecho estilizadamente contradictorio: los agricultores a pequeña escala por lo general usan la tierra, la mano de obra y el capital más eficientemente que los agricultores a gran escala, que dependen principalmente de mano de obra contratada”. El autor expone las razones de esta aparente paradoja, que por su extensión no es posible reproducir en esta columna. 

Binswanger subraya, en contraste, las ventajas de la agricultura familiar. Esta se caracteriza porque los dueños viven en la granja, la administran, y son ayudados por los otros miembros de la familia. Anota también las desventajas: mayor dificultad en el acceso a los mercados de insumos productos, financiamiento, asistencia técnica y a la información. Desventajas que pueden contrarrestarse –afirma– si los pequeños agricultores coordinan sus esfuerzos, como lo indica la experiencia, a través de cooperativas de crédito y mercadeo.

Además, en contraste con una economía agraria basada en grandes fundos, el autor sostiene que “el aumento en el acceso a la tierra por parte de familias de agricultores también puede conducir a economías locales más vitales”, más integradas, con mejores niveles de vida y más negocios minoristas.

En otras palabras, la agricultura familiar es más apropiada para el desarrollo de los espacios rurales. Qué duda cabe que esta discusión es altamente pertinente para el Perú.

 Artículo publicado en el diario La República (19 enero 2010)

Sobre la orientación de los recursos públicos en el agro

Según declaraciones de Adolfo de Córdova, ministro de Agricultura, (1) se continuará con las obras de Chavimochic. La cuarta etapa -de Palo Redondo- demandará una inversión de 300 millones de dólares. (A la tasa de cambio 1US$ = 2.85 NS, equivale a 855 millones de soles.)

Ello ampliará la frontera agrícola de La Libertad en 40 mil hectáreas. Según el mi-nistro, servirán para promover cultivos de agroexportación, como uva, paltos, espárragos “de enorme demanda en el mercado internacional”.

En etapas anteriores dicho macroproyecto de irrigación incorporó, en el valle del Virú, una cantidad similar –o algo superior- de hectáreas para cultivos de exportación. La mayor parte de esas tierras están hoy en manos de una decena de grandes empresas. Siguiendo ‘el orden natural de las cosas’ vigente desde comienzos de la década de 1990, la propiedad de las nuevas áreas (que significarán una inversión con recursos públicos de 7500 dólares por hectárea promedio, según se deduce de las cifras dadas por el ministro) también estará concentrada en un puñado de propiedades de grandes inversionistas.

El ministro declaró también que el Congreso ejecuta en La Libertad 15 proyectos mediante los Núcleos Ejecutores (orientado a “las zonas de extrema pobreza rural”) por un valor total de 3’783,427 nuevos soles y que el Congreso ha aprobado una partida de 70 millones de soles en total para la implementación de 322 proyectos a través de los NE en todo el país.

Los contrastes saltan a la vista: 855 millones de soles de recursos públicos para un puñado de inversionistas, 70 millones para decenas de miles de pobladores en “zonas de extrema pobreza rural”.

Se objetará que mientras que el dinero invertido en las obras de irrigación será recuperado, pues las tierras serán vendidas y luego, cuando estén en producción, el Estado recabará impuestos, el dinero gastado en los pobres nunca será recuperado.

Este argumento no se sostiene. En primer lugar, porque los recursos públicos tienen como propósito primordial lograr el bienestar de la población (el bien común), y no promover la generación de ganancias de los grandes inversionistas (para lo cual estos tienen medios de los que la mayoría de la población carecen, incluso procedimientos y servicios y bienes públicos que presta el propio Estado). En segundo lugar, porque la experiencia indica que el Estado no logrará recuperar lo que invierte en las irrigaciones, y siempre hay un subsidio, abierto u oculto.

En tercer lugar, porque apoyar “zonas de extrema pobreza rural” no es un gasto sino, si está bien concebido y ejecutado, una inversión que es tanto social como econó-mica, cultural y ambientalmente rentable.

En cuarto lugar, porque hay una cuestión de números: los pobladores de las zonas de extrema pobreza rural son mucho más numerosos que los inversionistas que se bene-ficiarán de las inversiones públicas en irri-gaciones (aun cuando se incluyan como ‘beneficiarios’ a los obreros que serán em-pleados por las grandes agroexportadoras).

