Dos importantes declaraciones del ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, recogidas por la prensa nacional, indican que habrá un cambio importante en las políticas de tierras relacionadas con el tamaño de las propiedades.
Por un lado, ha informado que el Estado comprará 5 mil de las 38 mil hectáreas del proyecto de irrigación de Olmos, para que sean vendidas en lotes de 50 hectáreas, con lo que se beneficiaría la mediana agricultura lambayecana; los demás lotes serían de 250, 500 y mil hectáreas, pudiendo un comprador adquirir varias. Por otro lado, manifestó que podría introducirse un impuesto al tamaño de la propiedad o eliminarse algunos incentivos vigentes —las empresas agrarias pagan la mitad del impuesto a la renta— si la empresa excede un cierto número de hectáreas. También podrían limitarse los tamaños máximos, pero aún no hay criterios para definir cuáles serían los límites.
¿Por qué ahora se plantea limitar esta tendencia, después de casi dos décadas de incentivos a la formación de latifundios para la agroexportación?
Democratizar la democracia: la inclusión
Una de las principales orientaciones del gobierno de Ollanta Humala es «democratizar la democracia», lo cual comprende lograr la inclusión social y política de vastos sectores de la población. Uno de los principales mecanismos de exclusión es la concentración de los activos productivos, y en el medio rural el principal activo productivo es la tierra. La reforma agraria de 1969-1975 fue una experiencia de inclusión: expropió las haciendas y distribuyó las tierras. Ello contribuyó a democratizar la sociedad rural, aunque los efectos sobre la producción fueron cuestionables en muchos rubros.
El nuevo proceso de concentración de tierras se inició con el gobierno de Alberto Fujimori, al amparo de la Constitución de 1993, de la Ley de Tierras de 1995 (Ley 26505), de las políticas económicas neoliberales y de los incentivos, tributarios entre otros, de su gobierno.
Actualmente, la suma de las tierras de los nuevos latifundios agroexportadores y de las empresas agroindustriales azucareras supera largamente las 200 mil hectáreas: más de la cuarta parte de las tierras de la costa. Las nuevas obras de irrigación de la costa anunciadas por este gobierno agregarán 180 mil nuevas hectáreas. Si todas ellas son transferidas a los nuevos latifundios agroexportadores —como ha sido la práctica en los últimos veinte años—, entonces cerca del 30% de las tierras de cultivo de la costa estarían acaparadas en pocas manos.
Esta concentración de la propiedad de las tierras de la costa se ha estado dando por diferentes vías, principalmente el mercado de tierras, las nuevas obras de irrigación y la conversión de las cooperativas azucareras en sociedades mercantiles. Algunas empresas empiezan a fusionarse, como es el caso de AIB Agroindustrias con Intragrícola.
La concentración del principal activo de la producción agraria no solo tiene una significación económica, sino también una política y social, pues la empresa latifundista ejerce una influencia sobre las instituciones locales, tanto privadas como públicas, que va más allá de sus linderos. Ejerce, pues, un poder territorial. En épocas pasadas, con las haciendas, a ese poder territorial se le llamaba gamonalismo.
Límites a la propiedad
La legislación vigente permite limitar el tamaño de los predios. A pesar de que la legislación sobre tierras en el Perú es muy liberal, la Constitución de 1993, en su artículo 88, determina que «La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona». Por otro lado, la Ley de Tierras (Ley 26505), de 1995, en su artículo 13 contempla la posibilidad de un impuesto sobre la propiedad de la tierra que exceda las tres mil hectáreas (quedando excluidas las comunidades campesinas y nativas). Para inhibir la formación de propiedades mayores, tal impuesto podría ser progresivo: tanto más alto cuanto más grande la propiedad. Estos dos instrumentos, que fueron aprobados durante el gobierno fujimorista, y otros que podrían crearse, son un punto de partida que el gobierno debería utilizar.
Pero son solo un punto de partida. Regresando a la propuesta del ministro Caillaux sobre Olmos, cabe preguntarnos si la decisión de reducir el tamaño de los lotes a 50 hectáreas en una pequeña parte —el 13%— del total de tierras que se ganarán con la irrigación, es tan solo una concesión a la creciente insatisfacción y presión de los lambayecanos de ver que su «sueño» casi centenario de Olmos va finalmente a beneficiar a grandes corporaciones e inversionistas nacionales y extranjeros solamente, o, al contrario, es un real cambio de política que se aplicará a las áreas totales de las futuras obras de irrigación ya anunciadas, que incorporarán al cultivo más de un centenar de miles de hectáreas.
La concentración de las tierras en la globalización
En otras oportunidades, LRA ha llamado la atención respecto al hecho de que el proceso de concentración de las tierras agrícolas no es una particularidad del Perú, sino parte de un proceso más amplio de evolución del capitalismo y los mercados. Existen varias modalidades, como la llamada land grab, en la que Estados con recursos para asegurar su propio abastecimiento en alimentos o agrocombustibles, compran tierras a países pobres; esto está ocurriendo, sobre todo, en África.
Algunos países de la región latinoamericana están reaccionando para limitar la concentración por la vía de impuestos a la tierra, como Ecuador (ley vigente) y Uruguay (proyecto en debate), o estableciendo límites a la extranjerización de la propiedad de la tierra (propuestos en Brasil y Argentina). En otros países existen límites precisos al tamaño de la propiedad, como en México. Aun así, surgen nuevas formas de control de inmensas áreas cultivables por vía de arrendamiento, siendo los casos más notables los pools, sobre todo en Argentina, en los que una empresa arrienda tierras —algunas incluso se acercan al millón de hectáreas— no solo en el país de origen, sino también en países vecinos, y se ocupa del financiamiento y del control del proceso productivo completo.
Lo que es claro es que el gobierno debe enfrentar un problema económico, social y político que a veces no es percibido como tal, pues queda oculto debajo del éxito de la agroexportación, que los grandes grupos económicos y sus portavoces tratan de hacer creer que solo es posible alcanzar con latifundios.
Artículo publicado en LA REVISTA AGRARIA
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