Artículo escrito por Fernando Eguren y publicado en el diario La República
Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas.
Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas.
A la oposición que fue surgiendo, desde distintos sectores de opinión, contra la conformación de más neolatifundios –que ya dominan el paisaje rural en varios valles de la costa–, se sumó la de los lambayecanos, frustrados de no poder acceder a las tierras. En efecto, el precio base de cada hectárea es de 4250 dólares, y por lo menos otro tanto es necesario para ponerlas en producción. Imposible acceder a módulos de tales dimensiones. Una propuesta posterior incluyó módulos de 250 has, área aún inalcanzable.
Es preciso llamar la atención que hay en curso un debate internacional sobre el proceso de acaparamiento de tierras que está ocurriendo en muchos países del mundo en desarrollo, en el que son actores principales tanto inversionistas transnacionales como nacionales. Entre los inconvenientes principales de dicho proceso es que se dedican mayormente a productos de exportación y a biocombustibles –poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones nacionales–, el excesivo poder económico y social que concentran localmente, el monocultivo y la marginación de la pequeña agricultura.
Frente a esta situación, el Ministerio de Agricultura contempla la adquisición por el Estado de 8 mil has de terreno, para formar 160 módulos de 50 has cada uno, que serían adquiridas por inversionistas y agricultores medianos. Además, daría facilidades financieras para su adquisición y puesta en producción. Es un paso importante, pero netamente insuficiente, pues se podrán formar latifundios sobre las 30 mil has restantes.
Mientras tanto, la publicidad alrededor de la venta de las tierras de Olmos ha creado expectativa entre inversionistas extranjeros. Desde nuestro vecino del sur viene la información de que están interesados al menos 100 chilenos, principalmente agricultores, pero también family offices que pretenden realizar asociaciones con productores internacionales de biocombustibles para rentabilizar con ello la inversión (1).
En nombre de la equidad y la inclusión, el gobierno debería definir una política de distribución de tierras en irrigaciones. Se proyecta que en los próximos años nuevas obras de irrigación en la costa incrementarán la frontera agrícola en alrededor de 180 mil has. Para jugar con números: dado que las compras pueden ser acumulativas, por lo menos hasta el momento, podrían crearse 90 latifundios de 2 mil has, 180 de mil has, 3600 de 50 has o 7200 de 25 has.
En cuanto a quienes mantienen que son necesarias grandes extensiones para ser competitivos en la economía globalizada, que lo demuestren; la conclusión de estudios realizados en muchos países durante muchos años objeta esta creencia (2).
(2) Ver, por ejemplo, Agricultural Land Redistribution. Toward Greater Consensus. Editado por Hans P. Binswanger-Mkhize, Camille Bourguignon, Rogier van der Brink. The World Bank. Washington D.C. 2009.
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