Pero aún los convencidos de que ganar nuevas tierras para la agricultura es el mejor medio para lograr el desarrollo rural, deben considerar que hay otros escenarios posibles; por ejemplo, que en lugar de que las 40 mil hectáreas estén repartidas en diez o veinte grandes empresas, estén distribuidas en 400 empresas de 100 hectáreas promedio cada una, u 800 de 50 hectáreas, o 1600 empresas de 25 hectáreas Lo más probable es que el tipo de sociedad y economía que se construiría en la nueva zona irrigada sobre la base de medianas y pequeñas empresas sería mucho más equitativa, con mayor y más denso tejido social. Sería, mucho más estimuladora de actividades económicas diversificadas –pequeña manu-factura, servicios, comercio–, más consu-midora de productos nacionales, más incluyente y más encuadrada con las necesidades de alcanzar la seguridad/soberanía alimentaria, ¡Qué duda cabe!, sería también más adecuada a un Estado descentralizado con gobiernos locales democráticos que el mo-delo neolatifundista que promueve el gobierno aprista (como lo hicieron antes Fujimori y Toledo).

En pocas palabras, una propuesta que pro-mueva empresas medianas y pequeñas ge-neraría desarrollo rural incluyente, no enclaves excluyentes. (3)

1. Publicadas en El Peruano el 6 de enero del 2010
2. Ver La Revista Agraria 107, mayo 2009, en http://www.cepes.org.pe
3. Uno de los principales especialistas del Banco Mundial en materia de tierras y desarrollo rural, Hans p. Binswanger, sostiene argumentos simi-lares basados en estudios. Ver Hans P. Bins-wanger-Mkhize, Camille Bourguignon y Rogier van den Brink (editors), Agricultural Land Re-distribution. The World Bank. Washington , D.C. 2009.

Cumbre mundial sobre seguridad alimentaria

Artículo publicado en el diario La República (01 diciembre 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

En días recientes –entre el 16 y el 18 de noviembre– se realizó en Roma, convocada por la FAO, una Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, que es una respuesta al agravamiento de la inseguridad alimentaria en el planeta: según estimados de la propia FAO, la elevación de los precios de los alimentos a mediados del año pasado y la crisis económica internacional han elevado la población en situación de hambruna en el mundo de 850 millones a 1,020 millones.

La sensación de que estamos en un mundo muy frágil en materia alimentaria ha puesto el tema en la agenda internacional, pero también ha evidenciado las diferencias de perspectivas sobre el tema. El Foro de la Sociedad Civil –en el que tuve la oportunidad de participar– realizado en Roma inmediatamente antes de la Cumbre reunió a centenares de representantes de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y ONG, con la esperanza de tener alguna influencia en la declaración oficial. El Foro sostuvo con fuerza la necesidad de que los estados adopten una política de ‘soberanía alimentaria’, no pudiendo la alimentación popular estar a merced del funcionamiento del mercado ni de acuerdos comerciales internacionales. En una orientación diferente, la declaración oficial de la Cumbre se adscribe al concepto de ‘seguridad alimentaria’, tradicionalmente mantenido por la FAO, que subraya la importancia de un mercado realmente libre como mecanismo eficiente para alcanzarla. La realidad, sin embargo, muestra que los mercados están distorsionados por subsidios y monopolios.

Otro tema se discutía también en los corredores de la Cumbre: la posibilidad de que el presidente Lula sea el sucesor del actual director general, Jacques Diouf, quien en el 2011 culmina doce años en el cargo. Lula podría cumplir un importante papel para reflotar la institución, después de que la actual gestión fuera duramente criticada por la Evaluación Externa Independiente en el 2007.

La FAO es una organización conformada por los gobiernos y el Perú es uno de sus miembros. A pesar de la relevancia del tema de la Cumbre para nuestro país, el Ejecutivo no se hizo presente. En cambio participaron los presidentes Lula de Brasil, Bachelet de Chile y Lugo de Paraguay, más ministros y viceministros de quince países latinoamericanos. La pálida presencia peruana se limitó a cuatro congresistas de otras tantas organizaciones políticas (hasta que no den un informe público sobre la relevancia de su presencia en Roma, cabrá la sospecha de que el afán haya sido más bien turístico).

No deja de ser una paradoja que en el Perú el tema de la seguridad o soberanía alimentaria no ocupe la atención no solo de gobernantes sino de la comunidad política y aun de la opinión pública. Aun cuando las tasas de desnutrición en el Perú se hayan reducido en los últimos años –al 19% en el primer semestre del 2009, según INEI ENDES–, sigue siendo un problema muy grave, sobre todo en las áreas rurales, en donde alcanza el 40%. Y el propio CEPLAN pone como objetivo para el año 2021 que el porcentaje de desnutridos menores de 5 años será del 14.1%, unos 400 mil niños. Objetivo inaceptable tanto por el escaso esfuerzo público que ello implica para enfrentar el problema como por razones éticas.

1-Ver los textos de la evaluación en  http://www.fao.org/pbe/pbee/es/219/index.html

Artículo publicado en el diario La República (01 diciembre 2009)

El misterio político de la propiedad

Artículo publicado en La Revista Agraria 111, setiembre 2009

Hernando de Soto ha querido resumir las propuestas que esgrime en el video El misterio del capital de los indígenas amazónicos diciendo que «el problema amazónico es económico y no étnico». Aquí sostenemos que el verdadero origen del problema es de orden político.

Hernando de Soto ha logrado colocar en la agenda pública, una vez más, la visión que el economista tiene de las causas del subdesarrollo económico de los pueblos, esta vez llevada al espacio de las comunidades nativas amazónicas. Aquí, algunos comentarios.

1. Según De Soto, los títulos y normas que el Estado otorga a las comunidades «no son más que pedazos de papel». Si así lo fueran, el problema es del Estado y de los gobiernos que emiten las leyes y que no les dan a esos títulos y normas (e instituciones que los registran o protegen) el rango que, según De Soto, deberían tener. El valor de los títulos que el Estado otorga a las comunidades no tiene nada que hacer con ninguna característica intrínseca de la propiedad comunal.

2. Un «buen título de propiedad» (para usar la frase de De Soto) otorgado a una persona natural o jurídica no representa, en absoluto, acceso automático a crédito, capital, seguros y demás beneficios que De Soto asocia con la titulación de la propiedad individual. El otorgar o no un crédito o un seguro es una decisión que las entidades encargadas toman basándose en una serie de condiciones, y el título de propiedad es solo una de ellas. Por eso es que hay decenas de miles de pequeños propie-tarios rurales y urbanos en todo el país que, teniendo títulos de propiedad individuales y bien sanea-dos —justamente, aquellos que De Soto reclama para los comuneros—, no pueden acceder a créditos. Los bancos, simplemente, no les prestan.

3. Uno de los supuestos de De Soto es que la única manera de acceder al crédito es hipotecando la propiedad. Sin embargo, durante décadas, la garantía solicitada por la banca de fomento (entre ellos, el fenecido Banco Agrario) para los préstamos otorgados a los agri-cultores ha sido la cosecha (la prenda agrícola). El desprestigio de la banca de fomento estatal se originó en un contexto de crisis económica (la década de los ochenta) y, particularmente, durante la pésima gestión del primer gobierno aprista (1985-1990). Este desprestigio continuó, ya como parte de la propaganda antiestatal neoliberal posterior.

4. En realidad, más que con las características legales de la propiedad comunal, el problema de fon-do de la debilidad de la propiedad que tanto busca esclarecer De Soto tiene que ver con el hecho de que el Estado reconoce más derechos a las empresas que solicitan concesiones para la extracción de recursos no renovables, que a cualquier propietario —sea este individual o comunal, criollo, mes-tizo o nativo.

El ejemplo más notorio de ello es Tambogrande. Los agricultores de la colonización San Lorenzo (Piura) son propietarios individuales con todas las de la ley, totalmente integrados al mercado, y al mercado internacional por añadidura, pues son exportadores: no son comuneros pobres con un título de propiedad colectivo y tenues lazos con el mercado. Sin embargo, fue solo gracias a la enorme presión de la opinión pública y los agricultores —quienes tuvieron que movilizarse durante meses y organizar campañas de incidencia política y mediática en rechazo a la explotación de minerales que se encontraban debajo del centro poblado de Tambogrande y parte de la zona de cultivo— que la empresa minera Manhattan se retiró de la zona.

El problema de la debilidad de la propiedad es, pues, político, pues el valor de la propiedad depende de las reglas de juego sancionadas por el Estado: es este el que les reconoce a las empresas multina-cionales extractivas más derechos que a los propietarios de tierras, sea que se trate de propiedades comunales o individuales.

5. El propio De Soto reconoce implícitamente esto en el video, al señalar que la propiedad de máxima jerarquía es aquella que se acoge a las garantías otorgadas por tratados internacionales firmados entre el Perú y el país en donde está constituida la empresa — lo que, aunado a otras garantías jurí-dicas, les da, en sus palabras, el carácter de una «súper propiedad»—. Reconoce así que los derechos de propiedad de las empresas extranjeras tienen más validez que las propiedades registradas en el Perú —siendo irrelevante si esta es privada, comunal o de cualquier otra modalidad—. Aquí, el único «misterio» que cabe señalar son las reglas de juego —leyes, contra-tos— que los gobiernos establecen para beneficiar a las empresas extranjeras en detrimento de los nacionales.

Una vez más, es un problema político, no un problema que se derive del carácter «comunal», «nativo» o «tradicional » de la propiedad.

6. Las reglas de juego de acceso a los recursos naturales podrían cambiarse perfectamente para que, sin necesidad de darles propiedad sobre el subsuelo, las comunidades o los propietarios privados tengan derechos preferenciales sobre los recursos que se encuentran bajo la superficie del suelo del que son dueños. Citamos solo dos mecanismos posibles, a guisa de ejemplo: uno, estableciendo exigencias legales que permitan que las negociaciones entre empresas y quienes tienen derechos sobre la superficie sean más equilibradas; y dos, que estos propietarios sean, de oficio, socios accio-nistas de las empresas y participen de sus beneficios (aun cuando pudiera limitarse su capacidad de intervención en algunas decisiones).

7. En síntesis, el problema cuyo «misterio » busca desentrañar Hernando de Soto es político, y no es consecuencia de ninguna característica inherente a la propiedad comunal, que, por su propia esen-cia, les impida a los comuneros acceder a recursos externos que potencien su desarrollo económico.

La Revista Agraria 111, setiembre 2009

La crisis del agua

Artículo publicado en el diario La República (01 octubre 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

En marzo pasado se celebró en Estambul el quinto Foro Mundial del Agua. Reunió a 33 mil participantes de 182 países. La importancia de este evento ha ido creciendo paralelamente a la toma de conciencia y a la mayor información sobre lo que ya se llama “la crisis del agua”.

La preocupación no es para menos. Según el informe anual de The World Watch Institute (State of the World 2008), dentro de apenas 15 años tres cuartas partes de la población mundial se enfrentarán a una situación de escasez de agua.  Actualmente, el 40% de la población mundial vive en esa situación.

La agricultura es una usuaria primara del agua –80% en el Perú–y está en el corazón del desafío de la gestión del recurso. Según dicho informe mientras que la persona promedio requiere de dos a cinco litros de agua para beber, la huella hídrica promedio del consumo personal diario de alimentos es de unos 3 000 litros. Una hamburguesa – tan sólo una – requiere 2300 litros de agua, tomando en cuenta lo que se usa para producir maíz y alimentar al ganado; un vaso de leche tiene detrás 200 litros y una camiseta de algodón, 4100 litros. Estudios en profundidad sugieren que si no hay cambios reales en la manera en la que el mundo produce alimentos y gestiona el medio ambiente, hacia el 2050 podría no haber suficiente agua para producir los alimentos que se necesiten.

En el Perú la preocupación por la disponibilidad del agua también es creciente. Una expresión de ello fue el Foro Nacional “Agua: Políticas, Conflictos y Consensos” organizado por IPROGA, la PUCP y otras entidades, los días 7 y 8 de septiembre. No por conocida deja de ser impactante la información difundida en el foro de que el 98% del agua superficial está en la vertiente del Atlántico, en donde solamente vive un tercio de la población, mientras que el 2% del agua en la vertiente del Pacífico debe satisfacer las necesidades de los otros dos tercios. Es también impactante la velocidad de deglaciación actual en nuestras cordilleras, que alimentan varios ríos importantes. Es particularmente preocupante el caso del río Santa, alimentado por los glaciares de la Cordillera Blanca, del cual dependen tanto las decenas de miles de hectáreas de las tierras de cultivo irrigadas por el proyecto Chavimochic –casi en su totalidad destinadas a la exportación– como la generación de hidroenergía.

A diferencia de otros países que se enfrentan a la escasez física del agua, el Perú es considerado como país en una situación de escasez económica del agua. Es decir, hay cantidad suficiente de agua (1)  para satisfacer las necesidades humanas, pero hay limitaciones humanas, institucionales, infraestructurales o financieras que previenen a la población de acceder a ella.

Pero quién accede al agua y quién no, depende de muchos factores. El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2006 subrayó el hecho de que la crisis del agua es un desafío a la pobreza, la desigualdad y a las relaciones de poder desiguales, y no sólo a su disponibilidad física (2).   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua.

Todo esto hace que la economía política del agua sea compleja y emotiva.

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 (1) En la costa, la región más árida, la disponibilidad de agua por habitante es 2040 m3/año. Fuente: ANA, 2009, citando a INRENA, 1995.

(2)   El 13.3% de las viviendas urbanas y el 64.9% de las viviendas rurales no tienen acceso al servicio público del agua. Fuente: ENAHO, Continua, 2007.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com

Artículo publicado en el diario La República (01 octubre 2009)

La concentración del control de las tierras agrícolas

Artículo publicado en el diario La República (28 julio 2009)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Acaparamiento de tierras. “Land grab”, en inglés. Es una tendencia que está ocurriendo desde hace relativamente poco tiempo, y es uno de los rasgos perversos que puede acompañar el proceso de globalización. Consiste en la compra –o alquiler– masivo de tierras que hacen países con déficit de producción de alimentos, por escasez relativa de tierras, o para asegurarse la provisión de agrocombustibles a otros países. Entre los principales compradores están los grandes exportadores de petróleo –Arabia Saudita, Emiratos Árabes– que tienen escasas tierras de cultivo para alimentos. Compradores también son Japón, Corea del Sur, Egipto, India y China, que adquieren derechos sobre extensas áreas ya sea para alimentos o para agrocombustibles. Según The Economist (21 mayo 2009), la China ha adquirido derechos para cultivar 2.8 millones de hectáreas de palma aceitera en el Congo, y está negociando 2 millones de hectáreas más con Zambia para la producción de biodiesel.

 Entre los vendedores hay países que sufren hambrunas periódicas por razones climáticas o por guerras, como los mencionados, y también Etiopía y Sudán.

América Latina no se salva de este proceso. Según GRAIN, una ONG internacional, a fines de 2007, Mitsui compró al Brasil 100 mil hectáreas de tierras para la producción de soya a través de su participación en Multigrain SA, el 40% de la cual está ahora en sus manos. La India ha comprado plantaciones de palma en Indonesia, y están interesados en Uruguay, Paraguay y Brasil para la producción de lentejas y soya que importaría. Según la Federación Agraria Argentina, el 10% del territorio argentino está en manos de extranjeros. El terrateniente más grande del país es Benetton, con unas 900.000 hectáreas.

El Perú no está a salvo de estas corrientes. Si bien no tiene extensas áreas de cultivo disponibles, hay intereses por deforestar el bosque amazónico para la producción de palma aceitera para biodiesel. En la costa, la empresa norteamericana Maple adquirió cerca de 12 mil hectáreas de tierras eriazas en el valle del río Chira para sembrar caña de azúcar y producir etanol. Por lo demás, el importante proceso de concentración de la propiedad de las tierras de cultivo en el Perú, reseñado en La Revista Agraria 107 (www.cepes.org.pe), es también una expresión de la dinámica de la globalización, pues está impulsado enteramente por los mercados internacionales de agrocombustibles y de productos alimenticios de alto valor que constituyen la casi totalidad de los llamados productos agrarios ‘no tradicionales’.

Algunos datos permiten ver el grado de avance de este proceso de concentración de tierras de cultivo en la costa del país. Considerando tan solo las propiedades mayores de mil hectáreas, en el departamento de Piura, 7 empresas controlan 32 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad serían dedicadas a la caña de azúcar para etanol; en La Libertad, 13 empresas poseen 98 mil hectáreas; en Áncash, una tiene 16 mil hectáreas; en Ica, 8 son propietarias de 13 mil hectáreas; en San Martín, un grupo económico cerca las 15 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera, parte de las cuales serán destinadas a la producción de etanol. En todos los casos, se trata de productos para exportar.

El proyecto de ley del Apra para establecer un límite máximo de 40 mil has de tierras agrícolas en la costa buscaría convalidar esta concentración, que se va asemejando a la que prevalecía antes de la reforma agraria, iniciada precisamente hace 40 años, en 1969.

Artículo publicado en el diario La República (28 julio 2009)

Debe haber política agraria clara y coherente

Artículo publicado en el Diario La Primera (21 julio 2009)

Sin políticas claras el gasto es inútil. Para el especialista en temas agrarios del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Fernando Eguren, el llamado Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural), que destina 150 millones de nuevos soles a los alcaldes distritales para concretar el Programa de Mantenimiento de Canales de Riego, no solucionará nada si no viene acompañado de una verdadera política agraria del gobierno.

“Tales políticas agrarias deben estar destinadas a desarrollar la pequeña y mediana agricultura que agrupa a miles de familias y que produce casi todos los alimentos que se consumen. Pensar en una solución solo otorgando recursos es inadecuado”, señaló.

Además, puntualizó que si bien la iniciativa no deja de ser positiva, la misma adolece de no puntualizar cómo será la orientación de los fondos. “El tema de la asistencia que debe prestar el gobierno central a los municipios distritales no ha sido tratado. Sin ayuda técnica, serán ellos mismos quienes determinen para qué sirve el dinero, lo cual puede llevar a que no haya un uso positivo de los recursos”, manifestó.

Como se recuerda, el programa fue lanzado por el Ministerio de Agricultura, y puntualiza que los recursos se darán a los alcaldes sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Artículo publicado en el Diario La Primera (21 julio 2009)

Reforma Agraria: 40 años después - MESA REDONDA

Mesa Redonda que se grabó para el programa radial Tierra Fecunda. Participan el sociólogo Fernando Eguren López, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES; el ingeniero Raul Chao, gerente de la Asociación de Promoción Agraria, ASPA; el periodista Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias; y el líder campesino Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, CNA.

Bagua: drama que se debió evitar

No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.

Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):

“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hec-táreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, ad-más cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”

“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”

“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.

“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero.”

“..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas…”

“..el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista.”

“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.”

Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, es aparente.

Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa de este discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinas y poblaciones nativas amazónicas. La reacción de estas poblaciones es contra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Los canales formales para atender la demanda de que estos decretos legislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bien han mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a las poblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método de negociación. No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como las movilizaciones y tomas de carreteras: la experiencia ha mostrado que sólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención. Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizaciones son el gobierno y el Congreso.

Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones de protesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalizarán hasta llegar, lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida tanto de pobladores –ciudadanos- amazónicos como la policía, también ciudadanos. ¿De quién es la responsabilidad principal? De quienes toman las decisiones políticas: el gobierno y el Congreso.

¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivo y el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La única institución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, que debería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con los representantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciar dos de los principales responsables políticos del drama que estamos viviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

Gobierno avalará salvataje de la pequeña agricultura con US$ 70 millones

“El Gobierno otorgará un aval de US$ 70 millones para rescatar a los pequeños agricultores de una eventual quiebra. Este monto, otorgado por COFIDE, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito para que permita a los pequeños agricultores seguir adquiriendo insumos para la producción de alimentos. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía los pequeños agricultores pondrían su propia producción.

Brack, quien dio esta información al programa televisivo ‘Portal financiero’, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuentas los aspectos social, económico y ambiental.”

Todo lector medianamente enterado de la política del gobierno de Alan García levantará la ceja expresando algo de incredulidad ante esta noticia. No es algo que calce con lo que este gobierno suele hacer. Pero, amigo lector, tranquilícese. Recupere usted su confianza en la consistencia de este gobierno con sus orientaciones estratégicas, y lea a continuación el texto de la noticia real, publicado en El Comercio el 1 de abril en la página B1:

“El Gobierno otorgará un aval de US$ 70 millones para rescatar a Doe Run Perú (DRP) de un eventual cierre de sus operaciones en La Oroya. Este monto, otorgado por COFIDE, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito que permita a la minera seguir adquiriendo concentrados. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía DRP pondría sus acciones a disposición de COFIDE.

Brack, quien dio esta información al programa televisivo ‘Portal financiero’, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuentas los aspectos social, económico y ambiental.”

Como se sabe, los peruanos dependemos mucho de los pequeños agricultores porque son los principales productores de alimentos para el país. Son centenares de miles. Bien merecerían un apoyo.

Como se sabe, también, Doe Run es una empresa que mantiene una refinería en La Oroya, que da trabajo a 3500 personas, que asegura que dicha ciudad continúe siendo una de las diez más contaminadas del mundo -con miles de niños con exceso de plomo en la sangre- y que incumple sistemáticamente sus compromisos de reducir los niveles de contaminación. Que, además –nos informa El Comercio- tiene un solo propietario, un estadounidense con una fortuna de 4 mil millones de dólares, que tiene un avión privado de 40 millones de dólares (un poco más de la mitad del monto que el gobierno está comprometiendo del dinero público en apoyo a la empresa) y que tiene acumuladas multas por 900 millones de dólares en Estados Unidos por ‘incumplimientos ambientales’.

¿No les parece que todo esto es un escándalo? ¿Uno más?

La asociación de pequeños agricultores, una necesidad

Artículo publicado en el diario La República (26 marzo 2009)

Por Fernando Eguren (presidente de Cepes)

Hay un consenso sobre la necesidad de que los pequeños agricultores se asocien para lograr ciertas economías de escala que les permitan ser más competitivos. La pregunta es cómo, y esto suscita debates.

El DL 1020 propone una forma específica de asociación. Conveagro ha propuesto otra modalidad, el Régimen Especial del Productor Agrario (REPA). Por otro lado, hay formas de asociación ya existentes en nuestro agro: las cooperativas, las asociaciones de agricultores por línea de producto. Y las comunidades campesinas ¿acaso no son también asociaciones de pequeños agricultores?

Aunque la necesidad de asociación parezca obvia, no hay una discusión sistemática y ordenada sobre el tema. Diferentes tipos de asociaciones pueden corresponder a diferentes objetivos y tipos de agricultores. El problema surge cuando se pretende que un tipo de asociación sea el adecuado para todos.

‘Pequeña agricultura’ es un concepto que engloba una realidad diversa. Incluye una gran diversidad de productores agrarios. Hay los especializados en cultivos comerciales, totalmente integrados al mercado. Entre ellos hay monoproductores, como los de mango para exportación, y también los pequeños cafetaleros que, aunque especializados, tienen formas de producción ‘campesinas’, pues complementan sus cultivos de café con otros para el autoconsumo.

Los pequeños agricultores propiamente “campesinos” están vinculados al mercado, pero autoconsumen parte de su producción. Además, dada la escasez de tierras, deben también realizar actividades económicas extraprediales. Están los colonos de la selva alta, muchos de ellos  semiitinerantes. Y están asimismo las poblaciones nativas que también viven de la actividad agraria.

A esta diversidad se agrega el hecho de que hay pequeños agricultores que tienen una, 5, o 15 hectáreas, con grandes diferencias tecnológicas, económicas y de niveles educativos. El mundo de la pequeña agricultura es, pues, muy heterogéneo.

Por lo tanto, la discusión sobre la ‘asociatividad’ tiene que tomar en cuenta a qué tipo de pequeños agricultores se pretende asociar y con qué objetivos, sean estos facilitar el acceso al crédito y a mejores tecnologías, mejorar los canales de comercialización, o hacer inversiones que sirvan a varios productores.

Es conveniente, entonces, que existan varias formas de asociación que satisfagan diferentes necesidades y que se adecúen a una categoría social muy diversa.

La fórmula propuesta por el DL 1020 podría adecuarse, con algunas modificaciones, a cierto tipo de agricultores, no a los muy pequeños ni a las comunidades campesinas. Es posible que el REPA sea la mejor propuesta para los pequeños productores de cultivos sensibles que pueden ser afectados por los TLC. En cuanto a las comunidades campesinas habría que proponer normas que las incentiven a desempeñar funciones económicas que hoy no cumplen, y que podrían ser provechosas para las familias comuneras y para la propia institución comunal. 

Artículo publicado en el diario La República (26 marzo 2009)

¿Qué significa “desarrollo rural” en el Perú de hoy?

Artículo publicado en el diario La República (19 febrero 2009)

Por Fernando Eguren (Presidente de CEPES)

Hace pocos días fui invitado a hacer una exposición a un grupo de ciudadanos alemanes. El encargo fue exponer en 20 minutos el tema que encabeza este artículo. Para cumplir con el desafío opté por escribir 6 pastillas para guiar mi exposición. Tengo la sospecha de que para muchos lectores estas pastillas les pueden ser útiles. Así que aquí van.

1. Según el censo demográfico de 2007, la población total del país supera las 27 millones de personas; el 24% es rural. Sin embargo, con una definición más amplia de ‘población rural’, ésta puede llegar al 40%. Se estima que tres cuartas partes de esta población es ‘pobre’ o ‘muy pobre’, y se distribuye en las tres regiones. El desarrollo rural es, pues, una necesidad, pero se plantea en cada región también de manera distinta.

2. En el Perú hubo una muy importante reforma agraria entre los años 1969 y 1975. Todas las grandes haciendas fueron expropiadas. Pero la reforma agraria fue más importante social y políticamente (permitió la emergencia de una ciudadanía rural) que económicamente (se distribuyeron tierras pero no se apoyó la mejora de la producción).

3. Cuarenta años después, se aprecia que las políticas económicas neoliberales han promovido la concentración del control sobre la tierra en manos de empresas agrarias modernas dedicadas a la exportación, a la producción de agrocombustibles y a la explotación de minerales, gas y maderas. El agro peruano tiende a polarizarse así entre una parte, minoritaria, de empresas medianas y sobre todo grandes, modernas, capitalizadas  y orientadas a los mercados externos, y otra parte mayoritaria, de pequeños productores que producen para el mercado interno o el autoconsumo. Han quedado marginadas de la atención gubernamental la pequeña agricultura y las comunidades campesinas y nativas.

4. La costa es la región más moderna, urbana, y con mejores tierras. Allí se desarrolla la agricultura moderna de exportación y se concentran los obreros agrícolas. Esas empresas conviven con una pequeña y mediana agricultura orientadas a la producción para el mercado nacional.

En esta región, las posibilidades de un desarrollo rural están muy vinculadas (a) a la necesidad de mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y (b) al acceso de los pequeños agricultores a los servicios necesarios para la producción.

5. La sierra es la región más campesina, ‘tradicional’, culturalmente diferente, y también la más pobre, a pesar de que tiene importantes recursos. Predomina la pequeña propiedad y las comunidades campesinas. Aunque están vinculadas al mercado, una parte importante de sus economías está orientada al autoconsumo. Esta región es la que tiene más necesidades insatisfechas. Es la fuente de una importante y sostenida emigración de población joven hacia las ciudades. El enfoque de ‘desarrollo rural territorial’ pareciera el más adecuado para esta región, que plantea superar tanto la visión sectorialista de desarrollo rural, como la disyuntiva rural-urbano.

6. En la selva pueden distinguirse dos subregiones: la selva alta, más agrícola, de pequeños productores de alimentos tanto para el mercado como para el autoconsumo. Es también la región en donde se produce la hoja de coca para el narcotráfico, razón por la cual hay graves situaciones de conflicto. La selva baja es más forestal, con más presencia de comunidades nativas. Así como para la población de la sierra, el desarrollo rural de esta región requiere de un enfoque de desarrollo territorial.

Para que haya desarrollo rural en las tres regiones es indispensable el decidido y sostenido apoyo del Estado nacional y subnacional –hoy poco presente– tomando en cuenta, sin embargo, que los caminos al desarrollo rural en el Perú son diversos como diversos son sus espacios rurales.

Artículo publicado en el diario La República (19 febrero 2009)